PRISIÓN DOMICILIARIA. Procedencia del beneficio.

Imputado de avanzada edad y con problemas de salud. Riesgos procesales neutralizados.

“…la prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de la imposición de una condena o de un encierro preventivo, sino una alternativa que se decide como una modificación en la forma de ejecución de penas o de una medida cautelar ya impuestas, y de ninguna manera su implementación puede importar una sustitución de las mismas como puede ocurrir con las sanciones autónomas que funcionan en el derecho comparado…” (cf. “Revista de derecho penal y criminología”,

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Yessi, Julio José s/ arresto domiciliario

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I
Fecha de Sentencia: 2013-04-18

2ª Instancia. — Buenos Aires, 18 de abril 2013.

Y Vistos Y Considerando:

I. Vuelven las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Julio José Yessi contra la resolución que no hizo lugar a su petición de arresto domiciliario.

Recordemos que la anterior decisión del magistrado fue anulada por esta Alzada con fecha 7 de febrero del corriente año por haberse basado en consideraciones genéricas y remitirse, sin más, a lo concluido por el Cuerpo Médico Forense omitiendo realizar la correspondiente valoración jurídica.

En esta oportunidad, el a quo nuevamente sustentó su decisión en base a lo comunicado por el CMF. Particularmente, consideró “…inapropiado efectuar un análisis personal de la situación médica específica del encausado sin contar con el conocimiento correspondiente, por tales motivos es que se ha requerido el correspondiente informe a quienes sí cuentan con dicho saber, esto es, el Cuerpo Médico Forense…que determinó que la salud de Yessi no se encuadra en los requerimientos médicos de la ley 24.660…”.

Por otro lado, señaló que si bien el CPF II de Marcos Paz no contaba con un profesional de la salud especialista en urología, ello no había sido un impedimento a los efectos de que el imputado recibiera el tratamiento adecuado a su patología en una clínica extramuros.

Asimismo, refirió que no era cierto lo alegado por la defensa en su solicitud en cuanto a que el estado de salud de Yessi se había agravado ya que la única circunstancia novedosa que surgía de la causa era que había tenido una consulta odontológica con fecha 17 de enero del corriente, lo cual no evidenciaba una complicación de salud sobreviniente.

Finalmente, tuvo en cuenta la categorización de los crímenes atribuidos al imputado y la obligación asumida por el Estado de investigar seriamente y castigar grandes violaciones a los derechos humanos.

II. La defensa consideró que el juez de grado había incumplido con los lineamientos impuestos por esta Sala a la hora de anular su resolución anterior. Ello, en virtud de que –nuevamente- se había remitido al dictamen del CMF sin realizar ninguna valoración jurídica –siendo el juez y no dicha dependencia el facultado para hacerla- y, por lo demás, no había indicado de qué manera Yessi podría entorpecer la investigación en caso de modificarse la modalidad de su detención.

Por otro lado, señaló que de las nuevas constancias incorporadas al incidente de salud de su asistido se desprendía que el Penal no podía atenderlo adecuadamente por no poseer ni las instalaciones ni los especialistas (urólogo) necesarios.

III. El Eduardo R. Freiler dijo:

Conforme esta Sala ha recordado a través de varios precedentes, la ley Nº 26.472 que reformó, entre otras disposiciones, los artículos 32 y 33 de la ley 24.660, amplió los supuestos bajo los cuales resulta procedente la modalidad de detención solicitada en autos.

Así, a los casos ya existentes –persona mayor de setenta años o que padeciera una enfermedad incurable en estado terminal-, se agregó, entre otros, el interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impidiera recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiera su alojamiento en un establecimiento hospitalario.

Pero, más allá de la ampliación de los casos contemplados por la ley para la procedencia del instituto bajo estudio, se mantuvo incólume la prerrogativa del magistrado interviniente de hacer lugar o no a la solicitud, bajo la fórmula “El juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria…”.

Con respecto a la hipótesis que contempla la edad reclamada por el instituto, cabe recordar, como se lo hizo en otras ocasiones que -en base al carácter potestativo, y no imperativo, de la decisión en cabeza del magistrado- tal circunstancia no es suficiente per se, sino que conduce a la necesidad de evaluar, en cada caso concreto, la relación entre la posible concesión de esta modalidad de detención y la afectación de los fines del proceso (ya sea por riesgo de fuga o por entorpecimiento de la investigación).

Así no puede perderse de vista que: “…la prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de la imposición de una condena o de un encierro preventivo, sino una alternativa que se decide como una modificación en la forma de ejecución de penas o de una medida cautelar ya impuestas, y de ninguna manera su implementación puede importar una sustitución de las mismas como puede ocurrir con las sanciones autónomas que funcionan en el derecho comparado…” (cf. “Revista de derecho penal y criminología”, Director: Eugenio R. Zaffaroni, Año II, n° 2, 2001, pág. 307).

