Competencia para entender en una acción fundada en el Derecho Civil, por un accidente laboral anterior a la vigencia de ley 26773.

La Justicia Nacional del Trabajo resulta competente pues la interpretación literal de los arts. 4 y 17 inc. 2 de la ley 26773 importan un desplazamiento de la competencia en materia de acciones por el resarcimiento de daños fundadas en el derecho civil, y tomando en cuenta el diseño de la ley 24557 y las modificaciones de la ley 26773, no corresponde estar a la pauta atributiva de competencia contenida en el art. 4 de la nueva ley puesto que el régimen de opción allí previsto resulta ajeno al diseño originario del régimen de la ley 24557.

voces: ACCIDENTE DE TRABAJO, APLICACIÓN DE LA LEY, COMPETENCIA, RIESGOS DEL TRABAJO, VIGENCIA DE LA LEY.

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S. G. A. c/ Los Constituyentes S.A.T. y otro s/ despido

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala/Juzgado: II

21 de  marzo de 2013

Sumario:

1.-Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo entender en los planteos atinentes a la inconstitucionalidad de las normas del régimen de la ley 24557 puesto que un trabajador accidentado cuyas secuelas incapacitantes se hubieren consolidado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 26773 , no puede reclamar por la vía del derecho común sin antes obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, y la atribución de competencia prevista en la nueva ley 26773 no asume en forma expresa esta circunstancia, sino que se sustenta en la vigencia de la opción excluyente a la que alude su art. 4º (del voto de la Dra. Graciela A. González por sus fundamentos – mayoría).

2.-No corresponde estar a la pauta atributiva de competencia contenida en el art. 4 de la ley 26773 ya que el régimen de opción allí previsto resulta ajeno al diseño originario del régimen de la ley 24557, toda vez que la interpretación literal de las disposiciones de los arts. 4 y 17 inc. 2 de la nueva ley importarían un desplazamiento de la competencia en materia de acciones por el resarcimiento de daños fundadas en el derecho civil, tomando en cuenta el particular diseño de la ley 24557 y las modificaciones propiciadas por la ley 26773 en cuanto a la admisión de una acción de reparación sustentada en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil -antes vedada, conf. art. 39 LRT- (del voto de la Dra. Graciela A. González por sus fundamentos – mayoría).

3.-Puesto que los hechos o eventos dañosos se han producido con anterioridad a noviembre de 2010 y, asimismo las afecciones y secuelas incapacitantes han quedado consolidadas antes de que se produjera la entrada en vigencia de la ley 26773 (BO 26/10/12), a influjo de lo dispuesto en el art. 3 del CCiv., ninguna duda cabe albergar sobre la no aplicación de la nueva normativa a lo que es materia sustancial de controversia, sin embargo la cuestión vinculada a la competencia de los tribunales llamados a intervenir, hace al ordenamiento adjetivo que, como tal, es siempre de aplicación inmediata (del voto de la Dra. Graciela A. González por sus fundamentos – mayoría).

4.-La regla competencial contenida exclusivamente para la Capital Federal en los arts. 4 y 17 ap. 2 de la ley 26773 para las acciones derivadas de la opción por el derecho civil sólo rige cuando opera esta opción puesto que la controvertida regla del art. 3 del CCiv. sobre aplicación inmediata de la nueva norma a los efectos de situaciones jurídicas anteriores puede permitir que sobre contingencias ya verificadas, pero pendientes de satisfacción, se aplique el nuevo régimen pero nunca podría llevar a reconocer los efectos que no existían bajo la norma anterior (del voto del Dr. Miguel Ángel Maza por sus fundamentos – mayoría).

Texto del Fallo:

Buenos Aires, 21 DE MARZO 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Dra. Graciela A. González dijo:

El actor inició demanda en reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido y asimismo peticionó la reparación de los daños psicofísicos derivados de las enfermedades y accidentes padecidos durante el transcurso de la relación. Dirigió la demanda fundada en la LCT contra su ex empleadora exclusivamente, en tanto que la demandó en forma solidaria conjuntamente con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. en la acción fundada en los arts. 512 , 1109 y 1113 del Código Civil, en el art. 75 de la LCT y en la ley 19587 y su decreto reglamentario.

El sentenciante de grado se declaró incompetente para entender en los reclamos fundados en el derecho civil por entender que el art. 4 de la ley 26773 -vigente al tiempo de iniciarse la acción- resulta de aplicación inmediata aún a contingencias ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia, por cuanto se trata de una norma de carácter adjetivo y que, contrariamente a lo señalado en el dictamen fiscal de la Dra. Picón a fs. 39/40, no existe impedimento para tramitar las diversas acciones que el actor ha acumulado en la demanda en forma separada.

