Abogados. Expresiones Injuriosas. Sanción disciplinaria. Causa propia.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó la sanción disciplinaria interpuesta por el colegio de abogados a un profesional en virtud de las expresiones injuriosas vertidas hacia su ex esposa (también abogada), en el marco de una controversia por la tenencia de su hija menor, ya que las mencionadas expresiones negativas fueron emitidas en una causa propia de índole familiar en el que primaba una fuerte carga emotiva por sobre la profesión de abogados de ambas partes, por lo que los efectos jurídicos de las expresiones injuriosas constituyen objeto de discusión entre las partes y de decisión de los jueces que entienden en los expedientes del fuero penal y el de familia.

reforma

21 de Noviembre de 2013 – Suprema Corte de Justicia de Mendoza – Sala I
B., S. G. contra Colegio de Abogados de Mendoza y Otro sobre A.P.A.

Corresponde revocar la sanción disciplinaria interpuesta por el colegio de abogados a un profesional en virtud de las expresiones injuriosas vertidas hacia su ex esposa (también abogada), en el marco de una controversia por la tenencia de su hija menor, en tanto las mencionadas expresiones negativas fueron emitidas en una causa propia de índole familiar en el que primaba una fuerte carga emotiva por sobre la profesión de abogados de ambas partes, por lo que los efectos jurídicos de las expresiones injuriosas constituyen objeto de discusión entre las partes y de decisión de los jueces que entienden en los expedientes del fuero penal y el de familia.

Suprema Corte de Justicia de Mendoza

A N T E C E D E N T E S

A fs. 12/23 se presenta por su derecho el abogado S.G.B., quien demanda al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, y a la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, con la pretensión de que se anule su obrar adminis-trativo, en virtud del cual se lo sancionó con suspensión por dos días en el ejercicio pro-fesional.

A fs. 38 se admite formalmente la acción procesal administrativa interpuesta, la que es contestada a fs. 43/46vta., 50/53vta. y 56/57vta., por los demandados directos y por Fiscalía de Estado, respectivamente.

Aceptadas y rendidas las pruebas ofrecidas, se agregan los alegatos de las partes a fs. 491/513.

A fs. 515/517 obra dictamen del Procurador General, quien por las razones que expone, propicia que se desestime la demanda.

A fs. 518 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fs. 529 se deja constancia del orden de estudio dispuesto en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

C U E S T I O N E S

Primera Cuestión: ¿Es procedente la Acción Procesal Administrativa interpuesta?

Segunda Cuestión: En su caso, ¿qué solución corresponde?

Tercera Cuestión: Costas.

A la Primera Cuestión el Dr. Jorge H. Nanclares, Dijo:

I. Relación Sucinta De Las Cuestiones Planteadas:

1.- Posición de la parte actora.

A fs. 12/23 se presenta por su derecho el abogado S.G.B., quien demanda al Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, y a la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, con la pretensión de que se anule su obrar adminis-trativo, en virtud del cual se lo sancionó con suspensión por dos días en el ejercicio pro-fesional.

Refiere que el obrar administrativo se encuentra viciado de arbitrariedad, ya que la sanción de suspensión en el ejercicio profesional resulta, además de improcedente, excesiva por su calidad, ya que existen otras sanciones menos gravosas aplicables en el caso, por tratarse de un profesional de larga trayectoria y sin antecedentes disciplinarios.

Expresa que el motivo por el cual fue sancionado, es por la utilización de lengua-je fuera de estilo con expresiones desacertadas que, en realidad, fueron vertidas en cau-sas judiciales en su calidad de parte, frente a su ex esposa en calidad de contraparte. Es decir, que las expresiones por las cuales se lo sancionó fueron emitidas en el ejercicio de su derecho de defensa en asuntos de familia que involucran no sólo a él y a su ex esposa sino también a su hija menor de edad, y que han derivado en una serie de acciones pro-cesales que detalla.

Asimismo, manifiesta que la sanción impuesta le ocasiona perjuicios atento a que le impide poder postularse para ocupar un cargo en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, como así también lo inhabilitaría para concursar en la magistratura.

Ofrece prueba y funda en derecho.

2.- Posición de los demandados directos.

2.1. A fs. 43/46vta. contesta demanda el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, a través de su apoderado, quien formula una negativa genérica y particular de las afirmaciones del actor y defiende la legitimidad del obrar administrativo impugnado, cuyas constancias procedimentales detalla.

