Intermediación inmobiliaria. Derecho a comisión. Corredor no matriculado. Improcedencia.

En la intermediación inmobiliaria no merece retribución de ninguna especie quien realizó la actividad de corredor no estando matriculado, no siendo lícito recurrir a disposiciones o contratos análogos cuando se configura un supuesto de corretaje en estas condiciones.
Heffner, Juan Carlos vs. Rossi, Liliana Guadalupe s. Demanda ordinaria /// Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala 1, Santa Fe, Santa Fe; 11-11-2013, RC J 630/14

inmobiliaria

Texto del Fallo:
En la ciudad de Santa Fe, a los 11 días del mes de Noviembre del año dos mil trece, se reunió en Acuerdo Ordinario la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, integrada por los Dres. Abraham L. Vargas, Edgardo I. Saux y Norah S. Echarte, para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el actor (v. fs. 142) contra la sentencia de fecha 4 de Noviembre de 2009 (v. fs. 138/141 vto.), dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados “HEFFNER, JUAN CARLOS C/ ROSSI, LILIANA GUADALUPE S/ DEMANDA ORDINARIA” (Expte. Sala I N° 243 – Año 2010), que fueran concedidos libremente y con efecto suspensivo a fs. 143. Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos -Vargas, Saux y Echarte- y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:
1era.: ¿Es nula la resolución recurrida?
2da.: ¿Es ella justa?
3era.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse ?
Determinado el orden de votación en cuya virtud éstos pasan a estudio, a la primer cuestión, el Dr. Vargas dijo:
Ab initio se advierte que, en el memorial de expresión de agravios, el recurrente no funda autónomamente el recurso de nulidad deducido. Por lo demás, no advirtiendo irregularidades procesales ni vicios en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, cuanto corresponde es desestimar el recurso de nulidad enunciado precedentemente
En consecuencia, así voto.
El Dr. Saux expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.
A la primer cuestión, la Dra. Echarte dijo:
Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.
A la segunda cuestión, el Dr. Vargas dijo:
I. Antecedentes:
Que por sentencia de fecha 04.11.2009, el Juez A quo decidió rechazar la demanda incoada, con costas a la actora vencida. Para así decidir expresó que “la parte actora promueve demanda ordinaria por cobro de la suma de u$s 25.900, con sustento en la autorización de venta que en copia luce a fs. 3. La accionada, por su parte, contesta extemporáneamente la demanda, ofrece pruebas y alega sobre el mérito de los elementos probatorios producidos por las partes. Que liminarmente debo señalar que sin perjuicio que la incontestación de la demanda -por su extemporaneidad- trae como consecuencia el reconocimiento de los hechos expuestos por el actor conforme las previsiones contenidas en el art. 143 CPCC, ello no releva al suscripto de resolver conforme a derecho de acuerdo a las probanzas aportadas por las partes y circunstancias del caso, ya que el efecto previsto en la norma puede ser revertido por el afectado ofreciendo y produciendo prueba en contrario, desvirtuando la consecuencia derivada de la falta de contestación. Así, si bien el reconocimiento de los hechos invocados en la demanda, el juzgador debe meritar al sentenciar conforme las circunstancias del caso, la autosuficiencia o no de dicho efecto, la existencia o no de derecho en el reclamo del actor… y que la incontestación de la demanda no implica automáticamente la recepción de las pretensiones del reclamante… Que siendo ello así, corresponde destacar que no obstante la negativa expuesta por la accionada