TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES – CAUSA BOMPAROLA: Se confirma el procesamiento de los imputados por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas.

Fines de comercialización. Intervención de personas. Agravante. Procesamiento. Prisión preventiva. Ley 23.737.

En cuanto al agravante regulado por el art. 11 inc. c de la Ley 23.737, debe recordarse que dicha norma no exige la acreditación de una estructura delictiva con permanencia y organicidad, sino que alcanza con la demostración de la reunión de individuos con una actuación coordinada, con división de roles y funciones, que respondan a un plan común. No requiere la presencia de tres o más personas que tomen parte en la ejecución de los hechos, sino que le es suficiente con que intervengan en los sucesos como coautores o a título de complicidad por auxilio o cooperación.

La Cámara señaló que dados los diferentes roles que pueden llegar a cumplir los involucrados en casos como el que nos ocupa, a efectos de responsabilizarlos por sus respectivas participaciones no es indispensable que se los individualice ejecutando personalmente un acto de comercio o incluso con droga en su poder pues ellos pueden ejercer diversas actividades, todas ellas fundamentales para la concreción de las operaciones.

CNac.A.Crim.Correc.Fed., Sala II, 28-02-2014, Bomparola, Rodolfo A. y otros s/ procesamiento y prisión preventiva

Fallo Completo:
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014.
Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

1. Las defensas han apelado el dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva de Rodolfo Andrés Bomparola; Claudio Patricio Garrido Pineda, Gastón Leandro Mercau, Ricardo Valentín García, Leandro Javier Orueta, Ruth Aydée Soria y Pedro Ernesto Flores; y el procesamiento sin prisión preventiva de Zahina Felixa Rojas Evangelista, Yésica Abigail Oyarzabal, Silvana Paula Donati y Osvaldo Andrés Drata decretado por la infracción al artículo 5to. inciso c), agravado por el artículo 11 inciso c), de la Ley 23.737. También se cuestionó el monto de los embargos decretados con relación a Bomparola, Garrido Pineda, Orueta, Soria, Flores y Drata (fs. 2207/13, 2214/8, 2219/21, 2222/4, 2244/8 2258/77, 2278/81, 2386/8y 2394/2402 de los autos principales).
También a fs. 184vta. del incidente de apelación se tuvo por adherido a la vía recursiva al defensor de Mario Rodolfo Arróspide, en relación a su procesamiento sin prisión preventiva por ese mismo delito.
Debe aclararse que, con posterioridad al dictado de esa resolución, la Sala de Feria de este Tribunal concedió la excarcelación de Leandro Javier Orueta, bajo caución juratoria y las restricciones previstas por el artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, razón por la cual la impugnación del dictado de su prisión preventiva ha devenido actualmente abstracta, por cuanto su situación se rige por la libertad bajo caución juratoria allí dispuesta, lo que así se habrá de decidir (ver registro 37.184 del 21/01/14).
2.a Distintos letrados han criticado el inicio de las actuaciones por la reserva de identidad del denunciante alegando que esa situación no permitió el debido control de las partes para asegurar el derecho de defensa.
En su respuesta debe recordarse que corresponde interpretar ampliamente la previsión expresa de la ley a efectos de procurar una investigación eficaz, dadas las características de estos delitos y los compromisos asumidos por el Estado Argentino. Y que son esos fundamentos los que inspiraron al legislador a disponer el anonimato del denunciante y a facultar al juez a reservar la identidad de los testigos, cuando advierta un peligro para su vida o integridad física, pues en esos supuestos se limita la facultad de confrontar y presenciar sus declaraciones en atención a los demás intereses en juego (ver de esta Sala, causa n° 29.954 “Estrada González”, reg. n° 32.436 del 30/12/10 y de la Sala I, causa n° 42.315 “Sorella”, reg. n° 273 del 7/4/10).
Por ende, la aplicación al caso de dichas medidas constituye una limitación legal y razonable de los derechos invocados, que además no es definitiva ni irreparable, teniendo en cuenta la etapa meramente preparatoria que se transita y que los datos obtenidos a través de aquellos testimonios o anoticiamientos no deben ser evaluados en forma autónoma sino en función de su concordancia o no con los restantes elementos de la causa (conf. de esta Sala, causa n° 25.681 “Enríquez Alarcón”, reg. n° 27403 del 28/9/07). Máxime cuando en el caso, ya a esta altura el magistrado ha dispuesto dejar sin efecto esa medida (cfr. punto X. de los “considerandos” del auto recurrido).
Además, debe tenerse presente que otra vía distinta de investigación condujo -por la presunta venta de estupefacientes- a la calle …, 4° piso, departamento “B” de esta ciudad, desarrollada a partir de la denuncia telefónica tramitada originariamente ante el Juzgado Federal n° 3, hoy acollarada a estas actuaciones (fs. 104/228). Dichos obrados tuvieron su inicio el 12 de abril de 2013 (cfr. fs. 104), siendo remitidos por auto del 19 de junio del mismo año (v. fs. 227/9) a conocimiento del Juzgado n° 5 del Fuero por guardar conexidad con los hechos denunciados en los autos principales, iniciados el 21 de febrero de 2013.