Expresa que el trámite de las actuaciones impugnadas tuvo origen en una denun-cia de la ex esposa del actor, que puso en conocimiento del Tribunal de Ética de la enti-dad, expresiones injuriosas hacia su persona vertidas en escritos judiciales presentados en procesos en que ambos son partes contrapuestas, lo que no obsta al cumplimiento de las normas disciplinarias y de ética aplicadas.

Afirma que los actos cuestionados fueron dictados conforme a la normativa que establece sanciones a los abogados, en el supuesto de violación de sus deberes profesio-nales, tales como el de observar una conducta ajustada a los principios de lealtad, probi-dad y buena fe; de respetar a los colegas y abstenerse de realizar expresiones malévolas o injuriosas hacia ellos.

Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda con costas.

2.2. A fs. 50/53vta. se hace parte la Federación de Colegios de Abogados y Pro-curadores de Mendoza, a través de su apoderada, quien luego de formular una negativa genérica y particular de las afirmaciones del actor, relata las vicisitudes procedimentales desarrolladas en sede administrativa.

Sostiene la legitimidad del obrar administrativo con similares argumentos a los expresados por el Colegio de Abogados. En relación a ello, destaca que las expresiones vertidas por el actor en el escrito que la denunciante acompañara, más allá del enfrenta-miento por cuestiones personales entre ambos profesionales, resultan violatorias de los deberes éticos del actor, en cuanto constituyen una falta de respeto hacia una colega.

Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo de la demanda con costas.

3.- Fiscalía de Estado.

A fs. 56/57vta. se hace parte el Sub-Director de Asuntos Legales de Fiscalía de Estado, quien solicita el rechazo de la demanda, por considerar que el proceder adminis-trativo no adolece de los vicios que el actor le endilga. Recuerda la doctrina jurispru-dencial relativa al control de las sanciones disciplinarias, ofrece prueba y funda en dere-cho.

4.- Dictamen del Procurador General del Tribunal.

A fs. 515/517 emite dictamen el Procurador General, quien propicia el rechazo de la demanda, en consideración a que si bien el origen de la controversia es familiar, ello no es óbice para el cumplimiento de los deberes profesionales por parte de los abo-gados que actúan en causa propia. Tal es el sentido que las entidades demandadas han querido expresar en sus decisiones, razón por la cual no existe contradicción en el obrar administrativo al respecto. Destaca la aplicación al caso de la norma que establece que la severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna vejación inútil o violencia. Afirma que el actor, efectivamente, incurrió en ex-cesos innecesarios y desconsiderados, razón por la cual encuentra fundamento jurídico la sanción de suspensión cuestionada.

II. Prueba Rendida.

A) Instrumental.

Copia de resolución del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia recaída en el expediente administrativo n° 1055, el día 10.11.2009 (fs. 1/6).

Copia de resolución emitida el 01.10.2010, por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza en el expediente administrativo n° 327 (fs. 7/8).

Copia de resolución emanada de la Secretaría Legal y Técnica de este Tribu-nal, de fecha 09.03.2011, recaída en el expediente administrativo n° 74.666; así como de su cédula de notificación al actor (fs. 9/11).

Expediente administrativo n° 74.666 “Federación de Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza…”, conforme constancias de fs. 31.

Copias certificadas de Expedientes administrativos n° 2717 y n° 2716, origina-rios del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza (fs. 175/282).

Compulsa del Expediente judicial n° 218.785, originario del Vigésimo Juzga-do Civil, Comercial y Minas de esta Ciudad, conforme constancias de fs. 289.

Expedientes judiciales n° P-116.720/06 “F. c/C.M.F.” y n° P-58.984/07, remitidos por el Tribunal arriba detallado, conforme constancias de fs. 312.

Expedientes judiciales n° P-23.238/10/3F, n° P-39.821/08 y n° P-100.987/09, provenientes de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de esta Ciudad, conforme constancias de fs. 333.

* Expediente judicial n° 152.726, proveniente del Tercer Juzgado Civil, Comer-cial y Minas de esta Ciudad, conforme constancias de fs. 373.

Expediente judicial n° P-14.352/06, proveniente de la U.FI. de Capital, con-forme constancias de fs. 354.

