Mala Praxis Profesional. Abogado apoderado debe indemnizar a su cliente por tramitar causa por despido.

Un abogado apoderado es condenado a indemnizar a su cliente por la mala praxis en la que incurrió al tramitar una causa por despido. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Corresponde condenar a un abogado a resarcir los daños y perjuicios causados a un cliente al que asistió como apoderado en una causa por despido, pues actuó en forma culpable e incumplió su deber de desplegar la actividad necesaria para que el juicio llegue a su fin con el mejor resultado posible, en tanto consintió las razones por las que el juez rechazó la demanda, al no interponer en tiempo y forma recurso alguno.

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M. C. L. c/ F. N. A. s/ daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 27-may-2013

Sumario:

1.-Corresponde condenar a un abogado a resarcir los daños y perjuicios causados a un cliente al que asistió como apoderado en una causa por despido, pues actuó en forma culpable e incumplió su deber de desplegar la actividad necesaria para que el juicio llegue a su fin con el mejor resultado posible, en tanto consintió las razones por las que el juez rechazó la demanda, al no interponer en tiempo y forma recurso alguno.

2.-Si bien la pérdida de un juicio por omisiones o errores imputables al letrado configura generalmente un daño cierto, el resarcimiento en tales casos consiste en la pérdida de la chance o posibilidad de éxito en las gestiones judiciales y de cobro, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, de acuerdo a las circunstancias del caso.

3.-El letrado apoderado debe resarcir el daño moral causado a su cliente, pues quebrantó la confianza depositada en sus manos e incumplió lo previsto expresamente en el art. 19, inc. a, del Código de Ética, al no atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación.

4.-Las sumas indemnizatorias por mala praxis de un abogado devengarán intereses, desde la fecha de recepción de la carta documento que envió su cliente hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Texto del Fallo:

En Buenos Aires, a los 27 del mes de mayo del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “M., C. L. c/ F., N. A. s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman dijo:

I.- Contra la sentencia de fs. 985/996 recurre la parte actora por los agravios que expone a fs. 1.018/1.038, los que contesta la contraria a fs. 1.040/1.043.

II.- La demanda

L. C. M. promovió demanda por mala praxis contra N. A. F. como consecuencia del supuesto mal desempeño como letrado apoderado en los autos “M., C. L. c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A. s/ Despido” -expte. N° 27.844/2004-, tramitados por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62.

Refiere que el 30 de noviembre de 2.004 fue despedido por reclamar las comisiones por ventas no abonadas por la empresa Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A. Como consecuencia de ello, consultó al demandado y él le aconsejó iniciar juicio, atento que la relación que el actor tenía para con la empresa era la de viajante de comercio y no la de un simple comercializador. Así, además, la indemnización por despido debía ser mucho mayor. Aceptó su consejo profesional y depositó toda su confianza en él.

Recuerda que le entregó toda la documentación que requiriera, otorgó poder para que lo representara en el fuero laboral y firmó un convenio de honorarios. Relata los pormenores del juicio, que el demandado le decía que todo estaba en marcha y, luego de un año y medio, teniendo en cuenta que otros compañeros en situaciones similares ya habían obtenido sentencia, intentó hablar con el demandado, quien no lo atendía.Tuvieron intercambios de cartas documento.

Enfatiza que el expediente laboral fue finalmente rechazado por exclusiva culpa de su apoderado, que actuó con impericia para su elaboración y negligencia para su procuración. Agrega que el demandado, teniendo facultades, no apeló, no le notificó esa situación y consintió lo actuado, perdiendo la posibilidad de que la sentencia en su contra fuera revisada por la segunda instancia.

Reclama los daños y perjuicios derivados de su actuación, conformados por pérdida de chance, daño psíquico, gastos de psicólogo y daño moral.

III.- La sentencia

El sentenciante de grado expuso los hechos y describió en detalle la prueba producida. Luego de remarcar la particular relación entre actor y demandado y la tarea correspondiente a un abogado, consideró que el actor fue asesorado debidamente sobre las posibilidades en el caso según la ciencia.

La jueza de grado enfatizó en el significado de la palabra “abogado” y la naturaleza de orden contractual que lo liga a su cliente.

