En un proceso por desalojo, multan por temeridad y malicia a la demandada y a su letrado

La Cámara confirmó un desalojo por vencimiento de contrato, e impuso una multa por temeridad y malicia a la demandada y a su letrado.

Debe condenarse al demandado y a su abogado a abonar solidariamente las costas del juicio y una multa por temeridad y malicia, pues han abusado de la jurisdicción para demorar la entrega de la cosa, en tanto el reticente, con patrocinio de su letrado, no sólo inventó los motivos por los que tendría algún derecho, sino que también ocultó datos importantes.

voces: ABOGADO, CONTRATOS, COSTAS, DESALOJO, DESALOJO POR FALTA DE PAGO, DESALOJO POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO, FALTA DE PAGO, INCONDUCTA PROCESAL, JUICIO DE DESALOJO, LOCACIÓN, LOCACIÓN DE INMUEBLES, PAGO, PLAZO DE LA LOCACIÓN, PRUEBA, RECIBO, TEMERIDAD O MALICIA.

441

Graziani, Ema c/ Rotman, Valentina y otros s/ desalojo por vencimiento de contrato

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 13-jun-2013

Sumario:

1.-Corresponde admitir la acción de desalojo por vencimiento del contrato, en tanto se acreditó que el plazo de la locación está vencido y se deben alquileres, pues no es el locador quien debe probar la ocupación sin título, sino el demandado quien debe abonar alguno.

2.-Debe condenarse al demandado y a su abogado a abonar solidariamente las costas del juicio y una multa por temeridad y malicia, pues han abusado de la jurisdicción para demorar la entrega de la cosa, en tanto el reticente, con patrocinio de su letrado, no sólo inventó los motivos por los que tendría algún derecho, sino que también ocultó datos importantes.

3.-Corresponde excluir al abogado del demandado de la condena a pagar una multa por conducta temeraria y maliciosa y las costas impuestas, pues su actuación no excede los límites impuestos por el derecho de defensa de su cliente, ni resulta de gravedad o entidad suficiente para condenarlo solidariamente (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo).

Texto del Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “Graziani, Ema c/ Rotman, Valentina y otros s/ desalojo por vencimiento de contrato” de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman dijo:

I.- Ema Graziani demandó el desalojo de Valentina Rotman y los demás ocupantes del inmueble de Tacuarí 1116, piso 1º, departamento “1″, de esta ciudad. Lo hizo invocando las causales de vencimiento de contrato de locación y falta de pago.

Rotman no estuvo a derecho, pero se presentó a pleito Víctor Manuel Pueller Zorrilla haciendo alegaciones varias, resumidas en la sentencia a fs. 93 vta. Dijo ser poseedor (pero de otra unidad) y pidió el rechazo de la acción.

Por sentencia de fs. 93 a 96 se desestimaron las defensas opuestas y se hizo lugar a la demanda.

En la alzada Pueller sostuvo el recurso con agravios contenidos en la presentación de fs. 133/143, respondidos a fs. 147/8.

II.- La locataria Rotman no se presentó a defenderse, por lo que cabe concluir, como hiciera el juez de grado, en el reconocimiento de los hechos lícitos contenidos en el escrito liminar y la autenticidad de la documentación. Pueller alegó ser poseedor y, como toda prueba, acompañó una boleta de pago de teléfono a su nombre.

Después, la parte actora logró información de la que surge que hay una íntima relación entre Pueller y la demandada. Cuanto menos son los padres de varios hijos en común.

Más allá del número de unidad o departamento, en definitiva no es el propietario o locador quien debe probar la ocupación sin título sino el demandado quien debe abonar alguno.Nada de eso hay en autos; el plazo de la locación está vencido y se deben alquileres.

La larga extensión del escrito de agravios no esconde la vacuidad de los argumentos.

III.- La parte actora pide sanciones para Pueller y su letrado (fs. 148). No tengo dudas que esta persona, con el concierto y patrocinio del abogado, ha abusado de la jurisdicción para demorar la entrega de la cosa.

El reticente no sólo inventó los motivos por los que tendría algún derecho sino que ocultó datos importantes. Cuando su primer patrocinante renunció explicando las razones (reticencia de la parte), se presentó después con el asesoramiento del abogado Fouces. Al prestarse a la maniobra de su cliente, es innegable que este letrado sabía perfectamente cuál era la situación del expediente. Aparecieron entonces con una serie de argumentos para ocultar lo evidente.

Hace ya dos años que la locadora está pidiendo la entrega del inmueble. Infructuosamente por culpa de Pueller y su abogado Fouces.

Se pone en evidencia temeridad y malicia. No es permitido alegar (la parte) ni patrocinar (el abogado) cualquier cosa para conseguir demoras en el cumplimiento de las obligaciones. Aunque en este país parezca a veces que existe un tal “derecho constitucional a la chicana”, como corolario natural y aceptado del derecho de defensa. La demora buscada y lograda con argumentos rebuscados pero carentes de seriedad, es francamente maliciosa.

