La progenitora debe pasar alimentos a su hijo mayor de 18, pues no puede aceptarse como principio la autosuficiencia económica del hijo

La progenitora debe pasar alimentos a su hijo mayor de 18, pues no puede aceptarse como principio la autosuficiencia económica del hijo.

Se condena a la progenitora a pasar alimentos a su hijo mayor de dieciocho años, en tanto no resulta aceptable considerar como principio la autosuficiencia económica del hijo y como excepción su situación de necesidad, pues ello importaría controvertir los términos de la ley.

Debe prosperar parcialmente la demanda de alimentos incoada por el hijo mayor de dieciocho años contra su progenitora, pues la obligación alimentaria respecto del hijo mayor de edad tiene origen legal y la necesidad de ellos no es materia de prueba; por otra parte, considerar como principio la autosuficiencia económica del hijo y como excepción su situación de necesidad importa controvertir los términos de la ley, lo cual no resulta aceptable.

voces: ALIMENTOS DE HIJOS MENORES, MAYORÍA DE EDAD, NECESIDAD DE LOS ALIMENTOS, POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL ALIMENTANTE.

365155

R. S. M. E. c/ S. M. B. s/ alimentos

Cámara de Familia de Mendoza

16 de Mayo de 2013

Sumario:

1.-Debe prosperar parcialmente la demanda de alimentos incoada por el hijo mayor de dieciocho años contra su progenitora, pues la obligación alimentaria respecto del hijo mayor de edad tiene origen legal y la necesidad de ellos no es materia de prueba; por otra parte, considerar como principio la autosuficiencia económica del hijo y como excepción su situación de necesidad importa controvertir los términos de la ley, lo cual no resulta aceptable.

2.-La dificultad de acceso al mercado de trabajo ha demorado la independencia de los hijos, en muchos casos por falta de empleo, por ello la independencia personal que comporta la mayoría de edad no trae aparejada la correlativa independencia económica; resulta entonces necesario continuar acercando los recursos para atender a un desarrollo íntegro de la persona que le permita competir en un medio cada vez más exigente.

3.-Los principios de solidaridad familiar deben ser entendidos como un camino de doble circulación, que permita fluidamente atender la diversidad de las relaciones que se presentan en los vínculos familiares, ya que comprende la solidaridad de los hijos para con los padres y de éstos para con los primeros, debiendo tratar de mantener un delicado equilibro que seguramente en este caso se ha resquebrajado por la falta de convivencia entre la progenitora y el joven reclamante, y por una situación que permite vislumbrar cierta desigualdad de trato entre los hijos, que de ninguna manera se debe convalidar.

Texto del Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los dieciséis días del mes de Mayo del año 2.013, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones de Familia los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Estela Inés Politino, Germán Ferrer y Carla Zanichelli y traen a deliberación para resolver en definitiva la causa N° 2569/9/4F-861/11 caratulada “R. S. M. E. c/S. M. B. p/Alimentos , originaria del Cuarto Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 64 por la parte actora, en contra de la sentencia de fs. 60/61 que rechazó la demanda impetrada, impuso las costas al actor y reguló honorarios profesionales.

Habiendo quedado en estado los autos se practicó el sorteo que determina el art. 140 del C.P.C. arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Politino, Ferrer y Zanichelli.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 160(ref:leg1293.160 de la Constitución de la Provincia, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA: Costas.-

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ESTELA INES POLITINO DIJO:

1- En contra de la sentencia recaída a fs. 60/61 dictada por la Sra. Juez del Cuarto Juzgado de Familia de la Ciudad de Mendoza en los autos arriba caratulados apeló la parte actora a fs. 64.

La juez a quo rechazó la demanda de alimentos de M. E. R. S. impetrada en contra de su madre Sra. M. B. S., sobre la base dice- de un análisis más relacionado con la equidad y la solidaridad que con la necesidad.

