CSJN. Pensiones. Denegación. Derechohabiente incapacitada. Hija no vidente. Sentencia arbitraria.

Se revoca la sentencia que denegó la petición de pensión formulada por la actora ante el deceso de su progenitora, sin valorar adecuadamente las particulares circunstancias de la peticionante (entre otras: ceguera, certificado de discapacidad, estado de vulnerabilidad por fallecimiento de ambos padres, escasa remuneración que percibe), que encuadran dentro de las humanas previsiones de amparo contenidas en el inc. e, art. 53, Ley 24241, y la naturaleza alimentaria del beneficio.

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Pérez Tordera, Graciela vs. Administración Nacional de la Seguridad Social /// Corte Suprema de Justicia de la Nación, 06-03-2014;

Texto del Fallo:
Suprema Corte:
– I –
Los magistrados integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, resolvieron revocar la sentencia de la anterior instancia y así, rechazaron la demanda incoada por la actora tendiente a obtener el beneficio de pensión ante el deceso de su progenitora (v. fs. 14/5 del cuaderno principal al que me referiré salvo aclaración en contrario).
Para así decidir concluyeron que, si bien no era un hecho controvertido que la actora sea una persona no vidente, surgía de las constancias de la causa que, por un lado, realizó trabajos remunerados los cuales le proporcionaron al menos un ingreso mínimo para solventar sus necesidades, y por ende no encuadraría en la excepción contemplada en el art. 53 inc. e) de la Ley 24241; y de otro, que al haber contraído matrimonio, y divorciarse previo al fallecimiento de su madre sin hacer la pertinente reserva de los alimentos que le correspondieran, interpretaron que dicha renuncia resultaba contradictoria a la pretensión de quién reclama un beneficio de naturaleza alimentaria. A ello agregaron que en autos no se encontraba probado que su progenitora solventaba los gastos de su manutención.
Contra tal pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario, el que denegado dio lugar a la presente queja (v. fs. 17/20, 21, 23/5).
– II –
La recurrente entiende que el fallo en crisis es arbitrario porque omite considerar prueba conducente para la solución del caso, a la vez que se violan los derechos a la protección de la familia y a la propiedad consagrados en los artículos 14 bis Y 17 de la Constitución Nacional.
En síntesis, se agravia con respecto a la valoración que la alzada realiza sobre la incapacidad física que padece. Afirma que ante el accidente automovilístico que sufrió cuando tenía 20 años que le produjera ceguera y sordera, su padre la incentivó para que realice alguna actividad a los efectos de no caer en un estado depresivo, por tales motivos, decidió perfeccionarse como masajista, y así ocasionalmente prestar sus servicios a personas allegadas a su vínculo privado.
En relación al hecho de haber contraído matrimonio y luego divorciarse, se agravia también pues, atento a la apreciación que los magistrados efectúan, no repararon en lo manifestado en su escrito de demanda. La omisión de realizar una reserva sobre los alimentos a los cuales tiene derecho, se debió a un incorrecto asesoramiento de su letrada, quien mantenía una relación de amistad con su ex marido, y al ser ella una persona no vidente y desconocer el derecho, confió en su patrocinio que nada dijo sobre tal reserva. Asimismo, indica que dado a los escasos ingresos de su ex marido, nunca dejo de tener manutención económica por sus padres, hasta el hecho de convivir antes, durante y después de divorciada en la morada de éstos, conforme surge de la prueba documental y testimonial agregada.
Finalmente respecto a su derecho de pensión, aduce que su incapacidad ya se manifestaba al momento de producirse el fallecimiento de su padre -03/06/1992- y siendo su madre la que pasó a percibir la pensión, ocurrido el deceso de ella, es que se presentó a solicitar se le conceda tal beneficio -es decir, el de su padre, y en su defecto el de su madre- dado que en la actualidad vive de la caridad.
– III –
Cabe precisar aquí que V.E. tiene reiteradamente dicho que aun cuando los agravios de la recurrente se vinculen con cuestiones de hecho y prueba, ajenas como regla y por su naturaleza a la vía de excepción intentada, ello no resulta óbice para habilitar la instancia federal, cuando lo decidido prescinde de prueba conducente y desatiende los fines tuitivos de la legislación previsional, con grave menoscabo de las garantías constitucionales (Fallos: 317:70, 946, entre muchos). Considero que ello es lo que acontece en el sub lite, toda vez que la sentencia de la alzada no constituye una derivación razonada del derecho vigente en tanto omitió considerar prueba eventualmente conducente para la dilucidación del caso.
