No procede indemnización por despido ante jubilación de la actora sin notificar al empleador.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que no corresponde indemnizar a la actora por el despido dispuesto por su empleador, ya que la extinción del vínculo se produjo luego de que el mencionado empleador tomara conocimiento de que la trabajadora se había jubilado sin notificarlo sobre dicha situación a fin de que pueda hacer uso de la facultad de disponer la conclusión del vínculo laboral, por lo que la accionante incurrió en una violación al principio de buena fe y el despido resultó ajustado a derecho.

Corresponde rechazar la demanda interpuesta por la actora con el objeto de ser indemnizada por el despido dispuesto por su empleador, en tanto la extinción del vínculo se produjo luego de que el mencionado empleador tomara conocimiento de que la trabajadora se había jubilado sin notificarlo sobre dicha situación a fin de que pueda hacer uso de la facultad de disponer la conclusión del vínculo laboral, por lo que la accionante incurrió en una violación al principio de buena fe y el despido resultó ajustado a derecho.

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23 de Septiembre de 2013 – Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X
Weitzman, Ana E. contra Suchmon, Jhonatan y Otros sobre Despido

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

El Dr. Daniel E. Stortini, dijo:

1) La sentencia de primera instancia viene apelada por la actora a tenor del memorial obrante a fs. 247/255, cuyos agravios fueron replicados por la codemandada Lanacuer S.A. a fs. 263. Asimismo la recurrente apela la totalidad de los honorarios regulados en el fallo por estimarlos elevados (fs. 255 ap. 8).

La Sra. Juez que me precede desestimó las indemnizaciones reclamadas como consecuencia del despido directo del caso y tal decisión arriba cuestionada por la actora aunque con argumentos que no logran superar la valla impuesta por el art. 116 de la L.O.

Me explico. La relación laboral del caso se extinguió por decisión de la empleadora en el mes de agosto de 2011 al invocar como causal haber tomado conocimiento que la trabajadora haber accedido al beneficio jubilatorio.

Ahora bien. La recurrente pretende recién en esta instancia que se admitan al menos las indemnizaciones derivadas de ese acto rescisorio, por el período laborado con posterioridad a su jubilación.

Sin embargo, se aprecia que no se hace cargo del argumento que vertió la magistrada para desestimar en su totalidad el reclamo en cuestión y que fue precisamente no haber denunciado, ni mucho menos probado en la causa, que comunicó a la empleadora el hecho de haber obtenido el beneficio jubilatorio a fin de que pueda hacer uso de la facultad de disponer la conclusión del vínculo laboral y ello en el marco del principio de buena fe que debe regir entre las partes (conf. arts. 62, 63, 91, 252 y 253 L.C.T.).

Tampoco se puede considerar suplida la omisión incurrida en el escrito recursivo mediante la jurisprudencia que se cita por cuanto las decisiones aludidas se corresponden con el examen de las constancias y los planteos efectuados en el marco de otras actuaciones que en modo alguno resultan hábiles para fundar un reclamo articulado en este proceso.

Es por ello que sugiero, declarar la deserción del recurso en el aspecto analizado (conf. art.116 L.O.).

2) También se agravia la litigante por la valoración de la prueba testimonial aportada a las actuaciones y en este punto los agravios tampoco tendrán recepción favorable.

Con relación a las declaraciones vertidas por Brunstein y Zystlte se aprecia que el fallo llega firme pues la crítica que se vierte con respecto a su valoración no cumple con los recaudos establecidos en el art. 116 de la L.O. Nótese que la recurrente hace hincapié en que Brunstein dijo haber visto a la actora anotando las ventas en un papel o libreta y que Alster Zystlte declaró que la actora trabajaba un montón de horas, circunstancias ambas que fueron desestimadas por la magistrada como elementos de convicción con argumentos que -reitero- llegan incólumes al arribar sin crítica del modo indicado en el citado art. 116.

En cuanto a la testigo Montenegro se aprecia que si bien declaró que la actora percibía comisiones “en negro”, lo cierto es que ese solitario testimonio no se encuentra apuntalado por ningún otro elemento probatorio. Ello era menester teniendo en cuenta que al impugnar su declaración, la demandada negó rotundamente que haya laborado para los demandados. Además cabe convenir que la deponente al referirse a los supuestos “pagos clandestinos” dijo saber que se trataba de “comisiones” por comentarios con lo cual, en el mejor de los casos, su declaración tampoco resulta eficaz por ser meramente referencial (art. 90 L.O.).

A igual conclusión cabe arribar respecto a lo declarado por la deponente con relación a las horas suplementarias reclamadas pues ella misma admitió haber laborado hasta el año 2009 con lo cual, colocándose por vía de hipótesis en una situación más favorable a la demandante, sus dichos se circunscriben a un lapso anterior al del reclamo.