Fundamentó su decisorio en los siguientes argumentos:a) que al plantear la demanda el padre se hacía cargo absolutamente de su manutención; b) que no relata en qué medida necesita que la madre colabore con él; c) que no invoca ni acredita cuál es su necesidad concreta no cubierta por su padre para reclamársela a su madre; d) que nadie discute el derecho alimentario es una responsabilidad compartida de ambos padres y el derecho de los hijos menores a ser alimentados por sus padres, pero debe resolverse en cada caso concreto, cómo se distribuye esa responsabilidad entre padre y madre cuando no conviven, conforme a las circunstancias vitales de cada uno y las posibilidades reales; e) que los hijos mayores de 18 años mantienen su derecho alimentario pero la naturaleza de esos alimentos no es igual, ya que no basta con ser hijo, se deben acreditar someramente las necesidades y al igual que los alimentos entre parientes el demandado puede liberarse acreditando que el actor posee medios para su propia subsistencia; f) que el fundamento del reclamo del padre durante la menor edad del hijo- no fue la necesidad sino la legalidad y que hoy, siendo el actor mayor de edad, la inexistencia de necesidad se mantiene, unido a la escasa capacidad económica de la demandada.

Concluye que el hijo es sostenido por su padre sin dificultades dado que si bien no se han probado los ingresos del padre, éste al demandar asegura hacerse cargo de la manutención del hijo por lo que es posible pensar que no necesita del aporte de la madre para mantenerlo; mientras que ella, tal como se encuentra acreditado con la documentación acompañada y las constancias de los autos por alimentos provisorios, debe abonar alquiler, tratamientos médicos, mantiene a otra hija de una unión anterior, encontrándose en una situación económica difícil y sus ingresos no le permitirían hacer frente a la obligación.-

2.- A fs. 66 se ordena al apelante que exprese agravios en el término de nueve días.

3.- A fs. 67/68 expresa agravios.Sostiene que la juez a quo se basa en prueba que no ha sido ofrecida por ninguna de las partes, es decir, el expediente por Alimentos Provisorios que se encuentra a la fecha de los agravios- en trámite ante esta Cámara de Apelaciones; que la juez no ordenó como medida de mejor proveer que se unan por cuerda ambos expedientes o que se incorpore como prueba el expediente ut supra referido, como tampoco ha ordenado ninguna otra prueba tendiente a esclarecer los hechos. Que su parte ha probado que la demandada tiene un sueldo estable y que por el contrario la accionada no ha producido prueba a pesar de haberla ofrecido. Destaca que concurre a la escuela en doble turno, por lo cual le resulta imposible conseguir ocupación, siendo importante que pueda terminar sus estudios; que el progenitor no puede solo afrontar en la actualidad todos sus gastos, puesto que también se encuentra a cargo de otra de sus hijas y tiene gastos propios. Refiere como contrario al principio de equidad y solidaridad la conducta de la madre que ha demostrado total desinterés por sus necesidades siendo que su discurso es amparar a otra hija que vive con ella, recordando que todos los hijos son iguales ante la ley y que resulta más que urgente que pueda concluir su formación para tener un mejor futuro laboral y así poder desarrollarse más íntegramente en su vida adulta. Solicita a la Cámara fije una cuota en su favor a efectos de no truncar su futuro al menos en un 50% de la cuota solicitada.

Ofrece prueba.

4.- A fs. 71 se corre traslado de la expresión de agravios a la parte contraria, quien contesta a fs. 76/79 y solicita, por las razones que expone, a las que me remito ad brevitatis causa, el rechazo del recurso articulado.

Ofrece prueba y se opone a la prueba ofrecida por el apelante.

5.- A fs. 80 de la prueba ofrecida por la apelada se corre vista al apelante, quien contesta a fs.81.

6.- A fs.90/91 se rechaza la totalidad de la prueba ofrecida por las partes y se solicita al Cuarto Juzgado de Familia la remisión de los autos N° 2389/8/4F caratulados “R. S. M. E. c/Saez M. B. p/Alimentos Provisorios , los que se reciben a fs. 94 vta., según proveído de fs. 95.