En efecto, el art. 53 inciso e) de la Ley 24241, en consonancia con los artículos 38 inc. 10, ap. c) e inc. 20 y 39 de la Ley 18037 -texto ordenado por Res. de la Secretaría de la Seguridad Social n° 522- que regía al momento de fallecer el padre de la recurrente, hace mención al requisito de que el derecho habiente se encuentre incapacitado para el trabajo. En tal contexto y conforme surge del dictamen de la Comisión Médica 10-C, se indica que la disminución de la actora en su capacidad laborativa es del 100 % y prexistente al 03/06/1992 fecha en que falleció su progenitor (v. fs. 25/6 del agregado 024-27-12889450-6-742-1 y fs. 13 del agregado misma numeración terminación 003-1).
En el caso, la sentencia recurrida consideró relevante para negarle a la actora el beneficio, la circunstancia que había desarrollado una tarea como masajista que le permitió obtener ocasionalmente algunos escasos ingresos. Ésta situación se corrobora con su inscripción como monotributista por un breve lapso y que la baja se produjo hace larga data (conforme surge de las declaraciones testificales de fs. 18 y 19; y fs. 32/3 respectivamente del agregado 024-27-12889450-6-003-1). Sin embargo, estimo que el desempeño de esa actividad ocasional no es óbice para impedirle acceder al beneficio de carácter alimentario que aquí se solicita.
Sobre el particular, tiene dicho V.E. que si el peticionante se encuentra afectado de ceguera a extremos de que su imposibilidad física para el trabajo, juzgada con criterio razonable, es definitiva; y si a ello se añade la escasa remuneración que percibe, bien se observa que su caso -demostrativo por igual, así, de un noble empeño por obtener su propio sustento y de la escasa posibilidad económica que ese empeño traduce- encuadra dentro de las humanas previsiones de amparo contenidas en la ley (Fallos: 242:172). A ello cabe agregar, el certificado de discapacidad que luce a fojas 16 del agregado 024-27-12889450-6-003-1, en el cual se consigna la imposibilidad para realizar tareas laborales competitivas dada la minusvalía que la actora padece.
Por otra parte, si bien el tribunal destacó como relevante la ausencia de reserva de alimentos por parte de la accionante en ocasión de su divorcio, no valoró los planteos presentados oportunamente relativos a que se encontraba separada de hecho con anterioridad al fallecimiento de ambos padres, la alegada deficiencia en el asesoramiento letrado al momento del divorcio, ni el estado de vulnerabilidad en la que se encuentra sin la asistencia de sus padres. Estos aspectos, merecían una especial consideración dadas las particulares circunstancias de la actora y la naturaleza alimentaria del beneficio en estudio.
– IV –
Por lo expuesto, y en atención a la doctrina sentada por V.E. respecto a que los jueces deben actuar con suma cautela cuando la litis trata sobre beneficios de naturaleza alimentaria (v. Fallos: 315:376, 2598; 319:2351, entre otros), opino que corresponde hacer lugar la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia y disponer que por medio de quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho y a lo apuntado en el acápite III del presente dictamen.
M. ALEJANDRA CORDONE ROSELLO.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Pérez Tordera, Graciela c/ Administración Nacional de la Seguridad Social”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
Que los agravios de la apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que el Tribunal comparte y hace suyos por razón de brevedad.
Que atento a la índole de la prestación requerida en la demanda y en razón de que el trámite en esta causa resulta por demás dilatado, el Tribunal estima que en mérito a la ponderación de la prueba efectuada en el referido dictamen, corresponde acoger la pretensión de fondo y hacer lugar a la demanda en los términos solicitados.
Por ello, el Tribunal resuelve: declarar procedente la queja, admisible el recurso extraordinario y, en los términos del art. 16, segunda parte, de la Ley 48, revocar la sentencia apelada, ordenando a la ANSeS que otorgue el beneficio de pensión solicitado. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI – E. RAUL ZAFFARONI – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS S. FAYT – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO.

DISIDENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese.
ELENA I. HiGHTON de NOLASCO – CARMEN M. ARGIBAY.

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