Riesgos del trabajo. Conductor de transporte público. ACV. Condiciones de trabajo.

Corresponde casar la resolución de grado que hizo prevalecer, por sobre la pericia médica oficial, la conclusión de la Comisión Médica que si bien admitió el evento (accidente cerebro vascular) lo vinculó a una emergencia hipertensiva no compatible con las tareas realizadas por el actor (chofer de transporte público de pasajeros); restándole así entidad desencadenante del ACV sufrido por el trabajador, a las agresiones de los pasajeros surgidas de las malas condiciones y demoras del servicio.

CHOFERAgudo, José Enrique vs. Asociart ART S.A. s. Ley 24557 – Expedientes remitidos por la justicia federal – Recurso de casación y directo /// Tribunal Superior de Justicia, Córdoba, 11-12-2013; RC J 1179/14

Texto
En la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de diciembre del año dos mil trece, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores, Luis Enrique Rubio; M. Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Juan Sesín, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “AGUDO JOSE ENRIQUE C/ ASOCIART A.R.T. SA. – LEY 24557 – EXPEDIENTES REMITIDOS POR LA JUSTICIA FEDERAL – RECURSO DE CASACIÓN Y DIRECTO” 60970/37, a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N° 32/09, dictada por la Sala Tercera de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Carlos Alberto Tamantini -Secretaría N° 5-, cuya copia obra a fs. 205/212 vta., en la que se resolvió: “Rechazar la apelación deducida por el Sr. José Enrique Agudo en contra del dictamen emitido por la Comisión Médica Nº 005, con fecha 6/5/2003, en el expediente 005-L-00502/03 y la demanda interpuesta por el nombrado en contra de Asociart S.A. ART, en tanto y en cuanto por la misma se pretende una prestación de pago único ($ 117.086,93) por incapacidad permanente, total (100 %) y definitiva derivada del accidente cerebro vascular que denuncia con fundamento en la Ley 24557, con costas (art. 28 LPT); a excepción de las generadas por los peritos médicos contraloreadores que serán soportadas por sus proponentes (art. 49, inc 2, Ley 9459). Los honorarios de los profesionales intervinientes se regularán cuando exista base económica determinada para ello…”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de la parte actora?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué resolución corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Domingo Juan Sesín.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:
El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:
1. Los recurrentes objetan la sentencia en orden a la falta de prueba directa de los hechos invocados por el actor como desencadenantes del accidente cerebro vascular que padeció (agresiones de los pasajeros debido a las malas condiciones y demoras del servicio).
Luego, se refieren al silencio de la aseguradora frente a la notificación y a la falta de fundamento de la negativa de la Comisión Médica N° 05, donde se admitió el evento pero se lo vinculó a una emergencia hipertensiva no compatible con las tareas. Esta determinación fue preferida por el a quo, pero no fue justificada sino mediante meros pruritos. Descalificó el informe del perito médico oficial, Dr. Miguel Angel Yemelli (fs. 157/160) aunque precisó la lesión, las severas secuelas y que se hizo presente a causa del estrés imperante en el trabajo. Explicó que se produjo un acceso hipertensivo que generó la ruptura de vasos sanguíneos endocerebrales y la consiguiente hemorragia con lesiones irreversibles en el sistema neurológico, afectando la motricidad, sensibilidad, funciones vegetativas y el estado psíquico del paciente. Calificó la patología como accidente de trabajo y le otorgó una incapacidad total y permanente del 70 % de conformidad al Dec. N° 659/96.
El informe pericial técnico (fs. 135/145) fue ignorado por completo, pese a brindar una detallada descripción de las exigencias propias de la actividad del chofer guarda. Los excesivos niveles sonoros de los vehículos de gran porte, la falta de ergonomía del asiento del conductor, los esfuerzos requeridos para el manejo, las maniobras casi permanentes de detención y reinicio de la marcha, el ascenso y descenso de los pasajeros, las esquinas y semáforos, la atención constante, las posiciones y esfuerzos que insume. Ponderó la falta de ventilación de las unidades, la gran cantidad de pasajeros cargados, el calor y la polución en las calles de la ciudad, el incumplimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad regladas en el Dec. N° 351/79. Con base en el extenso análisis de las exigencias a que estuvo sometido el trabajador concluyó que las tareas configuraron los agentes incluidos en el listado de enfermedades profesionales.