7.- A fs. 97 se llaman autos para resolver y a fs. 98 se practica el sorteo respectivo.

8.- Lo primero que debo señalar es que el actor Marco Edgardo R. S. era menor de edad a la fecha de promoción de la demanda (02/12/2009), habiendo adquirido la mayoría de edad el 11 de octubre de 2010.

Por lo que el derecho alimentario frente a sus progenitores, tanto durante la minoría de edad, como cuando habiendo adquirido la mayoría se encuentra todavía en la franja etárea de los 18 a los 21 años, deriva de la responsabilidad parental y no del parentesco (arg. arts. 367 , 370, 372 y cc del CC).

Los padres de los hijos mayores de 18 años deben prestarles alimentos en los términos de los arts. 265 y 267 del Código Civil. El art. 267 describe el contenido amplio y vasto de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, frente al contenido estrecho y restringido de la obligación alimentaria derivada del parentesco.

Para la doctrina especializada la reforma de la ley 26.579 deja sentado claramente que los alimentos que deben los padres a los hijos que tienen entre 18 y 21 años tienen idéntico alcance que la obligación derivada de la responsabilidad parental para los hijos de menos de 18 años, es decir, con el contenido amplio previsto por el artículo 267 del CC. (Lloveras Nora-Faraoni Fabián, La mayoría de edad argentina-Análisis de la ley 26.579/2009, Editorial Nuevo Enfoque jurídico, p.170). Estos autores llaman alimentos “puros o “netos a los que corresponden clásicamente a los padres en relación a los hijos menores de edad; mientras que, siendo la obligación de los padres respecto a los hijos de más de 18 años una obligación extendida o prorrogada de la responsabilidad parental, los llaman alimentos “impuros , “mezclados o “singulares . Siendo además que, entre los 18 y los 21 años, el hijo puede demandar la cuota alimentaria, percibirla, administrarla y disponer de ella (ob. cit., págs. 181 y 187).

Esta caracterización de los alimentos debidos por los padres a los hijos entre los 18 y los 21 años, también surge con claridad del texto del proyecto de esta ley, en el que el senador Giustiniani expresa: “…la regla dice que los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos hasta la mayoría de edad. La excepción implica la extensión del deber alimentario de los padres hasta los 21 años, con el alcance establecido en el art. 267 manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos de enfermedad, según las posibilidades económicas del progenitor y el modo de vida del grupo familiar; para eximir a los padres de esta obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21 años o los padres deben probar que estos recursos puede proveérselos por sí mismo… (Expediente N° 995/08, Proyecto de ley del 17/04/2008, Senador Giustiniani, Rubén Héctor. Proyecto de ley modificando el Código Civil respecto a la mayoría de edad).

En sus agravios el apelante se queja de que la juez a quo se hubiera basado en prueba que no ha sido ofrecida, ya que tiene en cuenta el expediente por Alimentos Provisorios, siendo que no se ordenó que se incorporara como prueba ni tampoco ambos expedientes se encuentran unidos por cuerda.

En este sentido, en la demanda se ofreció como prueba en el apartado VIII- Prueba: Instrumental: copia partida de nacimiento, copia certificado de mediación y tickets agregados a fs.2/6 (correspondientes a Dash Deportes, Atomo, Farmacia Cordillera, Carrefour, Jumbo, Balbi Funcional, Wal-Mart, Aiello Supermercados S.A. y Alcoyana) e Informativa: oficio al empleador para que remita copia del bono de sueldo de la demandada. A su vez la demandada en su contestación, a fs. 17 vta., se adhirió a la prueba ofrecida por la actora y además ofreció como prueba: testimonial, documental e informativa. En cuanto a la documental (consistente en tres constancias policiales, tres análisis bioquímicos, un estudio de radiología especializada, tres órdenes de Soyar S.A., una receta médica, una prueba ergométrica, contrato de alquiler de la vivienda y certificados) dijo: “todos los cuales se encuentran agregados a los autos 2389/8 “Rossi Luis c/S. M. p/Alimentos Provisorios , orig inarios de este mismo Juzgado y Secretaría.

