Conducir a una velocidad que supera la máxima permitida, no constituye culpa grave a los fines de la exclusión de la cobertura por parte de la aseguradora.

Corresponde rechazar la pretendida exclusión de la cobertura por parte de la aseguradora debiendo confirmarse la sentencia que la condenó a abonar al actor lo reclamado, toda vez que la causal de culpa grave del asegurado en la provocación del siniestro constituye un supuesto de interpretación restrictiva y que la mera imprudencia no grave del asegurado no le hace perder el derecho a accionar contra el asegurador.

excesodevelocidad

Martínez Corsino Manuel c/ Provincia Seguros S.A. s/ incumplimiento contractual – daños y perjuicios

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario – Sala/Juzgado: I – Fecha: 12-mar-2013

Sumario:

1.-A los fines de la pretendida exclusión por parte de la aseguradora de la cobertura del seguro contratado por el actor, no configura culpa grave sin más el conducir a una velocidad que simplemente supere la máxima permitida, en la medida en que tal velocidad no sea de una magnitud tal que exceda las infracciones corrientes.

2.-Las probanzas aportadas a la causa no logran poner en evidencia más que la superación de la velocidad máxima permitida para el respectivo tramo de la ruta, lo cual por sí solo no resulta suficiente para atribuirle a la conducción del actor altamente culposos o una singularidad en el nivel de imprudencia tal que configure culpa grave a los fines de hacer operativa la exclusión de la cobertura.

3.-Resulta inadmisible la invocación de una maniobra de sobrepaso prohibida no esgrimida por la aseguradora como causal configurativa de la defensa de culpa grave en oportunidad de pronunciarse sobre el derecho del asegurado, como bien lo ha remarcado el actor en su alegato y al contestar agravios.

4.-La culpa grave prevista en el art. 70 y cc. de la ley 17418 se caracteriza por su carácter excepcional, lo cual implica que la negligencia o imprudencia a las que aquélla refiere deben revestir, para poner en funcionamiento la exclusión de la cobertura, una magnitud caracterizada por la desmesura y la infrecuencia, no bastando que se trate de actos que puedan contener una fuerte dosis de descuido o inadvertencia respecto de las diligencias requeridas por el caso, sino que es necesario que se trate de actos que se den excepcionalmente en el medio en que se desenvuelve la relación aseguradora, toda vez que la negligencia habitual aunque revista alguna gravedad integra el contexto general que fue tomado en cuenta al proyectar la cobertura por formar parte de las costumbres de los habitantes del lugar.

5.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda contra la aseguradora tendiente a que se le reparen los daños sufridos en el vehículo asegurado, pues contrariamente a lo sostenido por la apelante, el hecho de que las reparaciones no se hayan practicado o abonado no es óbice a su resarcimiento ya que el deber del obligado es, básicamente, recomponer el patrimonio menoscabado por deterioro o destrucción de alguno de los bienes que lo componen y, desde tal perspectiva, las erogaciones que pueda haber realizado el damnificado para arreglar o reemplazar los bienes afectados únicamente tendrían virtualidad para cambiar la modalidad del daño.

6.-Cabe imponer las costas a la demandada teniendo en cuenta que el actor resultó victorioso en la cuestión principal del juicio de responsabilidad contractual, como asimismo en lo tocante a significativos rubros del cumplimiento y resarcimiento reclamados -el de la cobertura de los daños materiales por menoscabos en el rodado, más los gastos de traslado-, mientras que no prosperaron algunos de los rubros indemnizatorios pretendidos tales como los daños por privación de uso, gastos originados en la guarda del automotor, daño moral y daño punitivo.

7.-El auto de procesamiento dictado en sede penal y confirmado en la respectiva instancia de alzada no incide en la causa civil, ya que cuando la decisión penal no es una sentencia condenatoria no resulta de aplicación el art. 1102 del CCiv. y por tanto el juez en lo civil tendrá amplia libertad para decidir la cuestión.

Texto del Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 12 días del mes de Marzo de dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores Ariel Carlos Ariza y María Mercedes Serra, y el doctor Edgar J. Baracat con quien se integra el Tribunal (art.25(rfe:leg10699.25) L.O.P.J.), para dictar sentencia en los autos caratulados “MARTÍNEZ, Corsino Manuel contra PROVINCIA SEGUROS S.A. sobre INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 177/2012), venidos para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 719 de fecha 12 de abril de 2012 y resolución aclaratoria número 964 de fecha 7 de mayo de 2012, provenientes del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 18 de Rosario.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término al señor vocal doctor Ariza, sobre la primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto a foja 388 no ha sido mantenido en esta sede. Las críticas que enuncia la recurrente refieren a vicios in iudicando y no a vicios in procedendo y pueden obtener adecuada respuesta al tratarse el recurso de apelación. Por ello y no advirtiéndose irregularidades en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Ariza, y vota por la negativa.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Baracat, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo:Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26 , ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la segunda cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo:

