DESPIDO: Es legítimo el despido de los trabajadores que maniataron a un compañero como “bienvenida” y luego reconocieron el hecho.

Resulta legítimo el despido de los trabajadores, como consecuencia de haber maniatado y maltratado a un compañero, pues no correspondía a la empleadora continuar con el procedimiento previsto para sumarios investigativos establecido en el art. 195 del CCT. 131/75, ya que los actores firmaron el reconocimiento de los hechos endilgados.

Corresponde confirmar la legitimidad del despido directo puesto que los actores conocieron con certeza el motivo por el que eran despedidos, -y se encuentran cumplidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar lo que satisface la finalidad de la norma del art. 243 -, sin que las manifestaciones del damnificado en el juicio iniciado por él modifique lo resuelto, pues no niega la existencia de los hechos, -maniatarlo y echarle agua encima-, sino se limita a negar las consecuencias que ellos pudieron originar.

voces: COMUNICACIONES LABORALES, CONTRATO DE TRABAJO, DESPIDO CON CAUSA, DIFERENCIAS SALARIALES, DISCRIMINACIÓN LABORAL, SUMARIO ADMINISTRATIVO, TRABAJADOR, VIOLENCIA MORAL O INTIMIDACIÓN.

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B. J. M. y otros c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. s/ despido

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la legitimidad del despido directo puesto que los actores conocieron con certeza el motivo por el que eran despedidos, -y se encuentran cumplidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar lo que satisface la finalidad de la norma del art. 243 -, sin que las manifestaciones del damnificado en el juicio iniciado por él modifique lo resuelto, pues no niega la existencia de los hechos, -maniatarlo y echarle agua encima-, sino se limita a negar las consecuencias que ellos pudieron originar.

2.-Puesto que los actores no acreditaron que su voluntad exteriorizada a través de las notas de descargos estuvo ausente el discernimiento, la intención o la libertad, que haya estado viciada por error, dolo o violencia o bien que se encubrió otro acto, no cabe admitir la nulidad de tal prueba, puesto que debían aportar elementos que permitan probarlo de manera fehaciente, más allá de la insistencia en afirmar que fueron amenazados para redactar los descargos.

3.-No correspondía a la empleadora continuar con el procedimiento previsto para sumarios investigativos establecido en el art. 195 del CCT 131/75 , puesto que, ante la existencia de los descargos realizados por los trabajadores, la empleadora consideró que la falta disciplinaria en la que incurrieron los actores era de tal gravedad que por sí sola justificó el despido con causa de aquéllos.

4.-Toda vez que en el caso no existió una situación grupal objetiva discriminable, ni una razón para discriminar, ni un acto injusto, no corresponde admitir el adicional por empresa , pues el empleador que lo cobra, tiene una mayor categoría y un mejor desempeño, por lo que no existió trato desigual por no existir situaciones a juzgar con un parámetro objetivo o común al cual sujetarse.

Texto del Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que rechazó las pretensiones del inicio viene apelada por la parte actora.

II.- Los telegramas de fs.123; fs. 125 y fs. 127, contienen, explícitamente, las causales por las que los accionantes fueron despedidos. Concretamente se les imputó haber realizado el día 15.10.07 lo que se denominó una “bienvenida” y bromas al señor M. las que consistieron en: “encintar manos y pies del compañero de trabajo, colocarles precintos plásticos en los dedos y arrojarle agua tibia preparada para mate, etc…”.

III.- Sostiene la parte que la Señora Juez a quo erró al considerar idónea, en los términos del artículo 243  LCT, la comunicación de denuncia.

Cabe precisar que el Art. 243 de la LCT, supuestamente violado en la especie, importa la introducción en nuestro derecho legislado de una exigencia formal en la notificación de la voluntad de extinguir el contrato de trabajo con justa causa. El acto de notificación es formal, porque debe constar en un instrumento y por eso mismo escrito (Art. 1978  y conc. del C. Civil) con un contenido mínimo consistente en la “expresión suficientemente clara de los motivos” que se invocan como determinantes de la extinción. La forma no reviste carácter “ad solemnitatem” sino que opera aquí como una verdadera carga, cuya omisión, (es decir, su no cumplimiento) hace perder al autor del acto los efectos útiles que se hubieran derivado de su cumplimiento, de modo que en juicio no podrá invocar justa causa de extinción del contrato.El artículo mencionado no contiene una norma rígida, sino elástica o flexible, porque mediando acto escrito de comunicación, remite la determinación del cumplimiento adecuado de la carga contractual a la apreciación judicial. Se trata de que en tal caso -en relación al acto de notificación y a los comportamientos que están en su base y que son su antecedente- el juez aprecie si la expresión de los motivos es “suficientemente clara”. Lo contrario importaría una interpretación literal y mecánica de formalismo ritual excesivo, que contraría por ello mismo la idea de justicia. Se trata, en suma, de que el destinatario de la comunicación, conozca el motivo de ruptura del vínculo, para retornar así a la “interpretatio” romana, que según Ihering no era simplemente explicación de la ley, sino conciliación del derecho escrito con las exigencias de la vida permeada de sentido ético (Conf. Monzón, Máximo D. “La carga de expresión de los motivos de la extinción del contrato de trabajo” JTA 1979, pág. 183). ( ver en similar sentido, sentencia definitiva nº 33.309 del 31.05.06, en autos “ROMERO, Roberto c. Centro Naval Institución Mutualista s. Despido”)

