PRISIÓN DOMICILIARIA. Procedencia del beneficio.

Imputado de avanzada edad y con problemas de salud. Riesgos procesales neutralizados.

“…la prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de la imposición de una condena o de un encierro preventivo, sino una alternativa que se decide como una modificación en la forma de ejecución de penas o de una medida cautelar ya impuestas, y de ninguna manera su implementación puede importar una sustitución de las mismas como puede ocurrir con las sanciones autónomas que funcionan en el derecho comparado…” (cf. “Revista de derecho penal y criminología”,

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Otorgan Tenencia a favor del padre. Voluntad del menor.

Procede otorgar la tenencia del menor a su padre toda vez que de las constancias de la causa surge una nítida preferencia del niño por mantener la convivencia con aquél, encontrándose en un ámbito familiar propicio para su desarrollo físico y espiritual, ello sumado a que el menor se encuentra en la etapa de la adolescencia, en la cual el contacto con su padre y su rol, permiten innegablemente la adopción de una constelación de hechos, imágenes, hábitos y efectos, que aparecen como fundamentales, para la formación de su personalidad.

La preferencia del menor por mantener la convivencia con su padre, debe ser tenida en cuenta a fin de otorgarle a éste su tenencia, si de los informes de los expertos surge que el niño tiene un grado de madurez suficiente y no se han advertido signos de manipulación, pudiendo concluirse que el consentimiento prestado para su radicación con el padre, es libre y con una base de conocimiento sobre los factores positivos y negativos que tal decisión conlleva.

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JUBILACIÓN POR INVALIDEZ. Ante el reclamo del actor, la ANSES le revocó el beneficio.

La ANSeS, en un proceso administrativo tendiente a reajustar una jubilación por invalidez, revocó el beneficio del actor. El reclamante interpuso acción de amparo, que fue rechazada en ambas instancias por no ser la vía apropiada para impugnar la resolución del organismo. Interpuesto recurso extraordinario y queja ante su denegación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia apelada.

La sentencia que rechazó, por exceso de rigor formal, el amparo interpuesto ante la revocación de un beneficio previsional, con fundamento en que no era la vía procesal de acuerdo a lo estipulado por el art. 15 de la ley 24.463, debe ser dejada sin efecto, pues la acción fue deducida en razón de lo inesperado del contenido de la resolución de ANSeS, que a partir de una solicitud de reajuste culminó con el dictado de un acto que suspendió al amparista la percepción del haber, quien siempre planteó que lo resuelto tenía estrecha conexión con sus posibilidades de subsistencia.

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MALA PRAXIS: Condenan a psicóloga por no descubrir a tiempo que la menor bajo su tratamiento era objeto de abuso sexual por parte de su padre.

Se condena a la obra social y a la psicóloga demandada por el actuar negligente consistente en no descubrir que la menor bajo su tratamiento estaba siendo sometida a abuso sexual por parte de su padre biológico. Cuadro de rubros indemnizatorios.

La psicóloga accionada, es una profesional de la salud mental que se encuentra sujeta a los principios de la ciencia que ejerce, a los que se suman las obligaciones ligadas a su práctica, especialmente, la responsabilidad civil. Como psicóloga, estaba obligada a actuar responsablemente, y a evitar que a causa de su negligencia, imprudencia, impericia o falta de formación adecuada otras personas puedan sufrir daños injustos. Las obligaciones nacidas de la relación profesional de la salud-paciente son de naturaleza contractual, y regidas por lo tanto por los arts. 499 , 512 , 519 , 520 , 521 y 902 del CCiv.

Debe repararse el daño moral, teniendo en cuenta que la menor junto a su madre habían depositado sus esperanzas en la psicóloga demandada para que fuera develado el motivo de su intranquilidad emocional, lo cual se vio postergado y dilatado debido a una actuación profesional que demostró un alto grado de ineptitud.

voces: CULPA CIVIL, DAÑO MATERIAL, DAÑO MORAL, DAÑO PSÍQUICO, DAÑOS Y PERJUICIOS, GASTOS MÉDICOS, HISTORIA CLÍNICA, incapacidad sobreviniente, INDEMNIZACIÓN, INTERESES, MALA PRAXIS, NEGLIGENCIA, OBRAS SOCIALES, RELACIÓN MÉDICO PACIENTE, RESPONSABILIDAD MÉDICA, SALUD Y DERECHO.

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DAÑOS Y PERJUICIOS: Es responsable la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor al impactar en su vehículo una piedra lanzada por un tercero.

Responsabilidad de la concesionaria vial por los daños sufridos por el actor a raíz de una piedra lanzada por un tercero al vehículo cuando circulaban por la autopista.