Expediente judicial n° 2190/9/3F//36.769, en copia certificada, originario del Tercer Juzgado de Familia, conforme constancias de fs. 371.

Copia certificada del Expediente judicial n° P-116720/06, originario de la U.FI. de Capital, agregada a fs. 375/470.

B) Testimonial.

S. W. M.: Lic. en Psicología, que conoce al actor por atenderlo profesionalmente desde marzo de 2007. Detalla el padecimiento psicológico de su pa-ciente, por la falta de contacto con su hija menor, a consecuencia de las actuaciones ju-diciales en que fue sancionado. Niega categóricamente que el actor padezca un síndro-me o trastorno maníaco-depresivo. Expresa que es difícil que él o su ex esposa abogada, discriminen adecuadamente los roles de progenitores del de abogados en sus presenta-ciones judiciales en causa propia, ya que en el contexto familiar de discusión entre am-bos, priman los sentimientos sobre el comportamiento racional. Al ser preguntado, re-fiere sus antecedentes académicos y profesionales en la materia (fs. 115/118).

MM.A.S.: Abogada que refiere conocer al actor por haber trabajado en calidad de socia en su estudio jurídico. Manifiesta conocer la rela-ción conflictiva entre el actor y su ex esposa abogada, especialmente en relación a la hija menor de ambos (fs. 306 y vta.).

III. La Solución del Caso.

Atento a como ha sido planteada la cuestión corresponde resolver si resulta legí-timo el obrar de la demandada, en cuanto impuso una sanción de dos días de suspensión en el ejercicio profesional al actor, por violación a deberes éticos-profesionales de los abogados.

A fin de resolver el caso traído a estudio, corresponde tener presente las circuns-tancias relevantes que constituyen sus antecedentes. Al respecto, cabe tener presente que en el expediente administrativo n° 74.666 de la Secretaría Legal y Técnica de este Tribunal (Sala III), se dictó el acto administrativo que causó estado, y en él se encuen-tran acumuladas las actuaciones en que se dictó el acto administrativo originario que el actor aquí impugna (exptes. Administrativos n° 1055 y n° 2597), emanado del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores.

Asimismo, en tales actuaciones se encuentra acumulado el expediente adminis-trativo n° 327 de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, que dictó el acto que rechazó la apelación administrativa interpuesta oportunamente por el actor contra el acto originario, pero que redujo de diez a dos los días de suspensión en el ejercicio profesional.

Del expediente administrativo de referencia (en que se acumulan los demás), surge que:

El día 28.08.2007 la abogada M. F.C. denunció ante el Colegio de Abogados, que el abogado S.G.B. estaba realizando actos de “hostigamien-to y ensañamiento profesional” hacia su persona, en el marco de conflictos de índole personal entre ambos, que precedentemente los condujo a divorciarse y a discutir la te-nencia de la hija menor de edad de ambos. (fs. 2/3).

El día 05.09.2007 la abogada M.F.S. realizó una nueva denuncia ante el Colegio de Abogados, en virtud de la cual dio cuenta de que el abogado S.G.B. había sobrepasado los límites impuestos por la ética, al haber expresado en un escrito judicial (que acompaña), que ella iría a prisión y sería excluida del foro como abogada. En tal oportunidad la denunciante expuso que se sentía agraviada en forma “gratuita y desmedida” por el denunciado, sin necesidad alguna que justificara tal proce-der reñido con los deberes profesionales. Como consecuencia de ello, solicitó allí mis-mo que se tomaran en forma urgente las medidas necesarias para evitarse la reiteración de expresiones como las denunciadas, que perjudican a la denunciante en su vida de relación personal y profesional, al tener que estar defendiéndose en forma permanente de tales ataques (v. fs. 4/11vta.).

El Colegio de Abogados resolvió citar al actor a fin de que diera las explica-ciones del caso (conf. art. 53 de Ley n° 4976). (fs. 12).

A fs. 14/18vta. el abogado S.G.B. manifiesta sus explicaciones, en que resalta los conflictos de índole familiar entre él y la denunciante a causa del di-vorcio entre ambos y la existencia de una controversia por la tenencia de su hija menor.

Con posterioridad, el Colegio de Abogados decide elevar las actuaciones a su Tribunal de Ética y Disciplina (fs. 19/20).

