Camión embistió a un peatón que abordaba un taxi. Responde en un 80%, pues la víctima estaba parada del lado de la calle

El conductor del camión que embistió a un peatón que se disponía a abordar un taxi es responsable en un 80%, pues existió culpa de la víctima al encontrarse parado del lado de la calle acomodando mercadería, aunque se exoneró de toda responsabilidad al taxista, quien se encontraba correctamente detenido sobre su derecha.

Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar al codemandado conductor del camión que embistió al taxi al que estaba abordando el actor, pues se comprobó que conducía a alta velocidad y que en forma imprudente no realizó las maniobras correspondientes a los fines de evitar embestir al peatón, no obstante, considerando la imprudencia del actor de estar parado del lado de la calle colocando equipaje arriba del taxi, debe imponerse la responsabilidad en un 20 % al actor y en un 80 % al conductor del camión; correspondiendo liberar de toda responsabilidad al taxista codemandado, ya que éste se encontraba correctamente detenido sobre su derecha aguardando que suba su pasajero.

voces: Accidentes de tránsito, CAMIONES, CONCAUSA, CONCURRENCIA DE CAUSAS, CULPA DE LA VÍCTIMA, DAÑO MATERIAL, DAÑO MORAL, DAÑO PSÍQUICO, DAÑOS Y PERJUICIOS, GASTOS DE FARMACIA, GASTOS DE TRASLADO, incapacidad sobreviniente, INDEMNIZACIÓN, INTERESES, NEXO CAUSAL, PEATÓN, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR, VEHÍCULO EMBISTENTE.

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Miño Silvio Marino c/ Bouzo Raúl Horacio y otros s/ daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 29-oct-2013

Sumario:

1.-La obligación principal que queda a cargo del transportista resulta ser la de velar por el arribo a destino sano y salvo de quien utiliza ese medio de transporte que conlleva ínsitamente una presunción de responsabilidad que, como en el caso de quebrantamiento de la obligación contractual, significa en el orden procesal la inversión del onus probandi ; se trata aquí de una imputación legal de responsabilidad presumida, que sólo puede ceder ante la justificación del caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no deba responderse.

2.-En el caso, del sistema de inversión del onus probandi se desprende que los accionados han reconocido la existencia del accidente que motivo la demanda y que este ocurrió en la fecha, lugar y hora indicadas, mas no se encuentran contestes respecto de la forma del acaecimiento de aquel, pretendiendo excusar su responsabilidad atribuyéndose la culpa en forma recíproca y a su vez a la parte actora.-

3.-La convicción del juzgador debe formarse tendiendo a un grado sumo de probabilidad acerca del modo de producirse el evento, aunque no se tenga certeza absoluta, porque admitida la existencia del siniestro y ante versiones contrapuestas, debe realizarse un proceso de selección que forzosamente conduzca a tener como realmente sucedidas algunas circunstancias en que se apoyan dichas manifestaciones.-

4.-Del análisis de las constancias obrantes en autos, cabe concluir que el accidente ocurrió con motivo de la maniobra imprudente del conductor del camión, quien revistió el carácter de embistente, desviando su trayectoria y no advirtiendo la presencia del actor sobre la cinta asfáltica, sin mantener una distancia prudencial, violando así lo dispuesto por el artículo 39 inc. b), 48 inc. d) y 50 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.

5.-Ha tenido incidencia en el accidente, aunque en menor medida, la conducta de la víctima, quien en sede penal reconoció que se encontraba sobre la calle cargando mercadería en el techo del taxi estacionado, por lo que cabe concluir que el actor se colocó en una situación de riesgo innecesaria, contando con la opción de efectuar tanto las maniobras de ascenso al vehículo o de carga ubicándose en la acera y no en la calzada.

6.-Frente al reconocimiento formulado por la propia víctima en su denuncia de sede penal ha quedado descartado el extremo alegado referido a que el actor se encontraba ascendiendo por la puerta izquierda del taxi, sin embargo, de lo que no quedan dudas es que se colocó en una situación de riesgo innecesaria, ubicándose en la calle, contribuyendo causalmente a la producción del resultado, violando así lo dispuesto por el art. 38 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.