El expediente por alimentos provisorios resulta ser un accesorio de este principal y por lo tanto sus constancias deben ser tenidas como incorporadas a este proceso.

No obstante ello, con las pruebas aportadas en autos, puede establecerse que las necesidades del actor, que se presumen, quedan acreditadas aunque someramente, en su composición y monto, por las instrumentales agregadas a fs. 2/6 y la capacidad económica de la demandada con el bono de sueldo remitido por la Dirección General de Escuelas, correspondiente al mes de enero del año 2011, siendo que del informe de liquidaciones por empleado de fs. 43 surge un sueldo bruto de $ 2.989,50 y un neto a cobrar de $ 2.443,91 y del duplicado de fs. 44 un bruto de $ 3.154,50 y un neto de $ 2.342,38; y en cuanto al estado de salud de la Sra. S., se incorpora a fs.15 un certificado que constata que presenta “síndrome metabólico severo, con marcada hiperloglucidemia, resistencia a la insulina e hipertensión arterial… ; siendo que las pruebas testimonial e informativa ofrecidas por la demandada a fs. 17 vta. y 18 y aceptadas a fs. 24 vta.dispositivo III, no fueron sustanciadas.

Es dable destacar que el actor que en su reclamo originario pidió que se fijara una cuota mensual correspondiente al 40% de lo que percibe la demandada por todo concepto con más la obra social; en sus alegatos solicita que se fije la cuota en el 20% (cfr. fs. 56 apartado II in fine) y en los agravios esgrimidos ante esta Cámara que se “fije una cuota en su favor a efectos de no truncar su futuro, al menos en un 50% de la solicitada (cfr. fs. 67 vta., apartado III último párrafo, in fine). Por lo que bien puede afirmarse que el reclamo originario del actor, ha mutado en cuanto al monto requerido a la demandada.

Por su parte la progenitora, si bien se opuso a la pretensión de su hijo, en su contestación y para el caso que prosperara la demandada, solicitó que el monto peticionado se redujera sensiblemente “de modo tal que no signifique llevar una vida en condiciones indignas y no poder atender mi salud y mis necesidades básicas y las de mi otra hija (cfr. fs. 17).

El art. 265 del Código Civil establece que la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el padre acredite que el hijo cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.

La norma establece el principio de subsistencia de la obligación en cabeza de los padres hasta los 21 años, incorporando como excepción la hipótesis en que se demuestre la suficiencia de recursos del hijo. En este orden de ideas, no cabe sino concluir que, considerar como principio la autosuficiencia económica del hijo y como excepción su situación de necesidad, importa controvertir los términos de la ley, lo cual no resulta aceptable. (Cám.Nac.Civil, Sala H, 12/5/2011, “D.B.M.A. v. D.J.A.s/ejecución de alimentos , elDial.Com del 01/09/2011). En el mismo sentido, en reiteradas oportunidades se ha dicho que la obligación alimentaria respecto del hijo mayor de edad tiene origen legal y la necesidad de ellos no es materia de prueba (Belluscio, Claudio A., “Los alimentos debidos a los hijos conforme la nueva legislación , LL. Suplemento Especial “Mayoría de edad , 03/02/2010, p. 237. En el mismo sentido Solari, Néstor E., “La nueva mayoría de edad , LL 2010-A-1240).

En el sub lite la progenitora no ha acreditado que el actor cuente con recursos suficientes para su manutención y para proveerse por sí mismo lo necesario para alimentación, vestimenta, educación, habitación, asistencia, esparcimiento, etc. (art. 267 CC), sin perjuicio de la obligación alimentaria en cabeza de su progenitor.