Finalmente los impugnantes expresan que los testigos certificaron plenamente lo ocurrido y los extremos referidos. Pero el decisorio se apartó de las mentadas evidencias partiendo de una alteración gravitante de los términos de la litis, en desmedro del derecho de defensa. En la reclamación, desde la primera oportunidad, nunca se individualizó un suceso puntual como previo y determinante del episodio. Por el contrario, se lo atribuyó a las pésimas condiciones de trabajo. No obstante, el Sentenciante se apartó de tales extremos, marginando el contexto. Así, de modo artificioso y desconectado del caso, culminó atribuyéndole un déficit probatorio previo, diferencial e inmediato relacionado con acontecimientos que, en realidad, jamás fueron invocados. En el escrito de apelación al dictamen de la Comisión Médica, ratificado en la demanda, se distinguió con precisión que el accidente estuvo vinculado al medio laboral. Estos datos fueron expresamente considerados por el Perito médico oficial. Ergo, el decisorio transgredió palmariamente las reglas de la sana crítica y de la experiencia, se apartó de la opinión imparcial de los expertos designados y convocados a la causa por el propio Tribunal e ignoró lisa y llanamente a los testigos, que los choferes se jubilan a los 55 años porque el trabajo es insalubre y la seria problemática del transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Córdoba, en la época de los hechos, que fue de público y notorio conocimiento. -Bajo la intendencia de Kammerath se produjo la cesación del servicio de varias empresas, la circulación de transportes emergentes (“truchos”), que circulaban sin las mínimas condiciones de seguridad, etc.- Lo decidido vulnera el principio de razón suficiente y no encuentra respaldo en lo acontecido según lo expresamente controvertido y verificado.
Igualmente transgrede las reglas del pensamiento la ponderación y grado de convicción atribuida a la demora de ocho meses para presentar el reclamo ante la ART, sin evaluar que el Sr. Agudo es un enfermo convaleciente, con graves secuelas derivadas del episodio en discusión.
2. La resolución hizo prevalecer la conclusión de la Comisión Médica, descalificando la pericia médica oficial por no refutar la anterior. Además, le reprochó al actor falta de prueba directa y específica y reforzó su convicción en la circunstancia, que dijo examinar a la luz de la teoría de los actos propios, de haber transcurrido 8 meses hasta que notificó el incidente a la ART para iniciar la reclamación (fs. 212).
3. Lo expuesto revela los quebrantamientos denunciados: resultan inobservados los parámetros de debida fundamentación que requiere la corrección del acto sentencial toda vez que se ha dejado de lado la gravedad y el contexto del caso y se ha reducido la motivación a la falta de evidencia de hechos no controvertidos amén de efectuarse una selección de prueba a la que se le atribuye el carácter de dirimente, dejando de lado otras que se presentan como consistentes y concordantes. Para marcarlo con precisión, el Juzgador le fue restando entidad a los dichos de los testigos y a los informes periciales en orden a las pésimas condiciones del servicio, circunstancia éstas a la que el perito médico de oficio identificó como causas eficientes del daño que sufrió el actor. Con lo cual, el fallo desestimó la trama mostrada por la prueba desarticulándola una a una y culminó de ese modo soslayando la comprobación de las condiciones materiales y concretas en que se sustentó la demanda.