Por estos motivos, frente al criterio restrictivo que impera en la materia, las quejas desarrolladas no habrán de tener acogida en esta instancia preparatoria teniendo en cuenta, además, que en ambos casos en forma inmediata el Fiscal formuló el pertinente requerimiento de instrucción –ver fs. 8/9, 13 y 116- (CSJN; Fallos 182:398; 190:142; 200:180; 247:387; 249:51; 307:531 y esta Sala causa n° 31.796 “Moix, Norberto D. s/ procesamiento” reg. n° 34.680 del 26/6/2012, entre otras).
2.b Asimismo, el defensor de Ricardo Valentín García ha planteado la nulidad de la orden que dispuso las escuchas telefónicas de fs. 388 de los autos principales y de lo actuado en su consecuencia, en tanto -afirma- se sustenta exclusivamente en el informe realizado por la prevención policial.
Efectivamente, las tareas de investigación ordenadas por los titulares de los Juzgados 3 y 5 del fuero concluyeron en la posible venta de estupefacientes en el domicilio anteriormente expresado. De ello se da cuenta a fs. 10, 63, 72, 181, 197/8 y 215/7, informe este último que determina finalmente las órdenes de intercepción de las comunicaciones de fs. 219/221 y las subsiguientes de fs. 251, 259/261, 263, amén de haberse continuado con las vistas y seguimientos (fs. 247/9, 281/366). Es el análisis de todas estas medidas y de la trascripción de las escuchas ya dispuestas, lo que da fundamento a la inclusión del control de las comunicaciones del número telefónico 11-5-050-1468 ante la existencia de probabilidad suficiente de que su titular abasteciera de estupefacientes al entonces investigado Héctor Alejandro Chávez, a su vez, proveedor de Rodolfo Bomparola.
En suma, la orden de intervención del teléfono aludido fue una consecuencia directa de las labores practicadas por los auxiliares del proceso en el marco de la encuesta expresamente encomendada, válidamente acompañadas a la pesquisa, bajo la dirección y control del magistrado interviniente, por lo que la nulidad argüida tampoco habrá de ser receptada.
2.c. Como consecuencia de ello, se debe rechazar también el planteo formulado por el Dr. Stefanolo en la audiencia ante la Alzada en punto a que se debe excluir en esta etapa la valoración probatoria de esas pruebas que resultan cuestionadas y cuya validez se determinará en el debate.
3. En cuanto al mérito de la instrucción, cabe señalar que la relación entre los imputados fue reseñada en el informe de fs. 994/6. Como consecuencia de esa evaluación de las pruebas producidas, se llevaron a cabo los allanamientos de las moradas, la identificación y detención de la mayor parte de los ahora procesados (fs. 998/9). También se concluyó con el secuestro del estupefaciente, dinero, sustancias de corte y balanzas -entre otros elementos de interés para la investigación- que avalaron la hipótesis delictiva investigada así como el grado de participación atribuida (ver fs. 1152, 1207/9, 1223/4, 1238/9, 1254/62, 1276, 1288/9, 1299/1301, 1312/3, 1323/4, 1341/2, 1367/70, 1396/9 y 1459/2).
3.a. Como ya se dijo, uno de los cauces que dio inicio a la investigación, se centraba en la posible venta de droga por parte de Rodolfo Bomparola. De su desarrollo, surgió clara la intervención del nombrado en la comercialización de estupefacientes a partir de la trascripción de sus conversaciones telefónicas (en particular pueden citarse, entre muchas otras, las n° 2 del 18/8/13; n° 5 del 4/9/13; n° 5 del 5/9/13 de su teléfono fijo y de su celular).
En principio, se logró determinar que en su domicilio de la calle…, 4to. B, de esta ciudad, Bomparola vendía sustancia estupefaciente. Efectivamente, los informes del personal preventor de fs. 63, 72, 197/8, 219/221, 249, 285 y 579 que daban cuenta de ello, se vieron corroboradas con el resultado del allanamiento practicado en su morada en el que se secuestraron dos bolsas con una cantidad cercana a 1,2 kg de marihuana; picadura de esa sustancia con un peso de 42,95 grs. y 3,94 grs.; dos coladores; una balanza digital; tres envoltorios con bolsas herméticas; 16,47 grs. de cocaína en piedra y 0,7 grs. de igual material compactado y tres pastillas de éxtasis (fs. 1345/6).
Son particularmente ilustrativas de tal actividad, además, las conversaciones que Bomparola sostuvo a través de sus líneas telefónicas; basta citar a modo de ejemplo: la comunicación n° 2 del 18/8/13 en la que “Laura” le requiere una bolsita o que le convide algunas líneas y el otro la interrumpe para cortar la charla; la n° 3 del 14/9/13 en la que recrimina a su interlocutora por haberle dicho que quería pasar a comprar algo y le corta; la n° 8 del 2/8/13 en la que expresa que quiere laburar e interroga a su interlocutor si tiene para darle (de las transcripciones de los abonados 4-773-4427 y 11-5-765-5400).