Las circunstancias acreditadas en el proceso, indican que los trabajadores conocieron con certeza el motivo por el que eran despedidos, y también, coincido con el expuesto por la magistrada de grado, en cuanto a que, se encuentran cumplidas los circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que satisface, a mi juicio, la finalidad de la norma del Art. 243.

Las manifestaciones que se formulan respecto a la postura asumida por la sociedad demandada en el juicio que le iniciara el trabajador M., en nada modifican lo decidido pues aquélla no niega la existencia de los hechos sino se limita a negar las consecuencias que ellos pudieron originar.

IV.- La sentenciante luego de analizar las pruebas producidas y las constancias de la causa, concluyó que, los descargos realizados por los actores -reconocidos a fs.443/444- en los que aquéllos admiten haber realizado los hechos imputados en la carta rescisoria al señor M. , son suficientes para tener por acreditadas las causales de despido apuntadas por la demandada. Asimismo, agregó la a quo, que no se ha comprobado la supuesta exigencia de parte del señor Sanabria a firmar los citados descargos bajo amenaza de ser despedidos. Tal decisión motiva los agravios de la actora. El planteo es ineficaz.

En primer término porque debo señalar que el reconocimiento formulado a fs. 443/444 por los actores de las firmas de los documentos obrantes a fs. 128; 129 y 130 es suficiente para que el cuerpo del documento quede también reconocido (artículo 1028  del Código Civil).

Sentado lo anterior, los actores insisten en afirmar la exigencia de redactar los descargos ya mencionados bajo amenaza de despido. Si un trabajador o una trabajadora, postula que en su voluntad exteriorizada, en el caso a través de unas notas, estuvo ausente el discernimiento, la intención o la libertad; que aquélla estuvo viciada por error, dolo o violencia o bien que se encubrió otro acto, debe aportar elementos que permitan probarlo de manera fehaciente. Al respecto, coincido con el análisis probatorio de la señora jueza de la anterior instancia en el sentido de que ningún elemento han arrimado los trabajadores para avalar su postura. En la memoria de agravios tampoco se individualiza ninguna prueba relevante que se haya soslayado o que se haya valorado de manera imperfecta o fragmentada en la instancia de grado. Lo resuelto se encuentra al abrigo de revisión.

V.- Se agravia la recurrente por que la sentenciante omitió tratar el procedimiento previsto para sumarios investigativos previsto en el artículo 195 del CCT 131/75, que a su entender debió llevar adelante la empresa previó a aplicar una sanción.En el caso, la empleadora ante la presencia de un incumplimiento concreto, realizó la investigación correspondiente tendiente a averiguar lo sucedido -descargos de los trabajadores- cumpliendo de esta forma con uno de los recaudos establecidos en el artículo 195 de la convención citada y consideró a la falta disciplinaria en la que incurrieron los actores de tal gravedad que por sí sola justificó el despido con causa de aquéllos. En consecuencia, es mi parecer, que frente a estas circunstancias la demandada no debía continuar con el procedimiento del régimen disciplinario previsto en la normativa convencional pues no aplicó una sanción disciplinaria -apercibimiento o suspensión- sino la máxima sanción prevista para el contrato de trabajo, esto es despido con causa a las trabajadores. Cabe recordar, que el incumplimiento invocado como justa causa de denuncia del contrato de trabajo debe ser de tal gravedad que imposibilite la continuación de la relación, o más precisamente, habilite al contratante a denunciarla, por haber lesionado irreparablemente las bases del negocio o haber tornado inequitativo exigirle que continúe observándolo (artículo 242 L.C.T.). La evaluación de tal virtualidad imposibilitante está a cargo del juez, quien debe tener en cuenta el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, y las modalidades y circunstancias personales, en cada caso.