1. Mediante la sentencia número 719 fecha 12 de abril de 2012 (fs.302/313), la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda de cumplimiento contractual e indemnización de daños y perjuicios y, en consecuencia, condenó a la demandada Provincia Seguros S.A. a pagar al actor Corsino Manuel Martínez la indemnización de los daños materiales ocasionados en su vehículo, previa deducción de la franquicia acordada por las partes en el contrato de seguro; asimismo, ordenó distribuir las costas en función del éxito obtenido. En sustento de su decisión, señaló que se encontraba reconocida por ambas partes la celebración de un contrato de seguro en relación al automotor dominio HCU 283, póliza N° 5.024.841 (con cobertura del riesgo de daños al vehículo). Consideró de aplicación al caso las normas de la Ley de Defensa del Consumidor pero, luego de una reseña doctrinaria y jurisprudencial, descartó en general el carácter abusivo y consiguientemente la nulidad de las cláusulas de exclusión de cobertura por culpa grave.Puntualizó que de las constancias de la causa surgía que en fecha 05.03.2011 a la hora 22:30 aproximadamente, el actor conducía su vehículo marca Chrysler modelo Jeep Grand Cherokee dominio HCU 283 por la Ruta Nacional 174 en sentido Victoria-Rosario y, al aproximarse al kilómetro 38, ocurrió una colisión con el automóvil marca Renault 12 Break dominio VEG 913 que se desplazaba delante de aquél por mismo carril y en el mismo sentido, resultando personas heridas y un fallecido, lo cual derivó en la instrucción de un sumario penal ante el Juzgado de Instrucción de Victoria (en la que resultó imputado el aquí accionante). En relación a la defensa de la demandada referida a la exclusión de la cobertura por culpa grave del asegurado, la jueza indicó que si bien según el informe confeccionado en el marco de las actuaciones prevencionales por la policía científica de Gendarmería Nacional -obrante en el sumario penal- el siniestro se habría producido al intentar el actor una maniobra de sobrepaso seguida de una brusca maniobra para volver a su carril colisionando en la parte posterior del Renault 12 Break a una velocidad de circulación de entre 180 y 200 kilómetros por hora, posteriormente se presentaron -también en sede penal- un nuevo estudio pericial accidentológico encomendado a la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos y un informe del delegado técnico del imputado que arrojaron conclusiones disímiles respecto del informe inicial, exponiendo que la colisión se produjo por alcance, es decir desde atrás, siendo la zona de impacto en el vehículo Renault la posterior con mayor incidencia en el lado derecho y en el automóvil del actor la frontal con mayor incidencia en el lado izquierdo, produciéndose el impacto en el carril de circulación de ambos vehículos, a una velocidad de circulación de 94 kilómetros por hora el Renault y de 117 a 120 kilómetros por hora la del Jeep conducido por el actor,mencionándose asimismo la dificultad del Renault de ser percibido desde atrás durante la conducción nocturna teniendo en cuenta su diseño y tecnología de fabricación de tres décadas atrás (con luces rojas traseras a baja altura y sin la luz roja a mayor altura como tienen los diseños actuales) y el envejecimiento o degradación observado en los fragmentos de la lente plástica del grupo óptico derecho del vehículo Renault siniestrado, descartándose asimismo que hubiera mediado una maniobra de adelantamiento e intento de reingreso al carril por parte del conductor del Jeep. Juzgó la magistrada que las conclusiones de los expertos actuantes en este último estudio pericial daban por tierra con la invocación de culpa grave puesto que no hubo maniobra de adelantamiento en lugar prohibido ni exceso de velocidad que implicara culpa grave en los términos de la póliza ya que la velocidad estimada por los peritos escasamente superaba el 40% previsto en la póliza en relación a la velocidad máxima reglamentaria para ese punto de la ruta (de 80 kilómetros por hora), teniendo presente también que la causal de culpa grave es de interpretación restrictiva y atento a la duda razonable que surgía de las probanzas de la causa en cuanto a su configuración. Agregó que la existencia de un auto de procesamiento en sede penal confirmado en la alzada no hacía cosa juzgada en sede civil sobre la culpabilidad del actor y que la petición de este último en orden a la suspensión del juicio penal a prueba no implicaba confesión o reconocimiento de responsabilidad civil, quedando el juez civil en amplia libertad para decidir la cuestión.Indicó que en atención a tales conclusiones resultaba innecesario analizar la cuestión planteada por el actor sobre la extemporaneidad de la alegación de la exclusión de cobertura en el marco del artículo 56 de la ley 17.418, como asimismo rechazó la extemporaneidad aducida por la demandada respecto de la denuncia del siniestro por no haber sido invocada oportunamente al pronunciarse acerca del derecho del asegurado. En cuanto a los daños cubiertos, juzgó procedente el reclamo relativo a los menoscabos ocasionados al automóvil del accionante, conformado por las sumas de $ 35.800, más I.V.A. en concepto de mano de obra de chapería, $ 17.800,- por mano de obra mecánica, $ 350,- en concepto de gastos de traslado -todo ello según presupuestos agregados en autos y debidamente reconocidos- más el valor de los repuestos por la suma de $ 52.470,- según prueba informativa, debiendo descontarse del total el importe de la franquicia asegurativa pactada por las partes. Por otro lado, rechazó la cobertura de los daños por privación de uso del automotor y guarda del mismo, señalando que en la póliza se pactó expresamente la exclusión de cobertura por el rubro en cuestión, agregando que si bien la demandada en su oportunidad se resistió a cumplir la prestación a su cargo ello no implicó una conducta maliciosa que permitiera un apartamiento de lo acordado por las partes, teniendo especialmente presente que al momento de pronunciarse sobre el derecho del asegurado el informe labrado inicialmente en el sumario penal respectivo indicaba en un principio cierta negligencia del reclamante.Asimismo, rechazó la pretensión indemnizatoria del daño moral, en el entendimiento de que no todo incumplimiento contractual apareja per se daño moral pues éste no puede sustentarse en cualquier molestia que se origine en la insatisfacción de las prestaciones contractuales, sino que es preciso que el incumplimiento trascienda de lo meramente material involucrado en lo contractual, a lo emocional, estando la prueba de su existencia a cargo de quien lo reclama y dependiendo su admisión de la apreciación del juez en cuanto al hecho generador del perjuicio y de las circunstancias del caso, señalando que en este aspecto la causa exhibía la más absoluta orfandad probatoria. En relación al daño punitivo o multa civil, remarcó que para su procedencia no basta un mero incumplimiento sino que es necesario que se trate de una conducta particularmente grave caracterizada por la presencia de dolo o grosera negligencia, extremos que entendió no verificados en los presentes.

