DAÑOS Y PERJUICIOS: Falta de legitimación pasiva del Estado por los daños que sufrió un pasajero de tren impactado por una piedra.

Se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional y se condenó sólo al concesionario ferroviario a indemnizar al actor por los daños que sufrió al ser impactado por una piedra arrojada desde el exterior a la formación en la que viajaba.

En un proceso en el que se condenó a la concesionaria ferroviaria a indemnizar al actor por el impactado de una piedra arrojada a la formación en la que viajaba, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional, ya que ninguna responsabilidad es posible atribuirle por el modo en que se prestó un servicio público, por omisión de garantizar la seguridad de la población, ni es dueño de las cosas que han causado el daño, en los términos del art. 1113 del Código Civil.

voces: APLICACIÓN DE DOCTRINA PLENARIA, CARGA DE LA PRUEBA, COSA RIESGOSA, DAÑOS Y PERJUICIOS, EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN, EXCEPCIONES PROCESALES, JURISPRUDENCIA PLENARIOS, FERROCARRILES, INDEMNIZACIÓN, INTERESES, OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBA, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O GUARDIÁN DE LA COSA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TRANSPORTE DE PASAJEROS, TRANSPORTE FERROVIARIO.

 

piedra_tren

Lettieri Laura Beatriz c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

23 de Octubre de 2013

Sumario:

1.-En un proceso en el que se condenó a la concesionaria ferroviaria a indemnizar al actor por el impactado de una piedra arrojada a la formación en la que viajaba, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional, ya que ninguna responsabilidad es posible atribuirle por el modo en que se prestó un servicio público, por omisión de garantizar la seguridad de la población, ni es dueño de las cosas que han causado el daño, en los términos del art. 1113 del Código Civil.

2.-A la fecha del accidente, se encontraba vigente el contrato de concesión celebrado con el Estado Nacional, que establece que el concesionario deberá responder por todos los daños y perjuicios causado por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la Concesión que se le otorga, y prevé su responsabilidad por los daños y perjuicios producidos por la actividad o utilización o riesgo de los bienes muebles o inmuebles afectados al servicio o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve; por tal motivo, es prístino que no puede hacerse responsable por esta vía al Estado Nacional por los daños.

3.-La responsabilidad del Estado no podría fundarse en su genérico deber de prevenir los delitos, sino que requeriría una concreta imputación y prueba en el sentido de que no se han arbitrado en el caso concreto los medios razonables para cumplir diligentemente con esos objetivos generales; de modo que no se ha demostrado la existencia de una omisión antijurídica del Estado en los términos del art. 1074 del CCiv.

4.-No puede encuadrarse la responsabilidad del Estado Nacional en el caso según la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa (art. 1113 CCiv.) ya que de la prueba rendida surge que el hecho que originó los perjuicios a la actora no sucedió como consecuencia de defecto alguno del tren o de otros bienes mediante los cuales se prestaba el servicio de transporte ferroviario, ni derivó del riesgo propio de la cosa en cuestión, ello es así, puesto que las lesiones sufridas por la actora fueron producto del impacto de una piedra arrojada desde el exterior del tren, por lo que la cosa propiedad de la demandada no tuvo intervención activa ni pasiva en el hecho.

5.-Si bien el art. 303 del CPCCN. fue derogado por el art. 12 de la ley 26853, en virtud del art. 15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria del fallo Samudio .

Texto del Fallo:

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2013, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos “Lettieri, Laura Beatriz c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otros s/ Daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.-Contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 413/19, que admitió la demanda de daños y perjuicios entablada por Laura Beatriz Lettieri en contra de Transportes Metropolitanos General Roca S.A., y la desestimó respecto del Estado Nacional, apeló la parte actora a fs. 422, y expresó agravios a fs. 457/59. Corrido el traslado de ley, contestaron Transportes Metropolitanos General Roca S.A. a fs. 465, y el Estado Nacional a fs. 468/78.