3.b. Surge también de la causa que entre otras personas, eran sus clientas Zahína Rojas y Abigail Oyarzabal. Pero ellas -a su vez- comercializaban parte del estupefaciente entre sus conocidos y otro tanto lo destinaron a su consumo. También efectuaban sus compras a una persona que la instrucción sólo logró identificar por su nombre, “Osvaldo”.
Los informes y testimonios de la prevención de fs. 217, 247 vta., 248, 249 y 283 describen maniobras compatibles con la venta de drogas respecto de ambas mujeres. Así también dan cuenta de ello las transcripciones de fs. 31 del abonado 11-5-443-2694, comunicación 26 del 5/9/13 en la que Zahína dice que se tomó un cristalizado, hablan de la deuda que tendrían con un tal “Diego” y que a “Osvaldo” le pediría que le regale cada tanto si le están consiguiendo y ayudando a vender bien; en la comunicación 3 del 21/9/13 en la que arregla con “Belén” el precio de $600 por cristal sólo porque se trata de ella; la nro.8 del 24/11/13 en la que fija el precio de $600 por un gramo y combina su entrega; la n° 47 del 5/10/13 en la que no quiere que “Osvaldo” le traiga para sí, aunque acepta que le deje por si se lo vende para él.
4. Por otro lado, se ha acreditado que Bomparola adquirió los narcóticos de Alejandro Chávez (quien se suicidó cuando se intentaba allanar su domicilio) y de Patricio Garrido Pineda, en lo que “a priori” aparecen como dos líneas de abastecimiento.
4.1. En relación a ello, deben considerarse las comunicaciones entre Bomparola y Chávez aludidas en el decisorio impugnado, sumado a las constancias del allanamiento del departamento de Chávez que dan cuenta que se halló cocaína acondicionada en forma de ladrillo con un peso de 1048 grs., bolsas con 0.69 grs. y 1,15 grs. y una balanza digital con restos de una sustancia; y como material de corte, dipirona en pastillas y bicarbonato de sodio (fs. 1207/9).
A su vez, se encuentra suficientemente acreditado que Chávez se habría valido de Leandro Orueta, a quien apodaba “Nery”, para alguno de los traslados en la modalidad de entrega de la droga, pero éste también la habría adquirido para su propio consumo o para la venta posterior (ver transcripciones de la línea 11-5-589-7326 de fs. 91 y 92 en que Orueta le pide 10 para “Fede” que quiere probar, y luego le dice que era fea y que se la habían devuelto; y la comunicación 33 del 9 de noviembre de 2013 de fs. 42 en la que pregunta si puede pasar, que no es para él, pero que va a poner un poco así de paso él también “luquea”).
Por su parte Silvana Donati surge, en un tiempo, facilitando su domicilio para las transacciones que llevaba adelante su novio de entonces -Chávez- amén de haber estado ella a cargo en alguna ocasión, tal como se desprende de la comunicación 7 del 17 de octubre de 2013 en la que expresa que no la llamó nadie y la de fs. 122 en la que le reclama por el estado en que le dejó la casa; en la que éste le dice que va a llegar a las 10 porque lo está esperando un pibe y que tiene otro teléfono para hablar con “Ricky”; finalmente, en la que expresa que vio a éste y tiene todo en la calle (comunicación 51 del 15 de octubre de 2013, 57 del día siguiente y 61 del 18 de ese mes).
Refuerza lo expresado las constancias del allanamiento de su domicilio que dan cuenta del secuestro de un cigarrillo de armado casero con 1,2 grs. de marihuana y otros dos similares a medio fumar, una bolsa de nylon con bicarbonato de sodio, material que puede ser utilizado para el corte de estupefaciente; así como veintiún mil pesos (fs. 1325/6).
4.2. El mencionado “Ricky”, Ricardo Valentín García, aparece como el proveedor de la droga que adquiría Chávez, de acuerdo con el informe de fs. 814/5 que describe el intercambio advertido.
Más aún, el secuestro de estupefaciente practicado en su domicilio reafirma esas sospechas en tanto se incautó sustancia vegetal compacta en dos trozos de 393,68 grs. y 97,29 grs.; una máquina de empaquetar al vacío, y una balanza electrónica (fs. 1289).
Refuerzan el cuadro probatorio los resultados de las escuchas, de las que se advierte la venta de la sustancia. Así se entiende de las transcripciones de la comunicación n° 15 del 21/9/13 del abonado 11-3-562-8014 en la que le requieren a “Ricky” la entrega de lo mismo de la otra vuelta; la n° 9 del 26/11/13 en la que regaña a un tal “Pulpo” cuando le pregunta si trajo “eso”, porque no quiere que le hable de ello a través del teléfono.