Mediante resolución número 964 de fecha 7 de mayo de 2012 (fs.316), a instancias del actor, la jueza aclaró el fallo en el sentido de que el capital indemnizatorio devengaría intereses a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento a treinta días -sumada-, desde la mora ocurrida en el momento en que la demandada debió hacer frente a la obligación y hasta el efectivo pago; asimismo, puntualizó los porcentajes de distribución proporcional de las costas, fijándolos en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo del actor, teniendo presente que el accionante sometió la cuantificación de su pretensión al resultado de las probanzas de la causa y al prudente arbitrio judicial; rechazó el pedido de que se aclarara el fallo en el sentido de dejar abierta la posibilidad de que se incrementen los montos indemnizatorios como consecuencia de la declinación de la citación en garantía por parte de la aquí demandada en los procesos por responsabilidad civil entablados contra el actor o que se entablen en el futuro enla medida en que eventualmente éste resulte condenado, en el entendimiento de que ello debía ser materia de juzgamiento en los mencionados procesos; precisó por último que para la cuantificación definitiva de los daños correspondientes a los repuestos del rodado se requerirían informes al proveedor al momento de su compra, y añadió que por tanto el monto respectivo no devengaría intereses por mantener así su carácter de deuda de valor.

Contra el fallo y su aclaratoria interpuso recurso de apelación la demandada (a fs.388, concedido a fs.389). Radicada la causa en esta Sala, la apelante expresó sus agravios a fojas 413/417. En primer término cuestiona el encuadramiento de la relación en la normativa de defensa del consumidor, en el entendimiento de que el contrato de seguro es una materia específica que se rige por normas, instituciones, doctrina y autoridad de aplicación que le son propias y que mal podría aplicársele un marco normativo creado para otras situaciones. En segundo lugar, se queja por cuanto la sentencia tomó en cuenta un solo informe pericial, al que califica de parcializado, para desechar la existencia de culpa grave del asegurado. Niega que no haya habido sobrepaso como asimismo que el actor circulara a una velocidad de entre 117 y 120 kilómetros por hora. Agrega que aun cuando hubiera circulado a esa velocidad, en un corredor vial al que califica de estrecho y peligroso, de noche, en un puente angosto donde la máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, hablaría a las claras de una culpa grave, y máxime si se tiene en cuenta que se probó que el accidente ocurrió cuando el actor intentaba sobrepasar al rodado embestido en zona donde tal maniobra está prohibida.Indica que resultan de relevancia las apreciaciones formuladas por el Juez de Instrucción y por la Cámara de Apelación en lo Penal respectivamente al decidir y confirmar el procesamiento del actor, sobre todo -expresa- teniendo presente que en el ámbito penal la culpa se aprecia con criterio más benigno, destacando que en dicha sede se hizo referencia a una conducción “manifiestamente imprudente y temeraria”, lo cual a entender de la apelante equivaldría a la culpa grave de la Ley de Seguros. Aduce que aunque no exista cosa juzgada en sede penal, no pueden soslayarse las conclusiones vertidas por los jueces penales pues de lo contrario se produciría un escándalo jurídico al evaluarse un mismo hecho de manera distinta. Entiende que está probado y fuera de discusión que el actor circulaba de noche a elevada velocidad, a aproximadamente 150 kilómetros por hora, con la ruta cargada de vehículos según habría informado el ente concesionario vial, e intentó una maniobra de adelantamiento en una zona en la que está prohibido el sobrepaso (porque se trataba de un puente y porque la calzada estaba demarcada con doble línea amarilla divisoria de los carriles) y, al advertir que no le era posible completar el sobrepaso por la aproximación de un vehículo en sentido contrario, regresó bruscamente al carril derecho y allí colisionó la parte frontal de su vehículo con la parte trasera del otro rodado. Señala que ello surge del informe técnico accidentológico producido por la policía científica de Gendarmería Nacional, como asimismo del testimonio del conductor del rodado embestido, y agrega que tal habría sido la versión que el propio Martínez brindó a los primeros gendarmes que llegaron al lugar del hecho según las constancias del sumario penal. Destaca que el actor conocía el camino por haberlo transitado varias veces.Menciona que incluso el peritaje que más favorece al actor habría sido realizado por su propio delegado técnico, y agrega que el mismo habla de una velocidad mínima de 120 kilómetros por hora en un lugar donde la máxima permitida era de 80 kilómetros por hora. Expresa que, como lo entendieron los jueces penales de primera y de segunda instancia, el accidente se produjo como consecuencia de la conducción imprudente de Martínez, y que no se trató de un mero descuido sino de un claro ejemplo de culpa grave, patente y rayana con el dolo eventual. Sostiene que la jueza de grado ha errado en la valoración de los hechos y postula, en consecuencia, el rechazo de la demanda. Como tercer agravio, cuestiona la procedencia del reclamo por daño material, aduciendo que si bien se acompañaron algunos presupuestos, el actor no probó haber hecho erogación alguna, ni acreditó de manera fehaciente mediante prueba pericial el estado del vehículo y los deterioros que presenta, como tampoco el real costo de reparación. Postula que se tenga por no probado el daño material invocado. En cuarto término, dice agraviarle la tasa de interés seleccionada por la jueza de grado y afirma que no existen motivos para apartarse de las tasas pasivas. También cuestiona lo relacionado con la cuantificación del rubro “repuestos” y su conservación del carácter de deuda de valor, por entender que ello implicaría una actualización prohibida por la ley de convertibilidad. En quinto y último lugar, se queja por la distribución de las costas. Destaca que sólo prosperó el reclamo de cumplimiento contractual relativo a los daños materiales, habiéndose rechazado las indemnizaciones por privación de uso, daño moral y multa civil, los cuales a tenor de la cuantificación expuesta en la demanda representarían el 60% de la pretensión.Entiende que una adecuada distribución en proporción al éxito obtenido debería ser inversa a la propiciada por la A-quo, es decir, a su juicio deberían imponerse en un 70% a cargo del actor y en un 30% a cargo de la demandada.

Contestados los agravios por el actor (fs.424/437), consentido el llamamiento de autos (fs.439) y habiéndose expedido la Fiscalía de Cámaras (fs.443), quedaron los presentes en condiciones de dictar resolución.

2. El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por la sentenciante de primera instancia (a fs.302/305), por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.