La actora se agravia de la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional. Sostiene que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil, el dueño o guardián será responsable por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Afirma que, además, corresponde al Estado Nacional vigilar y controlar la explotación del servicio de trenes, que no existió adecuada vigilancia para prevenir hechos delictivos y que sobre el Estado Nacional recae el deber de seguridad en el transporte, ya que se trata de un servicio público. Añade que mediante el contrato de concesión no puede delegar su responsabilidad. Finalmente, critica la sentencia apelada en cuanto a la tasa de interés que fija.

II.- A mi criterio, la imputación de responsabilidad al Estado Nacional por hechos como el que motiva el presente proceso podría intentar fundarse en tres líneas argumentales diferentes, a saber:a) el Estado es responsable del modo en que se presta un servicio público, como es el transporte ferroviario; b) el Estado es responsable por su omisión de garantizar la seguridad de la población, y c) el Estado es responsable en tanto dueño de las cosas que han causado el daño, en los términos del art. 1113 del Código Civil.

Respecto del planteo que he identificado como “a”, cabe recordar que la concesión de servicio público es el acto mediante el cual el Estado encomienda a una persona -individual o jurídica, privada o pública-, por tiempo determinado, la organización y el funcionamiento de un servicio de carácter público. Dicha persona, llamada “concesionario”, actúa a su propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o en ambas cosas a la vez. En consecuencia, la explotación del servicio público es hecha por el concesionario a su propia costa y riesgo. Ello significa que toda responsabilidad que derive de hechos que concreten el “ejercicio” de la concesión corresponde al concesionario (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, t. III-B, ap. 1149, p. 595; esta cámara, Sala A, 5/3/2009, “Sayago, Andrés Ireneo y otros c/ Transportes Metropolitanos General San Martín y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 519.352).

Desde este enfoque, cabe señalar que en la causa, a la fecha del accidente, se encontraba vigente el contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y Transportes Metropolitanos General Roca S.A., que en el art. 17.1.1. establece que “el concesionario deberá responder por todos los daños y perjuicios causado por el incumplimiento o mal cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por la Concesión que se le otorga”. Asimismo, el art. 17.1.2.de dicho contrato prevé la responsabilidad del concesionario por los daños y perjuicios producidos por la actividad o utilización o riesgo de los bienes muebles o inmuebles afectados al servicio o por sus dependientes, personas o cosas de las cuales se sirve (vid. fs. 69/70).

Por tal motivo, es prístino que no puede hacerse responsable por esta vía al Estado Nacional por los daños sufridos por la actora.

En cuanto al argumento que he enumerado como “b”, señalo que la jurisprudencia del fuero ha entendido que resulta inadmisible que se pretenda extender una responsabilidad al Estado en casos como el presente basándose en el deber genérico que pesa sobre éste de garantizar la seguridad de la población (esta cámara, Sala L, 16/8/2011, “De Alemcastro, Diana Arlinda c/ U.G.O.F.E. S. A. San Martín y otro s/ Daños y perjuicios”, LL Online, cita AR/JUR/50926/2011; ídem, sala G, 3/10/2008, “Monzón, Héctor Omar y otros c. Transportes Metropolitanos S.A. y otros”, LL AR/JUR/9881/2008; ídem, Sala B, 15/12/2005, “García, Teresa M. c/ Unidad Ejecutora Programa Ferroviaria Provincial”, LL Online, AR/JUR/8167/2005; ídem, Sala A, 18/2/2003, “Sacchi, Sebastián c/ Transportes Metropolitanos General Roca S.A. s/ Daños y perjuicios” , L 534.862; ídem, CNCom., Sala E, 18/12/2006, “S., S. N. y otro c. Ferrovías Concesionaria S.A.y otros”, DJ 2007-II , 640; entre otros).

Este es el temperamento que adopta nuestro más alto tribunal al establecer, en casos de accidentes causados en corredores viales a causa de la presencia de animales -pero con un criterio que puede aplicarse también al caso en estudio-, que la mera existencia de facultades de policía de seguridad en cabeza del Estado Nacional o Provincial no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que se produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (Fallos, 312:2138; 323:3599 ; 325:1265 y 3026:608, entre otros).

