CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE. El padre debe redoblar sus esfuerzos a fin de procurar alimentos a sus hijos menores.

Los ingresos exiguos del demandado no son un fundamento idóneo para reducir la cuota alimentaria, toda vez que, el padre debe redoblar sus esfuerzos en momentos de crisis a fin de procurar alimentos a sus hijos menores.

Corresponde hacer lugar a la demanda por alimentos y establecer una cuota alimentaria que deberá pagar el progenitor a favor de sus hijos menores y una cuota que quedará a cargo de los abuelos paternos de los niños finada en un 15 % de los beneficios previsionales que perciben en virtud de que el incumplimiento del padre de los niños de sus obligaciones alimentarias surge acabadamente del proceso.

voces: ALIMENTOS, ALIMENTOS A CARGO DE LOS ABUELOS, CUOTA ALIMENTARIA, FAMILIA, INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA.

cuota_alimentos

G. C. c/ R. S. G. y Otros s/ alimentos y litis

Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 25-jul-2013

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por alimentos y establecer una cuota alimentaria que deberá pagar el progenitor a favor de sus hijos menores y una cuota que quedará a cargo de los abuelos paternos de los niños finada en un 15 % de los beneficios previsionales que perciben en virtud de que el incumplimiento del padre de los niños de sus obligaciones alimentarias surge acabadamente del proceso.

2.-Ninguna prueba aportó el padre acerca de su colaboración como alimentante de sus hijos, por lo que sólo cabe concluir que sólo la madre tuvo que hacer frente a una obligación que la ley pone a cargo de ambos progenitores.

3.-Si el demandado tiene un negocio en negro en virtud de no poder enfrentar los costos de inscribirlo y habilitarlo se debe fijar la cuota alimentaria según las necesidades del alimentado, y el nivel de vida de las partes.

4.-La obligación materna se estima cumplida con la atención que brinda al hijo cuya tenencia ejerce, que se compensa en gran medida con dicha guarda y los gastos cotidianos que implican no obstante su deber de contribuir con todo su esfuerzo.

5.-Cabe presumir que el progenitor que no se encuentra en la tenencia del hijo se halla en mejores condiciones para prestar alimentos teniendo en cuenta el tiempo, cuidado y atención exigidos al otro quie ejerce la tenencia de los hijos.

6.-El monto de las prestaciones alimentarias debe guardar relación con la condición económica y social de las partes, y que, cuando no es posible determinar la capacidad económica del alimentante por la prueba directa de sus ingresos, el juez debe atenerse para estimar el quantum, a lo que resulte de la indiciaria, valorando la situación a través de la actividad que desarrolle el obligado.

Texto del Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 25 días del mes de julio del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J. M. Macagno, Beatriz A. Abele y Rodolfo L. Roulet: (Acta fs. 193 – 11/10/12), para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito N° 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Tostado, Dra. Haydé María Regonat, en los autos caratulados: “Expte. N° 72 – Año 2012 – G., C. c/ R., S. G. y Otros s/ ALIMENTOS Y LITIS”.

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; segunda, Dra. Beatriz A. Abele; tercero, Dr. Rodolfo L. Roulet.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es justa la sentencia apelada?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y estableció la obligación alimentaria a favor de los menores Gianfranco Ruffinato y Stéfano Ruffinato, a cargo del progenitor S. G. Ruffinato en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500) mensuales, a partir del día 16/03/11, a depositar en cuenta judicial para estos autos del 1 al 5 de cada mes; también estableció una cuota alimentaria a favor de los citados menores a cargo del Sr. Líder José Ruffinato (abuelo paterno) de una suma igual al 15 % de los beneficios previsionales que percibe (ver fs.

67/79) y a cargo de la Sra. Alba Angélica Quinteros de Ruffinato (abuela paterna) de una cuota alimentaria igual al 15 % de los haberes previsionales que percibe (ver fs.116/129), oficiándose al organismo para su retención y depósito a cuenta de este juzgado y como pertenecientes a estos autos, retenciones que se efectuarán desde la sentencia y se suspenderán en tanto se acredite el regular y exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del Sr. S. G. Ruffinato, con costas a los demandados (sentencia, fs. 144/148).

Contra ella apelaron los demandados (fs. 151) -recurso que fue concedido en efecto devolutivo (fs. 152)- y expresaron sus agravios a fs. 173/181, que fueron respondidos a fs. 187, habiéndose expedido la Asesora de Menores a fs. 189.

Las quejas del apelante acerca de la condena a los abuelos cuando, invocando el carácter subsidiario de la obligación de éstos, afirma que en autos no se demostró la imposibilidad de los progenitores para cumplir con sus obligaciones alimentarias carece de sustento. Basta la lectura de la sentencia para caer en la cuenta de que tal subsidiariedad está expresamente contemplada cuando dispone suspender las retenciones en los haberes jubilatorios “en tanto se acredite el regular y exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del Sr. S. G. Ruffinato” (fs. 148 vta.).