en la audiencia de absolución de posiciones, entiendo que la autorización de venta de la fracción de terreno de referencia por el término de 90 días se encuentra debidamente acreditada conforme surge de la documental que obra reservada en Secretaría y que en copia luce a fs. 3/4. Que no obstante ello, dicha autorización de venta, que debe entenderse como un acuerdo de voluntades conforme arts. 1137 y 1197 CC, no contiene los apercibimientos que el actor unilateralmente incluye en la misiva cuya copia luce a fs. 14, en cuanto su no contestación se tendrá por conformidad tácita a la venta, y que en caso de no prestar conformidad a la misma se haría pasible de la indemnización correspondiente, extremos que el accionante hubiera debido incluir en la autorización a efectos de materializar su reclamo. Que asimismo, debe señalarse que no advierto que el actor haya aportado prueba idónea en cuanto a la real existencia del comprador, ya que ni siquiera existe en autos el testimonio de la presunta compradora… que demuestre la verdadera existencia del ofrecimiento de compra, no resultando suficientes -a criterio del suscripto- los testimonios rendidos en autos ni la certificación efectuada por la Ecna. Heffner por la que el actor devuelve a un terceros… la suma de u$s 46.000 entregada a cuenta de precio, y que fueran ofrecidos por el actor. Que además de ello, y para el caso que pudiera entenderse que el actor tiene derecho al cobro de la comisión no obstante no encontrarse matriculado como corredor, no debe soslayarse que dicha comisión -y el sobreprecio aludido en la autorización- sólo debe abonarse en el supuesto en que la venta se materialice, no habiendo acreditado el actor que la fracción de campo en cuestión haya sido posteriormente vendida por la accionada… el actor no podría reclamar el pago de la comisión pactada y del sobreprecio por la intermediación en la compraventa de inmueble si no acreditó que la venta se haya materializado, es decir, que el negocio se haya cumplido. No obstante ello, bien podría reconocerse el derecho del actor a percibir una retribución por la realización de actividades conducentes a la enajenación del bien y la interrupción del procedimiento por una conducta indebida de la accionada…, pero en el caso no se ha acreditado que efectivamente el ofrecimiento de compra hubiera existido, ya que como antes lo señalara, sólo existe la declaración unilateral del actor de dicha posibilidad de compra a través de la misiva que en copia luce a fs. 14; no se llegó a probar que finalmente, la accionada haya enajenado el bien inmueble objeto de la autorización efectuada, y no resultan suficientes a criterio del suscripto ni los testimonios rendidos a fs. 102/103 ni tampoco la certificación -de devolución del dinero presuntamente entregado a cuenta del precio- que obra reservada en Secretaría… Que sin perjuicio de todo lo expuesto, y habiendo el actor confesado en la audiencia respectiva que no se encontraba matriculado (fs. 114), no debe olvidarse que en fecha 04.06.2003, la totalidad de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Tribunal Plenario… resolvieron -como plenario obligatorio- que ‘en la intermediación inmobiliaria no merece retribución de ninguna especie quien realizó la actividad de corredor no estando matriculado…’ (CCC Sta. Fe, Tribunal Plenario, “Brega, Arturo Edelmiro c/ Capdevielle, Kay y Cía. de mandatos s/ Ordinario” -Expte. 125/1981-; 04.06.2003)…” (v. fs. 138/141 vto.).
II. Agravios:
1. Que contra dicha resolución, se alza la actora deduciendo recursos de apelación y nulidad (fs. 142), los que son concedidos libre y con efecto suspensivo (v. fs. 143).
