No cesa la obligación del padre frente a las tareas remuneradas que realice la madre, aumentándose la cuota atento la edad de la alimentada.

La obligación del padre no cesa por la circunstancia de que la madre realice tareas remuneradas, puesto que el caudal económico materno no es liberatorio o aminorante del deber paterno, sino sólo un beneficio para los niños, debiendo aumentarse la cuota alimentaria atento la edad adolescente de la alimentada.

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C. A. M. d. l. M. c/ M. O. E. s/ aumento de cuota alimentaria

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón – Sala/Juzgado: I

4 de abril de 2013

Sumario:

1.-Corresponde aumentar la cuota alimentaria habiendo variado las necesidades de los alimentistas, pues no puede soslayarse la obligación de alimentos con la argumentación de una difícil situación económica derivada del desempleo del padre y del nacimiento de una hija con capacidades diferentes, fruto de una nueva unión, pues tal argumentación no se condice con la responsabilidad que implica el rol paterno respecto de los hijos, que no tienen otra posibilidad de sobrevivir que aquella que pueden brindarle sus progenitores; en especial durante su adolescencia, cuando se intensifican las erogaciones tendientes a su formación psicofísica y social.

2.-Para la fijación de una cuota que atienda las necesidades del alimentario, no obsta la falta de demostración concreta de los recursos del alimentante, por lo que cabe admitirse la prueba indiciaria, resultante de la condición social y económica de las partes, modalidades de vida e idoneidad demostrada por el marido a través de sus actividades para el logro de los recursos necesarios a tal fin.

3.-Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la obligación del padre no cesa por la circunstancia de que la madre realice tareas remuneradas, puesto que el caudal económico materno no es liberatorio o aminorante del deber paterno, sino sólo un beneficio para los niños; ello, pues si bien ambos padres son responsables en la mantención de la descendencia, conforme a su condición y fortuna, incide en mayor grado sobre el padre la aportación dineraria, dado que sobre la madre -como ocurre en autos- recaen todas las responsabilidades inmediatas del ejercicio de la tenencia.

4.-Los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia de los hijos menores, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables.

Texto del Fallo:

En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril de dos mil trece, reunidos en la Sala I del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores José Eduardo Russo y Liliana Graciela Ludueña, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “C., A. M. d. l. M. c/ M., O. E. s/ Aumento de Cuota Alimentaria”, y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden: Dres.LUDUEÑA-RUSSO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.: ¿Es justa la resolución de fs. 145/147?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN: la Señora Juez doctora Ludueña, dijo:

I.- Contra la resolución de fs. 145/147, interpone recurso de apelación el accionado, el que concedido en relación, es sustentado a fs. 158/161, replicado a fs. 163/165. Habiéndose expedido la Sra. Asesora de Incapaces a fs. 328.

La Sra. Magistrada de Grado admitió el presente incidente, fijando una nueva cuota mensual alimentaria a favor de Federico Agustín y Facundo Eduardo M., en la suma de $600 para cada uno de ellos, con costas al incidentado y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales.

II.- Contra tal pronunciamiento se alza el recurrente. Sostiene que la actora no ha acreditado fehacientemente su caudal económico a los fines de establecer el aumento de la cuota convenida, argumentando que la resolución resulta injusta, arbitraria e inadecuada. Alega que no se ha considerado que esa parte se encuentra desempleada, manifestando que fue su madre quien lo ayudó a solventar las cuotas convenidas y la deuda que las mismas generaron. Alega que la progenitora de los alimentados tiene un trabajo estable como docente, siendo sus ingresos suficientes para cubrir las necesidades de éstos.Sostiene que no se han demostrado variaciones de las necesidades de sus hijos, desde el acuerdo arribado, excepto las derivadas de su mayor edad. Manifiesta que la Sentenciante omitió merituar el aumento convencional de la cuota originariamente acordada, como así también la cancelación de la deuda en tal concepto. Alega la falta de consideración de la nueva unión matrimonial del recurrente y del nacimiento de una hija discapacitada. Se queja por la valoración de la prueba basada en indicios, argumentando que resulta desapropiado presumir una mayor capacidad económica a tenor de la cesión de derechos hereditarios que efectuara su madre a favor de su actual esposa. Finalmente manifiesta que la herencia recibida no cambió su fortuna, dado que posee deudas ocasionadas por los años de desempleo.

III.- Liminarmente corresponde señalar que ha quedado firme, por falta de ataque, la conclusión de la Sentenciante en torno a que las necesidades de los alimentistas se incrementaron desde la fijación de la cuota convenida, a raíz de: la mayor edad adquirida por éstos y el aumento del costo de vida derivado de los procesos inflacionarios padecidos por el país (art. 266, in fine, del C.P.C.C.).