Concluyó que, tratándose de un capítulo más dentro del vasto espectro de la responsabilidad en general, debían concurrir los cuatro elementos de la responsabilidad civil.

En el caso, dejó sentado que el letrado demandado plasmó en la demanda el grado de incertidumbre de la relación entre el actor y la empresa demandada.

Seguidamente, procedió a analizar la prueba aportada en relación al cobro de sumas por parte del actor en concepto de indemnización por despido y recargo de la ley 25.561.Valoró asimismo la circunstancia de que la hermana del actor era abogada e integrante del estudio.

Por último, ponderó la falta de colaboración del cliente para con su abogado en la medida que desconoció documental que luego fue refrendada por pericial caligráfica y la falta de concurrencia a audiencias conciliatorias donde, por la índole de la citación, se hacía necesaria su presencia.

En base a las circunstancias expuestas, desestimó la demanda al considerar que no puede imputarse al demandado un mal ejercicio de su actividad profesional.

IV.- Los agravios

La parte actora se agravia del rechazo de la acción. Para ello hace hincapié en el incumplimiento, por parte del accionado, de los requisitos exigidos por el art. 65 de la ley 18.345. Asimismo, refiere que de haber actuado idóneamente debió haber reclamado los rubros que individualiza.

Se queja por haber considerado el ‘a quo’ que entre él y el demandado …”los unía una amistad que databa de 1.999…” sin siquiera mencionar en su sentencia de qué prueba tomó dicha decisión. Al igual que donde dice: “…asimismo la hermana abogada del aquí actor (hoy su letrada patrocinante) integrara el estudio jurídico del demandado, desvinculándose del mismo con litigio de por medio…”.

Aclara frente a esta última queja que, existan o no estas relaciones, en nada modifica el juzgamiento del Dr. F. en su labor llevada a cabo por ante el fuero laboral.

Por estas razones y demás plasmadas en su expresión de agravios, solicita se revoque el fallo recurrido, se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas.

V.- El marco jurídico.

Es sabido que no existen caracteres específicos en la responsabilidad profesional, sino que ésta participa de las de la responsabilidad civil en general. En el caso de la relación abogado-cliente, su naturaleza es de neto carácter contractual y, si se trata de un letrado apoderado -tal el caso de autos- hay que observar también las reglas que instituyen el mandato (arts. 1869 y ss.del Código Civil). Hay que apreciar en concreto la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, tiempo y lugar (conf. art. 512 del Código citado).

VI.- Análisis de las quejas.

Las partes están contestes en que el Dr. N. A. F. asistió al actor en su carácter de letrado apoderado en los autos en tramite en sede laboral “M., C. L. c/ Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A. s/ Despido”, expte. N° 27.844/2004, tramitado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 62.

Esta cuestión se ve corroborada con la lectura de las citadas actuaciones y el poder allí otorgado obrante a fs. 2 a los efectos de un reclamo y/o juicio contra Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A. por cobro de pesos.

A fs. 3 obra el acta de cierre de audiencia ante el conciliador laboral en la cual se da cierre al procedimiento previsto por la ley 24.635 sin haber logrado conciliación, por lo que queda expedita la vía judicial. Los rubros reclamados son: leyes 25.323, 25.561, 25.345, 25.023. art. 80 LCT, diferencia por indemnización por despido, diferencias salariales comisiones directa e indirecta, indemnización especial por cartera de clientes.

El reclamo efectuado por el actor luce a fs. 4/8 donde se subraya que si bien M. figuraba en el recibo con la categoría de comercializador, durante la relación laboral cumplió la tarea de viajante de comercio. Alega que reclamó su regularización laboral, ya que las comisiones por ventas le eran abonadas en forma encubierta. Tiempo después, sorpresivamente, recibió una carta documento donde le hacían saber que prescindían de sus servicios.Luego realiza una serie de consideraciones respecto de las leyes aplicables y practica una liquidación por $19.955, discriminando sólo esta última suma.

Al dictar la sentencia, el juez laboral, tras analizar la prueba aportada, realiza una primera consideración concluyendo en forma enfática que el actor fue viajante de comercio y por lo tanto lo encuadra en la ley 14.546.