Luego de tramitado el sumario disciplinario, el Tribunal de Ética emite el acto administrativo definitivo, el día 10.11.2009 , en virtud del cual decide aplicar al actor la sanción de diez días de suspensión en el ejercicio profesional, por considerar que violó normas éticas que rigen la profesión de abogado.

Para así resolver, tal Tribunal tuvo en consideración que: “…Del relato que an-tecede debe concluirse en consecuencia en la inexistencia de los delitos que el denun-ciante le imputara a la hoy sumariada…las expresiones vertidas en el escrito que la denunciante acompañara –más allá del enfrentamiento que por cuestiones personales pudieran tener ambos profesionales- resultan a todas luces violatorias de los deberes de observar una conducta ajustada a los principios de lealtad, probidad y buena fe… pre-visto en los arts. 25, inc. 2 y respetar a los colegas establecido en el art. 25 inc. 5 de la Ley n° 4976, como así también de las disposiciones del Código de Ética: art. 11, 56 inc. 1 que establece que los abogados deben: 1) Evitar los personalismos, respetar la digni-dad del colega… lo dispuesto por el art. 16 del Código de Ética…: El abogado debe tratar a los litigantes…con la consideración debida…La severidad en el trato que pue-dan imponer las exigencias de la defensa no autoriza ninguna vejación inútil o violencia impropia…” (fs. 252/257).

El actor apela administrativamente tal decisión ante la Federación de Colegios de Abogados que, a fs. 303/304, resuelve confirmar la sanción impuesta, pero reducirla a dos días de suspensión en el ejercicio profesional.

Para así resolver, esta entidad valoró, especialmente, que: “…en el caso concreto se trata la cuestión, según las constancias del expediente, más de una situación belige-rante entre litigantes, que una cuestión con específica relación de ejercicio profesio-nal… el escrito no es de agravio a una colega sino de agravio entre litigantes, en se-gundo término es una cuestión estrictamente familiar que se permitió trascendiera al ámbito del Tribunal de Ética y en tercer término, si la conducta es sancionable, debió el Tribunal de Ética remitir compulsas del expediente al Directorio para se iniciara inves-tigación sobre la conducta de la denunciante, que también incurre en excesos y agravia al denunciado cuando lo señala como mentiroso, psicótico maníaco depresivo… la acti-tud de los abogados C. y B. en esta causa debió, principalmente, ser juzgada al calor de las pasiones de los dos litigantes, muy mal avenidos, divorciados, con una lamentable lucha de tenencia de una menor y que han llevado esa lucha al ámbito del Tribunal de Ética…sin embargo creo que la conducta de los abogados, tanto la denun-ciante como el denunciado es reprochable, no en la medida dispuesta por el tribunal de primera instancia, pero sí, objetivamente, ninguno de los dos ha guardado el estilo exi-gido a un abogado en sus escritos y ninguno ha respetado la dignidad del colega, su conducta merece sanción…”

Esta decisión también es apelada administrativamente por el actor, ante la Sala III de Superintendencia de este Tribunal, que a fs. 317 y vta. resuelve rechazar la im-pugnación, con fundamento en que: “…del análisis de las actuaciones rendidas en au-tos surge que las expresiones vertidas por el apelante en presentaciones realizadas ante los Tribunales provinciales (conf. fs. 4/10) fueron desacertadas y no guardaron el estilo exigido a un profesional del foro local, siendo ello demostrativo de su inconducta…”

En virtud del acto originario impugnado, el actor fue sancionado disciplinaria-mente, por infringir las siguientes normas:

Ley n° 4976: art. 25: “Son deberes de los abogados:… 2) Observar una conducta ajusta-da a los principios de lealtad, probidad y buena fe;… 5) Respetar a sus colegas…”

Código de Ética: art. 11: “El abogado debe en todo momento mantener el honor y la digni-dad de la profesión. En toda su actividad profesional, como en su vida privada, debe abstenerse de toda conducta impropia que pueda desacreditar la profesión. La conduc-ta del abogado debe asimismo caracterizarse por la probidad y la lealtad. Ello se ga-rantiza con la veracidad y la buena fe.”

art. 16: “En sus expresiones verbales o escritas el abogado debe usar la moderación y energía adecuada, tratando de decir nada más que lo necesario al patro-cinio que se le ha confiado… El abogado debe tratar a los litigantes, testigos y peritos del juicio con la consideración debida. La severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa no autoriza ninguna vejación inútil o violencia impropia…”

art. 56: “Entre los abogados debe haber fraternidad, lealtad y respeto recí-proco, que enaltezcan la profesión, sin que en ellos influyan el encono o animadversión de las partes. Esto implica: 1) Evitar los personalismos. respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete, impedir la maledicencia del cliente hacia el anterior abogado o el patrocinante del adversario, abstenerse cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra índo-le que puedan ser ofensivos.”