5. La otra línea de provisión de sustancias de Bomparola, se encuentra a partir de la persona de Garrido Pineda.
5.1. Así, la investigación también da cuenta de que Patricio Garrido Pineda, “Pato”, vendía droga a Bomparola (ver informe de fs. 439), la que era provista -a su vez- por Gastón Mercau, quien le pagó un viaje a México. Así se desprende de la comunicación n° 2 del 13/10 en la que “Silvia”, pareja de Garrido Pineda (v. fs.439), le dice que su esposo está haciendo cosas para mantenerlos y más no se puede arriesgar; la n° 6 del 26/9/13 en la que “Pato” comenta que un tal “Nico” consiguió “Pie dragón” a 8,75 o 7,85; la n° 9 del 2/9/13 en la que le avisa a su esposa que vino a entregarle algo al tatuador, todas llamadas del abonado 11-3-287-1948; la comunicación 44 del 25/9/13 en la que otra persona le pide 60-62 y que le dijeron que el turco consigue un número más bajo que “Gastón”; la comunicación 24 del 30/8/13 en la que le piden un churrasco y “Pato” dice que tiene para darle en la casa; la n° 30 en la que le prometen devolver el dinero que le deben y le piden medio equipo más; la nro. 32 de ese mismo día en la que le dicen que era espectacular y si podía conseguir la misma; la comunicación 34 en la que le preguntan si es lo mismo de la otra vez o de mejor calibre y responde que es lo mismo; las comunicaciones 13 y siguientes del 31/8/13 en las que luego de pactar un encuentro con “Gastón”, “Pato” pregunta a “Rodolfo” y a otros cómo vienen de laburo porque tiene que ver al pibe y en la posterior n° 29 una tal “Celeste” le pregunta si tiene faso; la n° 66 en la que dice que está esperando al pibe porque le dio algo malo y espera lo bueno; la 78 entre “Pato” y “Gastón” que mencionan que la hicieron probar, el primero dice que la probó y que no tenía nada; la nro. 37 del 27/10 en la que otro le pide que le dé “Maradona” y “Pato” le dice que necesita buscar la plata para ir a ver al pibe y en las siguientes refiere que está yendo a ver a “Gastón”; la n° 134 en la que le reclaman por la calidad y la siguiente en la que “Pato” dice que eso era de medio pelo y se disculpa y promete solucionarlo para mañana (todas del abonado 11-4-158-7920).
A su vez, pudo establecerse que Garrido Pineda, en el desarrollo de la actividad que se le imputa, se valió de los automóviles de Osvaldo Drata y de Mario Arróspide para movilizarse, personas que también le habrían provisto de dinero para tal fin, amén de haberle adquirido, a su vez, estupefaciente. Ello, a partir de: la conversación n° 198 del 9/11/13 en la que “Pato” le pregunta a Osvaldo cuánta plata le puede dar; la 232 en la que “Pato” le dice a Osvaldo que tiene una pavada pero que lo salva; la n° 26 del 17/8/13 de la que surge que “Pato” tiene el auto de Osvaldo; la n° 16 del 20/8/13 en la que “Pato” y Osvaldo quedan en ir a ver a Gastón, ya que aparentemente tienen todo vendido; la n° 2 del 21/8 en la que dice que Mario tiene una luca y media para darle; la n° 13 del 27/8 en la que afirma que va a buscar el auto de Osvaldo y después a ver a Gastón; la n° 63 de ese día que dice que anda con el “Alfa” de Osvaldo; la n° 29 del 31/8 en la que “Pato” dice que dejó faso en el auto de Osvaldo; la n° 30 de ese día en la que Osvaldo le dice que necesita un par y que le da el dinero y combinan que “Pato” pasa (de la línea 11-4-158-7920 de Garrido Pineda).
5.2. De esta manera, las escuchas permitieron determinar que Garrido Pineda se abastecía, a su vez, a través de Gastón Mercau, quien teniendo distintas viviendas a su disposición, guardaba en ellas la sustancia prohibida que ponía a la venta.
En efecto, en la morada que compartía con su familia (…, Olivos) se incautó una bolsa con seis pastillas de éxtasis y otra con cuatro más; y en el departamento de la calle…, 5° “C” de dicha localidad, -de cuya existencia se tomó conocimiento a partir del secuestro de boletas de servicios habidos en el interior del vehículo BMW cuyas llaves se encontraban en poder de Mercau al momento del procedimiento citado en primer término-, se hallaron seis paquetes con cocaína con un peso de un kilogramo cada uno, aproximadamente y tres envoltorios de iguales características vacíos en el cesto de la basura; una bolsa con 65,85 grs. de esa misma sustancia; dos balanzas eléctricas, tres envoltorios con diez pastillas de éxtasis cada uno; piedras amarronadas que se tratan del estupefaciente denominado “cristal” con un peso de 4,33 grs., y mil doscientos setenta y cinco pesos (fs. 1372/4 y 1461/2, respectivamente). El hallazgo de su hijo de escasos años de vida, en soledad en el lugar y los documentos que acreditan el alquiler a su nombre descarta el intento ensayado por la defensa para rechazar la imputación.
Asimismo, abonan el reproche los testimonios de los preventores de fs. 616, 736 y 737 y el informe de fs. 782, que involucran también en la actividad a Flores y Soria.