2.a) Ingresando en el examen de los agravios, se advierte que no resulta conducente el primero de los cuestionamientos de la apelante, referido a la incompatibilidad del encuadramiento normativo del caso en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, toda vez que la cuestión sólo interesaba de modo relevante en relación a los planteos del actor acerca del carácter abusivo de la cláusula de exclusión de cobertura por causal de culpa grave en los términos del artículo 37 de la ley 24.240 y acerca de la aplicación de la multa civil prevista en el artículo 52 bis de la misma ley, planteos que de todos modos fueron desestimados por la jueza de grado, no detectándose entonces dónde finca el interés apelatorio de la demandada. Sin perjuicio de ello y a todo evento cabe acotar que si bien la ley 24.240 no hace referencia concreta a los contratos de seguro, la doctrina y la jurisprudencia nacionales se han inclinado mayoritariamente por encuadrarlos dentro del régimen de Defensa del Consumidor en los supuestos en que se configuren los requisitos de calificación de la relación de consumo previstos en la ley (arg. art.3 , ley 24.240 según ley 26.361 ; cfr.STIGLITZ, Rubén S., Derecho de Seguros, 5ta. ed., La Ley, 2008, T.I, p.198; CRACOGNA, D., La defensa del consumidor en el seguro, en la obra “Derecho de Seguros -homenaje a Juan C. F. Morandi”, dirigida por Nicolás Barbato, 2001, p.689 y sgtes.; PIEDECASAS, M., El consumidor de seguros, en la obra “Defensa del consumidor”, dirigida por Ricardo Lorenzetti y Gustavo Schötz, 2003, p.341 y sgtes.; GÓMEZ LEO, Osvaldo y AICEGA, María Valentina, Las Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, J.A. 2008-III, p.1390; CNCom, Sala C, 22.08.2012, RCyS 2012-X-229; Sup. Trib. Río Negro, 29.03.2006, L.L. Patagonia 2006-579).

2.b) En segundo término, se advierte que la argumentación de la recurrente orientada a sostener su defensa de exclusión de cobertura por culpa grave, mediante la cual intenta imponer su propia valoración de las probanzas de la causa, no logra persuadir que el criterio de la magistrada anterior haya sido equivocado.

Ante todo cabe remarcar que a tenor de la carta documento obrante en copias a fojas 9 y 218, reconocida por la demandada en su responde (fs.109), esta última rechazó la cobertura asegurativa en razón de que “el vehículo asegurado excedía la velocidad permitida en la mencionada Ruta configurándose esta situación como Culpa Grave configurada en el Art.114 de la ley de Seguros y en el Anexo A1 Capítulos “A” “B” y “C” apartado 21) de las Condiciones Generales de Póliza”. Es recién al contestar la demanda que la compañía aseguradora adujo, además de la velocidad excesiva, que al momento del hecho el actor habría venido realizando una maniobra de sobrepaso o adelantamiento en un lugar prohibido.Tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia que el pronunciamiento del asegurador acerca del derecho del asegurado previsto en el artículo 56 de la ley 17.418 debe ser claro, explícito y preciso en torno a la causa invocada como adversa al reconocimiento de los derechos del asegurado, la cual no puede ser objeto de incertidumbre alguna. Es decir, la aseguradora debe brindar una explicación coherente y fundada de su actitud, inteligible por el asegurado, quien de ese modo se encontrará en igualdad de condiciones para promover eventuales acciones judiciales. Tales exigencias vienen a encontrar su stento adicional en las disposiciones de la ley 24.240 que enfatizan el alcance del deber de información a cargo del proveedor (art.4), como así también en la incidencia que corresponde reconocer al principio general de buena fe imperante en las relaciones contractuales (art.1.198, Cód. Civ.), a la hora de determinar con claridad el supuesto incumplimiento del asegurado, lo que no puede ser objeto de incertidumbre alguna (esta Sala, in re “Pérez c. Provincia Seguros S.A.”, Ac. N° 552 del 30.12.2008; cfr. STIGLITZ, ob. cit., T.II, p.320/322; CNCom, Sala C, 21.12.1998, L.L. 1999-C-478; CNCom, Sala E, 31.10.1984, J.A. 1985-II-587; CNFedCivCom, Sala III, 29.06.1994, D.J. 1995-2-1056; CCivComJunín, 30.11.1988, D.J. 1991-2-160). Importante derivación de la carga de pronunciarse es la circunstancia de que la tempestiva declaración constituye requisito de admisibilidad de las defensas que el asegurador pueda oponer judicialmente al reclamo de la cobertura indemnizatoria (STIGLITZ, ob. cit., T.II, p.293; CNCom, Sala C, 05.07.1985, L.L. 1986-B-612; CNCom, Sala A, 30.05.1986, L.L. 1986-D-176; CNCom, Sala A, 29.02.1996, L.L. 1996-D-179, CNCom, Sala C, 30.10.1998, D.J. 1999-2-1068; esta Sala, Acuerdo N° 441 del 04.11.2010, autos “Martínez c.Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A.” y Acuerdo N° 536 del 29.12.2010, autos “Caneda c. Federación Patronal Seguros S.A.”). Por lo demás, se comparte la tesitura que predica que no constituye excepción a la carga del artículo 56 de la ley 17.418, el supuesto del siniestro que el asegurador considera que se halla -expresa o tácitamente- excluido de cobertura, en tanto la amplitud en el objeto sobre el cual recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento (cfr. STIGLITZ, ob. cit., T.II, p.291/292; del mismo autor: Imposibilidad de hecho sin culpa o cumplimiento tardío excusable. Pronunciamiento del asegurador, en L.L.C. 2008-1231 y RCyS 2009-II-39; S.C.B.A., 07.07.1992, L.L. 1993-E-412; S.C.B.A., 20.09.1994, D.J.B.A. 140-615; CNCom, Sala C, 25.06.1987, L.L. 1988-A-247; CNCom, Sala B, 22.11.1988, L.L. 1989-C-193; CNCom, Sala A, 29.02.1996, L.L.1996-D-178). De allí que no resulte admisible en autos la invocación de una maniobra de sobrepaso prohibida no esgrimida por la aseguradora como causal configurativa de la defensa de culpa grave en oportunidad de pronunciarse sobre el derecho del asegurado, como bien lo ha remarcado el actor en su alegato y al contestar agravios.