El incumplimiento del padre de los niños de sus obligaciones alimentarias (art. 265, Cód. Civil) surge acabadamente de lo actuado en este proceso. No está controvertido que la Sra. C. González y el codemandado S. G. Ruffinato contrajeron matrimonio el 11/12/98 y de esa unión nacieron Gianfranco Ruffinato (el 20/05/99) y Stéfano Ruffinato (el 22/07/04); y que se separaron aproximadamente dos años antes de la iniciación de la demanda (ver fs. 8, Hechos, y fs. 25, V; y partidas de fs. 6 y 5). Tampoco que los menores quedaron bajo la tenencia y a cargo de la madre. Ninguna prueba aportó el padre acerca de su colaboración como alimentante de sus hijos, por lo que sólo cabe concluir que sólo la madre tuvo que hacer frente a una obligación que la ley pone a cargo de ambos progenitores (art. 265, Cód.Civil). De la descripción hecha en la contestación de la demanda, se pone de manifiesto que el codemandado S. G. Ruffinato desde que se separó fue a vivir con sus padres e instaló una peluquería en el local que le prestaron sus padres, que no podría pagar alquiler, que su negocio lo tiene en negro por la imposibilidad de afrontar los costas de inscribirlo y habilitarlo regularmente, que sus ingresos son variables pudiendo promediar un ingreso de $ 1.000 mensuales. Con esa descripción más el hecho de no haber probado el cumplimiento de su obligación alimentaria hasta la iniciación de este juicio y el pago de las cuotas provisorias, queda holgadamente probado el extremo fáctico suficiente para legitimar pasivamente a los abuelos paternos.

Esta Cámara tiene dicho que la cuota de alimentos debe ser acorde con las necesidades del alimentado, como también con las posibilidades económicas del alimentante, para que la misma tenga una razonable proporción con los ingresos de éste y el nivel de vida de las partes (Bossert, G. A. y Zannoni, E. A., “Manual de derecho de familia”, p. 37 y 38; “Bouguet de Alberto, Hebe L. c/ Alberto, Julio César s/ alimentos”, 11/06/97, Fallo N° 058/97). Además, y como lo ha reconocido la doctrina y jurisprudencia especializada (Méndez Costa, María Josefa, “Visión Jurisprudencial de los alimentos”, pág.111), la obligación materna se estima cumplida con la atención que brinda al hijo cuya tenencia ejerce, que se compensa en gran medida con dicha guarda y los gastos cotidianos que implica (L.L.1994-C-91), no obstante su deber de contribuir con todo su esfuerzo (art. 271 C. Civil). Cabe presumir que el progenitor que no se encuentra en la tenencia del hijo se halla en mejores condiciones para prestar alimentos teniendo en cuenta el tiempo, cuidado y atención exigidos al otro (L.L.1997- F-52) (conf. esta Cámara en “Aguirre, Gisdela V.c/ Perea, Rodrigo s/ alimentos”, 11/09/02, Fallo N° 140/02; en igual sentido “Bertolaccini, Eugenia c/ Barreiro, Hipólito s/ alimentos”, 23/08/00, Fallo Nº 125/00; “Aguirre, Gisela V. c/ Perea, Rodrigo s/ alimentos”, 11/09/02, Fallo Nº 140/02).

Sin perjuicio de ello, en estos autos se acreditó que la madre es docente en la Escuela de Educación Técnica Nº 300 de Villa Minetti, con un total de 28 horas cátedra y percibe un sueldo mensual aproximado de $ 2.815 (fs. 60).

También ejerce como docente en la Escuela “Fray Justo Santa María de Oro” de Villa Minetti, con dos (2) horas de cátedra, donde percibe un sueldo de $ 201,73 (fs. 59). Va de suyo que con estos ingresos -y aún cuando demostrando su esfuerzo, se ocupe de dar clases particulares de inglés en su casa (fs. 58, 9)-, es imposible que pueda solventar adecuadamente las necesidades propias y de los dos hijos habidos en su matrimonio con el demandado, que están a su cargo.

Ha señalado este Tribunal que la circunstancia de que sea la madre quien ejerce la tenencia de los hijos nacidos del matrimonio de los contendientes es otro elemento que juega contra la postura del accionado, pues el hecho de que la progenitora trabaje no releva al padre de los menores de su deber de contribución, ponderando el aporte en especie que significa la crianza de los hijos por parte de aquélla; como también que los ingresos exiguos del demandado no es fundamento idóneo para reducir la cuota alimentaria toda vez que el padre debe redoblar sus esfuerzos, aún en momentos de crisis económica, a fin de procurar alimentos a sus hijos menores (esta Cámara en “Alí, Fabiana Haydee c/ Cicarelli, Marcelo Oreste”, 29/12/04, Fallo Nº 167/04, y sus citas de doctrina y jurisprudencia; en igual sentido, “Fontanetto Apoca, Analía Rita c/ Hischier Bertolín, Leonardo Cristian”, 16/08/07, Res.Nº 241/07).

Además, sabido es que el monto de las prestaciones alimentarias debe guardar relación con la condición económica y social de las partes, y que, cuando no es posible determinar la capacidad económica del alimentante por la prueba directa de sus ingresos, el juez debe atenerse para estimar el quantum, a lo que resulte de la indiciaria, valorando la situación a través de la actividad que desarrolle el obligado (Cám. Nac. Civil, sala A, 21/03/97, La Ley 1998-B, 916, Nº 12.469; del mismo tribunal, sala L, 14/12/99, La Ley 2000-B, 553). En el marco de estos criterios el importe fijado en la sentencia de primera instancia no aparece exorbitante (conf. esta Cámara en “Trejo de Valsagna, María Cristina c/ Valsagna, Eduardo s/ alimentos”, 06/10/00, Auto Nº 241/00).

Por estas razones propugno rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia impugnada, con costas a los recurrentes.

Voto por la afirmativa.

A esta primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que hacia suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votó en el mismo sentido.

A la misma cuestión, el Dr. Rodolfo L. Roulet dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia impugnada, con costas a los recurrentes. Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

A la misma cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Lorenzo J. M.

Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Rodolfo L. Roulet dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, con la abstención del Dr. Rodolfo L. Roulet (art. 26, Ley 10.160), RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia impugnada, con costas a los recurrentes.

Los honorarios de la Alzada serán el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen en Primera Instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerd o, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Lorenzo J. M. Macagno Beatriz A. Abele Rodolfo L. Roulet Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara SE ABSTIENE.

María Alejandra Politi Abogada – Secretaria

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