Por lo tanto, la sentencia luce solo aparentemente fundada y desconectada de las particularidades de la causa. Si bien la Comisión Médica N° 5 excluyó la relación de la tarea con el cuadro de hipertensión arterial detectado, lo hizo sin considerar que se trataba de una enfermedad medicada y carece de otro fundamento científico para negar el resarcimiento, aún cuando el derrotero del razonamiento engarce en la valoración de pruebas médicas independientes, que no fueron constituidas con el control del trabajador. Por ende, si el episodio de ACV que padeció el trabajador de 43 años, mientras estaba manejando la unidad por el recorrido habitual, en hora pico (13:25 hs. de un día jueves 21 de marzo de 2002) y en una arteria extremadamente transitada como es la Av. Santa Fe en la intersección con la calle 12 de Octubre, en un contexto -según el dicho unánime de los testigos- de descontento de los usuarios por la falta de cumplimiento del trayecto en horario y por el lamentable estado de las unidades (fs. 207/208) y en la pericia médica oficial se estipuló una incapacidad del 70 % t.o. por las secuelas de tal episodio (fs. 160), entonces, la conexión con la tarea no puede desecharse por falta de prueba directa. Es debido aclarar que la referencia a un accidente in itínere por parte del perito no invalida sus conclusiones médicas, por referirse a una figura jurídica que, por ende, es ajena a las incumbencias propias de su título. Es igualmente preciso destacar que, contrariamente a lo designado como acto propio del actor, la demora de ocho meses en requerir a la ART nada demuestra si Agudo nunca dejó de pedir el reconocimiento de su pretensión resarcitoria. Lo expuesto hasta aquí impone anular el pronunciamiento, entrar al fondo del asunto (art. 105 CPT) y admitir la reclamación. En consecuencia condenar a “ASOCIART A.R.T. S.A.” a abonar al trabajador las prestaciones dinerarias establecidas en dicho régimen para la incapacidad laboral permanente total, arts. 15 ap. 2 y 11.4, en pago único, según consolidada jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación -Fallos 327: 4607, CSJN T. 168 XLT 29/05/07, entre otros- criterio seguido por este Tribunal Superior (A.I. N° 1077/09; Sentencia N° 62/13; etc.). En cuanto a los intereses, se establecen desde la fecha del accidente (21/03/02) hasta la sanción del Decreto Nº 1694/09 (B.O. 6/11/09), según la tasa pasiva nominal mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, destinada a proteger al trabajador por no habérsele abonado el capital en tiempo oportuno, con más un adicional del 0,5 % mensual (“Zapata Angelita E. C/ Ros, Alex y otra” de fecha 27/10/94). Para este lapso, se justifica la determinación de una tasa despojada parcialmente del componente retributivo que habitualmente utiliza esta Sala para adecuar el capital adeudado frente a las diversas fluctuaciones económicas. Ello es así pues se dispuso la aplicación inmediata del Decreto N° 1694/09, nacido con posterioridad al hecho causante del daño y que corrigió la indemnización. Se mantiene, de todas maneras, una tasa compensatoria en protección de la acreencia, que es de causa laboral y por ende de naturaleza asistencial, por lo que el incumplimiento del pago debe ser considerado con mayor rigor. Ahora bien, a partir del 6/11/09 y hasta su efectivo pago, se considerará la emplazada en la causa “Hernández c/ Matricería Austral” (tasa pasiva B.C.R.A., más el 2 % mensual), a fin de mantener incólume el contenido del crédito.
Voto por la afirmativa con el alcance expresado.
La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:
Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.
El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:
A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:
El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:
A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el recurso de la actora y en consecuencia hacer lugar a la demanda según se expresa en la cuestión anterior. Con costas. Los honorarios de los Dres. Miguel Mario Miranda y Simón Alberto Cafure, en conjunto, serán regulados por el a quo en un treinta y dos por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley 9459, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 40, 41, 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 de la ley citada.
La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:
Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.
El señor vocal doctor Domingo Juan Sesín, dijo:
Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.
Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, RESUELVE:
I. Admitir el recurso de casación deducido por la parte actora y anular el pronunciamiento según se expone.
II. Condenar a “ASOCIART A.R.T. S.A.” a abonar al trabajador las prestaciones dinerarias establecidas para la incapacidad laboral permanente total, arts. 15 ap. 2 y 11.4 LRT, en pago único.
Los montos que prosperan con más los intereses que se indican en la primera cuestión se determinarán en la etapa previa a la de ejecución de sentencia y se harán efectivos en el plazo de diez días de quedar firme la resolución liquidatoria.
III. Con costas.
IV. Disponer que los honorarios de los Dres. Miguel Mario Miranda y Simón Alberto Cafure, en conjunto, sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley 9459, sobre lo que constituyó materia de impugnación, debiendo considerarse el art. 27 ib.
V. Protocolícese y bajen.
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor presidente y los señores vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.

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