COMUNICACIONES LABORALES. La intimación para la entrega de certificados de trabajo sólo surte efectos una vez que haya transcurrido el plazo del dec. 146/01

La intimación fehaciente para la entrega de los certificados de trabajo sólo puede surtir efectos una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador por el dec. 146/01 para cumplir con la exigencia legal.

La intimación fehaciente a que alude tanto el art. 80 LCT. como el dec. 146/01 sólo puede surtir efectos -el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización- una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.

voces: COMUNICACIONES LABORALES, DECRETOS REGLAMENTARIOS, INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADO, INTIMACIÓN AL CUMPLIMIENTO.

requisitos-normativos-versus-requisitos-legales

Casuccio Eugenia c/ Mercadística Consultores en Comercialización S.A. y otros s/ despido

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 17 de septiembre de 2013

Sumario:

1.-La intimación fehaciente a que alude tanto el art. 80 LCT. como el dec. 146/01 sólo puede surtir efectos -el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización- una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.

2.-La finalidad que la reglamentación del art. 80 LCT. persigue es evitar contratiempos o dificultades que pudieren impedir al empleador cumplir la obligación a su cargo relativa a la entrega de los certificados dentro del reducido plazo que normalmente los trabajadores le otorgan para la confección y entrega de tales constancias; para ello le confiere el generoso plazo de treinta días, durante el que debería poder solucionar cualquier eventual dificultad referida a la obtención de la información necesaria para expedir los certificados en cuestión.

3.-La norma reglamentada otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización fijada, y la brevedad de ese plazo puede explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 LCT. puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo).

Texto del Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 17 días del mes de setiembre de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 586/97, que admitió en lo sustancial los reclamos de la demanda, se alzan las partes actora y la codemandada A-Z Research S.A. (en adelante “A-Z”) en los términos de los escritos de fs. 636/9 y 643/6, respectivamente, que merecieron réplica a tenor de las presentaciones de fs. 650/2 y 655/62, en igual orden. Asimismo, el perito contador (fs. 642) y el letrado apoderado de la codemandada A-Z (fs. 647), apelan los honorarios que les fueron regulados por considerarlos reducidos.

II) Por razones de orden lógico abordaré en primer lugar los agravios planteados por la codemandada recurrente, quien esencialmente se queja por cuanto en la sentencia apelada se determinó su responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones que integran la condena, en los términos del art. 31 de la L.C.T. A tal efecto, puntualiza que la ocupación de la oficina ubicada en la calle Olaguer y Feliú, piso 8º “B”, difiere de la que utilizara la ex empleadora de la actora, es decir, la codemandada Mercadística Consultores en Comercialización S.A. (en adelante “Mercadística”), pues ésta habría operado en la unidad funcional del piso 8º “B” del mismo edificio y en una época anterior.Asimismo cuestiona la valoración de la prueba testimonial y remarca, con apoyo en el peritaje contable, que no se ha probado que las mentadas sociedades comerciales tuviesen las mismas autoridades.

Luego de analizar detenidamente las posiciones asumidas por los litigantes en el pleito y los elementos de prueba obrantes en autos, considero que los agravios planteados por la recurrente no logran desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho del decisorio que se pretende revertir. Me explico.

En primer término corresponde remarcar dos aspectos sustanciales en los cuales confluyen la ex empleadora y la recurrente. Estos son la actividad desarrollada por ambas y que, como se detectara en la sede de origen respecto del codemandado Carlos Alberto Salas -cuya responsabilidad solidaria arriba firme a esta instancia revisora- que “.el informe brindado por la IGJ obrante a fs. 342 (Anexo Nº 2564) acredita que Salas invistió el carácter de accionista mayoritario de la firma AZ RESEARCH S.A. y se desempeñó como presidente del directorio de Research International S.A.” (ver fs. 595). Advierto que esta última sociedad comercial ha sido indicada en la demanda como una de las empresas que conformaban el “.mismo conjunto económico fraudulentamente dirigido por el presidente de ambas, Sr. Carlos A. Salas.” (ver fs. 6vta., 3er. párr., entre otras citas en el mismo sentido) y que los trabajadores de ambas “.estaban mezclados en ambos inmuebles, trabajando con los mismos supervisores, para los mismos clientes y siguiendo las mismas directivas de trabajo.” (íd., 2º párr.).