2. Ello así y radicados los autos en esta sede, se le corre traslado a la apelante a fin que exprese agravios (v. fs. 193), levantando dicha carga procesal a fs. 195/197, manifestando que: “PRIMER AGRAVIO: Agravia a nuestra parte la contradicción del sentenciante, cuando por una parte afirma correctamente que el no conteste de la demanda genera ‘el reconocimiento de los hechos expuestos por el actor conforme las previsiones contenidas en el artículo 143 del CPCCSF’; mientras que por el otro, en forma opuesta, pone en cabeza de la actora la carga de la prueba, haciéndole soportar las consecuencias dañosas de su ausencia. En efecto, a fojas 140 el a quo dice que ‘no advierto que el actor haya aportado prueba idónea en cuanto a la real existencia del comprador… Nuestra parte no tenía que probar esos extremos porque la ley generaba la presunción de veracidad frente a la incontestación de la demanda. El sentenciante incurre así en un grave error porque quien debía probar en contrario era el demandado negligente a la hora del conteste de la demanda. Luego… no esbozó prueba alguna… Así, el fundamento del fallo recurrido empieza, con graves errores de criterios, porque tiene por no probado lo que no estuvo controvertido; y que en el mejor de los casos, era el demandado quien debía desvirtuar lo que tácitamente había aceptado. Esta apreciación perjudica a mi parte porque desde el inicio del fallo es considerada como ‘negligente’ al momento de la prueba, lo cual no es así. Al contrario, fue la demandada quien no contestó la demanda y quien no contestó las misivas enviadas… Aún sus supuestos contestes -no probados- siempre fueron extemporáneos. Sin embargo, tal como se puede observar, el sentenciante erróneamente pone la responsabilidad de la prueba igualmente en cabeza de nuestro mandante y considera que ‘no hubo comprador’. Nos perjudica que el a quo tenga por no sucedido lo que fue aceptado por el demandado y que no fue desvirtuado durante el proceso. Como consecuencia del erróneo criterio aludido el sentenciante, se coloca en una situación irreal y sigue conformando un fallo desajustado a lo realmente acontecido. SEGUNDO AGRAVIO: Agravia a nuestra parte que el sentenciante diga que para tener derecho a retribución ‘es necesario que el negocio se realice y por intermediación del corredor’; y que ‘como en el caso el negocio no se cerró no merece retribución por su labor’. Nos agravia y perjudica porque nuestro representado ejerciendo la autorización conferida gestionó y obtuvo el comprador dentro de las pautas que el vendedor le había establecido; y olvida que si la operación no se realizó, fue porque el vendedor se arrepintió de hecho e hizo caso omiso a los avisos de Heffner mediante las ya aludidas postales. Indudablemente que el vendedor luego de encomendar la tarea y provocarla como aconteció, se arrepintió y se negó a vender, beneficiándose seguramente; pero en todos los casos perjudicando la tarea real y eficaz de Heffner. Si el actor no percibió lo que habían convenido fue por la voluntad negativa del vendedor demandado porque aquél hizo todo lo que tenía que hacer… y sin embargo, al final, se encontró con una inexplicable e injusta negativa. Esa negativa, seguramente tuvo fundamentos en los intereses propios de la vendedora pero en todos los casos fue en perjuicio directo de quien había sido legal y voluntariamente instruido para ello. Así, resulta injusto que el a quo sostenga que el actor no tiene derecho a retribución porque ‘la venta no se realizó’ cuando claramente no se realizó justamente por la conveniencia y voluntad de quien debía firmarla y quien a la vez había facultado a Heffner para que la trabajara en su venta… Resulta injusto el razonamiento del juzgador porque perjudica a quien trabajó eficazmente y beneficia a quien contrató y luego por conveniencia personal se desdijo y frustró la labor correcta y diligentemente realizada. TERCER AGRAVIO: Agravia a nuestra parte que el a quo rechace una demanda con fundamentos en defensas del demandado que no existieron y que nunca estuvieron puestas dentro del marco del contradictorio. En efecto, dispone el rechazo de la demanda también por el hecho de que Heffner no está matriculado como corredor. Se trata de un hecho que no integró el marco del contradictorio. El demandado nunca efectuó esa afirmación de manera que permitiera a nuestra parte trabajar en defensa de ese extremo. La actividad defensiva de nuestro cliente se redujo al marco establecido en el proceso con los hechos alegados en la demanda y no negados por el actor conforme su incontestación. Nunca estuvo en tela de juicio el asunto de la matriculación. En la especie, conforme el marco llevado a jurisdicción, quedó claro que ambas partes, libre y voluntariamente convinieron lo que convinieron aún en contra de alguna norma de interés privado y aún en contra de sentencias y/o plenarios, lo cual pueden hacerlo en tanto y en cuanto no se quebrante el orden público y/o se concedan derechos personalizados… Así, nos agravia que el a quo rechace una demanda con fundamentos en defensas del demandado que no existieron y que nunca estuvieron puestas dentro del marco del contradictorio… Impugnamos el criterio del Juez porque ese extremo nunca fue introducido al juicio y mucho menos al momento de conferir la autorización de venta obrante a fojas 03… el sentenciante apela al aludido plenario y resuelve en contra de la justicia, apoyándose en un hecho que nunca estuvo en el marco de la discusión. Agravia y perjudica a nuestra parte que el sentenciante se apartó del marco del litigio, rechazando la demanda por no estar matriculado, y obviando todo lo que está probado… Ese era el marco del litigio y que había adquirido presunción de veracidad salvo prueba en contrario que no ocurrió. El demandado, a los fines de desvirtuar… ofreció prueba confesional y una testimonial. Respecto de los hechos introducidos en la demanda no ha logrado desvirtuar ninguno. Sí probó que el actor no estaba matriculado como corredor… Así, el a quo exime al demandado de las obligaciones que asumió libre y voluntariamente por un formalismo que ya existía al momento de la contratación y que fue ignorado voluntariamente por las partes. Si no hubiera sido así, el fallo sería más injusto, porque el a quo estaría amparando entonces a quien a sabiendas de un vicio se aprovechaba del mismo para eventualmente beneficiarse en perjuicio del otro, lo cual resulta repugnante al sentido de la justicia. En suma, entendemos que el fallo atacado rechaza injustificadamente la demanda y va en contra de la libre voluntad de las partes e introduciendo una cuestión (falta de matrícula) que no integraba el marco del contradictorio y que se presume aceptado por las partes al momento de la contratación…”.