Confluye a delinear el marco de la imputación la trascripción de la conversación n° 22 del 25/10/13 en la que una mujer le pide “cuatro” a Gastón y éste le dice que no lo hable por esa vía; la n° 8 del 27/10/13 en la que una mujer le solicita la cantidad de siempre y él le recuerda que hable un poquito menos; la n° 47 del 1/11 en la que le piden $50; la n° 31 del 7/10/13 en la que le piden “coca-colas” y “fantas” (requerimiento reiterado varias veces a lo largo de las escuchas, trascripción de las líneas 11-6-526-8609 y 11-6-006-7811).
5.3. Ruth Aydée Soria y Pedro Ernesto Flores son quienes proveían de droga a Mercau, transacciones que se realizaban en el interior de los rodados en los que se trasladaban. Son las escuchas de sus teléfonos las que permiten sostener la imputación. A tal fin, cabe consignar la conversación n° 82 en la que Soria y Flores hablan con Mercau explicándole que faltaban 30, del 8/11/13 de la línea 11-6-526-8609; la n° 40 del 20/9/13 en la que Gastón le pide a Ruth que le traiga eso (de las transcripciones de la línea 11-6-006-7811) y los mensajes de texto de fs. 13 del 17/10/13 en los que acuerdan la entrega de comida para perros entre Ruth y “Sobrino” que debe entregar por la zona norte; especialmente la n° 1 del día 23/11 entre Gastón y Ruth en la que hablan de la mala calidad y en que a lo mejor él se la pasaba para devolverla (del abonado 11-3- 617-8218).
Si bien en ocasión del allanamiento realizado en el domicilio de la pareja (calle … del Barrio 9 de Abril, Lomas de Zamora -v. fs. 1399-) no se verificó el hallazgo de sustancias estupefacientes, cabe destacar que el can detector de drogas marcó un lugar en el baño donde en algún momento hubo este tipo de sustancias. Ello, aunado a lo arriba reseñado y al secuestro –en la habitación del matrimonio- de ocho teléfonos celulares, varios de ellos en funcionamiento, todos dentro de una bolsa plástica, la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos bajo el colchón, numerosas libretas con anotaciones y cuentas varias, y la circunstancia que en la agenda de uno de los celulares así habidos y que se hallaba encendido, figuraban los apodos y números telefónicos de Mercau permiten, siempre dentro del grado de provisoriedad de temperamentos como el presente, dar por suficientemente acreditada la imputación que se les dirige.
6. Con relación a las críticas formuladas por las Defensas en cuanto a la imposición de agravante reglado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737, debe recordarse que dicha norma no exige la acreditación de una estructura delictiva con permanencia y organicidad, sino que alcanza con la demostración de la reunión de individuos con una actuación coordinada, con división de roles y funciones, que respondan a un plan común. No requiere la presencia de tres o más personas que tomen parte en la ejecución de los hechos, sino que le es suficiente con que intervengan en los sucesos (como coautores o a título de complicidad por auxilio o cooperación), “dado que se trata de intervenir de esa forma en la ejecución” (ver Horacio J. Romero Villanueva “Código Penal de la Nación”, apéndice normativo, páginas 1451/2 y sus citas, Editorial Abeledo Perrot, Ed. 2012).
En este sentido, esta Sala ya ha afirmado “…que dados los diferentes roles que pueden llegar a cumplir los involucrados en casos como el que nos ocupa, a efectos de responsabilizarlos por sus respectivas participaciones no es indispensable que se los individualice ejecutando personalmente un acto de comercio o incluso con droga en su poder pues ellos pueden ejercer diversas actividades, todas ellas fundamentales para la concreción de las operaciones…” -cfr. c. n° 29.444 “Antola”, rta. 7.10.10, reg. n° 32.002; c. n° 32.363 “Posado Volpe”, rta. 8.11.12, reg. n° 35.346; c. n° 32.814 “Leguizamón”, rta. 4.3.13, reg. n° 35.742; c. n° 33.532 “Ramírez y otros”, rta. 27.8.13, reg. n° 36.532; entre otras-. Es que en “…esta clase de conductas vinculadas al tráfico de droga se considera típico el acto aun a través de intermediarios, inclusive si el vendedor no llega a poseer materialmente la droga en ningún momento. Es indiferente realizar estas acciones en nombre de una tercera persona, ello no modifica el carácter de autoría…” (v. c. n° 33.532 mencionada y sus citas).
Y en sustento de lo aquí señalado, el gráfico de entrecruzamiento de llamados realizado por la División Análisis Criminal del Tráfico Ilícito de la Policía Federal a fs. 2111 junto con las escuchas practicadas en las actuaciones y que se han mencionado a lo largo del presente, corroboran el vínculo existente entre los imputados.
A título de ejemplo, han de citarse la comunicación n° 21 del 27/9/13 en la participa Zahina Rojas, haciéndose referencia a que “Rodo” da menos cantidad pero la calidad es mejor; la n° 15, del 30.10.13 en la que “Pato” Garrido Pineda refiere que Gastón le sacó un pasaje en primera clase para ir a Cancún y Playa del Carmen y la n° 13 del 19/11/13 en la que expresa que en México hicieron onda con gente de los carteles y estaban protegidos (abonado 11-4158-7920); la n° 23 en la que Ruth pregunta si puede pasar más temprano y Gastón responde que no tiene todo, que la junta; la n° 7 en la que Gastón pregunta si le puede entregar pesos y hablan de la cotización del dólar.