Tales extremos fácticos se hallan demostrados mediante la prueba testimonial rendida en autos, en tanto observo que las testigos Crosetto, Smitch, Ivaldi, Venturini y Pandolfelli (ver declaraciones a fs. 226/8, 229/31, 240/1, 248/51 y 253, respectivamente) coincidieron al manifestar que la codemandada Mercadística y Research International S.A. funcionaban en las oficinas “A” y “B”, respectivamente, ubicadas en el 8º piso del edificio la calle Olaguer Feliú 2462, que realizaban tareas indistintamente para cada una de éstas, y que ambas eran dirigidas por el codemandado Carlos A. Salas.Cabe remarcar que estos extremos fácticos no han sido concreta y específicamente cuestionados en la impugnación presentada a fs. 262/3, la cual además -vale destacar- no involucra el testimonio de Ivaldi (arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

En dicha apreciación de los hechos, tampoco resulta acertado el cuestionamiento de la recurrente con respecto a la identidad de la oficina “B”, toda vez que ésta resulta coincidente con las utilizadas por Research International y Mercadística.

En lo que atañe al peritaje contable, resulta llamativa la existencia informada de “.una cantidad de facturaciones casi todos los meses hasta donde está registrado junio 2009, en el libro IVA-Ventas, de A-Z Research S.A. a nombre de Research Internacional S.A. . como ejemplo, concepto de: encuestas, reclutamiento, paquetes, ingreso de casos.” (fs. 489). Ello así por cuanto se trata -en principio- de la facturación de los propios servicios que ambas brindaban, por lo que no se explican las causas que motivarían tales operaciones, apareciendo éstas por ende como una transferencia de servicios de una en favor de la otra (art. 163 inc. 5º, C.P.C.C.N.).

En suma de las consideraciones expuestas y tal como adelantara, voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada en cuanto halla configurados los presupuestos fácticos que habilitan la responsabilidad solidaria de la recurrente en los términos del art. 31 L.C.T.

III) La parte actora se queja inicialmente por cuanto en el decisorio en crisis se desestimó la multa prevista por el art. 80 de la L.C.T., en razón de no haber sido cumplimentada la intimación exigida por dicha norma en las condiciones dispuestas por el art. 3º del decr. 146/01, para lo cual puntualizó la magistrada que me precede que la intimación en cuestión fue cursada el día 22 de mayo de 2009, es decir, 8 días después del despido indirecto del caso.

Al respecto, es pertinente señalar que si bien como integrante de esta sala, integrada en su momento por el Dr.Morell y la Dra. García Margalejo, posteriormente por esta última y el Dr. Simon, y actualmente por el Dr. Arias Gibert, me allané por razones de economía procesal, y sin perjuicio de mantener y dejar a salvo mi opinión expresada al votar en la causa: “Pantano, Carlos Gustavo c/ First Club S.A.” (sent. def. n° 68.030, dictada el 15/12/2005, del registro de la Sala V), al criterio sustentado por los magistrados mencionados en virtud del cual no procede la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 80, L.C.T. (texto según ley 25.345), si la intimación pertinente es practicada antes del vencimiento del plazo establecido en el art. 3° del dec. 146/2001 (en la actual composición la doctrina contraria a mi tesis fue fijada en la sent. def. nº 72.984 dictada el 16/03/2011 en la causa: “Moglia, Emanuel c/Mirazones S.A.”), en el sub examine el tribunal, por la vacancia de una de las vocalías, está integrado por el Dr. Arias Gibert y quien suscribe, y en caso de disidencia, por el Dr. Raffaghelli.

En este contexto, propicio resolver la cuestión planteada en el sentido expuesto en el caso “Pantano”, cuyos argumentos en lo substancial reproduzco a continuación.

El art. 3° del dec. 146/2001 dispone:

“El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente es propio de la interpretación indagar lo que dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país (cfr. C.S.J.N., Fallos:244:129), con el fin de establecer así la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistematizada, razonable y discreta que responda a su espíritu y para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (cfr. C.S.J.N., Fallos: 363:453).

