Ley 26773. La acción civil en los accidentes laborales solo puede regir para los acaecidos con posterioridad a los ocho días de su publicación.

Ley 26773 que en su art. 17 reestablece la acción civil en los infortunios laborales, solo puede regir para los acaecidos con posterioridad a los ocho días de su publicación ya que estamos ante un supuesto de norma procesal llamada a regir una acción que la ley crea para el futuro, ya que no existe la “abolition judicial” del art. 39 de la ley 24557 y, pese a su auspiciosa muerte, sigue siendo aplicable para aquellas personas que tienen la doble desdicha de ser victimas y haberse accidentado antes de que el Poder Legislativo hubiera remediado la inconstitucionalidad de dicha norma.

voces: :ACCIDENTE DE TRABAJO, DEMANDA LABORAL, LABORAL, PROCESO LABORAL COMPETENCIA LABORAL, RIESGOS DEL TRABAJO

trabajo2

Virgilli Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/ accidente – acción civil

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: Fiscalía General

Fecha: 8-feb-2013

Sumario:

1.-Los principios generales con los que se han resuelto las potenciales controversias, tienen una elaboración tan aneja y sólida que, incluso, algunos autores han hablado, un poco exageradamente, del Derecho Transitorio o Intertemporal, como una rama autónoma de la ciencia jurídica

2.-Lo cierto es que si existiera una conciencia cabal, por parte de los operadores jurídicos, acerca de los alcances del Derecho Transitorio, no se producirían grandes perplejidades en torno al tema que nos convoca. Cabria concluir, pues, y con carácter general, por aplicación del art. 3 del CCiv. ya citado, que las leyes rigen para el futuro, sin retroactividades implícitas, salvo disposiciones expresas, cuyo limite es la garantía constitucional de la propiedad

3.-Es útil distinguir entre hechos cumplidos , o facta preterita en el Derecho Romano y las situaciones en curso . Con respecto a los primeros, las situaciones creadas o extinguidas bajo el imperio de una ley precedente no pueden ser retomadas por una ley posterior, que exija condiciones diferentes para su creación o extinción. En cambio, en lo que concierne a las situaciones en curso , las nuevas leyes asumen su regulación general. Vale decir, que es posible retomar la situación que se proyecta en el tiempo y regularla en todo aquello que no pueda reputarse como hecho cumplido .

4.-Ahora bien, la proyección de estas afirmaciones, un tanto pedagógicas, en lo que hace a hechos dañosos que generan responsabilidad, impone concluir que estos se rigen, en lo que hace a sus consecuencias resarcibles, por el marco normativo vigente al momento en que se produjeron.

5.-La conclusión reseñada esta referida a lo que podríamos denominar Derecho de Fondo porque, como es sabido, lo atinente al ordenamiento procesal es siempre de aplicación inmediata y no admite retroactividades que podrían alterar la estructura del proceso y violar el derecho de defensa. Este principio rige, en tanto y en cuanto el derecho al que se le aplica la nueva norma procesal hubiese existido con anterioridad a la creación de esta, y no en aquellos casos, como el que nos reúne, en los cuales la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un tramite especifico.

6.-Si un trabajador se accidento con anterioridad a la vigencia de la ley 26773 , debe obtener un pronunciamiento judicial que invalide el art. 39 de la Ley 24557, a la luz de la doctrina sentada en el caso Aquino , aunque su acción la interponga luego. La reforma no prevé una retroactividad expresa en este punto, y no seria admisible la aplicación del nuevo diseño para hechos generadores de responsabilidad que constituyen facta preterita . Tendremos, pues, una supervivencia del precedente Aquino y no esta mal si pensamos que también implica la celebrable agonía del art. 39 de la ley 24557.

7.-El art. 17 inc. 2° de la ley 26773 que asombra al establecer la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para los reclamos previstos en el ultimo párr. del art. 4 , o sea los iniciados por la via del derecho civil , solo puede ser aplicable a las acciones que emergen de la derogatoria del art. 17 inc.l, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39 de la ley 24557.

8.-Nos encontramos, pues, ante un supuesto de norma procesal llamada a regir una acción que la ley crea para el futuro, ya que no existe la abolition judicial del art. 39 de la ley 24557 y, pese a su auspiciosa muerte, sigue siendo aplicable para aquellas personas que tienen la doble desdicha de ser victimas y haberse accidentado antes de que el Poder Legislativo hubiera remediado la inconstitucionalidad de dicha norma.