Planteada por Coca Cola la defensa de defecto legal, señaló en su decisión que la demanda evidenciaba defectos en su formulación que hacían imprecisa la pretensión, pero consideró que dichos vicios no pusieron en juego el derecho de defensa de la contraparte. Aclaró que aquellos puntos de la pretensión que no resultaran suficientemente fundados o que no estuvieran debidamente deducidos los desestimaría formalmente.

Así, al adentrarse en el análisis de cada uno de los puntos de la reclamación, terminó rechazándolos uno a uno.

Si bien no se analizará en detalle el motivo del rechazo de cada rubro, lo que implicaría copiar la sentencia laboral, se hará una síntesis a los efectos de la presente, transcribiendo sólo algunos pasajes totalmente descriptivos.

Diferencias en la indemnización por despido: el juez señala que M. según el informe pericial y el recibo cobró $8.917,09. Agrega que se pidieron diferencias “sin aclarar cuál sería el origen de tales diferencias”. … “En este marco, no me resulta posible saber cuál es la razón por la que se reclamó una diferencia”(.); “no le corresponde a los jueces adivinar qué quiso reclamar el actor y está fuera de dudas que corresponde a su representación o defensa letrada exponer clara y fundamente la pretensión y la cosa demandada (art. 65 L.O.)”.

Diferencias en el preaviso y en el aguinaldo de preaviso: remite el juez a lo dicho en forma precedente agregando que “no se ha explicado qué razones habría para considerar mal liquidado este rubro”.

Diferencias sobre aguinaldo 2004: se exponen idénticos motivos para su rechazo y “no se ha fundamentado la petición”.

Sigue el Sr.juez laboral indicando que el reclamo por vacaciones 2004 es visiblemente inadmisible. Multa art. 16 ley 25.561 groseramente improcedente.

Aclara a la dirección letrada del actor que el recargo indemnizatorio “que no es técnicamente una multa” y a la fecha del distracto se encontraba reglado por el decreto 823/04 que prorrogó dicho recargo y lo fijó en el 80% de la indemnización.

En cuanto a la multa del art. 43 de la ley 25.345 resulta injustificado su petición, ya que en el escrito de inicio no se adujo que Coca Cola haya retenido aportes (art. 132 bis LCT).

Indemnización por clientela (art. 14 ley 14.546) que la empresa no abonó: señala el juez al rechazarla “no ha sido objeto de reclamo en estos actuados, ya que en concreto, la parte actora no pidió que se condenara a la demandada a abonarla, pese a haber sostenido con toda razón, que el reclamante fue viajante”…luego aclarando cómo se genera dicha indemnización (de toda situación derivada de extinción contractual).

Finalmente, y en relación a las certificaciones del art. 80 de la L.C., refiere que el reclamo está satisfecho y la sanción pedida a su amparo es improcedente en la medida que Coca Cola nunca le negó al dependiente su entrega y la actora “no adujo que haya concurrido a retirarlas y le haya sido negada su entrega”.

Con los argumentos expuestos, se desestimó la demanda, la que no fue objeto de recurso alguno. En consecuencia pasó en autoridad de cosa juzgada.

Sabido es que el abogado, al asumir la dirección de un pleito, se compromete desde la esfera contractual, sea locación de obra o de servicios, y su principal obligación es la de realizar las presentaciones y trámites oportunos a fin de llevar el juicio encomendado hacia su instancia final.Si bien las obligaciones no son de resultado, en tanto no se garantiza el éxito; sí compromete medios o diligencia (y un saber medio normal para la especialidad), a través del compromiso de desplegar la actividad necesaria para que el juicio llegue a su fin con el mejor resultado posible. A más de que tiene el derecho y el deber de recusar el encargo si la materia excede su conocimiento.

En el particular, no se evidencia excusa viable que justifique el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Las razones esgrimidas, tanto en la contestación de demanda como en la sentencia -falta de colaboración de la parte o que la hermana del actor en algún momento trabajó en el estudio del demandado-, no resultan suficientes para rechazar esta acción.