Los términos en que han sido expuestos los agravios a fs. 42/43 imponen referir en forma previa que, en el caso, el trabajador no sólo reclamó por el resarcimiento de los daños derivados de los accidentes de trabajo padecidos en 2007 y 2009, sino que también alegó padecer una afección psíquica cuyas primeras manifestaciones datarían de mediados del año 2010 y que se encontraría vinculada con la situación de hostigamiento y maltrato que se alega (ver fs. 5 vta. y fs.10/11). A su vez, del relato de los hechos efectuado en el inicio en cuanto al despido cabe colegir que, como lo puntualizó la Dra Liliana Picón en su dictamen de fs. 39/40, el distracto lo habría decidido la empleadora alegando “abandono de trabajo” mientras el reclamante sostuvo encontrarse afectado por una patología psiquiátrica.

En el contexto fáctico referenciado y aun cuando, ante la acumulación objetiva de acciones resulte viable una inhibitoria parcial como la decretada en autos en atención a tratarse de objetos de reclamo disímiles, lo cierto es que, tal como quedaron expuestos los diferentes reclamos en el inicio, la vinculación existente entre las diversas cuestiones ventiladas resulta trascendente y torna aconsejable un tratamiento conjunto de ambas acciones.

Con relación al alcance que cabe otorgarle a las disposiciones de los arts. 4 y 17 inc. 2 de la ley 26773, tal como lo puntualiza el Dr. Eduardo O. Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos comparto y doy aquí por reproducidos en mérito a la brevedad) el tema se vincula con la problemática relativa a la aplicación intertemporal de la ley o “derecho transitorio”, aspecto que desde siempre ha motivado interesantes debates, en especial cuando lo que se ventilan son relaciones o situaciones jurídicas que no se consumen de manera instantánea o se encuentran “en curso”.

En el caso, los hechos o eventos dañosos claramente se han producido con anterioridad a noviembre de 2010 y, asimismo las afecciones y secuelas incapacitantes han quedado consolidadas antes de que se produjera la entrada en vigencia de la ley 26773 (BO 26/10/12), por lo que a influjo de lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil y de la doctrina sentada en sentido concordante entre otros, en los Fallos Plenarios de esta Cámara “Prestigiacomo, Luis c/Pirelli S.A.” (Pl. Nº 225) y “Villamayor, José Domingo c/La Franco Argentina S.a.” (Pl.277), ninguna duda cabe albergar sobre la no aplicación de la nueva normativa a lo que es materia sustancial de controversia. Sin embargo la cuestión vinculada a la competencia de los tribunales llamados a intervenir, hace al ordenamiento adjetivo que, como tal es siempre de aplicación inmediata.

En el caso, la interpretación literal de las disposiciones de los arts. 4 y 17 inciso 2 de la ley 26773 importarían un desplazamiento de la competencia en materia de acciones por el resarcimiento de daños fundadas en el derecho civil, pero tomando en cuenta el particular diseño de la ley 24557 y las modificaciones propiciadas por la ley 26773 en cuanto a la admisión de una acción de reparación sustentada en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil -antes vedada, conf. art. 39 LRT-, no correspondería estar a la pauta atributiva de competencia contenida en el art. 4 de la nueva ley puesto que el régimen de opción allí previsto resulta ajeno al diseño originario del régimen de la ley 24557.

En efecto, como lo enfatiza el Dr. Álvarez al dejar expuesta su opinión en los autos “Virgilli, Darío Ernesto c/Federación Patronal Seguros S.A. y otros s/accidente” (expte. 53199/12 de la Sala V CNAT, Dictamen Nº 56350 del 8/2/13 ) el principio de aplicación inmediata de la nueva norma procesal rige en tanto y en cuanto el derecho al que se refiere hubiere existido con anterioridad a su dictado y, no en aquellos casos -como el de autos- en el que la misma ley prevé una acción que no existía y le prescribe un trámite específico.

Cabe memorar aquí que el art. 39 de la ley 24557 vedaba a los trabajadores el derecho a reclamar la reparación de los daños derivados de infortunios del trabajo al amparo del Código Civil -con excepción del dolo, art.1072 C.C.- y que tal disposición fue declarada inconstitucional desde sus inicios por la mayoría de los tribunales nacionales hasta que, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el famoso caso “Aquino” del 21/9/04 echando por tierra cualquier vestigio favorable a su validez constitucional. No obstante ello, recién con la promulgación de la ley 26773 (art. 17) se derogó la disposición en cuestión.

Consecuentemente, un trabajador accidentado cuyas secuelas incapacitantes se hubieren consolidado con anterioridad a noviembre de 2012, no puede reclamar por la vía del derecho común sin antes obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT (planteo deducido concretamente en autos a fs. 31/32 vta.). La atribución de competencia prevista en la nueva ley 26773 no asume en forma expresa esta circunstancia sino que se sustenta en la vigencia de la opción excluyente a la que alude su art. 4º, por lo que no cabría presuponer la atribución de aptitud jurisdiccional a la Justicia Nacional en lo Civil para entender en los planteos atinentes a la inconstitucionalidad de las normas del régimen parcialmente derogado.