9.-La ley establece para el futuro una acción que no existía, y le crea un proceso adjetivo que, accesorio de lo sustantivo, solo puede regir con aquella pretensión de fondo. Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la porción de la norma que solo fue concebida como aditamento porque, repito, una acción fundada en el Derecho Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la ley 26773 debe presuponer una desactivación constitucional del art. 39 de la ley 24557, y no es una acción del art. 4 ultimo párr. , para utilizar la expresión del art. 17 inc. 2°.

Texto del Fallo:

EXCMA. CÁMARA:

El actor es un trabajador que alega haber sufrido un accidente de trabajo el 25 de febrero de 2011, y que el 6 de noviembre de 2012 interpuso una acción, fundada en los arts. 1113 y cons. Del Código Civil y en la responsabilidad emergente de la violación de las normas de higiene y seguridad, destinada a obtener el resarcimiento pleno de la incapacidad de aduce padecer (ver fs. 4/29).

La señora Juez “a quo”, de conformidad con el dictamen fiscal (ver fs. 31), declaró la incompetencia material de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones, porque consideró qe regía el art. 17 inc. 2° de la Ley 26.773 y que, ante la aplicación inmediata de las disposciones adjetivas, cobraba operatividad dla atribución de competencia civil prevista por el art. 4 de la referida norma (ver.fs. 32).

Tal decisión ha sido apelada por el demandante (ver fs.33/35) y V.E. solicita mi opinión acerca de la viabilidad de la queja (ver fs. 39). A mi juicio, es muy claro que le asiste razón.

La controversia puntual que nos reúne, más allá de su esencia adjetiva, no puede ser analizada en plenitud sin ahondar, con carácter previo, lo concierne a los aspectos de fondo que hacen a los l{imites temporales de aplicación de las normas, porque estos han de proyectarse sobre las aristas procesales que hacen a la aptitud jurisdiccional para conocer.

La sucesión normativa presenta características muy especiales, que en variadas circunstancias originan disputas, en particular cuando las leyes se refieren a relaciones o situaciones jurídicas que no se consuman en un instante.

Como lo he señalado en alguna otro oportunidad (ver, “ámbito temporal de aplicación de la Ley 25.877 “, en Reforma Laboral Ley 25.877, ed. Rubinzal Culzoni, págs. 43 y sgtes.), no sólo en nuestra disciplina se advierten problemas referidos a la conexión temporal de leyes.Los principios generales con los que se han resuelto las potenciales controversias, tienen uan elaboración tan añeja y sólida que, incluso, algunos autores hablado, un poco exageradamente, del Derecho Transitorio o Intemporal, como una rama autónoma de la ciencia jurídica (ver, Roubier, Paul, “Le Droit Transitoire”. Paris, 1960, Nro. 1, págs. 5 y Belluscio, Augusto César y Zannoni, Eduardo, “código Civil y Leyes Complementarias comentado, anotado, y concordado2, tomo, págs.16 y sgtes.).

Pero en verdad, ya se han decantado, en la Teoría General del Derecho, las pautas básicas de la aplicación de las normas en lo que hace al tiempo secuencial y existe un consenso antiguo y pacífico, que nace con la llamada “Regla Todosiana” del Derecho Romano (cfr. Código, I; 14, De Legibus, 7, ver, al respecto Código Civil y Leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, ya citado) que ha inspirado en líneas generales y más allá de las imprecisiones lingüísticas, el Art. 3 del Código Civil Argentino, reformado por la Ley 17.711 y se reitera en el art. 7 del Proyecto de Reforma elaborado por los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.

Lo cierto es que si existiera una conciencia cabal, por parte de los operadores jurídicos, acerca d elos alcances del Derecho Transitorio, no se producirían grandes perpelidades en torno al tema que nos convoca. Cabría concluir, pues, y con carácter general, por aplicación del art. 3 del Codigo Civil ya citado, que las leyes rigen para el futuro, sin retroactividades implícitas, salvo disposiciones expresas, cuyo límite es la garantía constitucional de la propiedad (ver, en particular, Salvat, Raymundo, “Tratado de Derecho Civil”, tomo I, Nro. 299 y las precisas reseñas de Jorde. E.Lavalle Cobo en “Código Civil y Leyes complementarias, comentado anotado y concordado”, “u supra” citado).