III. Contestación de agravios:
Corrido traslado para contestar agravios, la demandada lo hace a fs. 200/202, quedando los presentes en estado de resolver.
IV. Análisis:
Que, ello así, anticipo que propiciaré la desestimación del recurso de apelación bajo análisis. A tales fines, fundamento:
1. Que, en primer lugar y respecto del agravio formulado por el actor en torno a la supuesta autocontradicción en que habría incurrido el a quo (por cuanto por un lado, remite a los apercibimientos contenidos en el art. 143 del digesto de rito y, por el otro, empece dicha presunción de veracidad de los hechos afirmados y no contestados, endilga al actor no haber levantado la carga probatoria que le incumbía en torno a, por ejemplo, “la real existencia del comprador”) he de señalar que el aludido vicio lógico no se encuentra de ninguna manera configurado en el razonamiento del magistrado de la anterior instancia.
En efecto, va de suyo que el aludido apercibimiento (y consecuente presunción de veracidad “iuris tantum”) alcanza únicamente a los hechos afirmados por el actor en los cuales tuvo directa intervención o participación el demandado (o sea, los “propios”, que son los únicos que pueden ser “confesados” fictamente por el accionado). Por tanto, bien dijo el a quo que el alcance de la incontestación de la demanda no abarca (o exime) la carga subjetiva que pesa en cabeza del actor en relación a probar concluyentemente “la real existencia del comprador” (sujeto este último que, aunque parezca de Perogrullo mencionarlo, sería un “tercero” en relación a las partes del litigio y, desde allí, es que no podía el demandado confesar fictamente sobre hechos relativos a un “tercero” -el supuesto comprador-)-.
Por lo demás, tiene dicho esta Sala, reiterada y pacíficamente, que, si bien la incontestación de la demanda habilita a viabilizar la pretensión contenida en el escrito introductivo de la instancia ” su aplicación no es absoluta, directa ni indefectible, ya que los jueces están obligados a pronunciarse atendiendo a los elementos de juicio que se hallan regularmente incorporados al expediente, y si de ellos, aunque la demanda esté incontestada, surgen otras convicciones, puede la sentencia apartarse de ella y se debe resolver según el mérito que de todo ese contexto se derive” (v. esta Sala, fallo del 10.10.2001 en autos “HSBV Banco Roberts S. A. c/ Nocedal, Alcides s/ Ordinario”, Fallos T° 49, F° 115; ídem; 21.10.2010, “Berga, Norberto Aníbal c/ Balestiere, Salvador s/ Ordinario”, Fallos T° 8, F° 497; idem, 10.02.2012, “Guerra, Jorge c/ Ayala de Vidal, Mirta s/ Ordinario”; Fallos T. 10, F° 425; idem, 15.05.2013, “Consorcio de Copropietarios del Complejo Barrio Las Flores II Torre VIII c/ Vergara, Noemí Guadalupe s/ Ordinario”, F° 459, Protocolo Unico de Sentencias, T. 13; entre otros).