Por otro lado y como bien señaló la A-quo, es sabido que conforme al artículo 76 quater del Código Penal, la suspensión del juicio a prueba excluye la aplicación de los artículos 1.101 y 1.102 del Código Civil, y la solicitud del beneficio no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente (art.76 bis, C.P.). Por lo demás, el auto de procesamiento dictado en sede penal y confirmado en la respectiva instancia de alzada no incide en la causa civil, ya que cuando la decisión penal no es una sentencia condenatoria no resulta de aplicación el artículo 1.102 del Código Civil y por tanto el juez en lo civil tendrá amplia libertad para decidir la cuestión (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, dir. Augusto C. Belluscio, coord. Eduardo A. Zannoni, Astrea, 1994, T.5, p.307), debiendo agregarse que en caso de traslado de prueba corresponderá al juez del nuevo proceso calificar la prueba para obtener sus conclusiones personales sin estar vinculado por las valoraciones efectuadas por el juez anterior (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General de la prueba judicial, 2da. ed., Zavalía, 1972, T.I, p.369). E incluso aunque existiera condena en sede penal por delito culposo, los jueces civiles no se verían en principio impedidos de valorar en sus pronunciamientos el grado de culpabilidad en relación al artículo 70 de la Ley de Seguros (cfr. CNCom, Sala A, 26.05.1960, L.L. 100-521; CCCSan Isidro, 26.10.1989, D.J. 1990-2-195; CNCiv, Sala K, 20.02.1991, L.L.1991-E-54; KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p.308).

Sentado lo anterior, y en relación a la alegada velocidad excesiva, no es cierto que esté suficientemente probado y fuera de discusión que el actor circulara a una velocidad tal que pueda imputársele culpa grave. La apelante invoca en sustento de tal afirmación el informe accidentológico y croquis confeccionado en el marco de las actuaciones prevencionales por la policía científica de Gendarmería Nacional obrante a fojas 22/43 de la causa “Martínez, Corsino Manuel s/ Homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”, Expediente Nº 14977 del Juzgado de Instrucción de Victoria (Entre Ríos), ofrecido como prueba en los presentes en fotocopias certificadas que tengo a la vista, y en el cual resultó imputado el aquí demandante por el siniestro de marras. Pues bien, la argumentación de la apelante se desvanece a poco que se examine el verdadero sentido de dicho informe.En efecto, en dicha pieza procesal el cabo primero Daniel Antonio Alegre y el alférez Patricio Hernán Córdoba expresaron que “en relación a la velocidad del móvil Nº 1 (Jeep Grand Cherokee), no se pudo comprobar a velocidad mínima que desarrollaba al momento de la colisión” y, luego de estimar la velocidad mínima de circulación del vehículo Nº 2 Renault 12 Break en 108,79 kilómetros por hora, conjeturaron -de modo algo confuso- que “en cuanto a la velocidad del móvil Nº 1, se estima que sería una diferencia de velocidad de 108 km/h respecto del móvil Nº 2, dando como resultado estimativo una velocidad de entre 180 y 200 km/h”; ante tal cuadro de situación, el juez instructor aclaró que el referido informe accidentológico fue confeccionado sin el contralor de la defensa del imputado y que no revestía el carácter de prueba pericial sino de mero informe técnico, y asimismo dispuso citar a prestar declaración testimonial al autor del informe, alférez Patricio Hernán Córdoba, a fin de que brindara algunas precisiones en relación al mismo (fs.106 de la causa penal); en su declaración, Patricio Hernán Córdoba aclaró que “no se puede calcular la velocidad del móvil Nº 1 -Jeep Grand Cherokee-, debido a que el mismo no dejó huella de frenada de neumáticos, por lo que no hay base concreta para poder determinar la velocidad mínima al momento del impacto. En cuanto a lo demás y la velocidad estimativa que determiné entre 180 y 200 km/h, quiero aclarar que para poder sobrepasar un vehículo uno debe llevar una velocidad mucho mayor que el vehículo a sobrepasar, por lo que estimo que la velocidad que llevaría el vehículo Nº 1 sería superior a 108,79 km/h -velocidad del vehículo Nº 2- y hasta un máximo de 180 o 200 km/h” (fs.121 vta.de la causa penal). De tal aclaración se desprende que la velocidad de desplazamiento previamente informada por el personal de Gendarmería Nacional en el orden de los 180 a 200 kilómetros por hora no hacía referencia a la velocidad concretamente alcanzada por el Jeep Grand Cherokee en el momento previo al impacto, sino a la máxima velocidad que eventualmente y en abstracto podría haber desarrollado el referido automóvil, pero ello dentro de un amplio rango de velocidades posibles a partir de una mínima superior a 108,79 kilómetros por hora, tomando como referencia la velocidad calculada para el Renault 12 y careciendo de otros datos en orden una aproximación más precisa y concreta. De modo que la única precisión que sobre la cuestión en danza puede extraerse de la prueba invocada por la apelante consiste en que en el caso concreto el rodado del actor habría desplegado una velocidad mayor a 108,79 kilómetros por hora, resultando así de escaso valor en orden a determinar siquiera aproximadamente la velocidad de circulación del automóvil del actor en relación a la causal de exclusión de cobertura esgrimida; y ello sin siquiera entrar a considerar lo indicado por el instructor penal en cuanto a que el informe fue llevado a cabo sin el contralor de la defensa del imputado.