Estimo que, bajo el argumento de un amplio derecho de defensa, suele admitirse cantidad de conductas contrarias a derecho, a la lealtad y probidad con que se debe actuar en juicio, al respeto que se debe a la contraparte y los tribunales. Creo es una interpretación disfuncional y errada de lo que es esa garantía constitucional. En fin, otra muestra de la aberrante anomia que corroe a la república.Y si los jueces resuelven con lenidad contribuyen a la anomia, contraviniendo el juramento de respeto de la Constitución.

Como marcara Ruzafa, “colabora en la proliferación de conductas procesales abusivas (.) la falta de control ejercido por los jueces y demás auxiliares de la justicia” (“El abuso del derecho y la conducta procesal abusiva”; J.A. 2001-II-1024).

Por otro lado, el abogado en el ejercicio de su profesión -dice Bustamante Alsina- desempeña, entre otras tareas, una actividad extrajudicial que se exterioriza en el consejo legal o asesoramiento jurídico (Bustamante Alsina, Jorge: “Teoría general de la responsabilidad civil”, 6ª ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, #1327, pág. 443). Pero, cuando resuelve promover una demanda (o -agrego- plantear defensas), la responsabilidad del abogado “reza no sólo con el cliente, sino también con la parte contraria y con la sociedad, que han confiado en el honor, honestidad y preparación del abogado, para que se eviten pleitos contra toda razón y ley, destinados a ser perdidos de antemano” (Padilla, Francisco A., cit. por aquél, op. y loc. cit., nota 669 en pág. 444).

Es más, las partes no tienen la facultad de ser veraces, tienen el deber de serlo. Como prescribe expresamente el art. 8 del Código procesal jujeño en orden al principio de probidad: “los que intervienen en el proceso tienen el deber de ser veraces y proceder de buena fe”.

En mi opinión corresponde multar la conducta disfuncional de la defensa y su patrocinio con la suma de diez mil pesos a favor de la contraria, y cargar al abogado solidariamente con las costas del proceso (art. 52 del C. Procesal).

Pueller no ha acreditado un título legítimo actual, vigente, para repeler con derecho la devolución de la cosa.Voto en consecuencia por confirmar la sentencia e imponer a Víctor Manuel Pueller Zorrilla y Osvaldo Alfredo Fouces una multa de diez mil pesos, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida, extendiendo solidariamente a este abogado la carga de todas las costas causadas abusivamente.

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, la Dra. Flah vota en el mismo sentido.

Disidencia parcial de la Dra. Pérez Pardo:

Adhiero a la solución dada al caso por mi colega preopinante respecto de la cuestión de fondo, y con que se declare la temeridad y malicia del accionado; pero disiento no sólo en el monto de la multa, sino también en la inclusión del letrado en el pago de la misma y de las costas.

En efecto, en mi visión la documental de fs.37 y vta resultó suficiente para tener por temeraria y maliciosa la conducta del Sr. Pueller Zorrilla, por la cual propongo fijar en $ 2.000 el monto de la multa aludida por el art.45 del Código procesal que el mencionado debe abonar, junto con las costas de ambas instancias como demandado vencido.

Pero considero que la actuación que cupo al Dr. Fouces en estos autos, no excede los límites impuestos por el derecho de defensa de su cliente ni resulta de gravedad ó entidad suficiente para condenarlo solidariamente en el pago de la multa ni de las costas impuestas al Sr. Pueller Zorrilla, consecuentemente, entiendo que corresponde confirmar el fallo apelado; y declarar temeraria y maliciosa sólo la conducta procesal del Sr. Pueller Zorrilla, a quien propongo fijar una multa de $2.000 pesos dos mil (art.45 del CPCC), que debe abonar a favor de la contraria, condenándolo también al pago de las costas de ambas instancias. Dejo así sentado mi criterio sobre estos temas.

Con lo que terminó el acto.

Victor Fernando Liberman

Lily R. Flah

Marcela Perez Pardo

Buenos Aires, 13 de junio de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide:confirmar la sentencia e imponer a Víctor Manuel Pueller Zorrilla y Osvaldo Alfredo Fouces una multa de diez mil pesos, con costas de alzada a cargo de la demandada vencida, extendiendo solidariamente a este abogado la carga de todas las costas causadas abusivamente.

Regúlanse los honorarios del Dr. Gimenez Zapiola en la suma de pesos ($ .) y los del Dr. Fouces en la de cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($ 465), de conformidad con el art. 14 de la ley 21839.-

Conociendo del recurso interpuesto a fs. 97 con relación a la regulación de honorarios practicada a fs.95vta./6, teniendo en consideración el monto del litigio, labor profesional desarrollada, etapas procesales cumplidas, resultado obtenido y lo preceptuado por los arts. 7, 8, 19, 26, 38 y ccs. de la ley 21839 modificada por ley 24432, por reducidos los correspondientes al Dr. Gimenez Zapiola se los eleva a la suma de

pesos ($ …).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Firmado: Víctor Fernando Liberman, Lily R. Flah y Marcela Pérez Pardo.

Jorge A. Cebeiro – Secretario de Cámara

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