Texto del Fallo:

Buenos Aires, a los días del mes de octubre de 2013, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “M., S. M. c/ B., R. H. y otros s/ daños y perjuicios”.

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 439/451, se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 473/4714 vta., la citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada SA” y el codemandado V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”, quienes hacen lo propio a fs. 476/478 y fs. 480/493, respectivamente. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue evacuado a fs. 495/501 vta. por el codemandado V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”. Con el consentimiento del auto de fs. 504 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. RESPONSABILIDAD.-

I. a) Se agravia el actor por la atribución de responsabilidad en un 20% a su parte. Funda su queja en que el hecho ocurrió por la responsabilidad del taxista-transportista por un lado, al detenerse y abrirle la puerta en un lugar no permitido, y por la responsabilidad del conductor del camión, por otro, por desviar la trayectoria y embestirlo. Solicita la revocación de la sentencia y se condene en forma solidaria a ambos codemandados. (Ver fs. 473/474 vta.).

I. b) Por su parte, se agravia la citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada SA” por la atribución de responsabilidad en un 50% al conductor del camión. Funda su queja en que tanto el actor como el taxista codemandado violaron elementales normas de tránsito, al intentar el primero abordar el taxi por el lado izquierdo, atando mercadería sobre el taxi y reduciendo así el espacio de circulación de los vehículos, mientras que el segundo detuvo su marcha a mitad de cuadra para permitir el ascenso del pasajero en un lugar indebido.Solicita la revocación del decisorio en este aspecto. (Ver fs. 476/476 vta.).

I. c) Se queja el codemandado V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA” por la atribución de responsabilidad en un 30% a su parte. Fundan su queja ha mediado una errónea valoración de las pruebas rendidas en autos, así como que ha quedado debidamente acreditada la configuración de la eximente de culpa de un tercero por quien no debe responder, al quedar acreditado que la causa adecuada y eficiente del siniestro estuvo dada por la falta de dominio en la conducción del camión y el embestimiento propinado por éste sobre el taxi, así como el exceso de velocidad y la violación de la normativa de tránsito. Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura. Solicitan la revocación de la sentencia y la atribución de responsabilidad exclusiva al camión. (Ver fs. 480/486 vta.).

I. d) El juez de primera instancia atribuyó la responsabilidad en un 50% al conductor del camión, en un 30% al taxista y el 20% restante en cabeza del actor. (Ver fs. 441/444 vta.).

I. e) En primer lugar, y en lo que respecta al fundamento de la acción dirigida contra el conductor del camión codemandado Sr. Bouzo, el actor interpuso demanda conforme la norma prevista en el art. 1113 del Código Civil, el que establece que: “En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero cuando el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.Si la cosa hubiese sido usado contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”.- Hallándonos entonces frente a un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, correspondía a la actora probar los siguientes extremos: a) la existencia del daño; b) el contacto físico con la cosa riesgosa o viciosa; y c) la relación de causalidad entre ambos. En cambio, incumbía a la demandada acreditar, para eximirse de responsabilidad, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, caso fortuito o fuerza mayor.

En lo que respecta a la acción dirigida contra el taxista codemandado Sr. Vélez, resulta de aplicación en autos el art. 184 del Código de Comercio que establece la responsabilidad del transportista por los daños causados a los pasajeros “a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable.” Sabido es que, como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, la obligación principal que queda a cargo del transportista resulta ser la de velar por el arribo a destino sano y salvo de quien utiliza ese medio de transporte que conlleva ínsitamente una presunción de responsabilidad que, como en el caso de quebrantamiento de la obligación contractual, significa en el orden procesal la inversión del “onus probandi”.

Se trata aquí de una imputación legal de responsabilidad presumida, que sólo puede ceder ante la justificación del caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no deba responderse.Y todo esto de acuerdo con los principios comunes del derecho consagrados en los arts.511 y 513 del Código Civil.