Es que en lo concerniente a la responsabilidad del Estado derivada de las omisiones (art. 1074, Código Civil) cabe distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos indeterminados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta de servicio, de aquellos otros en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley solo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. Respecto de este segundo caso, la determinación de la responsabilidad civil del Estado debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar. En particular, el servicio de seguridad no está legalmente definido de un modo expreso y determinado, y mucho menos se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros. Consagrar una regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha tomado y tampoco registra antecedentes en el derecho comparado.Por añadidura, sería irrazonable que el Estado esté obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una prevención extrema que sería no solo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los ciudadanos a proteger. No existe pues un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables (CSJN, Fallos, 330:563; CNACAF, Sala III, 19/11/2010, “Mirabmell, Jorge Rubén c/ EN -M° Interior-, PFA y otro”, El Dial, AA6792).

En otras palabras, en supuestos como el sub lite la responsabilidad del Estado no podría fundarse en su genérico deber de prevenir los delitos, sino que requeriría una concreta imputación y prueba en el sentido de que no se han arbitrado en el caso concreto los medios razonables para cumplir diligentemente con esos objetivos generales. Como nada de eso sucede en la especie, corresponde concluir que no se ha demostrado la existencia de una omisión antijurídica del Estado en los términos del art. 1074 del Código Civil.

Finalmente, en relación al argumento que he identificado como “c”, la apelante funda su queja en que el art. 1113 del Código Civil dispone que el dueño o guardián será responsable por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, lo que comprometería, según su criterio, la responsabilidad estatal en el caso.

Sobre este aspecto señalo que -como lo he sostenido al votar como juez de la Sala A de esta cámara en los autos “Camacho Díaz, José Alfirio y otro c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, del 8/7/2013, a los que me remito brevitatis causae- no encuentro ningún motivo para que no pueda responsabilizarse al Estado Nacional en tanto dueño de una cosa riesgosa en los términos del art.1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil.

Sin embargo, para ello es preciso, obviamente, que se configuren los presupuestos exigidos por la mencionada norma, y en particular, que medie una intervención causal del vicio o riesgo de la cosa en la producción del daño.

Cuadra recordar que se ha entendido que una cosa es “riesgosa” cuando aquella, por su naturaleza, su estado o su modo de utilización, genera el peligro de causar daños a terceros (esta sala, “San Miguel, María Laura c/ Telecentro S.A. s/ Daños y Perjuicios” , 10/12/12, L. 606.945). Por otra parte, el “vicio” es un defecto de la cosa que la torna peligrosa (Pizarro, Ramón D., comentario al art. 1113, en Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I., Código Civil. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3A, p. 538).

Desde este enfoque, se puede apreciar con claridad que el hecho que originó los perjuicios a la actora no encuadra en ninguno de los dos conceptos antes expuestos en relación al Estado Nacional.

En efecto, el hecho no sucedió como consecuencia de def ecto alguno del tren o de otros bienes mediante los cuales se prestaba el servicio de transporte ferroviario, ni derivó del riesgo propio de la cosa en cuestión. Ello es así, puesto que las lesiones sufridas por la actora fueron producto del impacto de una piedra arrojada desde el exterior del tren. Nótese, entonces, que la cosa propiedad de la demandada no tuvo intervención activa ni pasiva en el hecho.

En ese sentido se ha sostenido que la responsabilidad del dueño no tiene lugar cuando la cosa no ha tenido participación causal en la producción del daño (Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al art. 1113, en Belluscio, Augusto C. – Zannoni, Eduardo A. (dirs.), Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1984, t. 5, p.461).

De hecho, la demandante se limita en sus agravios a atribuir responsabilidad al Estado Nacional en razón de ser dueña del tren, pero sin indicar por qué entiende que el daño que sufrió fue consecuencia del riesgo o vicio de la cosa de la que la demandada es dueña.

Asimismo, con respecto a la presunción de adecuación causal que establece el ya citado art. 1113 del Código Civil para el caso de daños causados por el vicio o riesgo de la cosa, cuadra recordar que para que ella rija debe demostrarse la existencia de una relación de causalidad material entre la cosa y el daño (Trigo Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. 2, p. 359), que, según vengo diciendo, en este caso no ha sido demostrada.