VI.- En cuanto a la desestimación de su pretensión de cobro de diferencias salariales, en especial el plus 65, es mi parecer, que la a quo no ha incurrido en una “confusión” tal como lo manifiesta la recurrente. En efecto, para decidir como lo hizo, la magistrada hizo mérito de lo informado por el experto contable, en cuanto a que el plus en cuestión era percibido por los tres actores cada día que realizaban tareas adicionales a las de su categoría.La apelante omite en el recurso bajo análisis, indicar las razones por las que no habría que otorgarle eficacia probatoria al informe contable, ni tampoco ha ofrecido argumentos jurídicos, ni remisión a pautas objetivas, que conduzcan a privilegiar su propia afirmación. En otras palabras, el recurso sólo trasluce una mera discrepancia con lo decidido y no accede a la calidad de agravios en sentido técnico-jurídico.

VII.- El reclamo de “horas extraordinarias” no fue introducido en el escrito inicial. El artículo 277  del C.P.C.C.N. veda al tribunal conocer de un tema que no fue propuesto al juez de la instancia anterior.

VIII.- El denominado “QUINTO AGRAVIO” se limita a señalar -con cierto desorden- la verosimilitud de variadas y disímiles cuestiones de hecho que no son dirigidas hacia un resultado determinado de propuesta, que, a mayor abundamiento, se omite precisar y/o analizar las pruebas que conducirían a tenerlas por ciertas. En definitiva, las sugerencias de la apelante parten de premisas conjeturales que no acceden a la calidad de agravio en sentido técnico-jurídico.

IX.- Los actores B. y C. -conductores de cámara de segunda- también se agravian de la declaración de improcedencia del “adicional empresa” fundados en una supuesta discriminación salarial. Los trabajadores plantean la desigualdad en materia del cobro de adicional en comparación con su compañero Quinteros -conductor de cámara de primera- argumentando que realizaban las idénticas tareas que aquél.

Este Tribunal ha sostenido en otras oportunidades que para que tenga lugar un acto discriminatorio son necesarios diversos elementos: un sujeto perteneciente a alguna de las categorías susceptibles de discriminación; otro, integrante de un grupo caracterizado por su hostilidad hacia al de pertenencia del primero; una conducta exterior -jurídicamente reconocible- hacia aquél, diferente de la que se adoptaría regularmente, frente a un sujeto no estigmatizado.Debe existir una situación grupal objetiva discriminable; o una razón para discriminar, o un acto injusto, mediante el cual se niega a alguien lo que se reconoce a la generalidad. Se trata antijurídicamente en forma diferente a alguien por lo que es, no por lo que hace.

En la especie, no se dan ninguna de estas circunstancias. Los alcances del concepto de discriminación, utilizado a veces con una excesiva l atitud como ha ocurrido en la especie, no refieren a casos en los que, se establecen niveles salariales diferentes, ya que el empleador se encuentra plenamente facultado para pactar con cada empleado el monto de la remuneración. En el responde, la demandada explicó que el cobro del “adicional por empresa” por parte del señor Quinteros se debía a que el citado adicional se otorgaba en virtud de una mayor categoría y mejor desempeño(v. fs.279). Por lo tanto, no existió tal trato desigual si las situaciones a juzgar no tienen un parámetro objetivo o común a la cual sujetarse. Lo resuelto en grado, a mi juicio, debe ser confirmado. (ver en similar sentido, sentencia definitiva nº 37708 del 2.11.2010, en autos ” Ochoa, Francisco c. Recoletos Argentina S.A. s. Ley 12908″).-

X.- En cuanto cuestiona la desestimación del “plus 54″ la parte omite analizar críticamente los fundamentos por los cuales desestimó su pretensión, esto es, “correspondía a los actores acreditar la realización de las citadas tareas, extremo que no advierto cumplido con la prueba testimonial producida a su propuesta”, todo lo cual sella la suerte adversa del agravio. (artículo 116  de la Ley 18.345).

XI.- De conformidad a lo resuelto el tratamiento del agravio relacionado con la multa del artículo 43  de la Ley 25.345 se torna abstracto.

XII.- Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8°  ley 21839, 3° D.L.16638/57 ).-

XIII.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; con costas de alzada al apelante; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68  C.P.C.C.N.; 14  de la ley 21.839).-

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2) Imponer a la parte apelante las costas de alzada;

3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior;

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

LUIS ALBERTO CATARDO

JUEZ DE CAMARA

VICTOR ARTURO PESINO

JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

.

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