El control de constitucionalidad de las leyes que compete a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa judicial, no se limita a la función en cierta forma negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permite (cfr. C.S.J.N., Fallos: 308:647, cons. 8° y sus citas; cons. 20 del voto del Dr. Carlos S. Fayt, 22/12/94, “Manauta, Juan J. y otros c/Embajada de la Federación Rusa”, D.T. LV, ps. 643/55).

Desde esta perspectiva hermenéutica, el art. 3° del dec. 146/2001 debe ser interpretado dentro de los límites de la norma superior que reglamenta.

El último considerando del dec. 146/2001 dispone:

“.Que, por último, deviene necesario establecer el plazo perentorio dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo laboral por cualquier causa, deberá hacer entrega al trabajador de los instrumentos a que hace alusión el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias, como paso previo a que se torne operativo el procedimiento contenido en el último párrafo del mencionado artículo 80, incorporado por el artículo 45 de la ley 25.345.”.

Tal como se deduce sin dificultad del último considerando del decreto citado, la finalidad que la reglamentación persigue es evitar contratiempos o dificultades que pudieren impedir al empleador cumplir la obligación a su cargo relativa a la entrega de los certificados del art.80, L.C.T. dentro del reducido plazo que normalmente los trabajadores le otorgan para la confección y entrega de tales constancias. Para ello, le confiere el generoso plazo de treinta días, durante el que debería poder solucionar cualquier eventual dificultad referida a la obtención de la información necesaria para expedir los certificados en cuestión (C. N.A.T., Sala III, sent. n° 84.720, 15/04/03, “Blanco, Ernesto Carlos Benito c/Club San Jorge S.A. Cía. de Capitalización y Ahorro”).

Dicho en otros términos: la norma reglamentada otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización fijada; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la L.C.T. puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.

De tal modo, luce razonable concluir que la intimación fehaciente a que alude tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. n° 85.785, 27/04/04, “Carabajal, Luis Raúl c/La Internacional S.A.y otro”).

La interpretación que postulo luce plenamente aplicable al sub lite, ya que en la mentada comunicación fehaciente de fecha 22 de mayo de 2009 fue requerida la entrega de los certificados previstos por el art. 80 LCT.

Por otra parte, sella la suerte favorable de la cuestión bajo examen, el hecho de que en el reclamo ante el SECLO se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T. (ver acta de fs. 2), por lo que nada obsta a considerar a dicho requerimiento razonablemente constitutivo de la intimación que prevé la norma reglamentaria como recaudo de admisibilidad de la multa, el que adquirirá virtualidad a partir de la fecha de conclusión del trámite administrativo. En efecto, no debe soslayarse que el sentido del emplazamiento previsto por el art. 3 del decreto 146/01, ha sido otorgar un plazo extenso y razonable al empleador para cumplir la obligación nacida del art. 80 de la LCT. Si, no obstante el tiempo transcurrido y el inicio de un reclamo expreso ante el SECLO, el empleador igualmente no entregó tales documentos, considero que debe ser pasible de la sanción introducida por el art. 45 de la ley 25.345 en tanto se encuentra cumplido el mencionado recaudo.

Consecuentemente considero viable la reclamación por la multa del art. 80 L.C.T., toda vez que, como se juzgara en la sentencia apelada (fs. 593, pto. IX), la ex empleadora no cumplimentó adecuadamente la obligación de hacer contenida en la mentada norma sustantiva.

Para el cálculo de este crédito tomaré la base salarial de $1.608 determinada en la instancia anterior, por lo que corresponde fijar la multa del art. 80 L.C.T.en la suma de $4.824.

IV) En consecuencia, de prosperar mi voto, el monto de condena debe elevarse a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($40.736,57 + $4.824= $45.560,57), más intereses a la tasa y en la forma determinada en la sentencia apelada.

V) Se queja la parte actora por cuanto la condena impuesta a la entrega de los certificados previstos por el art. 80 L.C.T. no ha sido también impuesta a la codemandada A-Z.