Así también, las comunicaciones n° 13 que dan cuenta del vínculo entre Chávez y Rodolfo, las transcripciones del abonado 11-5589-7326 de fs. 1, 21, 30 y 41 que conectan a Chávez y Orueta, la comunicación n° 10 (fs. 16, 91 y 95 del mismo abonado) que vinculan al primero con Ricky; las que acreditan el vínculo de Pato con Rodolfo (n° 14 del 30/9/13) y con Gastón (n° 37 del 27.10.13 y n° 79 del 30.8.13) y entre ambos (comunicación 13 y sgte. del 31.8.13), o con Mario (conversación del 28.10.13), y Osvaldo (comunicación n° 150 del 1.11.13 y n° 62 del 3.11.13); o de Gastón –además de las mencionadas- con Ruth y su esposo (n° 7 y siguientes del 26.10.13, 32; 21 del 21.10.13; 18 del 30.9.13; n° 7 del 20.9.13 y n° 14 26.11.13 -abonado 11-3617-8218-.
En estas condiciones, y de acuerdo con el panorama que se termina de describir, cabe concordar con la responsabilidad asignada a los imputados por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, puesto que cuando de lo que se trata es de la investigación de una organización, pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe permanecer aunado (cfr. Sala Ia. C. nº 44.976, “Bonilla y otros s/procesamiento con prisión preventiva, reg.1394, rta. el 28/12/10 y en este mismo sentido Sala IIa. C. N° 32.499 “Benítez, Jorge I. s/procesamiento”, reg. nro. 35.385 del 20/11/12).
6.1 En cuanto al grado de intervención, corresponde aclarar que Bomparola, Garrido Pineda, Mercau, Flores y Soria detentaban un papel de mayor preponderancia en la venta de los estupefacientes en relación a los restantes, por cuanto contaban con mayor capacidad económica y de vinculación.
Drata y Arróspide, también posibles adquirentes, al menos participaron con dinero para la compra de estupefacientes realizada por Garrido Pineda, amén de haber prestado sus respectivos automóviles para el encuentro de éste con Mercau y para la guarda de la sustancia.
Por su lado, Bomparola y García también deben ser considerados con una actitud destacada dentro del grupo junto con el fallecido Chávez; en tanto Orueta prestaba una colaboración con el traslado al realizar las ventas con el nombrado en último lugar, además de realizar algunas transacciones ilícitas por su cuenta pero a menor escala y Donati brindó un auxilio acotado al prestar su domicilio y algún otro tipo de asistencia para la venta por parte de Chávez.
Las restantes, Rojas Evangelista y Oyarzábal eran consumidoras, pero también realizaban actos de comercio, ambas vinculadas con Bomparola.
7. El Dr. Kollmann tacha de nulidad la imposición de la prisión preventiva de sus asistidos Soria y Flores por encontrar al fallo carente de fundamentos propios en tanto se limita a la remisión de las decisiones de esta Cámara que confirmaron el rechazo de sus excarcelaciones.
Mas este punto del decisorio atacado cumplimenta los requisitos del artículo 123 del código de rito, toda vez que, amén de hacer propias las razones dadas por los suscriptos relativas a esa misma cuestión escasos días antes a ese pronunciamiento, también se sostiene en la propia valoración que sobre la cuestión efectuara el Juez en oportunidad de denegar sus excarcelaciones.
Es por ello que resulta evidente que esos cuestionamientos señalan una mera discrepancia con el criterio sustentado por el a quo. Y en tales condiciones, el pedido de invalidez no habrá de prosperar.
7.1. El Dr. Arigós, defensor de Rodolfo Andrés Bomparola y Claudio Patricio Garrido Pineda, atacó la medida restrictiva de libertad impuesta por considerarla abusiva y no sustentada en elementos objetivos que demuestren la existencia de riesgos procesales. Sostuvo en relación al primero, que respecto de uno de los elementos valorados para denegar su excarcelación, la instrucción dictó auto de falta de mérito, y con relación al segundo, indicó como meras “chanzas” las referencias a su vínculo con carteles mexicanos.
Asimismo, las defensas de Gastón Leandro Mercau, Ricardo Valentín García, Ruth Aída Soria y Pedro Ernesto Flores entendieron que no existen indicadores de riesgos que justifiquen la imposición de sus prisiones preventivas.
Veamos; de inicio corresponde señalar que la amenaza de pena que se cierne sobre los nombrados en orden al delito reprimido por el art. 5 inc. c’ con el agravante del art. 11 inc. c’ ambos de la ley 23.737, se erige como un dato relevante a la hora de evaluar la posibilidad de que se fuguen o entorpezcan la investigación, partiendo de la presunción prevista por el legislador en los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. (v. causas n° 27.501 “Lerch”, rta. 29.12.08, reg. n° 29.376; n° 27.594 “Larrosa Chiazzaro”, rta. 23.3.09, reg. n° 29.654; n° 27.740 “Cullari”, rta. 1.4.09, reg. n° 29.705; n° 33.532 “Ramírez”, rta. 27.8.13, reg. n° 26.532, entre otras).