Desde este punto de vista, habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

Del sistema de inversión del “onus probandi” se desprende que los accionados han reconocido la existencia del accidente que motivo la demanda y que este ocurrió en la fecha, lugar y hora indicadas, mas no se encuentran “contestes” respecto de la forma del acaecimiento de aquel, pretendiendo excusar su responsabilidad atribuyéndose la culpa en forma recíproca y a su vez a la parte actora.- En consecuencia, los elementos aportados al presente y la prueba rendida, deben analizarse con detenimiento a fin de establecer si pueden servir de eximente parcial o total de aquélla.- Por ello, es dable destacar que la convicción del juzgador debe formarse tendiendo a un grado sumo de probabilidad acerca del modo de producirse el evento, aunque no se tenga certeza absoluta, porque admitida la existencia del siniestro y ante versiones contrapuestas, debe realizarse un proceso de selección que forzosamente conduzca a tener como realmente sucedidas algunas circunstancias en que se apoyan dichas manifestaciones.- Asimismo los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todos los planteamientos, ni evaluar la totalidad de los elementos probatorios agregados al expediente sino que sólo deben hacer mérito de aquéllos que crean conducentes y de las articulaciones que juzguen valederas para la resolución de la litis.- Sostiene Fassi que “la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio litigante, es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ella depende la suerte de la litis” (sic.Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado Tomo II página 163).- “En el proceso dispositivo civil, sin perjuicio de que el juez debe obtener, dentro de lo posible, la verdad en su mayor pureza, se impone la necesidad de una solución para los supuestos dudosos.tanto las partes al desplegar su actividad, cuanto el juez al momento de dictar sentencia, tienen que tener una regla que a este último le permita determinar a quien condena o absuelve, ya que no es posible absolver la instancia.no se trata sólo de reglas para el juez, sino también de reglas o normas para que las partes produzcan las pruebas de sus hechos, al impulso de su interés en demostrar la verdad de sus respectivas posiciones” (sic. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado, Concordado y Comentado, Enrique Falcón Tomo III, Pag.145 Ed. Abeledo-Perrot).- En el caso concreto de autos, conforme surge del acta de denuncia formulada por el accionante a fs. 1 de la causa penal, éste declaró: “Que el día 01 de octubre del actual, siendo las 09:30 horas, en circunstancias que se encontraba cargando materiales en el rodado de alquiler marca Peugeot modelo Partner, dominio EFE209, propiedad del Sr. C. V., domiciliado en la calle J.J. Lavalle 2812 C.F. Que la camioneta se encontraba estacionada sobre la mano derecha de la calle Itaqui a metros de la intersección de esta última con la calle Bonorino. Que el dicente se encontraba del lado de la calle, atando una soga ya que la mercadería la habían colocado en la parte del techo del mencionado rodado. Es así que un camión marca Ford modelo 7000, dominio colocado UMT-567, enviste (sic.) al dicente, apretandolo contra la camioneta Peugeot Partner, la cual también fue envestida en la zona de la puerta delantera.” Por su parte, a fs.241/243 de autos obra la declaración testimonial del único testigo presencial del hecho, quien expresó: “Cuando voy llegando a la esquina viene un camión bolcador, el camión venía por Itaqui el taxi estaba estacionado en la esquina entre Itaqui y Bonorino y viene el camión y yo no sé si ese hombre se durmió o que pasó pero ese hombre se desvía y justo el muchacho estaba por subir en la puerta de atrás del taxi y el camión en diagonal lo agarra con el guardabarros trasero, y el camión pasa y queda en la esquina cruzado que paró y bueno este pibe queda tirado en el piso .” Asimismo, el testigo refirió que el actor se encontraba del lado izquierdo del vehículo (ver resp. 4°). A fs. 240 el deponente confecciona un croquis.

A fs. 296/301 vta. de autos consta la pericia mecánica de oficio, en la cual se dictaminó lo siguiente: “La mecánica del siniestro sería como sigue: el taxi está parado en la calle Itaquí a la altura catastral 2222, el actor está sobre la calle, al lado del taxi, y en ese momento es embestido por el camión. No están probados en el expediente los daños sobre el taxi, ni que hubiera embestido a otros rodados previam ente. Tampoco está claro por parte del actor si estaba por ascender al taxi o estaba atando la carga sobre el techo del taxi, pero está claro que estaba sobre la calle. De acuerdo a lo expuesto puede decirse que es verosímil que estando en la calle al lado del taxi haya sido embestido por un camión.” Asimismo, se atribuye el carácter de embistente al camión y a fs. 296, 297 y 298 se confeccionan sendos croquis y se toman fotografías que dan cuenta del espacio con el que contaba el camión para circular.