De la lectura de las constancias relevantes de la causa que arriba se detallaron, surge claramente que, en definitiva, la Federación confirmó la sanción al actor reducida a dos días de suspensión en el ejercicio profesional, específicamente, por no guardar el estilo exigido a un abogado en sus escritos y por ello no respetar la dignidad del colega (v. fs. 303vta. del expte. adm. n° 74.666). Se advierte que esta última aseveración no encuentra sustento en las valoraciones concretas que la propia entidad efectuó a tales efectos (que arriba se detallaron). Asimismo, resulta inconsistente la imputación de la infracción en el contexto fáctico y familiar en que el hecho sancionado se produjo.

En consideración a las fundadas valoraciones que la Federación de Colegios de Abogados emitió al momento de reducir la sanción de suspensión impugnada, debió consecuentemente considerar no configurada la infracción. Ello así porque, si bien las expresiones del actor formuladas en el escrito base del procedimiento por el cual se lo sancionó (v. fs. 4/10 del expte. adm. 74.666), fueron manifestadas en términos recrimi-natorios e incriminatorios, ellas en sí mismas no constituyen lenguaje inapropiado o con términos indecorosos (que en el caso de haberlo sido, por este sólo hecho hubieran me-recido sanción), y en el contexto en que se emitieron no constituyen de por sí ofensas personales.

No puede soslayarse que las expresiones del actor fueron vertidas en un escrito presentado en una causa judicial entre él y su ex esposa, emitidas no sólo en su calidad de abogado sino también con una fuerte carga emotiva de quien actúa involucrado en una causa propia de índole familiar, en su rol de padre y ex esposo en el marco de una controversia con su ex esposa, abogada y madre, también en causa propia, en disputa por la tenencia de la hija menor de ambos.

No caben dudas de que en la controversia en que se emitieron las expresiones sancionadas, lamentablemente, primaron las emociones primarias de ambos litigantes por sobre su calidad profesional de abogados.

En tal contexto, las expresiones negativas del actor por las cuales fue sanciona-do, en todo caso constituyen imputaciones graves hacia su ex esposa en una controversia por la tenencia de su hija menor, cuya veracidad o falsedad y efectos jurídicos, en su caso, constituyen objeto de discusión entre partes y de decisión de los jueces que entien-den en los expedientes del fuero penal y el de familia, correspondientes al caso.

Mas en tal supuesto, no puede un Tribunal de Ética profesional aplicar sancio-nes por el solo hecho de que los litigantes sean abogados, si éstos no exceden el límite de lo razonable, como en este caso en que se afirmó una serie de acusaciones (no nece-sariamente veraces o acertadas) en uso del derecho de defensa, que como ya se advirtió, en el contexto de la controversia mencionada se acercan a tal límite pero no lo sobrepa-san.

Resulta verosímil sostener que para el profesional que actúa en causa propia, resulta dificultoso poder tomar distancia emocional del conflicto familiar base del litigio en que se encuentra involucrado (de lo cual dio clara cuenta el profesional psicólogo que declaró en esta causa). En relación a ello, el análisis de su conveniencia o de la correc-ción o no de las consecuencias emocionales de tal proceder, en principio, queda exenta de la autoridad de los magistrados (conf. art. 19 de la C.N.), ya que las molestias o agra-vios que las expresiones así vertidas puedan ocasionar en la contraparte, en todo caso, deben encauzarse adecuadamente a través de los medios jurisdicciones (no administrati-vos) pertinentes con que cuentan los litigantes en el caso.

Debe advertirse que diversa sería la situación si tales imputaciones hubieran sido predicadas por el actor respecto de un profesional que defendiera a su contraparte, por el sólo hecho de ser abogado/a de la contraria, pero por hechos que ninguna relación guardan con las circunstancias del proceso. Bajo tal hipótesis, que no es la del caso que aquí se resuelve, sí se hubiera configurado la infracción que se le endilga al actor y merecería una rigurosa aplicación de sanciones disciplinarias.