De igual manera y a los fines previstos por el art. 319 del código de forma, cabe advertir que se verifican respecto de estos imputados los extremos que dan cuenta de determinados roles y contactos dentro de la organización que revelan el peligro procesal inherente a sus casos y que ha sido evaluado a lo largo del presente.
Amén de ello, y en cuanto a las objeciones introducidas por las distintas Defensas, ha de señalarse que el examen de lo obrado (ver lo indicado en el apartado 6.1 del presente) conduce a los suscriptos a considerar que permanecen vigentes y, por ende, de plena aplicación a sus situaciones, las circunstancias que condujeran a confirmar la denegatoria de sus respectivas excarcelaciones (cfr. causas n° 34.060 “García”, reg. n° 37.085; n° 34.057 “Soria”, reg. n° 37.086; n° 34.058 “Flores”, reg. n° 37.087; n° 34.055 “Garrido Pineda”, reg. n° 37.088 y n° 34.058 “Bomparola”, reg. n° 37.089, todas ellas resueltas el 20 de diciembre de 2013).
En cuanto a la mención formulada por la defensa de Rodolfo Bomparola respecto del auto de falta de mérito dictado con relación al pistolón calibre 14, marca GMC, n° 3460 habido en su domicilio – como demostración de inexistencia de una de las circunstancias evaluadas al resolver su excarcelación-, corresponde apuntar que tal decisión se adoptó por restar la realización de diligencias, habiéndose declinado la competencia en favor del fuero ordinario en orden a la tenencia que le fuera imputada (ver considerando VI.1 y punto XI ambos del dispositivo del auto recurrido), lo cual no descarta entonces las implicancias que ello conlleva en la evaluación de riesgo procesal.
Respecto de Claudio Patricio Garrido Pineda entienden los suscriptos que la referencia efectuada por su Defensa en cuanto a que la mención a sus vínculos con los carteles mexicanos no resultan ser más que una “chanza”, intentan desvirtuar -sin éxito- tales referencias las que, atento el tenor de las conversaciones obtenidas (ver conversación n° 13 obrante a fs. 91 del legajo de escuchas del servicio n° 11-4158-7920) y el marco en que ellas se produjeran, revisten entidad suficiente para mantener -a menos de momento- su credibilidad.
La asistencia de Ricardo Valentín García consideró que no se halla justificada la existencia de riesgos. Sin embargo, tal como lo indicáramos en la causa n° 34.060 antes mencionada y a juicio del Tribunal, del contexto del relato efectuado por Chávez se desprende claramente la sensación de inquietud que le despertó la presencia de las personas que acompañaran -en un segundo vehículo- a García. Entonces, no resulta inapropiado entender que la intimidación que efectuara al fallecido Alejandro Chávez (ver la sucesión de ello en la comunicación del 17 de agosto de 2013 a las 00.03 hs. desde la línea 11-5050-1468 del imputado y la n° 11-5589-7326 de Chávez, y luego entre este número y el de un conocido del último nombrado, CD n° 3, comunicaciones 1 y 10, fs. 15/17 del legajo del abonado 1155897326 ‘A’ ‘1’), pueda extenderse a sus co-encausados y, aún, a los testigos que pudieran ser convocados.
Con relación a Ruth Aydée Soria y Pedro Ernesto Flores y no obstante lo sostenido en contrario por su defensa, cabe destacar que el 29 de marzo de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 en la causa n° 1209/10 condenó a Soria a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, multa, accesorias legales y costas, como autora de los delitos de comercio de estupefacientes y utilización de terminales celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima (v. fs. 8/10 y constancia de fs. 12 atinente a su libertad condicional, ambas de su Legajo de Personalidad).
Asimismo, Flores fue condenado el 12 de julio de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 6 en la causa n° 4107, a la pena de un año de prisión en suspenso y costas como autor del delito de falsificación de documento público, resolviéndose asimismo unificar dicha pena con la de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso y multa que le fuera impuesta por el T.O.F. n° 3 en la causa n° 1209 el 29 de marzo de 2011 y condenándolo en consecuencia a la pena única de tres años de prisión en suspenso, multa y costas (cfr. fs. 8/9 de su Legajo de Personalidad).
A ello deben aunarse los distintos nombres con los que ambos aparecen mencionados en las causas que se les siguiera y que fueran arriba citadas (v. fs. 3, 6, 7 y 8/9 del Legajo Personal de Soria; y fs. 2/3, 6, 7, 8/9 del Legao Personal de Flores) y las posibilidades que suponen el hallazgo de la importante suma dineraria que les fuera incautada en ocasión del allanamiento efectuado en el domicilio compartido.
