DAÑOS Y PERJUICIOS POR UNA PIÑA: Condenan al demandado a pagar una indemnización al actor por haberle pegado una piña en una discusión de tránsito.

Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al accionado a indemnizar al actor por los daños que le ocasiónó debido a un golpe de puño en la cara que le propinó en una discusión ocasionada por el tránsito, y ello, aunque la causa penal se haya extinguido por el cumplimento del demandado de la suspensión del juicio a prueba.-

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A. E. V. N. c/ B. H. H. y otro s/ daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Sala/Juzgado: G
Fecha: oct-2013

Sumarios:

1.-Corresponde rechazar el rubro indemnizatorio de daño psicológico pue el peritaje obrante en autos, es terminante en el sentido que la víctima no sufrió incapacidad psicológica alguna, así como tampoco disminución en su capacidad de acción ni volitiva (arts. 477 y cc. del rito).

2.-El daño psicológico no tiene autonomía ontológica, porque el renglón incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc.

3.-El resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica.-

4.-Si la afectación a la integridad física -caso de lesiones como el que aquí se trata- genera disminución de posibilidades patrimoniales, integra la incapacidad; es, por consiguiente un daño patrimonial indirecto, si no produce esa disminución, forma parte del daño extrapatrimonial o moral.-

Texto del Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de octubre de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la sala “G” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “”A E V N C/ B H H Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 233/38 circuladas, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: CARLOS ALFREDO BELLUCCI- BEATRIZ A. AREÁN- CARLOS A. CARRANZA CASARES.- A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Bellucci dijo:

I.- A consecuencia de una invocada intercepción en la marcha que traía el vehículo del actor, por parte del demandado, se produjo una discusión acalorada, que remató, según afirmó el peticionario, en un golpe de puño propinado por el accionado que lo lesionó.-
Ello ocurrió el 26 de agosto de 2005, y dio motivo al inicio de la causa penal n° 33.587 en la que se suspendió a prueba por un año el proceso que se le siguió al encausado (ver fs. 133/34), y por haber éste cumplido con las reglas impuestas en la mentada suspensión, se declaró extinguida la acción penal y se lo sobreseyó.-

II.- Finiquitadas sendas etapas de cognición y debate, a fs. 233/38 circuladas, sobre la base de las declaraciones de testigos recabadas en la instrucción, el sr. juez “a-quo” admitió parcialmente la pretensión inicial, y condenó al golpeador a indemnizar a la víctima, en la medida, accesorios y las costas que allí dispuso y le impuso.- Procrastinó fijar emolumentos a favor de los sres. profesionales que dieron asistencia en la litis.-

III.- Ambas partes se desconforman con el fallo.- El actor (fs. 259/60, con repulsa a fs.266/67 vta.) rezonga por el rechazamiento de su pretenso daño psicológico y predica roñería de lo dado por la “noxa” moral.-
El condenado (fs. 262/64, sin respuesta pese al traslado ordenado a fs. 265) critica la valoración de la prueba testifical realizada por el “iudex” argumentando substancialmente que dichos testigos, por su posición, no pudieron ver lo que dijeron ver, elucubrando la forma en que el actor pudo lastimarse en la frente, negando que le hubiere propinado un golpe.- Protesta también por el monto del daño moral acordado y finaliza su memoria quejosa aduciendo que las costas deberían ser, en caso de confirmarse el fallo, impuestas por su orden porque el reclamo inaugural, sólo prosperó en mínima parte.-

IV.- Por obvia razón de método, me abocaré a analizar, en primer término, los cuestionamientos a la base probatoria tenida en cuenta por el juzgador.-
El argumento basal de la disidencia que trato pasa por el meridiano de la imposibilidad de advertir (los testigos) lo sucedido, por encontrarse dos automotores detrás del quejoso, y no darles el ángulo escaso de visión la posibilidad de visualizar lo acontecido.- Meritando concienzudamente los dichos volcados a fs. 22 y a fs. 26 de la instrucción, el espinel crítico ensayado se corta, y la argumentación en él amarrada no convence (arts. 386, 456 y cc. del rito).-
Y lo afirmo convencido, dado que ambos testigos son contestes en haber visto al demandado bajarse de su camioneta e ir a increpar y golpear al actor que se encontraba sentado en la suya y al volante, y hasta describen que se trataba de una persona con capacidad diferente por el logo puesto en el rodado, que incluso, no se bajó.-
Ambos refieren que le dieron los datos a la acompañante llorosa del golpeado, y dan su testimonio en forma coherente y la ratifican a fs.69 y 105 de estos obrados, oportunidad en que fueron debidamente repreguntados por la apelante, y respondieron de manera creíble.-
Tanto que lo corroboran las respuestas asertivas a las posiciones de fs. 183, 5ª y 6ª. absueltas a fs. 184 por el recurrente.- De otra parte, es dable apontocar que el despliegue crítico es similar al del alegato de fs. 227/230 circuladas, que bien ha sido rebatido por los sólidos fundamentos del “a-quo” vertidos a fs. 235 vta. circulada (arts. 265, 266 y cc. del rito).-
Lo reseñado hasta aquí me basta para desechar este supuesto agravio.-
Pero traigo a colación otro elemento de inducción que si bien no es decisivo como los anteriores, se le suma y es el antecedente de daño calificado, causa n° 44.169 de 8 días anteriores al entuerto de autos que se informa a fs. 9 del legajo de personalidad acólito a la causa penal antes mencionada, que me permite inferir un carácter poco manso del demandado (arts. 163, 386, y cc. del código adjetivo).-
Correctamente encuadrada la “quaestio” en la órbita del artículo 1072 de la ley sustantiva, y a mi ver, también acreditada la agresión sufrida por el peticionario, propongo confirmar el justo epiquerema de grado que las inanes quejas no corroen en este axial aspecto.-