Finalmente, tampoco desconozco que la responsabilidad que establece la norma en análisis puede extenderse también a los daños causados por actividades que puedan considerarse peligrosas, pero en tal caso el responsable es, necesariamente, quien las realiza u obtiene provecho de ellas (esta cámara, Sala A, 11/7/2013, “F., José Luis c/ B., Juan Carlos y otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 590.675), lo cual, dado que los trenes son explotados por un concesionario, no puede predicarse del Estado Nacional.

En consecuencia, entiendo que tampoco puede imputarse responsabilidad al Estado Nacional por el hecho de autos con fundamento en lo dispuesto por el art.1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil.

Por las razones hasta aquí expuestas, propongo al acuerdo que se confirme la sentencia apelada en este medular aspecto del debate.

III.-La actora se queja de la tasa de interés que establece la sentencia de grado (6% anual desde el hecho hasta la sentencia y tasa activa desde esta hasta el efectivo pago), y sostiene que debe aplicarse la tasa activa por todo el período en virtud de la doctrina plenaria sentada en el fallo plenario “Samudio”, puesto que no se da en el caso de autos el supuesto de excepción de configuración de un enriquecimiento indebido.

En este tema debe partirse, efectivamente, del fallo plenario dictado por esta cámara en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios” , del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: “2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. 3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

No soslayo que la interpretación del mencionado fallo plenario, y particularmente de la excepción contenida en la última parte del texto transcripto, ha suscitado criterios encontrados. Por mi parte, estimo que una correcta apreciación de la cuestión requiere de algunas precisiones.

Ante todo, el propio plenario menciona que lo que está fijando es “la tasa de interés moratorio”, con lo cual resulta claro que -como por otra parte también lo dice el plenario- el punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora.Ahora bien, en materia de responsabilidad extracontractual, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora (en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. Por lo demás, así lo estableció esta cámara en otro fallo plenario, “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes” , del 6/12/1958.

Así sentado el principio general, corresponde ahora analizar si en el sub lite se configura la excepción mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación de la tasa activa “en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

En ese derrotero, la primera observación que se impone es que, por tratarse de una excepción, su interpretación debe efectuarse con criterio restrictivo. En consecuencia, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor. En palabras de Pizarro: “La alegación y carga de la prueba de las circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el deudor que las alegue” (Pizarro, Ramón D., “Un fallo plenario sensato y realista”, en La nueva tasa de interés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).

Así las cosas, no creo posible afirmar que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a valores actuales basta para tener por configurada esa situación. Ello por cuanto, en primer lugar, y tal como lo ha señalado un ilustre colega en esta cámara, el Dr. Zannoni, la prohibición de toda indexación por la ley 23.928 -mantenida actualmente por el art.4 de la ley 25.561- impide considerar que el capital de condena sea susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras del mencionado colega: “La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos por las leyes antes citadas (Zannoni, Eduardo A., su voto in re “Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros).

Pero más allá de ello, lo cierto es que, aun si se considerara que la fijación de ciertos montos a valores actuales importa una indexación del crédito, no puede afirmarse que la tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del acreedor. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias del mercado, puede favorecer al deudor incumplidor, quien nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, una reparación menguada -a valores reales- respecto de la que habría abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción del daño.

Finalmente, no desconozco que el art. 303 del CPCCN fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853, recientemente sancionada. Sin embargo, en virtud del art.15 de aquella norma, tal disposición recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria.

En atención a lo antes expresado, no encuentro que se configure, en la especie, una alteración del significado económico del capital de condena que importe un enriquecimiento indebido de la parte actora.

En consecuencia, estimo que debe modificarse este aspecto de la sentencia de grado, y disponerse la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago.

IV.- Finalmente, en atención al éxito obtenido en esta instancia por cada una de las partes, mociono que las costas de alzada sean impuestas en el orden causado.

V.- Por las razones expuestas, y para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo que se modifique la sentencia apelada en lo relativo a la tasa de interés, que debería calcularse de la manera que se especifica en el punto III, y se la confirme en lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de alzada en el orden causado.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide modificar la sentencia apelada en lo relativo a la tasa de interés, que debería calcularse de la manera que se especifica en el punto III, y confirmar en lo demás que decide y fue materia de agravios. Con costas de alzada en el orden causado.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Beghe r.

Claudio M. Kiper.

.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s