El deber de seguridad conlleva la obligación no solo de conocer el obrar y manejo de la circulación vial, sino también todo lo relativo a la interacción que se produce entre el automovilista, los usuarios y los terceros; es decir, le impone a la concesionaria vial el deber de recoger la información relativa a ese interaccionar y de tomar las medidas para asegurar la salud de los usuarios.

DAÑOS Y PERJUICIOS, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, HECHO DE UN TERCERO, OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, RELACIÓN DE CONSUMO, RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA VIAL, TRANSPORTE BENÉVOLO.

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CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE. El padre debe redoblar sus esfuerzos a fin de procurar alimentos a sus hijos menores.

Los ingresos exiguos del demandado no son un fundamento idóneo para reducir la cuota alimentaria, toda vez que, el padre debe redoblar sus esfuerzos en momentos de crisis a fin de procurar alimentos a sus hijos menores.

Corresponde hacer lugar a la demanda por alimentos y establecer una cuota alimentaria que deberá pagar el progenitor a favor de sus hijos menores y una cuota que quedará a cargo de los abuelos paternos de los niños finada en un 15 % de los beneficios previsionales que perciben en virtud de que el incumplimiento del padre de los niños de sus obligaciones alimentarias surge acabadamente del proceso.

voces: ALIMENTOS, ALIMENTOS A CARGO DE LOS ABUELOS, CUOTA ALIMENTARIA, FAMILIA, INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA.

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ROBO DE IDENTIDAD: Responsabilidad del banco por otorgar un crédito a un tercero que usurpó la identidad del actor y apareció como moroso en los registros de deudores con alto riesgo crediticio.

El obrar negligente de la entidad permitió que el tercero estafador lograra consumar el ardid que, a la postre, dañara al accionante, ya que era el banco quien contaba con los recursos materiales y humanos para verificar que la información y documentación aportada por aquel tercero, en cuyo obrar se pretende escudar como eximente de responsabilidad, era falsa.

Cabe acoger el daño moral reclamado, pues la acreditada negligencia de los demandados en los pasos de verificación de la identidad del actor permitió que se perpetre el ardid y robo de identidad, afectado la tranquilidad y la paz del espíritu del actor, teniendo que efectuar la correspondiente denuncia penal ante el fuero criminal, deambulando por diversas jurisdicciones, efectuar los reclamos extrajudiciales correspondientes para, finalmente, accionar legalmente en busca de la reparación y vuelta atrás del estado de cosas.

voces: DAÑO MORAL, ESTAFA, HABEAS DATA, RESPONSABILIDAD BANCARIA, SERVICIOS DE INFORMACIÓN CREDITICIA.

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Se considera como enfermedad profesional el padecimiento psíquico de una trabajadora a raíz del acoso laboral sufrido.

En consideración de las condiciones de trabajo nocivas y de acoso psicológico a las que era sometida la actora para la prestación de su servicio, cabe concluir que efectivamente aquélla padece una enfermedad profesional, correspondiendo declarar la inconstitucionalidad del art. 6 inc 2 de la ley 24557, en tanto no incluye la afección del trabajador en el listado de enfermedades profesionales.

Para poder determinar si una patología o un evento dañoso cae en el ámbito de cobertura establecido por la LRT es necesario indagar en la ejecución concreta de débito laboral para comprobar la existencia del nexo funcional en el que se sitúa, a partir de una red de causalidad u ocasionalidad suficientemente perceptibles como para calificarlos como accidente de trabajo o enfermedad profesional.

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DERECHO DE HABITACIÓN: El concubino no está legitimado para invocar el derecho de habitación que si corresponde al cónyuge supérstite

El derecho de habitación del cónyuge supérstite, previsto al art. 3573 bis del CCiv., incorporado al código sustantivo por la ley 20798, al abrigo del art. 1071 del citado cuerpo legal, tiene como finalidad impedir que el cónyuge supérstite quede sin vivienda al producirse el fallecimiento de su consorte, en virtud de su concurrencia con otros herederos; pero la norma menciona sólo al cónyuge supérstite como beneficiario de tal derecho, por lo que el concubino no está legitimado para invocar el derecho real de habitación.

Debe desestimarse la pretensión de restitución del mobiliario del inmueble desalojado, pues no resulta que el acto de adquisición extendiera sus efectos sobre derecho alguno de propiedad más allá del que correspondía sobre el bien raíz.

voces: BIENES MUEBLES, CÓNYUGE SUPÉRSTITE, CONCUBINATO, DESALOJO, FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS, HABITACIÓN, TITULAR REGISTRAL, USUFRUCTO.

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Decreto 699/2014. Marca Argentina – Marca Oficial de la República Argentina.

Ministerio de Turismo. Se establece la “Marca Argentina” como Marca Oficial de la República Argentina. Decreto 1372/2008. Derogación.
Emisor: Poder Ejecutivo Nacional
Publicación en el Boletín Oficial: 19/05/2014

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