Este Tribunal tiene dicho que el poder disciplinario a que están sometidos los abogados y procuradores, comprende la fiscalización del correcto ejercicio de la función y del decoro profesional y el juzgamiento de las conductas que, como consecuencia de la investigación respectiva, resulten violatorias de los valores profesionales tutelados en la ley (L.S. 401-121).

En relación al ejercicio de tal potestad administrativa, aquí es dable recordar el criterio de nuestra Corte Federal según el cual los jueces deben hacer uso mesurado de las sanciones disciplinarias, a fin de no entorpecer la labor profesional ni poner en peli-gro el libre ejercicio del derecho de defensa en juicio (Fallos 312-1076 y sus citas; L.S. 346-142). Ello, asimismo, resulta predicable respecto de quienes, en ejercicio de la fun-ción administrativa, están llamados a controlar la ética y disciplina profesionales, ámbito en que también es exigible el respeto de las garantías del debido proceso en todo aquello en que sea posible su aplicación (conf. GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo A.; Admi-nistración Pública, Juricidad y Derechos Humanos, AbeledoPerrot, C.A.B.A., 2009, pág. 64), en especial en cuanto al respeto del derecho de defensa (C.S.J.N., LL 1996-E-603 y 1997-B-303; L.S. 296-162).

Atento a todo ello, se estiman aquí configurados los vicios graves contemplados en los arts. 52 inc. B y 63 inc. C de la Ley n° 3909, en cuanto el obrar administrativo se encuentra en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo, e incurre en arbitrariedad al decidir en sentido contrario al que conducen razonablemente los fundamentos expresados en su motivación, conforme se observó más arriba.

Por ello, y si mis distinguidos colegas comparten la solución propuesta, corres-ponde hacer lugar a la demanda.

Asi Voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Palermo y Böhm, adhieren al voto pre-cedente.

A la Segunda Cuestión el Dr. Jorge H. Nanclares, Dijo:

Atento al resultado de la cuestión anterior, corresponde anular los actos adminis-trativos impugnados y, en consecuencia, dejar sin efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta al actor en el procedimiento administrativo antecedente de esta acción.

Así Voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Palermo y Böhm, adhieren al voto pre-cedente.

A la Tercera Cuestión el Dr. Jorge H. Nanclares, Dijo:

De conformidad a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la parte demandada vencida (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).

Atento al asunto objeto de litigio, en que se discutió la aplicación de una sanción de suspensión en el ejercicio profesional, la cuestión motivo de pronunciamiento no es susceptible de apreciación pecuniaria, más allá de las hipotéticas consecuencias econó-micas que hubiera traído aparejada la efectivización de la sanción, razón por la cual co-rresponde regular honorarios en virtud de las pautas establecidas en el art. 10 de la Ley n° 3641. A tal efecto, se pondera que se cumplieron en esta causa todas las etapas pro-cesales; se incorporó prueba documental y testimonial; el tenor de los argumentos verti-dos por las partes en sus escritos de traba del litigio (fs. 12/23, 43/46vta., 50/53vta., 56/57vta. y fs. 60) como en los alegatos (fs. 491/513); la duración de más de dos años del proceso iniciado en abril de 2011; por todo lo cual se estima justo y equitativo fijar en $5.400 el honorario por el patrocinio total ganador.

Así Voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Palermo y Böhm, adhieren al voto pre-cedente.

Con lo que terminó el acto procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A

Y Vistos:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, Resuelve:

1) Hacer lugar a la demanda entablada, a fs. 12/23, por el abogado S.G.B. y, en consecuencia, anular los actos administrativos antecedentes de esta ac-ción, conforme a lo expresado en la Segunda Cuestión.

2) Imponer las costas del proceso a la parte demandada vencida (arts. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).

3) Regular honorarios del siguiente modo: Dr. S.G.B. en la suma de Pesos CINCO MIL CUATROCIENTOS ($5.400). (Arts. 10, 28 y ccs. de la Ley n° 3641).

4) Remitir las actuaciones administrativas a origen.

5) Dese intervención a la Caja Forense y Dirección General de Rentas, a los efectos previsionales y fiscales pertinentes.

Jorge H. Nanclares – Omar Palermo – Carlos Böhm

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