Es útil distinguir, siguiendo la obra ya clásica de Paul Roubier y la impecable síntesis de Jorge Lavalle Cobo entre “hechos cumplidos”, o “facta pretérita” en el Derecho Romano y las “situaciones en curso”. Con respecto a los primeros, las situaciones creadas o extinguidas bajo el imperio de una ley precedente no pueden ser “retomada” por una ley posterior, que exija condiciones diferentes para su creación o extinción. En cambio, en lo que concierne a las “situaciones en curso”, las nuevas leyes asumen su regulación general. Vale decir, que es posible “retomar” la situación que se protesta en el tiempo y regula en todo aquello que no pueda reputarse como “hecho cumplidazo”.

Ahora bien, la proyección de estas afirmaciones, un tanto pedagógicas en lo que hace a hechos dañosos que generan responsabilidad, impone concluir que éstos se rigen, en lo que hace a sus consecuencias resarcibles, por le marco normativo vigente al momento en que se produjeron. Esta has sido la tesis de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil cuando se abocó al tratamiento de los conflictos intertemporales en materia indemnizatoria ante la reforma introducida por la Ley 17.711 en el Código Civil en particular en lo que se refiere a la consagración del daño moral, y muy ilustrativa la lectura del Fallo Plenario recaído el 21 de diciembre de 1971, en autos “Iribarren C. R c/ Sáenz Briones”, en el que se sentó la doctrina: “No corresponde aplicar la nueva norma del art. 1078 del Código Civil, cuando e hecho dañoso fue anterior a la puesta en vigencia de la Ley 17.771″.

No es la primera vez que nos enfrentamos a conflictos de sucesión normativa entre leyes transaccionales de accidentes de trabajo, y tal como lo recordarba el maestro Amadeo Allocati al votar en el Fallo Plenario Nro.225, autos “Prestigiácomo Luis C/ Pirelli S.A.” , concerniente a la Ley 21.034, La Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo, históricamente, sustentó el principio de que la ley vigente al momento del siniestro fijaba los alcances de la responsabilidad del empleador respecto de la obligación de indemnizar, doctrina pacífica, que luego fue reiterada, muchos años después, cuando se analizaron los alcances de la responsabilidad del empleador respecto de la obligación de indemnizar, doctrina pacífica, que luego fue reiterada, muchos años después cuando se analizaron los alcances de la Ley 23.643, en el Fallo Plenario Nro. 277, en el expediente “Villamayor José Domingo c/La Franco Argentina S.A” , al que hace expresa referencia el recurrente a fs. 33vta.

Como ya lo adelantara, la conclusión reseñada está referida a lo que podríamos denominar Derecho de Fondo porque, como es sabido , lo atinente al ordenamiento procesal es siempre de aplicación inmediata y no admite retroactividades que podrían alterar la estructura del proceso y violar el derecho de defensa.

Pero es insoslayable efectuar una advertencia clara de algo que no ha sido tenido en cuenta en la anterior instancia: Este principio rige en tanto y en cuanto el derecho al que se le aplica la nueva norma procesal hubiese existido con anterioridad a la creación de ésta y no en aquellos casos, como el que nos reúne, en los cuales la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico.

El lamentable texto originario de la Ley 24.557, en su patético artículo 39 , vedada a los trabajadores el derecho de todos los ciudadanos de remediar toda trasgresión al “alterum non laedere” mediante la interposición de una acción fundada en el Derecho Civil, y dirigida a obtener un reparación integral.Esta disposición aberrante fue descalificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Sentencia dictada el 21 de Septiembre de 2004 en los autos “Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A” (Fallos 327:3753), que significó, como lo advirtiera en su oportunidad, el retorno a la seriedad científica en la Argentina (ver, al respecto, “Apuntes y reflexiones sobre la validez constitucional del Artículo 39 de la Ley 24.557″ en la Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo – I, 2001-2, ed.

Rubinzal Culzoni, págs 155 y sgtes.).

Pero pese a la disposición del Alto Tribunal y al clamor, tanto juridisccional como académico, que suscitó una disposición ostensiblemente inconstitucional (ver en particular, Dictamen Nro. 29.666 del 12/06/2000 en auto “Pérez Liliana Carmen c/Proinversora S.A s/Accidente Acción Civil”) la verdad es que la normarigió 17 años y todos esperábamos con callada resignación, su derogatoria, que recién tuvo lugar con la promulgación de la Ley 26.773, en su art. 17.