En efecto, los agravios del apelante -tal como se reseñaron- se circunscriben a disentir con uno de los presupuestos de hecho tenido en cuenta por la a quo para admitir el incidente -las posibilidades económicas del alimentante-, mas no rebate el concerniente a las necesidades de los alimentistas, por el contrario, reconoce expresamente la procedencia de un aumento con fundamento en tal elemento (último párrafo de fs. 160 vta.).

IV.- El monto de la cuota alimentaria es un punto eminentemente circunstancial y variable, de modo que si las circunstancias fácticas que sirvieron de fundamento para fijarla hubieran cambiado, también debe modificarse la prestación, aumentando, disminuyendo o cesando la pensión según fuere el caso (arts. 641 y 647 Código Procesal, su doct.; esta Sala cs. 37.144 R.I. 65/99, 44.916 R.I.481/00 entre otras).

Así, sólo prosperará el pedido de aumento de la cuota ya fijada en sentencia o por convenio -como es el caso-, si ha habido, posteriormente, una variación en los presupuestos de hecho que se tuvieron en cuenta para establecerla; sea que se modificaron las posibilidades del alimentante o las necesidades del alimentista, es decir que, la modificación sólo procede si se han alterado los elementos fácticos analizados por el Juez o por las partes, al momento de fijarse la misma (BOSSERT, Gustavo A. “Régimen Jurídico de los Alimentos”. pág. 619; ARAZI, “El Juicio de alimentos en la ley y la jurisprudencia”, L.L., 1984-C-5267-S).

Conforme lo ya expuesto en el Considerando III, encontrándose fuera de discusión lo concerniente a las necesidades de los alimentistas, corresponde analizar las posibilidades económicas del incidentado, como así también las alegadas circunstancias impeditivas para afrontar la cuota fijada en la resolución recurrida.

Consagra el artículo 265 del Código Civil el deber-derecho de alimentos que emana de la patria potestad, y cuyo contenido delimita en el artículo 267 del mismo cuerpo normativo.

El deber de asistir a las necesidades del hijo menor de edad no nace del parentesco, sino del deber de crianza y educación que pesa sobre ambos padres, con independencia que uno de ellos ejerza la tenencia.

Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la obligación del padre no cesa por la circunstancia de que la madre realice tareas remuneradas, puesto que el caudal económico materno no es liberatorio o aminorante del deber paterno, sino sólo un beneficio para los niños. Ambos padres son responsables en la mantención de la descendencia, conforme a su condición y fortuna, pero incide en mayor grado sobre el padre la aportación dineraria, dado que sobre la madre -como ocurre en autos- recaen todas las responsabilidades inmediatas del ejercicio de la tenencia (vgr., atención, dedicación y cuidados domésticos; esta Sala cs. 40.488, R.I. 314/98; cs. 44.916, R.I.481/00; cs. 52.968 R.S. 22/06).

Aduno a ello, que los progenitores tienen el deber de proveer a la asistencia de los hijos menores, y para ello deben realizar todos los esfuerzos que resulten necesarios, realizando trabajos productivos, sin que puedan excusarse de cumplir con su obligación alimentaria invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes, cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables (BOSSERT, Gustavo A., ob. cit., pág. 223).

De modo tal, habiendo variado las necesidades de los alimentistas, no puede soslayarse la obligación de alimentos con la argumentación de una difícil situación económica derivada del alegado desempleo y del nacimiento de una hija con capacidades diferentes, fruto de una nueva unión. Tal argumentación no se condice con la responsabilidad que implica el rol paterno respecto de los hijos, que no tienen otra posibilidad de sobrevivir que aquella que pueden brindarle sus progenitores; en especial durante su adolescencia, cuando se intensifican las erogaciones tendientes a su formación psicofísica y social (esta Sala, voto del Dr. Russo en la cs. 19.152 R.S. 306/87 y sus citas, cs. 43.494 R.I. 24/00).

Si bien en el caso no se ha acreditado con precisión el caudal patrimonial del demandado, en forma reiterada lleva dicho este Tribunal que para la fijación de una cuota que atienda las necesidades del alimentario, no obsta la falta de demostración concreta de los recursos del alimentante, por lo que cabe admitirse la prueba indiciaria -contrariamente a lo sostenido por el recurrente-, resultante de la condición social y económica de las partes, modalidades de vida e idoneidad demostrada por el marido a través de sus actividades para el logro de los recursos necesarios a tal fin.Basta para ello que la prueba de tales recursos sólo sea aproximativa, debiendo tenerse especialmente en cuenta la que emana de presunciones fundadas en hechos reales y probados, que permitan arribar a una conclusión al respecto, quedando al libre arbitrio judicial encasillar en cálculos aritméticos la fijación de la cuota (cs. 19.234, R.I. 300/88 y fallos allí citados; cs. 52.968, R.S. 22/06).