El planteo es audible, pues resulta analógicamente aplicable el criterio que adopté en su oportunidad respecto de la misma cuestión, aunque referida al art. 30 de la L.C.T.; entre otros en “Iglesias, Martín c/ Way Service SA y ots s/ despido”, SD n° 67.853 del 12.10.2005, en donde se sostuvo que respecto del certificado de trabajo (fechas de ingreso y egreso, remuneración) más allá de que la actora haya sido o no empleada directa de la parte (en el caso Mercadística), la certificación puede extenderse en base a los datos que se han tenido por ciertos en la sentencia de autos, incluso -si se desea- dejando constancia de que así se emite por orden judicial y en virtud de una condena impuesta con base en la solidaridad del art. 31 LCT.

VI) En atención a las modificaciones propuestas, correspondería dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios y adecuarlos al actual resultado del litigio, deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos al respecto (conf. art. 279 cód. procesal). Sobre dicha base, corresponde imponer las costas solidariamente a cargo de los codemandados vencidos en las cuestiones sustanciales de la contienda (conf. art.68 C.P.C.C.N.). En lo atinente a los honorarios correspondientes a la anterior instancia conforme resultado del pleito en relación con cada parte, etapas cumplidas y mérito e importancia de las labores, sugiero regular los de la representación letrada de la parte actora en el 16%; los de la codemandada A-Z en el 12%; y los del codemandado Carlos Alberto Salas en el 11%. Asimismo, propongo regular los honorarios del perito contador en el 6%. Estos porcentajes deben ser calculados sobre el capital de condena con más los intereses (cfr. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y cctes. ley 21.839; 3 y 12 del RAPCE y 38 L.O. y decr. 16.638/57).

VII) En atención a la suerte que he propiciado a los recursos interpuestos, las costas de alzada también deberían imponerse solidariamente a cargo de los codemandados (conf. art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y de la codemandada A-Z en el 28% y 25% de lo que respectivamente a cada una de ellas le corresponda por su actuación en la instancia anterior (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó:

He de prestar mi adhesión por razones de economía procesal, al voto de mi distinguido colega Dr. Oscar Zas, incluso en lo atinente a la indemnización prevista por el art. 80 LCT, toda vez que de conformidad con los votos de los Dres. Zas y Raffaghelli se conformó mayoría sobre este tópico in re “Morinigo, Cristino c/ Fundación Madres Plaza de Mayo s/ despido” , SD nº 74904 del 14/03/2013, por lo que dejando a salvo mi opinión sobre este punto, que suscintamente memoro en cuanto a que “.la norma del art. 80 RCT requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la multa, y que mal puede haber contumacia si el plazo de entrega no está vencido.La obligación de entrega de certificados era, hasta las normas de la ley 24.013, una obligación sin plazo que debía, por tanto constituirse por una intimación que constituya en mora al obligado (art. 509 del Código Civil). Luego de la sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. Norma que debe ser aplicada por analogía. En consecuencia, el decreto lo único que hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. Es obvio que no se puede punir (la multa del art. 80 LCT tienen función punitiva y no resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria) por la falta de cumplimiento de una obligación no vencida.No puede olvidarse que no hay contumacia (presupuesto de la aplicación de las multas) sin que previamente exista inejecución. Esto es, sin que el plazo de la obligación esté vencido, es que – reitero – presto mi adhesión a la solución propiciada.

No obstante la aclaración efectuada, debo señalar que coincido en cuanto a que el emplazamiento a la entrega de los certificados en cuestión efectuado ante el SECLO satisface el recaudo examinado, toda vez que no hallo impedimento alguno para tener por satisfechos los mentados recaudos exigidos por las referidas normas sustantivas, en tanto se trata de un requerimiento fehaciente del cumplimiento de las obligaciones en cuestión, y a dicha época -lógicamente- había transcurrido el plazo de 30 días que exige el art. 3º del decr. 146/01.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia apelada, y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($45.560,57), más intereses a la tasa y en la forma determinada en la sede de origen.2º) Condenar solidariamente a la codemandada A-Z Research S.A. al cumplimiento de la condena impuesta en la sentencia apelada respecto de la entrega de los certificados previstos por el art. 80 de la L.C.T. 3º) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio. 4º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios en la sentencia apelada. Fijarlas conforme a los términos que surgen del punto VI del primer voto. 5º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo al punto VII del primer voto. 6º) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109, R.J.N.).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique N. Arias Gibert

Juez de Cámara

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