Respecto de Gastón Leandro Mercau entendió la Defensa que la prisión preventiva le fue impuesta de “… manera apurada…”. Empero, se advierte presente el riesgo procesal al que alude el artículo 319 del Código de rito. En primer lugar, considerando que eventualmente no será ésta la única causa por la que deba responder en tanto registra un proceso (causa n° 284/11) ante el Tribunal Oral Federal Nro.2 por infracción al art. 5° inc. c’ de la ley 23.737 (v. fs. 10 del Legajo de Personalidad) y otro ante el Juzgado Federal de Campana (causa n° 75001889/2013) en el que el 14 de febrero del año en curso de dictó su procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de encubrimiento por receptación de cosa proveniente de un delito agravado por haber actuado con fines de lucro (cfr. fs. 19 del Legajo mencionado).
Debe agregarse a ello que se ha advertido que cuenta con una cómoda disponibilidad económica para residir en una morada junto a su pareja y a un hijo y tener otro departamento simultáneamente alquilado para poner a resguardo el estupefaciente, lo cual demuestra su posibilidad cierta de contar con medios suficientes para salir del país u ocultarse.
En definitiva, las circunstancias apuntadas permiten razonablemente presumir que, de accederse a la soltura de estos encartados, podrían entorpecer el desarrollo de la instrucción y/o intentar evadir el accionar de la justicia, razón por la cual la prisión preventiva que les fuera impuesta ha de ser confirmada.
8. En relación a las sumas fijadas para asegurar los embargos dispuestos, considerando que su finalidad es asegurar el pago de las costas del proceso y los gastos que esta causa origine y tomando en cuenta la eventual multa por la que deban responder los imputados, corresponde su homologación (arts. 518 y 533 del C.P.P.N.).
9. Por último, teniendo en cuenta que en virtud de lo que aquí se concluirá se halla resuelta la situación procesal de estos imputados y atendiendo a la calidad de detenidos de algunos de ellos, encomiéndase al Sr. Juez de grado que reintegradas que le sean las actuaciones y con la premura que el caso amerita, encamine la finalización de la presente etapa respecto de tales encausados. En base a las consideraciones expresadas, el Tribunal RESUELVE:
I) NO HACER LUGAR a las nulidades articuladas por las Defensas.
II) CONFIRMAR el punto I) de la resolución que en copias luce a fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de RODOLFO ANDRÉS BOMPAROLA como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000 (arts. 45 del C.P.; 306, 312 y 518 del C.P.P.N.).
III) CONFIRMAR el punto II) del auto de fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de CLAUDIO PATRICIO GARRIDO PINEDA como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000 (arts. 45 del C.P.; 306, 312 y 518 del C.P.P.N.).
IV) CONFIRMAR el punto III) de la resolución de fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de GASTÓN LEANDRO MERCAU como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306, 312 y ccdtes. del C.P.P.N.).
V) CONFIRMAR el punto IV) de la resolución que en copias luce a fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de RUTH AYDEE SORIA como coautora del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $150.000 (arts. 45 del C.P.; 306, 312 y 518 del C.P.P.N.).
VI) CONFIRMAR el punto V) de la resolución que en copias luce a fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de PEDRO ERNESTO FLORES como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $150.000 (arts. 45 del C.P.; 306, 312 y 518 del C.P.P.N.).
VII) CONFIRMAR el punto VI) de la resolución que en copias luce a fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento con prisión preventiva de RICARDO VALENTÍN GARCÍA como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306 y 312 del C.P.P.N.).
VIII) CONFIRMAR -parcialmente- el punto VII) de la resolución de fs. 1/69 vta. en cuanto decreta el procesamiento de LEANDRO JAVIER ORUETA como coautor del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000 (arts. 45 del C.P.; 306 y 518 del C.P.P.N.), declarando abstracta la apelación de su prisión preventiva en virtud de haberle sido otorgada por la Sala de Feria, su excarcelación.
IX) CONFIRMAR el punto VIII) de la decisión de fs. 1/69 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de SILVANA PAULA DONATI como partícipe secundaria del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306 y 310 del C.P.P.N.).
X) CONFIRMAR el punto IX) de la decisión de fs. 1/69 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de OSVALDO ANDRÉS DRATA como partícipe secundario del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737, y manda trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $100.000 (arts. 45 del C.P.; 306, 310 y 518 del C.P.P.N.).
XI) CONFIRMAR el punto X) de la decisión de fs. 1/69 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de MARIO RODOLFO ARROSPIDE como partícipe secundario del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306 y 310 del C.P.P.N.).
XII) CONFIRMAR el punto XIII) de la decisión de fs. 1/69 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de YESICA ABIGAIL OYARZABAL como coautora del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306 y 310 del C.P.P.N.).
XIII) CONFIRMAR el punto XIV) de la decisión de fs. 1/69 en cuanto decreta el procesamiento sin prisión preventiva de ZAHINA FELIXA ROJAS EVANGELISTA como coautora del delito previsto y penado por el art. 5° inc. c’ agravado por el art. 11 inc. c’ de la Ley 23.737 (arts. 45 del C.P.; 306 y 310 del C.P.P.N.).
Regístrese, hágase saber y junto con las actuaciones y legajos acompañados, vuelva al Juzgado de origen.
Fdo.: Horacio Rolando Cattani – Eduardo Guillermo Farah – Martin Irurzun
Ante mí: Pablo J. Herbon, Secretario de cámara

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