Como lo señala el Fiscal General en el dictamen antes referido “no se trata, pues, de transgredir el principio de aplicación inmediata de las disposiciones procesales, sino de efectuar un análisis que no sea lineal y de advertir que esta pauta no se vulnera cuando la norma de fondo y la de forma nacen en el mismo acto normativo”

En efecto, la nueva ley prevé para el futuro una acción bajo un régimen de opción que anteriormente no existía y, consecuentemente, el régimen adjetivo allí diseñado resulta accesorio a la normativa sustancial que recién a través de la ley 26773 ha cobrado vigencia y ello toda vez que, cabe aclararlo, a través de los pronunciamientos del Mas Alto Tribunal en contra de la validez de la disposición contenida en el art.39 de la ley 24557, dicha norma continuó vigente hasta la entrada en vigor de la nueva normativa.

En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, y de conformidad con el dictamen fiscal que antecede, de prosperar mi voto, corresponde revocar la resolución apelada y declarar competente a la Justicia Nacional del Trabajo para entender respecto de todas las acciones comprendidas en la demanda de autos.

En atención a la índole de la cuestión debatida y a la ausencia de réplica corresponde imponer las costas de Alzada en el orden causado.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.Adhiero al voto de la Dra. Graciela A. González por compartir, en general, sus fundamentos y conclusiones. Sin embargo, creo conveniente exponer mis propias reflexiones al respecto por tratarse de la primera vez que esta Sala resuelve una cuestión competencial en el marco de debates que la vigencia de la ley 26.773 plantea. Y, antes de ir al meollo del problema de competencia, caben unas consideraciones previas.

II.Un sector de la jurisprudencia y la doctrina ha sostenido la aplicación inmediata de las nuevas reglas en materia de prestaciones económicas respectivamente introducidas por los decretos 1278/00 y 1694/09 a contingencias impagas pero ocurridas antes de la entrada en vigencia de tales normas, con base en el art. 3 del Código Civil y muy probablemente lo mismo ocurra con el nuevo régimen de indemnizaciones que trae la ley 26.773. De hecho, este Tribunal, por mayoría, ha adscripto a aquella teoría.

Frente a ello, podría considerarse la posibilidad de hacer aplicable la opción del art.4 de la ley 26.773 a accidentes de trabajo acontecidos antes del 26/10/2012 o a enfermedades profesionales cuya primera manifestación invalidante se produjera con precedencia a esa fecha, en la medida en que se determine la incapacidad definitiva bajo el imperio de la nueva norma.

Pese a que suscribo la aplicación inmediata de las nuevas reglas indemnizatorias a las consecuencias pendientes de satisfacción de infortunios anteriores, considero que no es posible hacer operar la opción del art. 4 a contingencias anteriores. Creo que hacerlo implicaría, no una aplicación inmediata de la nueva norma, sino la operatividad retroactiva, que, al no estar expresamente dispuesta en la ley, no es admisible.

Afirmo esto puesto que las contingencias ocurridas antes del 26/10/2012 se rigen para la determinación de su cobertura como contingencias por la ley vigente al momento del accidente o de la exteriorización de la primera manifestación invalidante. Al momento de verificación de tales contingencias, la ley vigente -24.557 sin la modificación y complementación introducida por la 26.773- no les concedía a los damnificados el derecho a la reparación integral con base en la ley civil, salvo dolo delictual del empleador.

Por ende, los perjudicados por tales contingencias no tenían derecho bajo esa ley a la reparación integral, de manera que no pueden optar. Su único camino sigue siendo el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 LRT asociado, como acción preliminar, a la demanda basada en el Código Civil.

Dicho en otras palabras, la controvertida regla del art. 3 del Código Civil sobre aplicación inmediata de la nueva norma a los efectos de situaciones jurídicas anteriores puede permitir que sobre contingencias ya verificadas pero pendientes de satisfacción se aplique el nuevo régimen pero nunca podría llevar a reconocer los efectos que no existían bajo la norma anterior.

III.De esta regla que sostengo se deriva una de segundo orden y que constituye el corazón de la cuestión que motiva esta intervención del entiendo que la regla competencial contenida exclusivamente para la Capital Federal en los arts. 4 y 17 apartado 2 de la ley 26.773 para las acciones derivadas de la opción por el derecho civil sólo rige cuando opera esta opción.

Digo así puesto que el recién citado art. 17 apartado 2 establece en esta jurisdicción la competencia de los tribunales civiles para “las acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo de la presente ley” y dicho precepto se refiere exclusivamente a las acciones judiciales derivadas de la opción permitida por su primera parte.

De ahí que, a mi juicio, solamente resultan de competencia civil en Capital Federal aquellas acciones fundadas en el derecho civil que sean producto de una contingencia que, por su fecha de producción, gocen de la opción prevista en el art. 4 de la nueva ley.

A contrario sensu, aquellos reclamos fundados en el Código Civil provenientes de contingencias anteriores no gozan de la opción, cayendo bajo la veda formal del apartado 1 del art. 39 LRT y, por esto, tales juicios son de competencia laboral de acuerdo a las reglas de la ley 18.345 .

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y declarar competente a la Justicia Nacional del Trabajo para entender respecto de todas las acciones comprendidas en la demanda de autos, 2) Declarar las costas de la Alzada en el orden causado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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