Debe advertirse que la demandada al contestar afirmó que “no es justo que deba auxiliar al progenitor que se encuentra en óptimas condiciones económicas . De lo cual pueden extraerse dos conclusiones: la primera, que no probó las “óptimas condiciones económicas a las que alude. Y la segunda y más importante aún, que la demandada olvida que su obligación alimentaria es para con su hijo y que entre ambos progenitores deben solventarla. Es decir, que se trata de establecer la contribución de cada progenitor en la obligación para con su hijo y no de que un progenitor deba auxiliar al otro.Esto sin perjuicio de la diferente composición que pudiera dársele a la obligación alimentaria de cada uno de los progenitores (en dinero o en especie), por cuanto es común que, tratándose del progenitor conviviente, dicha obligación se cumpla a través de los cuidados y dedicación que se prodigan al hijo y no directamente -o únicamente- a través de una prestación dineraria.

Ni la salud de la demandada, que por otra parte le permite trabajar y por tanto contar con una obra social que contribuirá seguramente en gran medida a costear su atención médica y medicamentos, ni que conviva con otra hija, de la cual no se aportan mayores datos: si es menor de edad o si es mayor de edad pero menor de veintiún años, en caso afirmativo si recibe alimentos de su progenitor o si es mayor de esa edad, ya que sólo se menciona que convive con su madre, estudia turismo y no trabaja (cfr. fs.16 vta.).

En consecuencia, estimo que la demanda debe prosperar parcialmente, en razón de considerar que las posibilidades de la madre, conforme a su sueldo, a su estado de salud y a la existencia de otra hija que convive con ella extremo que si bien no ha sido acreditado ha sido admitido por el actor en sus alegatos- hacen que la cuota deba fijarse en un monto que, si bien contribuya a solventar las necesidades del hijo que conforme a sus agravios estarían focalizadas principalmente en su formación educativa- no afecte la atención de las necesidades de la propia alimentante.

Los principios de solidaridad familiar deben ser entendidos como un camino de doble circulación, que permita fluidamente atender la diversidad de las relaciones que se presentan en los vínculos familiares.Ya que comprende la solidaridad de los hijos para con los padres y de éstos para con los primeros, debiendo tratar de mantener un delicado equilibro que seguramente en este caso se ha resquebrajado por la falta de convivencia entre la progenitora y el joven Marcio y por una situación que permite vislumbrar cierta desigualdad de trato entre los hijos, que de ninguna manera se debe convalidar.

Además, no puede no advertirse el fenómeno social que subyace a la obligación alimentaria prevista por el art. 265 (t.o. por ley 26.579) y que fundara el sentido de protección del hijo de 18 a 21 años: ” La realidad social que se proyecta a través de dicha normativa radica en que la mayoría de edad enfrenta al hijo menor de 21 años con la imposibilidad de afrontar sus necesidades, sin actividad remunerada y con el agravante en su caso- de un mercado laboral restringido, por lo que de haber iniciado una carrera corre el riesgo de verla interrumpida al negársele la continuidad de la asistencia que se le propiciara al inicio de su educación. Por otra parte la dificultad de acceso al mercado de trabajo ha demorado la independencia de los hijos, en muchos casos por falta de empleo. Por ello la independencia personal que comporta la mayoría de edad no trae aparejada la correlativa independencia económica. Resulta entonces necesario continuar acercando los recursos para atender a un desarrollo íntegro de la persona que le permita competir en un medio cada vez más exigente (Dumas, Lucrecia, “La protección alimentaria emanada de la ley 26.579 y su tránsito por el derecho adjetivo , RDF, 2012-I, Abeledo Perrot, p.97).

Es que, en estos casos, la necesidad alimentaria es el principio general y la autosuficiencia del beneficiario (hijo mayor de edad, menor de 21 años) es la excepción y por tanto el obligado alimentario -en el caso, la progenitora- tiene la posibilidad de excluirse de la prestación acreditando que el hijo cuenta con recursos suficientes para proveerse por sí mismo sus alimentos, lo cual no ha ocurrido en el sub exámine.

Y siendo ello así, entiendo que se debe acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto en la medida señalada, es decir, fijando la cuota alimentaria a favor del actor en una suma mensual equivalente al 10% de los haberes de la demandada, descontados los importes de ley, la que aparece como prudente y razonable, teniendo en cuenta los aspectos indicados ut supra, y con efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda.