También falla la argumentación de la recurrente al cuestionar el valor otorgado por la jueza de grado a otros elementos de prueba producidos durante la instrucción penal.Hay que destacar aquí que, contrariamente a lo que parece afirmar la apelante, la jueza de grado no tuvo en cuenta únicamente el informe presentado por el delegado técnico del imputado (obrante a fojas 223/231 de la causa penal), sino también y primordialmente el estudio pericial accidentológico encomendado por el juez instructor a la División Criminalística de la Policía de la Provincia de Entre Ríos (obrante a fojas 202/209 de la causa penal). En este último informe se expone como probable cadena de acontecimientos que en horario nocturno el Jeep Grand Cherokee circulaba por la Ruta Nacional Nº 174 hacia la ciudad de Rosario, en tanto el Renault 12 Break hacía lo propio por la misma ruta y en el mismo sentido pero algunos metros más adelante que el otro rodado y, en circunstancias en que las unidades se aproximaban al kilómetro 38 de la ruta, sobre uno de los puentes de la misma y sobre el carril de circulación mano a Rosario donde la señalización vial indicaba la velocidad máxima permitida en 80 kilómetros por hora, el Jeep impactó por alcance con su zona frontal izquierda la parte posterior derecha del Renault. Teniendo en cuenta las huellas de derrape del automóvil Renault 12 break y el peso comparativo de ambos rodados con sus ocupantes así como la bibliografía científica citada, asumiendo que el Renault 12 Break circulaba a velocidad reglamentaria, el experto calculó la velocidad aproximada del Jeep Grand Cherokee en los momentos previos al impacto entre 117 y 120 kilómetros por hora.Ha expresado reiteradamente esta Sala, en doctrina aplicable al sub examine, que “habida cuenta de que se trata de la opinión de un técnico supuestamente dotado de los conocimientos científicos necesarios de su profesión, frente al simple disentir de la parte que no aportó los elementos de juicio suficientes para concluir en el error o en el uso inadecuado de esos conocimientos por parte del experto, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponerle elementos de juicio de mayor peso, decidir en base a las conclusiones de la pericial” (v. de esta Sala: Acuerdo N° 321 del 16.10.2012, “Castello c. Frontini”, Acuerdo N° 298 del 26.09.2012, “Ibanchi c. Di.P.O.S.”; Acuerdo N° 152 del 29.05.2012, “Giosue c. Bini”; Acuerdo N° 407 del 11.11.2011, causa “Fernández c. Wulfson”, entre otros; v. tb. CNCiv, Sala F, 05.10.2004, L.L. 2005-A-773; CCCSF, Sala III, Juris 87-356).

Frente a tal cuadro probatorio, corresponde recordar que la culpa grave prevista en el artículo 70 y concordantes de la ley 17.418 se caracteriza por su carácter excepcional, lo cual implica que la negligencia o imprudencia a las que aquélla refiere deben revestir, para poner en funcionamiento la exclusión de la cobertura, una magnitud caracterizada por la desmesura y la infrecuencia, no bastando que se trate de actos que puedan contener una fuerte dosis de descuido o inadvertencia respecto de las diligencias requeridas por el caso, sino que es necesario que se trate de actos que se den excepcionalmente en el medio en que se desenvuelve la relación aseguradora, toda vez que la negligencia habitual aunque revista alguna gravedad integra el contexto general que fue tomado en cuenta al proyectar la cobertura por formar parte de las costumbres de los habitantes del lugar (cfr. BARBATO, Nicolás H., Culpa grave y dolo en el derecho de seguros, Hammurabi, 1988, p.147; STIGLITZ, ob. cit., T.I, p.318/323 y sus citas; C.S.J.N., 19.12.1991, J.A.1992-III-27; esta Sala, Acuerdo N° 54 del 03.03.2006, causa “Calderone c. Medicar Work S.A.”, publicado en RCyS 2006-1135). La jurisprudencia ha recordado, desde antaño, que la causal de culpa grave del asegurado en la provocación del siniestro constituye un supuesto de interpretación restrictiva y que la mera imprudencia no grave del asegurado no le hace perder el derecho a accionar contra el asegurador (CNCom, en pleno, 08.07.1968, “Carrasco, Santiago c. El Comercio Cía. de Seguros”, L.L. 132-12; CNCom, Sala C, 30.09.2003, J.A. 2004-II-851; CNCom, Sala C, 12.03.2004, L.L. 2004-C-1040; v. tb. STIGLITZ, ob. cit., T.I, p.330/331), entendiéndose que la cláusula de exclusión de cobertura por dolo o culpa grave no puede ser modificada convencionalmente en perjuicio del asegurado, lo cual impide incluir en la póliza supuestos específicos de exclusión de riesgo que importen en definitiva consagrar la exoneración del asegurador para casos que no entrañen estrictamente dolo o culpa grave sino meras faltas u omisiones de menor entidad (STIGLITZ, ob. cit., T.I, p.330/331; CCCParaná, Sala II, 27.03.1991, J.A. 1996-IV-síntesis). Por ello se acepta que no configura “culpa grave” sin más el conducir a una velocidad que simplemente supere la máxima permitida, en la medida en que tal velocidad no sea de una magnitud tal que exceda las infracciones corrientes (cfr. CNCom, Sala A, 14.11.1958, L.L. 94-23; CNCom, Sala C, 23.09.1968, L.L. 134-1111, S-20.543; Cám.2aCivCom La Plata, Sala III, 28.05.1965, L.L. 120-907, S-12.530; CNCiv, Sala A, 25.08.1992, L.L.1993-C-235, entre otros). Desde esa óptica, se estima que las probanzas aportadas a la causa ponderadas precedentemente no logran poner en evidencia más que la superación de la velocidad máxima permitida para el respectivo tramo de la ruta, lo cual por sí solo no resulta suficiente para atribuirle a la conducción de Martínez ribetes altamente culposos o una singularidad en el nivel de imprudencia tal que configure culpa grave. Por lo demás, la apelante no cuestiona en modo alguno las circunstancias atenuantes consideradas por la judicante relativas al envejecimiento o degradación de las lentes plásticas del grupo óptico trasero del vehículo Renault embestido, aparte de su obsoleto diseño y tecnología de fabricación, con la consiguiente dificultad de ser percibido desde atrás durante la conducción nocturna.