Esta última disposición legal y el consecuente restablecimiento de la acción civil. Sólo puede regir, nos fuste o no para los infortunios acaecidos con posterioridad a los ocho días de su publicación, de acuerdo con los principios ya reseñados, que se aplican por seriedad científica, y soslayando nuestras preferencias de contenido.

Por lo tanto, si un trabajador se accidentó con anterioridad a la vigencia de la Ley 26.773, debe obtener un pronunciamiento judicial que invalide el art. 39 de la Ley 24.557. a la luz de la doctrina sentada en el caso “Aquino”, aunque su acción la interponga luego. La reforma no prevé una retroactividad expresa en este punto, y no sería admisible la aplicación del nuevo diseño para hechos generadores de responsabilidad que constituyen “facta pretérita”. Tendremos, pues una supervivencia de precedente “Aquino” y o está mal si pensamos que también implica la celebrable agonía del Art.39 de la Ley 24.557.

Hago estas aclaraciones, para enfatizar algo que ya he dejado traslucir: el Art. 17 inc. 2° de la Ley 26.773 que asombra al establecer la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil par a los reclamos previstos en el último párrafo del art. 4, o sea los iniciados “por la vía del derecho civil”, sólo puede ser aplicable a las acciones que emergen de la derogatoria del art. 17. inc. 1, o sea, las que nacen del final esperado del art. 39 de la Ley 24.557. Reitero, un trabajador accidentado antes de la vigencia de l a Ley 26.773 no puede interponer una acción fundada en el Derecho Civil partiendo de la premisa de que se derogó el art. 39, ya mencionado.

Nos encontramos, pues, ante un supuesto de norma procesal llamada a regir una acción que la ley crea el futuro, ya que no existe la “abolición judicial” del art. 39 de la Ley 24.557 y, pese a su auspiciosa muerte, sigue siendo aplicable para que aquellas personas que tienen la doble desdicha de ser víctimas y haberse accidentado antes de que el Poder Legislativo hubiera remediado la inconstitucionalidad de dicha norma.

No se trata, pues, de transgredir el principio de aplicación inmediata de las disposiciones procesales sino de efectuar un análisis que no sea lineal y de advertir que esta pauta no se vulnera cuando la norma de fondo y la de forma nacen en el mismo actor normativo.

Para expresarlo de la manera más cartesiana posible, La Ley establece para el futuro una acción que no existía y le crea un proceso adjetivo que, accesorio de lo sustantivo, sólo puede regir con aquella pretensión de fondo. Una interpretación contraria significaría la retroactividad de la porción de la norma que sólo fue concebida como aditamento porque, repito, una acción fundada en el Derecho Civil, con sustento en un accidente anterior a la vigencia de la Ley 26.773 debe presuponer una desactivación constitucional del art.39 de la Ley 24.557, no es una “acción del art. 4 último párrafo”, para utilizar la expresión del ar.t 17 inc 2°.

En síntesis, y a riesgo de ser reiterativo, afirmo, sin duda alguna, que la acción fundada en el Derecho Civil que interpone un trabajador accidentado con anterioridad a la vigencia de la Ley 26.773, no es la acción del art. 4 de esta norma, sino otra, disímil, incluso en la fundamentación que requiere.

Aun dejando de lado esta argumentación, decisiva por cierto, resalto que, en este caso concreto, el demandante ha invocado expresamente lo dispuesto por el art. 75 de la L.C.T y este sustento normativo de la acción, más allá de lo que se resuelva en el momento procesal oportuno en torno a su admisibilidad final, torna aplicable lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 18.345 como lo ha sostenido desde antiguo (ver, entre otros, Dictamen Nro 14.582 del 15/06/1993 en autos “Cevallos Conrado Emilio c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscal S.A. s/Accidente – Acción Civil” y, asimismo, mi monografía “El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y el destino paradójico del deber de seguridad”, ERREPAR-DEL-, tomo VII, Págs 437 y sgtes.).

Todo lo expresado me lleva a propiciar la revocatoria de la resolución recurrida en cuanto declara la incompetencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para conocer en las presentes actuaciones.

Tenga V.E. por evacuada la vista.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 2013.

Eduardo O. Álvarez.

Fiscal General.

Dictamen N° 56.350

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