V.- Toca en suerte adentrarme en la cuestión meramente crematística.- “Del daño psicológico rechazado”.-
El peritaje rendido a fs. 81/82, ratificado a fs. 129/132 circuladas, es terminante en el sentido que la víctima no sufrió incapacidad psicológica alguna.-
Tampoco, disminución en su capacidad de acción ni volitiva (arts. 477 y cc. del rito).- Ergo, por muy esforzadas que han sido las argumentaciones vertidas a fs. 259/vta.acápite II, es dable circunscribirse a lo experticiado por la idónea, de lo que no encuentro yo tampoco elementos de convicción que me permitan de ello apartarme.-

Y tal rubro no tiene autonomía ontológica.- En primer lugar, porque el renglón “incapacidad sobreviniente” tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquella tiene con 5 relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: sala “F” en causa libre n° 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J. “Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-” t. IV-A, pág. 5, pág 219, n° 13; Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, t. III, pág.122; Borda, G.A. “Tratado de Derecho Civil Argentino- Obligaciones-”, t. I, pág. 150, n° 149; Mosset Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños” t. II-B, pág. 191, n° 232; Alterini-Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones” t. I, pág. 292, n° 652).- En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (conf. CNCiv. Sala “A” en causa libre n° 59.662 del 22-3-90).- En segundo término, la sala ya ha resuelto que el daño psicológico carece de autonomía ontológica.-
Es que nuestra clasificación dual de daños que prohíja y regula la ley civil, no admite un “tertium genus”.- O se demuestran daños patrimoniales directos o indirectos, o extra patrimoniales.- En tal sentido me place citar el precedente de este pretorio “in re”: “Tía c. Casagrande” publicado en La Ley, 1995-E, 461/66, IV consid.y sus citas, con nota de “Xanthos”, fundamentación jurisprudencial y doctrinaria, mi querido ex colega de sala doctor Greco docentemente explica la improcedencia -por ausencia de autonomía- de tal partida.- En sentido concordante, véase su voto preopinante en “Montesi de Pons c. De Guzmán s/ daños” , en el ED, t. 177 p. 275/77, especialmente II considerando, en lo pertinente, a cuyas citas remito por razones de brevedad.- Si la afectación a la integridad física -caso de lesiones como el que aquí se trata- genera disminución de posibilidades patrimoniales, integra la incapacidad; es, por consiguiente un daño patrimonial indirecto.- Si no produce esa disminución, forma parte del daño extrapatrimonial o moral.-
Daré las razones. En el derecho italiano se entiende, en general, que el daño no patrimonial es resarcible sólo en los casos determinados por la ley (art. 2059 del código de 1942), precepto que su doctrina vincula con el art. 185 de su código penal por lo que limita su procedencia a los casos de delito, a los que adiciona, excepcionalmente, alguna otra situación siempre que exista norma que así lo prevea (ver por todos Adriano DE CUPIS, “Il danno. Teoria generale della responsabilità civile”, vol 2, Milano, Giuffrè, 1970, extenso desarrollo en el n° 149, págs. 236/242; en igual sentido Francesco MESSINEO, “Manual de Derecho Civil y 7 Comercial”, traducción de Santiago Sentis Melendo, Bs. As., E.J.E.A., 1954, to. VI, n° 53, págs. 565/567. Más recientemente Guido ALPA, “Responsabilità Civile e danno. Lineamenti e questioni”, Génova, 1991, Società Editrice Il Mulino, págs. 506/512, con análisis de la evolución del concepto en la jurisprudencia que glosa).-
Aparte de las críticas a lo restrictivo del precepto, formuladas como aspiración “de lege ferenda”, se advierte en la reseña de fallos (tanto en los citados por ALPA como en los que se registran en el fallo de primera instancia dictado por la Dra. Elena Highton, EL DERECHO, to. 152, págs.451/455 y que la alzada hizo mérito, para confirmarlo, de la insuficiencia de los recursos, págs. 499/500) una preocupación de los jueces italianos por dar solución favorable a casos en que no había delito penal, al extremo que no faltan decisiones que dilatan la intelección del art. 2043 (“cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquél que ha cometido el hecho a resarcir el daño”; como se ve, conceptualmente idéntico al art. 1109 de nuestro código), para lo cual se recurre a la creación de una suerte de “tertium genus” (“metà tra il danno patrimoniales a quello morale”) al que denominaron daño psicológico (ALPA, ob. cit., pag. 507).- En nuestro derecho el problema es diferente. El art. 1078 salido de la pluma de Vélez era, literalmente, tan limitativo como lo fue después el 2059 italiano (“si el hecho fuese un del ito del derecho criminal.”); omito las distintas comprensiones que le dieron ciertas jurisdicciones del país -capital y provincias- por ser ya arqueología jurídica.-