A mayor abundamiento, tampoco es certero lo afirmado por la apelante en cuanto a que habría quedado cabalmente demostrada la supuesta maniobra de adelantamiento del actor invocada intempestivamente por la aseguradora. En efecto, el informe prevencional de Gendarmería Nacional se sustenta en este punto sobre información obtenida al acudir al lugar del hecho en momentos posteriores a tener noticia del accidente, concretamente en información supuestamente recabada de testigos presenciales del hecho, según expuso el alférez Patricio Hernán Córdoba al declarar como testigo (v. fs.121/123 de la causa penal). Sin embargo, tales testigos no fueron citados a confirmar esa versión de los hechos mediante declaración testimonial ante el juez de instrucción, y hasta donde consta en las actuaciones penales ni siquiera fueron identificados. Así pues, tanto el referido informe como su posterior ratificación por parte de Patricio Hernán Córdoba al brindar su testimonio no son más que un relato de oídas, careciendo por tanto de fuerza de convicción siquiera indiciaria en este punto en razón de no contener una percepción directa de los hechos, mientras que quienes podrían deponer según sus propias percepciones y ofrecer las razones de sus certezas no fueron siquiera identificados.Por otro lado, si bien el gendarme Córdoba en su declaración testimonial expuso que en los momentos inmediatamente posteriores al hecho el conductor del Jeep Grand Cherokee le relató que venía intentando una maniobra de adelantamiento, tal extremo fue rotundamente negado por el actor al brindar su declaración indagatoria, donde expresó “no hablé nunca, ni jamás me preguntaron nada los funcionarios de gendarmería respecto del accidente en sí o de las causas del mismo” (v. fs.124/125 del sumario penal), no existiendo en la causa penal ni en los presentes elemento de juicio alguno que corrobore la versión de Córdoba sobre el particular. Por lo demás, la declaración testimonial de Jorge Eduardo Barlet (conductor del Renault 12 Break, a foja 79 de la causa penal) que invoca la apelante resulta de dudoso valor al no revestir carácter totalmente desinteresado, toda vez que aquél promovió por el mismo hecho juicio de responsabilidad civil contra el aquí demandante ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 1 según se desprende del informe de foja 243.

En definitiva, pese al esfuerzo argumental desplegado por la apelante, ésta no logra desvirtuar la valoración fáctica probatoria efectuada por la jueza de grado, por lo que corresponde el rechazo del agravio.

2.c) Tampoco es atendible la protesta contra la conclusión de la magistrada acerca de los menoscabos al vehículo asegurado y la cuantificación respectiva del daño, toda vez que la recurrente no formula una crítica seria y razonada acerca de la valoración probatoria hecha por la jueza A-quo (arg. art.365 , C.P.C.C.).

En cualquier caso, teniendo en cuenta que el daño patrimonial puede consistir en una disminución o minoración apreciable pecuniariamente en relación a los bienes que integran el patrimonio, el menoscabo de una de las cosas del dominio o posesión frustra de por sí el interés de su titular en mantener la incolumidad de sus bienes, engendrando un perjuicio resarcible en carácter de empobrecimiento actual.Significa ello que el perjuicio representado por los daños materiales en el vehículo existe propiamente desde el momento en que éstos se causan, es decir, a partir del propio suceso y sin que deba exigirse que los arreglos hayan sido efectuados o pagados. El deber del obligado es, básicamente, recomponer el patrimonio menoscabado por deterioro o destrucción de alguno de los bienes que lo componen y, desde tal perspectiva, las erogaciones que pueda haber realizado el damnificado para arreglar o reemplazar los bienes afectados únicamente tendrían virtualidad para cambiar la modalidad del daño (de económicamente determinable se convierte en pecuniariamente determinado), pero nada agregan a su preexistencia. Por ello, y contrariamente a lo sostenido por la apelante, el hecho de que las reparaciones no se hayan practicado o abonado no es óbice a su resarcimiento (cfr. cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, vol. 1: Daños a los automotores, Hammurabi, 1996, p.25/27; CNEspCivCom, Sala 2, 18.03.1985, L.L. 1986-E-704; CNEspCivCom, Sala 6, 11.05.1984, Rep. E.D. 20-A-119; T.S.J. Córdoba, Sala Civ. y Com. Cont. Adm., 29.05.1987, L.L.C. 1987-925).

Por lo demás, la judicante tuvo por probado el deterioro del rodado asegurado y la cuantía del daño en concepto de mano de obra de chapería por $ 35.800,- más I.V.A. más los daños por mano de obra mecánica por $ 17.800,- todo ello conforme a los presupuestos confeccionados por Taller Integral Kicar S.R.L.(“capot: cambiar y pintar; guardabarros delantero derecho: escuadrar y pintar; guardabarros delantero izquierdo: cambiar y pintar; puerta delantera izquierda: desabollar y pintar; carrocería: larguero escuadrar y pintar x 2; rejilla de radiador: [frente int.] cambiar y pintar; paragolpes delantero con sop. y alma: cambiar y pintar; soportes de paragolpes: cambiar y colocar; faros delanteros:cambiar y colocar”) e “IAC Import Auto Clinic” (“sacar motor completo; cambiar radiadores de agua, aire acondicionado, dirección hidráulica y caja automática; cambiar mangueras y soportes rotos; cambiar intercooler, soportes y mangueras; cargar equipo de aire acondicionado; cambiar fluidos de caja automática; cambiar fluidos de dirección hidráulica; cambiar refrigerante; armado completo y controlar funcionamiento”), ambos de septiembre y octubre de 2011, obrantes a fojas 32 y 33 y debidamente reconocidos en las audiencias instrumentadas a fojas 177 y 240. Sobre el particular se ha señalado que nada obsta a que se consideren acreditados los daños materiales en el automotor a través de distintos mecanismos de valoración jurisdiccional, como por ejemplo si, como ocurre en autos, hay correspondencia entre los deterioros presupuestados por el tallerista con las características del accidente (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, ob. cit., p.35). Cabe agregar que la demandada no produjo prueba alguna en orden a desvirtuar el valor de los elementos de juicio considerados por la A-quo (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, ob. cit., p.37 y ss., y sus citas).