Dicha pericia fue observada a fs. 304 por la actora, lo que mereció la contestación del perito a fs. 313, quien confecciona un croquis a fs.312 con la posible mecánica del hecho y la trayectoria previa del camión.

De la lectura y análisis de las constancias precedentemente mencionadas, cabe concluir que el accidente ocurrió con motivo de la maniobra imprudente del conductor del camión, quien revistió el carácter de embistente, desviando su trayectoria y no advirtiendo la presencia del actor sobre la cinta asfáltica, sin mantener una distancia prudencial, violando así lo dispuesto por el artículo 39 inc. b), 48 inc. d) y 50 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Por su parte, también ha tenido incidencia, aunque en menor medida, la conducta de la víctima, quien en sede penal reconoció que se encontraba sobre la calle cargando mercadería en el techo del taxi estacionado. Por lo que cabe concluir que el actor se colocó en una situación de riesgo innecesaria, contando con la opción de efectuar tanto las maniobras de ascenso al vehículo o de carga ubicándose en la acera y no en la calzada.

Frente al reconocimiento formulado por la propia víctima en su denuncia de sede penal ha quedado descartado el extremo alegado referido a que el actor se encontraba ascendiendo por la puerta izquierda del taxi.Sin embargo, de lo que no quedan dudas es que se colocó en una situación de riesgo innecesaria, ubicándose en la calle, contribuyendo causalmente a la producción del resultado, violando así lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Se ha dicho acertadamente en reiteradas oportunidades, que las primeras declaraciones vertidas ante la autoridad policial deben prevalecer sobre las posteriores, ya que son inmediatas al hecho, y, por ende, más espontáneas, no desviadas por la reflexión o por los consejos de los letrados.

Asimismo, dicha causa penal, al haber sido ofrecida como prueba, ha quedado incorporada a este proceso beneficiando y perjudicando a ambas partes por igual, ello por estricta aplicación del principio de adquisición procesal.

Por otro lado, no se advierte maniobra antirreglamentaria ni ubicación indebida por parte del taxi del codemandado V., el cual se encontraba correctamente estacionado sobre la derecha y próximo a la intersección, tal como lo refirieron el propio actor y el testigo “ut supra” citado. Por lo que no se advierte violación alguna a ninguna normativa de tránsito, en especial, al artículo 54 de la Ley N° 24.449. (Ver croquis de fs. 296, fs. 297 y fs. 312, coincidentes con el efectuado a fs. 240 por el testigo presencial del hecho y fotografías de fs. 298).

Por lo que cabe concluir que la detención sobre la derecha del taxi del codemandado V. no ha tenido incidencia siquiera concausal en el acaecimiento del hecho.

Ahora bien, habré de coincidir con el primer sentenciante en que la conducta de la víctima ha tenido incidencia concausal en la producción del siniestro.

Es así que, al tiempo de computarse una eventual exclusión o concurrencia – como es el caso de autos -, no puede dejarse de valorar el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas para determinar si la de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida (SCBA, Ac. 36.391 – 23/9/86) (artículos 499, 1109, 1113, 2da.parte del Código Civil), a efectos de no conculcar todo el sistema de responsabilidad por los actos propios (artículos 499, 512, 902, 921 y 1111 del Código Civil) (CC 2-3 – La Plata B-79889 RSD 317-94, S-29/12/94).

En el caso se está ante una situación donde se entrecruzan causalidades activas, esto es, la circulación a velocidad no precautoria y el desvío de trayectoria imputable al camión y la acción del pasajero que se encontraba en la calle cargando mercadería sobre el techo del taxi, y ello implica que ambos factores son determinantes en la producción del siniestro, lo que hace a la necesidad de ponderarlos para establecer si en la especie ha habido un desplazamiento total o parcial de la responsabilidad objetiva, como consecuencia que la víctima haya colocado con preponderancia su causalidad. Y ello dependerá del análisis de cada caso concreto (conf. Ghersi, “Accidentes de Tránsito” – Parte Primera – 2da. edición – págs. 73 y sigtes. – Editorial Universidad).