Destacando que la solución que propicio lo es sin perjuicio del rechazo que en su oportunidad se efectuara de los alimentos provisorios ante la falta de acreditación de los requisitos de urgencia que justificaban su procedencia, en pronunciamiento confirmado por este Cuerpo, atento a que arribo a la misma en un ámbito donde con mayor amplitud probatoria y conforme a los principios de la sana crítica me convencen de su justicia y equidad, frente a la naturaleza de la obligación alimentaria, cuyas especiales características han impulsado al legislador a su extensión a favor de los hijos hasta la edad de 21 años.

Asimismo y como consecuencia de la modificación propuesta, se debe adecuar la condena en costas y regulación de honorarios efectuada en primera instancia, adaptándola tanto al monto que en definitiva se reconoce a favor del actor como a las normas arancelarias que resultan aplicables en la especie.

En cuanto a la condena en costas corresponde aplicar el principio general en materia de alimentos de imposición de costas al alimentante.En este sentido se ha resuelto que “en materia de costas en procesos por alimentos se complementan dos criterios, uno genérico de imposición en costas por lo que la pretensión no prospera en determinados casos, y el propio y específico de los alimentos que persigue no disminuir los fijados, desnaturalizándolos, en virtud de la imposición de costas al alimentado. Esta segunda idea se comparte en la medida en que la misma no sirva a finalidades diversas a las explicadas, alentando pedidos desmesurados y alejados de la realidad. (Expte.: 32940 “Z.G. C/M.E. P/ALIMENTOS , Segunda Cámara Civil, Primera Circunscripción Judicial, 08/06/2009 LS 123 86).

Así lo ha resuelto esta Cámara en diversos precedentes, entre otros, autos N° 616/11, “Compulsa en autos N° 1759/6/3F Cañón Martinez Mariela Susana por el menor Muñoz Cañon Martinez Juan Martin c/Muñoz Oscar Daniel p/Alimentos , 10/08/2012, LA 04-81 y Autos N° 301/12, “Estalella Mariana Laura c/Borrini Arturo Dermidio p/Alimentos Provisorios , 13/03/2013, LA 05-23.

Siguiendo la postura mayoritaria, las costas deben imponerse siempre al alimentante, salvo casos excepcionales de planteos irrazonables o abusivos, pues persisten las mismas razones de no afectar la cuota alimentaria de los hijos menores o como ocurre en el sub iúdice mayores de edad y menores de 21 años- teniendo en cuenta además que para el alimentista fue necesario iniciar el juicio para lograr certeza respecto de su derecho al cobro y tornar ejecutable el crédito.

La regulación de honorarios debe ser diferida para cuando se cuente con los elementos que permitan su cálculo.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Ferrer y Zanichelli adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. ESTELA INES POLITINO DIJO:

Las costas de Alzada, habiendo prosperado el recurso en forma parcial, corresponde imponerlas en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres.Ferrer y Zanichelli adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que se inserta a continuación:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 16 de Mayo de 2.013.

Y V I S T O S: Por lo que resulta del acuerdo, precedente el Tribunal

RESUELVE:

I.- Acoger parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fs. 64 contra la sentencia recaída a fs. 60/61, la que se modifica quedando redactada como sigue: ” I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por M. E. R. S. en contra de M. B. S. y en consecuencia condenar a esta última a que pague al actor una cuota mensual por alimentos equivalente al 10% de sus haberes, efectuados los descuentos de ley, la que deberá ser depositada del 1 al 10 de cada mes en una cuenta especial a nombre del actor en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Mendoza, con efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda, 02 de diciembre de 2009. II.- Imponer las costas a la alimentante. III.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con elementos que permitan su cálculo .

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.

III.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la de primera instancia.

CÓPIESE, REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dra. Estela Inés Politino

Juez de Cámara

Dr. Germán Ferrer

Juez de Cámara

Dra. Carla Zanichelli

Juez de Cámara

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