No obstante, tampoco eso puede evitar atender a las particulares circunstancias de cada imputado que han de incidir acerca del modo en que esa medida cautelar debe ser cumplida, esto es, sin mayor detrimento que aquel que –dada su propia naturaleza- sólo puede recaer sobre su libertad ambulatoria (conf. c.n° 47.975, “Yessi, Julio José s/arresto domiciliario”, reg. n° 69, rta. 7/2/13).

A la luz de estos parámetros, entiendo que el caso de Yessi cumple con los requisitos impuestos por la ley para que su modalidad de detención sea la de arresto domiciliario.

En este sentido, a la edad del imputado -73 años- debe sumarse su estado de salud. Al respecto, si bien en un anterior pronunciamiento en el marco de este incidente se ha dicho que, en principio, Yessi no padecía una enfermedad grave ni otra dolencia que no pudiera ser tratada sin agravarla en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz –c.n° 47.228, reg. 951, del 5/9/12-, lo cierto es que su situación actualmente es otra.

Conforme lo dictaminado por el CMF a fs. 176/77, el nombrado debe ser controlado periódicamente por un médico urólogo. A tales efectos, y conforme lo manifestado por el a quo en su resolución, Yessi tuvo que ser trasladado en reiteradas oportunidades a una clínica extramuros localizada a 50 km de su lugar de detención debido a que el CPF II de Marcos Paz no contaba con médicos especialistas en urología. Esto coincide con lo informado a fs. 231 del Incidente n° 575 por el Módulo Médico Asistencial del CPF II.

De esta manera, asiste razón a la defensa en cuanto a que el establecimiento carcelario en donde se encuentra alojado Yessi le impide tratar adecuadamente su dolencia, ello debido a que no cuenta con el profesional de la salud en la especialización que el nombrado requiere. Así, el hecho de que éste deba ser trasladado a la Clínica 2 de abril de manera constante podría incidir negativamente en su recuperación, máxime ante las demoras y postergaciones en su tratamiento que el imputado debe afrontar en razón de las mismas dificultades que hacen a la aplicación de los recursos del Complejo Penitenciario.

Por otro lado, y en orden a la evaluación de riesgos que debe efectuarse y teniendo en cuenta que estos existen, ya que Yessi se encuentra encarcelado preventivamente, cabe señalar que conforme surge de la compulsa del presente incidente, el nombrado contaría con la contención afectiva, económica y habitacional necesarias (conf. informe socioambiental obrante a fs. 23). Dicha circunstancia, sumada a las consideraciones precedentes, permiten neutralizar los eventuales riesgos procesales.

En virtud de lo desarrollado ut supra, corresponde revocar el resolutorio en crisis y conceder el arresto domiciliario a Julio José Yessi.

Sin perjuicio de lo expuesto, he de recordarle al magistrado de grado que su falta de conocimiento en medicina no lo habilita a omitir valorar jurídicamente los informes del CMF. Ello, en tanto conforme lo establece el art. 263 in fine del C.P.P.N., “El juez valorará la pericia de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Así ejercerá el debido control sobre la prueba porque no puede adoptar las conclusiones periciales en su sentencia sin haber realizado una apreciación de la prueba por su propia cuenta (Roxin, Claus, “Derecho procesal penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 239).

Por otro lado, cabe señalar que en el informe acompañado por el Cuerpo Médico Forense a fs. 177, se hicieron constar, al lado de consideraciones propias de la experticia de los médicos auxiliares, otras propias de la tarea de los jueces: la determinación de si concurren o no los presupuestos que habilitan la aplicación del instituto solicitado es de estricto corte jurisdiccional, sin perjuicio de que sea necesario, para realizar aquella evaluación, saber las conclusiones de los expertos respecto del estado de salud del detenido. Es preciso, en consecuencia, hacer saber al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo aquí señalado, a los efectos que estime que correspondan.

El Dr. Eduardo Farah dijo:

Conforme lo he expresado a la hora de resolver la anterior petición de arresto domiciliario efectuada por la defensa de Yessi (c.n° 47.228, rta. el 5/9/12, reg. 951), considero que a circunstancias tales como la edad del imputado y su estado de salud –que en la actualidad requiere la realización de un control periódico por parte de un médico especialista en urología- debe sumarse la evaluación sobre la existencia de riesgos procesales. En este sentido, tal como manifesté en la citada oportunidad, advierto que aquéllos se encuentran neutralizados al contar el imputado con la contención afectiva, económica y habitacional necesarias (conf. informe socioambiental realizado a fs. 23).

Por ello, voto por revocar la decisión del a quo y conceder la detención domiciliaria a Julio José Yessi.

En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

Revocar la resolución de fs. 269/274 y conceder la detención domiciliaria a Julio José Yessi, la cual deberá ser arbitrada por la anterior instancia devueltas que sean las presentes actuaciones.

Regístrese, hágase saber al Ministerio Público Fiscal por medio de cédula de urgente diligenciamiento y devuélvase al Juzgado de primera instancia, donde deberán practicarse las notificaciones restantes.

Sirva la presente de atenta nota de envío. — Freiler. — Farah.

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