En el mismo sentido y en otro pronunciamiento, se dijo que “por lo demás la rebeldía del demandado no exime a la parte actora de la obligación de acreditar los presupuestos de su afirmación (v. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, 3/11/04, “Ietto, Sandra Verónica c/ Levpuscek, Roberto Francisco y otro s/ Despido, salarios e indemnizaciones”, publicado en SAIJ N° Q0016015), por cuanto como lo ha interpretado mayoritariamente la doctrina autoral y judicial, y ha sido criterio sostenido por esta Sala, la presunción que dimana de la incontestación de la demanda -incluso precedida de la rebeldía- no es absoluta y no conlleva, ante la sola ausencia de actividad probatoria de la demanda, la indefectible consecuencia de la admisión de la demanda por parte del tribunal. ‘Si el actor no justifica prima facie los extremos de su pretensión, o los hechos alegados no resultan congruentes con las consecuencias jurídicas pretendidas, la demanda podrá ser desestimada aun cuando medie rebeldía del demandado’ (Cám.Nac.Civ. Sala D, L. L. 148-672; De Santo “El proceso civil”, Editorial Universidad, Bs. As., 1982, Tomo I, pág. 289). Como expresa Hugo Alsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, Bs. As., 1961, 2da. Edición, Tomo III, pág. 198) “… la falta de contestación de la demanda… no basta por si sola para el progreso de la acción si no se aportan al juicio elementos de convicción que la confirmen”; toda vez que en lo referente a los hechos enunciados en la demanda incontestada, “… no existe un imperativo que obligue al juez a tenerlos por reconocidos, sino que aquellos supuestos tiene un valor relativo que debe apreciarse a través de los demás elementos de juicio existentes en autos” (Carlos Ghersi, “La demanda civil”, Ed. Aretua, La Plata, 1983 pág. 258)” (v. esta sala, 26.11.1999 “Okseniuk Daniel c/ Asueta Rene y otro s/ Demanda Ordinaria”, F. 19 T. 48 F; ídem, 21.10.2010, “Berga, Norberto Aníbal c/ Balestriere, Salvador s/ Juicio Ordinario”, F. 497, Protocolo Unico de Sentencias, T. 8).
2. En otro orden, también desbarra el agravio esgrimido por el ocurrente que se relaciona con las consideraciones (adelanto, atinadas) que el sentenciante de la primera instancia formuló respecto de la regla jurídica que ordena no reconocer derecho a retribución alguna por su intermediación en una operación inmobiliaria (frustrada o no) a quienes no acrediten tener título y matrícula habilitante como “corredor inmobiliario”.
Al respecto, en insólita afirmación, pretende el recurrente que la regla aludida no debe ser aplicada por el pretorio en tanto no formó parte del “contradictorio”. Según sus términos “se trata de un hecho que no integró el marco del contradictorio. El demandado nunca efectuó esa afirmación de manera que permitiera a nuestra parte trabajar en defensa de ese extremo. La actividad defensiva de nuestro cliente se redujo al marco establecido en el proceso con los hechos alegados en la demanda y no negados… Nunca estuvo en tela de juicio el asunto de la matrícula”.
Como se ve, la fundamentación del apelante padece de un defecto esencial contenido en la inválida premisa sobre la que esboza todo su razonamiento, esto es, la confusión entre “hechos” objeto de la litis y “reglas jurídicas” que el magistrado actuante debe aplicar en virtud de su “iura novit curiae”.
Delimitado lo expuesto, conviene recordar que, como bien se expresa en la sentencia en crisis, en la Provincia de Santa Fe rige la doctrina obligatoria sentada por el Tribunal Plenario de las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial del 04.06.2003, dictada en el marco de la causa “Brega, Arturo Edelmiro c/ Capdevielle, Kay y Cía. de Mandatos s/ Ordinario”, en la cual se estableció que “en la intermediación inmobiliaria no merece retribución de ninguna especie quien realizó la actividad de corredor no estando matriculado y que cuando se configura un supuesto de corretaje en esas condiciones, no es lícito recurrir a disposiciones o contratos análogos.”.