Sobre el particular, mi estimada colega de Sala – Dra. Bearriz Verón – ha dicho: “Como tuviera oportunidad de decidir en numerosas ocasiones (ver mis votos in re “Montenegro, Alfredo Horacio c/ Edul, Pablo Nadir y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 2.369/2.006, del 11/11/2010; ídem, “Sánchez, Stella Maris c/ Condasco, Andrea y otro s/ Ds. y Ps.” , Expte. N° 106.853/98 del 26/02/07, entre otros), aún dentro del esquema objetivo que se desprende de los arts. 1113, 2° párrafo, 2° supuesto del Código Civil y su similar art. 184 del Código de Comercio y el beneficio que implican para las potenciales víctimas de daños, la “culpa” no resulta ajena a esta temática. Por el contrario, debe tenerse en cuenta como causal interruptiva del nexo causal para liberar total o parcialmente al sindicado como responsable en los casos que corresponda (cfr. Tanzi, Silvia, “Los accidentes de tránsito”, en Responsabilidad civil por accidentes, Editorial Abeledo Perrot, 1998, pág.16; Loustaunau, Roberto, “Particularidades de la culpa a fin de siglo”, LL del 14-IV-98, pág. 3).” Es por ello que en el caso de autos, cabe concluir que la conducta de la víctima ha tenido una incidencia concausal en la producción del siniestro.

Debe distinguirse entre “causa” y “condición”, pues mientras la primera produce la consecuencia, la segunda no la produce por sí, sino que simplemente la permite o la descarta. Y el modo de distinguirlas consiste en preguntarse si la acción u omisión que se juzga era “per se” adecuada para provocar normalmente esa consecuencia, juicio de probabilidad que debe formularse en abstracto, en un plano objetivo, con prescindencia de lo efectivamente ocurrido.

El principio de “normalidad” a que se alude no es otro que el que recoge el art. 901 del Código Civil, esto es que el resultado debe ser pronosticable de acuerdo a lo que acontece ordinariamente -principio de causalidad adecuada-, adoptando así un criterio de probabilidad: no es necesario que ocurra fatalmente el resultado, sino que basta que lo haga de ordinario. (Ver Exptes. N° 89.454/95, 38.403/98, entre otros).

De acuerdo a tal criterio, entiendo que la conducta del codemandado Bouzo y la del actor han contribuido a la producción del resultado, aunque en diferente proporción.

“Soler llama concausa a la condición que concurre a la producción del resultado con preponderancia sobre la acción del sujeto.” (Soler, S. Derecho Penal. Tomo I, págs. 106.107, citado por Compagnucci de Caso, Rubén H.

Responsabilidad Civil y relación de causalidad. Ed. Astrea, 1984, Capítulo III, págs. 55-56). (Ver esta Sala, en autos “Suárez, Osvaldo Fabián c/ Micro Omnibus Primera Junta SA y otros s/ daños y perjuicios” , Expte.N° 17.869/07, del /09/11).

Por ello, y en lo que respecta a la acción dirigida contra el codemandado V., la misma no puede prosperar, y deberá ser rechazada, al haberse acreditado la configuración de la eximente de culpa de un tercero por quien no debe responder y culpa de la víctima, con la características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso.

Por lo que se propicia la modificación del fallo en este punto.

De tal modo, por las consideraciones precedentemente mencionadas, y siguiendo los lineamientos sentados por el Tribunal en antecedentes similares, propicio hacer lugar parcialmente a la queja esgrimida a fs. 480/486 vta., disponiendo atribuir a la conducta negligente del actor un 20 % de concurrencia en la causación del hecho, y estableciendo, por ende, la medida en que la codemandado B. deberá responder, en un 80% de los daños acreditados en autos.

En consecuencia, propicio la revocación parcial de la sentencia, con el consecuente rechazo de la demanda entablada contra C. O. V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”, con costas al actor en ambas instancias; y el acogimiento parcial de la demanda entablada contra R. H. B. y su citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, atribuyendo responsabilidad en un 20% al actor y en un 80% al codemandado B., con costas de ambas instancias en igual proporción.