3) El rechazo del daño moral reclamado por la actora según adujo por maltrato laboral será confirmado.He tenido ocasión de sostener en doctrina que el acoso laboral conocido por el uso del vocablo inglés “mobbing” (del verbo “to mob” que significa hostigamiento o acoso) se configura cuando una persona o grupo de ellas, de modo repetitivo y sistemático, adopta una conducta hostil o arbitraria contra el empleado para disminuirlo o desprestigiarlo en el ámbito de la empresa con la finalidad o intención de que abandone el empleo o acepte una disminución en las condiciones de trabajo o sea eliminado del cargo que ocupa. Además es necesario diferenciar lo que constituye acoso de lo que son las tensiones ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas de las que no se encuentra exento el entorno laboral. Es decir, no todas las situaciones que revelen un conflicto entre un trabajador y su superior jerárquico puede calificarse sin más como acoso moral (ver “Trabajo igualitario y acoso laboral” en Revista de Derecho Laboral, Discriminación y violencia laboral, tomo II, ed. Rubinzal – Culzoni, 2009, p.445 y sigtes; ver asimismo, S.D. N° 16.626 de esta Sala X del 26/05/2009 “in re” “Bayley Bustamante Lilia María c/Abeledo Gottheil Abogados SC y otro s/despido” , entre otras).

La presencia de una situación de “mobbing” con consecuencias jurídicas requiere entonces la verificación de un reiterado y regular proceder perverso y además que tenga la finalidad de segregar o eliminar al acosado de la comunidad de trabajo (ob cit. pág. 465).

Sobre tal base, no hay prueba en autos que evidencie la situación de maltrato, repetitivo y sistemático antes mencionado, y mucho menos la finalidad peyorativa antes indicada. Repárese en que las declaraciones testificales a las que alude la apelante para procurar la revisión de lo decidido resultan insuficientes para tener por acreditados los extremos requeridos para la viabilidad de un resarcimiento por daño moral como el pretendido pues como bien lo indica la Sra.Juez “a quo” las testigos Brunstein y Zystlte sólo dan cuenta de la existencia de miradas o malas contestaciones, pero fundamentalmente provienen de quienes -en definitiva- dijeron ser clientes del lugar lo que implica que no permanecían allí todo el tiempo. Y si bien la testigo Montenegro hizo referencia a ciertos malos tratos en general de parte de una encargada (Viviana), lo cierto es que -como ya fue indicado en otro considerando- su declaración no está apuntalada por ningún otro elemento de prueba válido y emana de quien dijo haberse desvinculado de las demandadas en el año 2009 (recuérdese que el despido aconteció en agosto de 2011).

Consecuentemente, postulo la confirmatoria del fallo, tal como así fue anticipado.

4) También propicio la confirmatoria del fallo en cuanto desecha la sanción peticionada con fundamento en el art. 275 de la L.C.T. Y ello es así en tanto que no surge configurada en el caso una conducta temeraria o maliciosa que la justifique pues para ello se requiere que se litigue con conciencia de la sinrazón (temeridad) o con planteos notoriamente improcedentes o inconducentes (malicia). Y -reitero- tales extremos no resultan del presente litigio desde la perspectiva del principio constitucional de la defensa en juicio (art. 18 C.N.).

5) La indemnización prevista por el art. 1º de la Ley Nº 25.323 no resulta procedente en el presente caso dado que si bien se probó que el ingreso de la actora data del mes de julio de 2006, lo concreto es que, como bien lo señaló la magistrada que me precede y arriba sin cuestionamiento a esta instancia, hubo una transferencia del contrato en los términos del art. 225 y sgtes. de la L.C.T. y no existe norma alguna que obligue a la última contratante a registrar la fecha de inicio del vínculo habido con la primer empleadora, sin perjuicio del reconocimiento de la antigüedad (conf. art.18 L.C.T.).

Sugiero, por ende, el rechazo del resarcimiento señalado.

6) La misma suerte adversa correrá la crítica dirigida a cuestionar el rechazo de la peticionada extensión de la condena en forma solidaria a las personas físicas codemandadas (Adrian Ezequiel Suchmon y Jhonatan Suchmon) en tanto que llega firme a esta instancia que en el caso mediaron sucesivas transferencias del contrato de trabajo de la actora (art. 116 ya cit.) pero no se ha probado que hayan mediado “maniobras fraudulentas o conducción temeraria” que habilite la tal pretensión y si bien se ha acreditado la fecha de inicio del vínculo denunciada en la demanda, lo concreto es que -como ya lo he señalado en el considerando anterior- no existe obligación legal de registrar la fecha de inicio del contrato celebrado con anteriores empleadores, sin perjuicio del reconocimiento de la antigüedad a los distintos efectos (art. 18 cit.).

Sugiero, por ende, el rechazo del recurso, tal como fue anticipado.

7) En cuanto a la imposición de costas estimo que fue adecuada la aplicación del dispositivo del art. 71 del C.P.C.C.N. y la distribución efectuada en tanto que -salvo en una pequeña proporción- la actora ha resultado vencida en la contienda, sin perjuicio de señalar que en virtud del resultado de su recurso no existen razones para imponerlas totalmente a cargo de la demandada, como se pretende en el escrito recursivo.

Por lo tanto propicio la confirmatoria del fallo en este segmento.

8) En cuanto a los honorarios regulados en la instancia de grado y que arriban criticados por altos, estimo que contrariamente a ello, resultan acordes con el mérito, importancia y extensión de las labores profesionales desarrolladas (arts. 38 y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 dec. Ley Nº 16.638/57).

De prosperar mi voto, entonces, correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la actora en atención al resultado de su recurso (art.68 primer párrafo, C.P.C.C.N.). 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos de fs. 247/255 y fs. 263 en el 25 % para cada uno de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. Enrique R. Brandolino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2) Imponer las costas de alzada a cargo de la actora en atención al resultado de su recurso (art. 68 primer párrafo, C.P.C.C.N.).

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