Los fundamentos expuestos en la sentencia laboral son por demás contundentes en cuanto a las razones alegadas para su rechazo, máxime cuando fueron consentidas por el letrado apoderado al no haber interpuesto en tiempo y forma recurso alguno.

De esta manera considero, más allá de las particularidades de la causa en cuanto a la conducta de M. al desconocer su firma en los recibos (fs. 127, cuestión que luego fuera resuelta a fs. 226 frente a la incomparecencia a la audiencia y que se tendrá en cuenta a fin de fijar las partidas indemnizatorias), que existe responsabilidad del profesional demandado. Incurrió en una conducta culpable.

Es que “la actividad profesional no se agota de tal modo en un ejercicio mecánico, acrítico y superficial; requiere un severo cuestionamiento sobre la relevante función social, sobre el contenido de la prestación y el modo de desplegarla; ello exige conocer las condiciones en las que se desenvuelve el abogado y si esas condiciones influyen en él, pero antes requiere un saber profesional suficiente” (Barbier, Eduardo y Vergara, Leandro, en “Responsabilidad Profesional”, t. 2, pág. 5, dir. Carlos A.Ghersi, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995). Ya que como recuerdan estos autores, con cita de Ortega y Gasset, la presunción del conocimiento suficiente en el profesional rige desde que éste egresa de la universidad, lo que obedece a la formación que los abogados adquieren allí.

Esta Sala, con voto de la Dra. Judith Lozano, resolvió hace tiempo, con citas de las Salas E y H, que si el abogado advierte falta de colaboración de su cliente debe resguardar su propia responsabilidad renunciando por escrito en el expediente o por comunicación fehaciente (2-7-99, “Calcopietro c. T., M.C.”, citado por la actora). Es pauta de prudencia y criterio aplicado por muchos tribunales (ver en Wierzba, Sandra M.: “Responsabilidad civil del abogado”, pág. 31/2, Hammurabi, Buenos Aires, 2006; conf. Trib. Discipl. CPACF, Sala II, 11-8-88, cit. por Pettis, Christian R., “La caducidad de la instancia…”, L.L. 2006-B, 585, nota 33). Esta aclaración se efectúa en virtud de las razones expuestas en cuanto a la conducta de M.

Lo cierto es que el art. 65 de la ley 18.345 -t.o. decreto 106/98.- (Ley de Organización de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal y Ley de Procedimiento Laboral) establece los requisitos de la demanda. Así, se deducirá por escrito y contendrá: “3. La cosa demandada, designada con precisión; 4. Los hechos en que se funde, explicados claramente; 5. El derecho expuesto sucintamente; 6. La petición en términos claros y positivos…”.

Cuestiones que, según el juez laboral, se incumplieron en la petición de F. y que el profesional consintió al no interponer recurso alguno.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que M. no concurrió a la audiencia en la que se hizo efectivo el reconocimiento de la documental y que un abogado plantea su estrategia frente a los hechos que narra su cliente.No obstante, esta situación ocurrió con posterioridad a la confección de la demanda.

Pero tampoco se entienden las razones aducidas en el sentido de que primero debía probarse la relación laboral entre M. y Coca Cola -en un primer proceso-, para luego solicitar en otra causa las partidas correspondientes.

Tampoco encuentro probado que el actor haya dado indicaciones precisas de no apelar la sentencia. La única testigo resulta ser la cónyuge del demandado, persona excluida por la ley procesal.

Dejo aclarado que la única forma de dispensar esta omisión se encuentra prevista en el art. 11 de la ley 10.996 inc. 1° en cuanto dispone que las instrucciones en contrario de su respectivo comitente deben realizarse por escrito. A autos no se acompañó documento alguno al respecto.

Reprocho, en consecuencia, esta inacción frente al acta poder otorgado por la actora, que expresamente facultaba a interponer toda clase de recursos (fs. 2 causa laboral) y la obligación expresa de recurrir toda sentencia definitiva adversa a su parte.

Desde esa órbita juzgo procedente la acción intentada, por lo que corresponde admitir los agravios y revocar la sentencia.