Atento a la forma en que se ha resuelto la cuestión, el tratamiento de los restantes agravios vertidos por el codemandado C. O. V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA” a fs. 486 vta./492 vta. ha devenido abstracto.

II. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE.-

II. a) Se agravian la citada en garantía “Agrosalta”, por la procedencia del rubro y por el monto concedido en este carácter, considerándolo elevado y solicitando su rechazo y/o disminución. (Ver fs. 476 vta./477).

II.b) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 67.000 por este rubro, la que reducida en un 20% por la atribución de responsabilidad, arroja una suma de $ 53.600. (Ver fs. 445/447 vta.).

II. c) En primer lugar, debe establecerse que es criterio reiterado de esta Sala que la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación. (Ver Expte. Nº 76.437/1999, “Sosa, Jorge Alberto c/ López, Carl os Alberto y otros s/daños y perjuicios” del 02/03/2010; Expte. Nº 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal y otros s/daños y perjuicios” del 23/03/2010; Expte. Nº 69.932/2002, “Ledesma, Ramona Graciela c/Acosta, Miguel Angel y otros s/ daños y perjuicios” del 30/03/2010, entre muchos otros).

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable.Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).

Asimismo, y a criterio de esta Sala, el daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado.

Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

A fs. 312/333 vta. consta la pericia médica de oficio, en la que se dictaminó que el actor padece una incapacidad física del 15% como consecuencia de secuelas anatomofuncionales en rodilla derecha, 5% por lumbalgia crónica (en relación concausal), y una incapacidad psíquica del 20%, como consecuencia de un cuadro de trastorno depresivo reactivo por stress postraumático con manifestaciones ansiógenas y fobígenas.

Asimismo, concluye en que el actor presenta una incapacidad psicofísica equivalente al 35,40% de la total obrera, aplicando el principio de la capacidad restante (ver fs. 333).

Dicha pericia fue objeto de impugnación a fs. 392/392 vta., lo que mereció la contestación del perito a fs. 397, ratificando su dictamen anterior.

Debe decirse que las impugnaciones formuladas no alcanzan a conmover las conclusiones brindadas por el perito en su dictamen, el cual se encuentra correctamente fundado en principios científicos y técnicos inobjetables por lo que habré de estar al mismo haciendo aplicación de las reglas de la sana crítica (arts.386, 476 y concs., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), máxime teniendo en cuenta las explicaciones brindadas por el experto a fs.397.

Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

Ahora bien, en cuanto al rubro, lo considero procedente y a su monto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la entidad de la lesión y las condiciones personales de la víctima, tales como sexo (masculino), edad (45 años), ocupación (albañil, actualmente desocupado – ver testimonial de fs. 262-), estado civil (soltero) y situación socioeconómica (ver beneficio de litigar sin gastos a fs. 1/2), considero la suma fijada ajustada a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

III. DAÑO MORAL.-

III. a) Se agravian la citada en garantía “Agrosalta” por la procedencia del rubro y por el monto concedido en este carácter, considerándolo elevado y solicitando su rechazo y/o su disminución. (Ver fs. 477).

III. b) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 35.000 por este rubro, la que reducida en un 20% por la atribución de responsabilidad, arroja una suma de $ 28.000. (Ver fs. 449/450).

III.c) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal “si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, “satisfacer”, en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria” ( autos “Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A. y otros s/sum” del 31.03.81).

Asimismo, y como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, no existe razón lógico-jurídica que obligue a relacionar porcentualmente las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral. (Ver esta Sala, en recientes fallos en los que se ha se ha explayado mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera: Expte. Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte.Nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios”, del 22/03/2010, y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal (me remito a las menciones efectuadas por la Dra. Mattera en las citadas causas)).

De las constancias médicas de autos surge que el actor sufrió, como consecuencia del accidente, traumatismo en rodilla derecha, cadera y columna y hematoma en muslo, siendo derivado y atendido en el Hospital Penna. (Ver reconocimiento médico legal de fs. 16 de causa penal, historia clínica de fs. 228/232 y pericia médica de fs. 312/333 vta. de autos).