Por otro lado, en cuanto a los repuestos a colocar, la magistrada adoptó un temperamento diferenciado, pues si bien tuvo presentes las piezas y precios consignados tanto en el presupuesto de Neostar S.A. de octubre de 2011 obrante a fojas 30/31 por $ 49.966,- como en el informado en febrero de 2012 mediante oficio de foja 206 remitido por Chrysler Argentina S.R.L. por $ 52.470,60, mediante la resolución aclaratoria de foja 316 postergó la determinación pecuniaria del daño respectivo al momento de la efectiva erogación. En este punto, la mera afirmación de la apelante en el sentido de que dicho método de determinación del quantum indemnizatorio del rubro mencionado implicaría una actualización prohibida por la ley 23.928, sin mayor argumentación, no satisface las exigencias del artículo 365 del Código Procesal.Sin perjuicio de ello y a mayor exposición, se ha señalado que resulta lícito fijar el valor de una prestación en relación al valor de otra cosa cierta, determinándose en su quantum al momento del pago de acuerdo al precio del bien considerado, constituyendo ello un mecanismo compatible con el régimen legal actual por no tratarse de cláusulas de actualización prohibidas como lo son las que estabilizan según el valor de la moneda (cfr. MOISSET DE ESPANES, Luis y MARQUEZ, Fernando, Cláusulas de determinación del precio y cláusulas de estabilización: la actualidad de la distinción, J.A. 2002-IV-961; ESBORRAZ, David, en Fundamentos de Derecho Contractual. Parte Especial, dir. Noemí Nicolau, La Ley, 2009, T.II, p.61; ARIZA, Ariel, Senderos del nominalismo, La Ley, 2010-F-635).

2.d) En lo que respecta a la queja referida a que la tasa de interés a aplicar debería ser una tasa bancaria pasiva, la misma tampoco tiene entidad de agravio en los términos del artículo 365 del Código Procesal. A todo evento, le asiste razón al apelado toda vez que, siendo el contrato de seguro celebrado entre las partes de naturaleza comercial (art.8, inc. 6 , Cod. Com.), resulta de aplicación el criterio hermenéutico que estima que la previsión contenida en el artículo 565 del Código de Comercio supera el acotado escenario del mutuo mercantil para regir con respecto a toda obligación comercial (en tal dirección, esta Sala I, 20.05.1998, “García c.Iguazú S.A.”, Zeus 80-J-46). En este sentido, la jurisprudencia mayoritaria del país tiene resuelto que si bien el artículo 565 del Código de Comercio está ubicado en el título dedicado al contrato de préstamo, debe aplicarse a todos los contratos mercantiles, a la responsabilidad derivada de los mismos y, en general, a los actos de comercio, pues se trata de una norma propia y típica del derecho comercial aplicable a todo su ámbito, y que desplaza al artículo 622 del Código Civil (doctrina judicial subyacente en el plenario de la Cám. Nac. Com. del 27.10.1994, “La Razón S. A.”, L.L. 1994-E-412). Tal criterio de aplicación de la tasa activa a las sumas dinerarias emergentes de contratos comerciales ha sido también mantenido reiteradamente por esta Sala, con distintas integraciones (conf. entre otros, Acuerdo Nº 25 del 12.04.1999, “Banco de Crédito Argentino c. Sileoni”; Auto Nº 110 del 17.10.2000, “Lansky c. Bertolino”; Acuerdo Nº 127 del 21.11.2000, “Laboratorios Ferkim S.R.L. c. Diagnósticos por Imágenes S.R.L.”; Acuerdo N° 573 del 05.12.2005, “Mo Amilcar R. c. Rosario Refrescos S.A.I.C.F.I.”; Acuerdo N° 3 del 04.02.2009, “Tasca c. Zarzur”; Acuerdo N° 10 del 07.02.2007, autos “Publicar S.A. c. Pritty S.A.”; Acuerdo N° 536 del 29.12.2010, autos “Caneda c.Federación Patronal Seguros S.A.”).

2.e) Finalmente, en lo tocante a la imposición de costas formulada en la sentencia de primera instancia, es oportuno recordar que para el supuesto de vencimientos recíprocos el artículo 252 del Código Procesal prevé la compensación o distribución de las costas en proporción al éxito obtenido por cada litigante, siendo pacíficamente aceptado que la proporcionalidad de la distribución debe ponderarse prudencialmente con criterio jurídico y no meramente aritmético (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio Jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1986, T.II, p. 942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Peyrano, Jorge W., director, Vázquez Ferreyra, Roberto coordinador, Juris, 1997, T.1, p.781/782). Desde tal perspectiva y teniendo en cuenta que el actor resultó victorioso en la cuestión principal del juicio de responsabilidad contractual, como asimismo en lo tocante a significativos rubros del cumplimiento y resarcimiento reclamados (el de la cobertura de los daños materiales por menoscabos en el rodado, más los gastos de traslado), mientras que no prosperaron algunos de los rubros indemnizatorios pretendidos tales como los daños por privación de uso, gastos originados en la guarda del automotor, daño moral y daño punitivo, se estima con criterio jurídico que resulta adecuadamente proporcionada y ajustada a derecho la distribución de costas efectuada en la instancia anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con lo expuesto por el señor vocal doctor Ariza, y vota de la misma manera.

Sobre esta segunda cuestión, el señor vocal doctor Baracat dijo:Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la tercera cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde desestimar el recurso de nulidad y rechazar el recurso de apelación.

Las costas de esta segunda instancia se impondrán a la recurrente perdidosa (art.251, C.P.C.C.).

Los honorarios de los profesionales correspondientes a su intervención en esta segunda instancia serán regulados en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva resulten regulados en primera instancia (art. 19 , ley 6.767).

Así voto.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo: Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual forma.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Baracat, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera, integrada, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad. 2) Rechazar el recurso de apelación. 2) Imponer las costas de esta segunda instancia a la recurrente. 4) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva resulten regulados en primera instancia. Insértese, hágase saber, y bajen. (Expte. Nro. 177/2012).

ARIZA

SERRA

BARACAT

-art.26 ley 10.160-

 

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