Con la reforma de 1968, el nuevo texto del art.1078 y el progresivo abandono de la tesis punitiva o sanción ejemplar que en un tiempo gozó de cierto predicamento, hoy en día es prácticamente “ius receptum” que el daño moral es resarcible, en sede extracontractual, se trate de delito o acto ilícito culposo corrientemente llamado cuasidelito, y aun en los casos en que juega un factor objetivo de imputación.- De consiguiente, no se justifica querer importar una exótica teoría, formulada sobre bases normativas diferentes, que tiene el vicio lógico de transgredir el principio de tercero excluido.-
En efecto, si un daño no es patrimonial, necesariamente es extrapatrimonial; y si no es lo uno ni lo otro, no es daño.-
No queda margen para la recepción de una pretendida clasificación tripartita entre daño patrimonial y psicológico, carente de principio de división (esta sala, en L.N° 218111 del 27 de mayo de 1997, autos “Delbue Guillermo c/ Quezada Ríos”).- En suma, por lo meritado y fundado propicio confirmar el rechazo que vino bien decidido de la anterior instancia.- “De lo poco o mucho dado por el daño moral”.-
Basta leer la escueta memoria que luce a fs. 260 apartado IV, para concluir en que no reviste la calidad de crítica concreta y razonada de los fundamentos dados por el colega de grado (arts. 265, 266 y cc. del rito).- Muestra sólo un muy respetable pero subjetivo disenso que no desnuda yerro alguno en la justa valúa de la epítema realizada por el “a-quo”.-
Igual mote le cabe a la expresión de fs. 263 punto B)/vta., que aunque un poco más extensa que la anterior, tiene también el sayo de mera disconformidad, a la que de modo llamativo, respetable pero inane, adosa el quejoso su propia actuación en el sentido que él no pediría tal item.-
Cada faz extrapatrimonial de los individuos no tiene que ser idéntica. No lo es.Por ende se desmorona la pretensión de revisión en menos que allí se ruega.- Como entiendo justo y equilibrado el ejercicio de valúa realizado por el “iudex”, mi ponencia en este aspecto es por la confirmatoria del monto de condena (arts. 163, 165, 377, 386, 456, 477 y cc. del rito; 1078, 1109 y cc. del código civil).- “De las costas de primera instancia impuestas al demandado y que este repele”.- Habida cuenta que la carga causídica, en juicios del caletre del presente, no son sanción sino el reconocimiento de los gastos que el damnificado debió realizar para que su derecho, bien que menguado, le fuera reconocido, tampoco admitiré la queja espetada a fs. 263 vta. acápite C/264 (art. 68 del rito).-
En suma, voto por la afirmativa como respuesta al interrogante copete de este acuerdo.- De concurrir mis distinguidos pares, corresponderá confirmar la sentencia de grado, en todo cuanto decidió y fue motivo de no atendibles quejas, con costas de alzada por su orden atento que ambas memorias gravosas se frustraron (arts. 68 segunda parte, art. 71 y cc. de la ley de forma).- Tal es mi ponencia al cónclave.-
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Beatriz A. Areán y Carlos A. Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por el Doctor Bellucci.-

Con lo que terminó el acto.-

CARLOS A. BELLUCCI.
BEATRIZ A. AREÁN.
CARLOS A. CARRANZA CASARES.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la sala “G” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-
Conste.-

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013.-
Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia apelada, en todas sus partes, con costas de alzada por su orden.-

II.- Una vez regulados los emolumentos devengados a favor de los sres. profesionales por sus tareas de grado, serán fijados los pertenecientes a las aquí llevadas a cabo.-

III.- Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal.- Comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN. (conf. art 4° Acordada 15/13 C.S.J.N).- Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvase.-

CARLOS ALFREDO BELLUCCI.
BEATRIZ A. AREÁN.
CARLOS A. CARRRANZA CASARES.

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