Ahora bien, en cuanto al rubro, lo considero procedente, y a su monto, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, entidad de las lesiones, circunstancias particulares del caso, tiempo de convalecencia, atenciones y tratamientos médicos recibidos, así como los demás dolores y sufrimientos padecidos, lo considero ajustado a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

IV. GASTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS Y DE TRASLADOS. GASTOS DE TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO. –

IV. a) Se agravia la citada en garantía “Agrosalta” por la procedencia de estos rubros, solicitando su rechazo. (Ver fs. 477).

IV. b) Debe decirse que los agravios de la apelante respecto a este punto no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia.

En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia al sostener que “Los recursos de apelación deben contener la impugnación concreta del pensamiento del juez, el examen crítico de sus proposiciones y las razones expresas y fundadas – no el simple desacuerdo subjetivo o la diversidad de opinión -, por las que el recurrente considera errónea la decisión, equivocados sus fundamentos, o inaplicables las disposiciones jurídicas mencionadas por el sentenciante.” La queja esgrimida a fs. 477 sexto y séptimo párrafo no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos 265 y 266 del CPCC, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por el Sr.Magistrado de la anterior instancia, ya que sólo se agravia en forma genérica por varios rubros, por lo que propongo se desestime tal planteo declarando desierto el recurso sobre el particular.

V. INTERESES.-

V. a) Se agravian la citada en garantía “Agrosalta” por la tasa de interés dispuesta en el decisorio, solicitando la aplicación de la tasa pura del 6% anual con fundamento en que la tasa activa genera un enriquecimiento indebido a favor de la actora y que los montos resarcitorios han sido fijados a valores actuales al momento de la sentencia. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. (Ver fs. 477/477 vta. y fs. 490/492 vta.).

V. b) En la sentencia en recurso se estableció la aplicación de intereses conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago. Ello con excepción de los gastos de tratamiento psicológico futuro, los que se devengarán a partir de quedar firme el pronunciamiento. (Ver fs. 450/451 vta.).

V. c) Caber señalar que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido. Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A.y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro”; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte.Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación se ha fijado una indemnización a “valor actual”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado. En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación. Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde que desde la fecha de la mora, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengarán intereses calculados mediante la aplicación de la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Ello con excpeción de lo dispuesto con respecto a los gastos de tratamiento psicológico futuro, lo que por no haber sido motivo de agravio, ha quedado firme.

En consecuencia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Rechazando la demanda entablada contra C. O. V.y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”, con costas al actor en ambas instancias; y acogiendo parcialmente la demanda entablada contra R. H. B.

y su citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, atribuyendo responsabilidad en un 20% al actor y en un 80% al codemandado B., con costas de ambas instancias en igual proporción.

I. b) Disponiendo la aplicación de intereses en la forma y alcance dispuestos en el Considerando V. c) de los presentes.

II. Se declare parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto en la medida y alcance que surge del Considerando IV. b) de los presentes.

II. Se la confirme en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Se impongan las costas de esta instancia en un 80% al codemandado B. y su citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” y en un 20% al actor.

La Dra.Marta del Rosario Mattera adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- Se deja constancia que la Dra.Beatriz A.Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

///nos Aires, octubre de 2013.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Rechazando la demanda entablada contra C. O. V. y su citada en garantía “Orbis Compañía Argentina de Seguros SA”, con costas al actor en ambas instancias; y acogiendo parcialmente la demanda entablada contra R. H. B. y su citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada”, atribuyendo responsabilidad en un 20% al actor y en un 80% al codemandado B., con costas de ambas instancias en igual proporción.

I. b) Disponiendo la aplicación de intereses en la forma y alcance dispuestos en el Considerando V. c) de los presentes.

II. Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto en la medida y alcance que surge del Considerando IV. b) de los presentes.

II. Confirmar en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Imponer las costas de esta instancia en un 80% al codemandado B. y su citada en garantía “Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada” y en un 20% al actor.

Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.

Se deja constancia que la Dra.Beatriz A.Verón no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese por cedula por Secretaría y comuníquese a la Dirección Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

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