En tal sentido, tengo por acreditado que con posterioridad al convenido homologado a fs. 226, de fecha 25/2/2005, el capital económico del incidentado se ha visto incrementado como consecuencia de los bienes trasmitidos mortis causa por el fallecimiento de su progenitor -26/07/2005-, habiéndoselo declarado heredero conjuntamente con su progenitora (cs. 64.944 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 3 de este Departamento Judicial).

En efecto, de la documentación de fs. 78, 81/87, 96/101 y 109 de los mencionados actuados, se acredita la titularidad de los bienes y la valuación fiscal -al año 2007/2008- de los tres inmuebles componentes del acervo hereditario, como así también, se acredita -con la documentación de fs. 29 acompañada por el propio incidentado- la venta del automóvil que integra la misma masa.

De modo tal, la comprobación a través de la prueba directa de la propiedad de bienes fructíferos, autoriza a presumir las posibilidades económicas del alimentante, como así también establecer el monto de la cuota alimentaria (BOSSERT, Gustavo A, ob. cit, pág. 462; COLOMBO, “Código Procesal Civil”, Tº II, p. 280).

Por otro lado, coincido con la Sentenciante en valorar la cesión de acciones y derechos hereditarios efectuada por la progenitora del incidentado a favor de su actual cónyuge -fs. 90/91 del exp. sucesorio-, dado que en la escritura pública en la que se instrumentó la transmisión, no se hace referencia al carácter de los fondos empleados, resultando inatendible la mera alegación que efectúa el recurrente de su carácter propio (arg. arts. 1272 y conc.del Código Civil).

Así, tal circunstancia, constituye un indicio de la capacidad económica del incidentado a tenor del carácter ganancial -en principio- de los fondos empleados para dicha adquisición onerosa, y de las posibilidades económicas que presenta el nuevo hogar constituido por el demandado y su actual cónyuge.

Por otro lado, si el demandado pretende que no se tengan en cuenta ciertos indicios, que permitirían presumir una solvencia mayor que la que tiene, tendrá a su cargo producir prueba en sentido contrario (BOSSERT, Gustavo A, “ob. cit”, pág. 465).

De modo tal, no puede tener andamiento posible la sola manifestación del incidentado de que “posee deudas”, dado que no ha arrimado ni un atisbo de prueba que acredite su existencia (art. 375 del C.P.C.C.).

En síntesis, sin perjuicio de la falta de comprobación de ingresos regulares o periódicos del alimentante y de la existencia de nuevas cargas familiares que éste ha asumido; encontrándose acreditado el capital que el demandado posee, las posibilidades económicas presumidas a través de los señalados indicios, teniendo en cuenta el exiguo monto que representa en la actualidad la cuota pactada por las partes en febrero de 2005 y los nuevos requerimientos de los alimentados, considero que la situación económica del obligado al pago de los alimentos permite solventar la cuota establecida por la Sentenciante, la que considero equitativa y ajustada a derecho frente a los mayores gastos que de ordinario demandan los hijos en la edad de los alimentados, lo que me lleva a proponer la confirmación de la cuota establecida en la sentencia en crisis y la desestimación de los agravios del recurrente.

V.- Como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 del C.P.C.C.), y los expuestos no logran hacer mella en el decisorio recurrido, propongo su confirmación, con costas de esta Alzada al apelante vencido (art. 69 C.P.C.C.) y difiriendo la regulación de honorarios (art.31 ley 8.904).-

Voto, en consecuencia, por la AFIRMATIVA.-

A la misma cuestión el Señor Juez doctor Russo, por iguales fundamentos votó también por laAFIRMATIVA.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: la Señora Juez doctora Ludueña, dijo:

Conforme se ha votado la cuestión anterior, propongo confirmar la resolución de fs. 145/147, con costas de Alzada al apelante vencido y difiriendo la regulación de honorarios.-

ASI LO VOTO.

El señor Juez doctor Russo por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

Morón, 4 de abril de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arrojan las votaciones que instruyen el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se confirma la resolución de fs. 145/147, con costas de Alzada al apelante vencido y difiriendo la regulación de honorarios.-

DRA. LILIANA GRACIELA LUDUEÑA

JUEZ

DR. JOSE EDUARDO RUSSO

JUEZ

ANTE MI: ESTEBAN SANTIAGO LIRUSSI

SECRETARIO

DE LA EXCMA. CAMARA DE APELACION

CIVIL Y COMERCIAL DE MORÓN

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