Tal plenario resulta obligatorio en tanto no sea modificado (conf. Falistocco, Martín y Trovato, en “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Doctrina y Jurisprudencia”, Tomo 1; Nova Tesis Editorial Jurídica; Rosario; 2002, pág. 222), y como se sabe, las decisiones que se aparten de él padecen de nulidad (v. art. 29 Ley 10160).
3. Finalmente, y a mayor abundamiento, he de señalar que el restante agravio que formuló (relativo a que el a quo consideró que, aún cuando pudiera asistir algún derecho al actor a retribución -vía locación de servicios- por la actividad de intermediación desarrollada, en el caso ello sólo operaría si la compraventa se hubiera efectivamente realizado, lo que tampoco acaeció en el supuesto de hecho que nos convoca) tampoco merece acogida, no solo porque no formula una crítica razonada, concreta y sustentable respecto a la valoración de la prueba que aplicando las reglas de la sana crítica efectuó el iudex, sino porque, además, ya vimos que -igualmente- “la falta de inscripción en la matrícula de corredores le priva de toda posibilidad de pretender cobrar comisión de ninguna especie (art. 89 in fine, Cód. De Comercio) y, como tal disposición reviste carácter de orden público que tiende a proteger no sólo la actividad profesional de quienes han sido cumplidores con las prescripciones legales, sino a otorgar mayor seguridad y eficacia a los negocios pasados por ante ellos, habida cuenta la exigencia que para su funcionamiento contiene la legislación mercantil, resultan carentes de eficacia los acuerdos que pudieran celebrarse entre los contratantes reconociendo comisiones por el ejercicio clandestino de la profesión de corredor por cuanto admitirlos como causa-cuente de la pretensión llevaría a aceptar una solución contraria a la ley y que culminaría con la derogación del citado art. 89, siendo además de destacar que no son los jueces los encargados de velar por los intereses de quienes ejercen sus actividades al margen de la ley, sino éstos, cumpliendo con las formalidades que la misma ley exige (en “Garassino c/ Tuninetti”, 15/12/77, publicado en Zeus, 1978, tomo 14, pág. J-78)” (v. esta Sala, fallo del 15.05.2001 en autos “Socin, Luis Ricardo c/ Muchielli, Martin s/ Ordinario”, F. 262, T° 47 de Fallos) .
Criterio coherente con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo del 17.03.1987 en el marco de la causa “Caracciolo, Ernesto y otro c/ Provincia de San Luis s/ Cobro de Comisión”, en el que se estableció que la falta de matriculación del corredor lo inhibe para percibir honorarios, aún mediando pacto expreso (v. ED, 25.03.1991), así como por la Corte Suprema de Justicia de nuestra Provincia, en fallo del 23.08.2000 en autos “Aymerich, Aníbal c/ Muchielli, Martín s/ Ordinario -Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad”.
Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas, propicio desestimar, con expresa imposición de costas por lo actuado en esta instancia (art. 251 CPC y C), el recurso de apelación deducido por el actor.
El Dr. Saux expresó, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.
A la segunda cuestión, la Dra. Echarte dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.
A la tercer cuestión, los Dres. Vargas y Saux manifestaron sucesivamente que, de acuerdo a los considerandos precedentes, cuanto corresponde es desestimar, con expresa imposición de costas por lo actuado en esta instancia (art. art. 251 CPC y C), el recurso de apelación deducido por el actor.
A la tercer cuestión, la Dra. Echarte dijo:
Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.
Por los fundamentos del acuerdo precedente, la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) Desestimar, con expresa imposición de costas por lo actuado en esta instancia (art. art. 251 CPC y C), el recurso de apelación deducido por el actor. 2) Los honorarios de Alzada se liquidarán en la proporción establecida en el artículo 19 de la Ley 6767, modificada por la Ley 12851, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense.
Concluido el acuerdo, firmaron los Señores Jueces de Cámara por ante mí, que certifico.
Insértese, hágase saber, bajen.
VARGAS – SAUX – ECHARTE (En abstención).

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