VII.- Ahora he de considerar los distintos rubros indemnizatorios.

a) Pérdida de chance:

Si bien la pérdida de un juicio por omisiones o errores imputables al letrado configura generalmente un daño cierto, el resarcimiento en tales casos consiste en la pérdida de la chance o posibilidad de éxito en las gestiones judiciales y de cobro, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Para esto no ha de considerarse el logro total que se hubiera obtenido en el supuesto de ganar el pleito, sino un importe aproximado, según las perspectivas en pro y en contra, de acuerdo a la valoración que en cada caso debe efectuar el sentenciante. Y las chances de cobrabilidad.

El reclamo hace a la pérdida sobre el eventual e incierto resultado que obtendría en el proceso judicial de referencia.El daño consiste en la frustración de la esperanza, de una probabilidad; coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre.

En relación a los expedientes traídos como prueba y que fueran iniciados por compañeros de M., he de señalar que cada expediente tiene su propio desarrollo y particularidades. Así por ejemplo, Díaz, al prestar declaración testimonial, refirió que era líder en ventas y por eso se hizo acreedora de un automóvil. Si bien refiere que M. la secundaba, no se acreditó con exactitud la cantidad de cajones vendidos al mes (ver informe pericial contable a fs. 816/817 y su complementario a fs. 879/881 de las presentes. Tampoco surge este dato del expediente laboral). Esto influye directamente en los demás rubros que integran la pretensión.

Sólo cabe agregar que no corresponde recurrir a fórmulas rígidas o predeterminadas para realizar la evaluación del rubro, la que por lo mismo deberá efectuarse sin preconceptos. Es el juez, en definitiva, quien habrá de realizarla teniendo en especial consideración las circunstancias particulares que rodean el asunto a resolver, ya que no debe perderse de vista que de lo que se trata es que el análisis se ajuste en lo posible a la realidad (conf. Pettis, Christian R., “El presupuesto del daño en la mala praxis de abogados y procuradores. Cuestiones relacionadas con su determinación y cuantificación”, L.L. 2001-D, 938).

Para fijar la cuantía en este rubro tendré también en cuenta la conducta del actor, la falta de acreditación de las ventas totales, de las indicaciones reales dadas por el actor al demandado frente a su inclusión en el acta de conciliación (SECLO) y las consideraciones efectuadas por el juez laboral de la dirección letrada del actor para rechazar la demanda.

En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el art.165 del CPCCN, fijo este rubro en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000).

b) Daño psíquico y gastos de psicólogo:

El daño psíquico configura un detrimento a la integridad personal. De modo que, para resultar indemnizable independientemente del moral, debe producir un daño económico como consecuencia del evento de autos y por causas que no sean preexistentes. Se da en una persona que presente, luego de producido el hecho que se dice generador, una disfunción, un disturbio de carácter psíquico. En conclusión, el afectado debe mostrar una modificación definitiva en la personalidad que la diferenciaba de las demás personas antes del hecho; una patología psíquica originada en éste que permita que se le reconozca como un efectivo daño a la integridad psicofísica y no una sintomatología que sólo aparezca como una modificación disvaliosa del espíritu, o de los sentimientos, que lo haría encuadrable tan sólo en el concepto de daño moral.

En el particular, se produjo pericia psicológica (fs. 686/694) a través de la cual la experta informó que nos hallamos ante la presencia de la dificultad del actor de tramitar psíquicamente el impacto del hecho disruptivo, la instrumentación de mecanismos defensivos ineficaces, que restan caudal energético para desarrollar su intervención en diversas áreas de despliegue vital. Surgen de este modo síntomas y/o inhibiciones encuadrables en la figura del daño psíquico. Por lo que puede afirmar que los hechos ocurridos (despido, juicios, perdida de confianza en su letrado apoderado) funcionaron en el actor como un efecto disruptivo y traumático que devino en daño psíquico y que vio modificada su vida de relación y laboral.

M. -señala la experta- presenta un trastorno adaptati vo con estado de ánimo depresivo.Posee un grado de incapacidad de tipo permanente del 15%.

Sin embargo, observo que al momento de considerar la incapacidad, incluye el despido, situación totalmente ajena al abogado demandado y que seguramente influyó en mayor medida a causar el daño y que no puede integrar la partida.

Asimismo, recomienda al actor la realización de un tratamiento psicológico, imprescindible para mitigar las secuelas derivadas del infortunio padecido y elaborar la situación que ha atravesado.

Entiendo, dada la aclaración formulada precedentemente en relación a la influencia del despido en el daño producido, que el actor no ha demostrado con claridad que el tratamiento psicológico recomendado se dirija a palear el daño que el demandado le produjo, sino más bien a la causa del mayor daño que es el despido, por lo que se rechazará el presente rubro.

De lo expuesto se colige que si bien el actor pudo haberse visto afectado por el rechazo de la demanda, no lo es en el porcentaje fijado por el experto por las razones expuestas precedentemente. Así, fijo por el daño psicólogico la suma de diez mil pesos ($10.000).

c) Daño moral:

En el caso el quebrantamiento de la confianza depositada por el trabajador en manos de los abogados ha producido razonablemente un daño moral indemnizable. Más allá de la ilicitud culpable de incumplir deberes fijados en los ordenamientos procesales, olvidó lo previsto expresamente en el art. 19, inc. a, del Código de Ética: cuanto menos no atendió los intereses confiados con celo, saber y dedicación. Refiriéndose a la confianza en el sistema jurídico y su quebrantamiento como origen de daños, Weingarten hace referencia al daño moral autónomo por la lesión a la confianza, y luego, con cita de Lima Marques, al daño moral causado por el incumplimiento del contrato o cumplimiento defectuoso (Weingarten, Celia: “La confianza en el sistema jurídico”, Ed. Jur. Cuyo, Mendoza, 2002, pág.141 y 146).

En virtud de lo expuesto, y lo expuesto en c) en relación al daño psicológico, fijo la suma de veinte mil pesos ($20.000) por el rubro en estudio.

VIII. Intereses.

Teniendo en cuenta los parámetros considerados para establecer los montos de condena, en la especie propongo que los intereses corran desde la fecha de recepción de la carta documento obrante a fs. 3 (24 de julio de 2.007- hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La cuestión de la tasa merece una explicación. Al incorporarme al tribunal fui minoría en lo referente a la tasa aplicable. Pero, reconociendo el poder de la mayoría, votaba -haciendo protesta de mi criterio- por tasa activa en todo el período. La licencia y posterior deceso del querido Hilario Rebaudi motivó la incorporación del colega Galmarini. Pasamos a ser mayoría los que entendíamos que, ante valores actuales, correspondía una tasa “pura”. Pero me ha soltado la mano, se fue, y vuelvo a la minoría. Cierto es que, de un tiempo a esta parte, veníamos flexibilizando la aplicación del criterio para evitar soluciones injustas.

En fin, sigo creyendo que es pertinente pensar y dejar sentados valores actuales con tasa inferior, y no aplicar la tasa activa, que ni siquiera es positiva en términos reales. Pero en definitiva, lo que los jueces buscamos en pleitos de esta naturaleza es reparar adecuadamente con dinero (en la medida posible) el daño. Y esa indemnización comprende pérdidas e intereses. La cuenta de capital más intereses en la forma propuesta atiende a ese propósito y lejos está de constituir un enriquecimiento indebido.

Por lo expuesto, voto por revocar la sentencia apelada y que, en consecuencia, se haga lugar a la demanda interpuesta por C. L. M. contra N. A. F.condenándolo a pagar al actor, en el plazo de diez días, la suma de ochenta mil pesos ($80.000) más intereses que se calcularán conforme se dispuso en el considerando, con costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, las Dra. Flah y Pérez Pardo votan en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto.

Firmado:

Víctor Fernando Liberman.

Lily R. Flah y Marcela Pérez Pardo.

Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, de mayo de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: revocar la sentencia apelada, haciendo lugar a la demanda interpuesta por C. L. M. contra N. A. F. condenándolo a pagar al actor, en el plazo de diez días, la suma de ochenta mil pesos ($80.000) más intereses que se calcularán conforme se dispuso en el voto del Dr. Liberman, con costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada vencida.

Difiérese la regulación de honorarios correspondientes a la alzada hasta tanto el Sr. Juez de la causa fije los de la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

LILY R. FLAH

MARCELA PEREZ PARDO

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