Responsabilidad de los establecimientos terapéuticos. Tentativa de suicidio. Drogadicción

[JURISPRUDENCIA]. Se condena a la institución demandada a resarcir los daños y perjuicios sufridos por la actora con motivo del fallecimiento de su hijo acaecido a consecuencia de una tentativa de suicidio que realizara mientras se encontraba internado, al tenerse por acreditada una falla en la supervisión continua del paciente, pese a haber tenido un comportamiento problemático desde su ingreso.

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Texto completo:

Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2013, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “G., L. M. c/ Casa del Sur y otro s/ daños y perjuicios”.

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:
I. La sentencia obrante a fs. 485/496 condenó a la demandada y a su aseguradora al pago de la suma de $ 138.800 con más intereses y las costas del juicio, con motivo del fallecimiento del hijo de la accionante acaecido a consecuencia de una tentativa de suicidio que realizara mientras se encontraba en las instalaciones del establecimiento accionado, producido un tiempo después en una institución hospitalaria a la que fue derivado.
Contra dicho pronunciamiento se alzan las partes, expresando agravios a fs. 575/579 la actora, a fs. 570/573 la demandada y a fs. 582/588 la citada en garantía. Los respectivos traslados fueron respondidos sólo por la accionada a fs. 591/593, perdiendo las restantes partes su derecho de hacerlo (fs. 613 y 615).
La parte actora plantea su disconformidad con los montos estimados por el sentenciante en concepto de pérdida de chance, daño moral y gastos, en tanto que la accionada se agravia por la responsabilidad que se le atribuye, queja en la que coincide la aseguradora, sumando además su protesta por la extensión de la condena a su parte.
A fs. 634 se dicta el llamado de autos a sentencia -luego de la realización en este Tribunal de audiencias de conciliación que resultaron infructuosas- providencia que se encuentra firme, encontrándose las actuaciones en estado de resolver las cuestiones planteadas.
II. En lo sustancial los agravios vertidos en la cuestión relativa a la responsabilidad endilgada a la accionada no logran conmover las fundadas conclusiones a las que arriba el magistrado, luego de un exhaustivo análisis de los elementos probatorios aportados a la causa.
Resulta absolutamente irrelevante a los fines de calificar la índole de la actividad desempeñada por la comunidad terapéutica la circunstancia de que se trate de un servicio prestado por una asociación civil y no por una sociedad comercial. Si la prestación a la que se obligó -en función del contrato que la unía con la obra social del joven- incluía atención psiquiátrica y psicológica, no cabe duda que nos encontramos dentro del marco asistencial de la salud mental.
Aun cuando en otros casos que revistan diversas características puedan atender pacientes en un marco diverso, en el caso concreto de este joven lejos se estaba de un régimen de libertad.
Por el contrario, funcionaba con las características de los establecimientos “de puertas cerradas”, en los que se predisponen determinadas condiciones de las que da cuenta la documentación aportada por la propia accionada en la contestación de la demanda, en particular la obrante a fs. 37/46, de la que resulta el alta del paciente, el informe inicial y el “Convenio de internación”, en el que se estipulan las pautas relativas al tipo de tratamiento, las salidas terapéuticas, como así también disposiciones relativas a las pertenencias de los internados, las comunicaciones telefónicas o por correspondencia, los espacios de atención y consulta sobre los aspectos del tratamiento y las consecuencias de un abandono (salida de los residentes fuera de los límites del predio sin la autorización correspondiente).
En la historia clínica obran los informes psiquiátricos semanales, los informes de la psicóloga interviniente y las constancias de los operadores terapéuticos en relación con las transgresiones en las que incurriera el joven, algunas de ellas de notoria gravedad, si bien en ninguna se hace referencia a comportamientos autoagresivos o ideación suicida.
III. La ley actualmente vigente (Nº 26657) establece claramente que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. En consonancia con ello, la reglamentación (Decreto N° 603/13) establece que entre las estrategias y dispositivos de atención en salud mental, se incluirán para las adicciones dispositivos basados en la estrategia de “reducción de daños”. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca.
Aun cuando esta normativa no había sido sancionada al momento de producirse la internación del hijo de la accionante, este criterio ya era el prevaleciente tanto en doctrina como en jurisprudencia.
La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Se relaciona, de este modo, “con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos” (Kraut, Alfredo J y Diana, Nicolás, “Apuntes sobre la reglamentación de la Ley 26657″, DF y P 2013 (octubre), 149).
La misma ley dispone que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.” (art. 4 Ley 26657).
Ello se ve corroborado por la inclusión en el art. 482 del Código Civil reformado por la misma ley de “las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones” en igualdad de condiciones, por cuanto todas las disposiciones se aplican indistintamente a una u otra afección. En los hechos, hace ya décadas que la interpretación jurisprudencial apuntaba en el mismo sentido.
Las personas con padecimientos que no se encuentran sujetas a juicio de insania o inhabilitación en régimen de internación son sometidas a un tratamiento dirigido primordialmente a lograr su cura o restablecimiento. Pero también “esa persona disminuida en sus facultades, drogadicto o alcohólico, tiene que entenderse que se encuentra con una “incapacidad de obrar transitoria” durante su internación y que existe la necesidad de recurrir a medidas de “protección” y “asistencia” a su respecto” (Gnecco, Emilio P., “Protección del internado con padecimientos mentales o adicciones”, Sup. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs. As. 23/07/2013, 1; L.L. 2013D, 978).
La Corte, en reiteradas oportunidades, ha dicho que quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular (conf. Fallos: 315:1892; 320:1999; 329:3065; 330:2748, entre otros).
No escapa al conocimiento de la suscripta -y mucho menos aún puede ser desconocido para la accionada- la enormidad de dificultades con las que deben enfrentarse al trabajar con pacientes de alto riesgo, gravemente afectados por el consumo precoz de sustancias que causan graves daños incluso desde el punto de vista clínico, y que muy frecuentemente se encuentran asociadas a trastornos de la personalidad (en el caso, al ingresar ya se señaló un trastorno de conducta) o patologías incluso más graves.
Todo ello obliga especialmente a reforzar los controles para evitar situaciones de violencia entre pacientes con severas dificultades para controlar sus impulsos, y aun cuando no exista un diagnóstico infalible para prever con absoluta certeza la posibilidad de un suicidio, ello no resulta suficiente para eximir de responsabilidad a la institución.
En el caso, los antecedentes del comportamiento especialmente transgresor de que dan cuenta los informes obrantes en la historia clínica (espontáneas agresiones físicas sin provocación previa, sustracción de un celular, relaciones sexuales con un compañero, daños a bienes del establecimiento) exigían un control aún más estricto de este paciente, quien incluso había sido sancionado limitándose las visitas y llamados.
Uno de los testigos propuestos por la propia demandada, que declara a fs. 337/338, médico psiquiatra que se desempeña en Casa del Sur, si bien no aporta datos precisos en cuanto a este paciente en concreto, por no recordarlo, sí explica detalladamente las modalidades de la prestación de los servicios de la accionada, según las distintas problemáticas que atienden.
Con relación al régimen de “comunidad cerrada”, señala al responder a la décima pregunta, referida a con qué periodicidad se controla a los internos, respondió “los pacientes están permanentemente controlados porque justamente, de lo que trata el tratamiento es una observación permanente de parte del cuerpo profesional y todos los detalles cuentan en cuanto en la conducta del paciente para señalar y mostrar consecuencias de sus actos. Los pacientes nunca están, teóricamente, sin supervisión, están siempre bajo observación de algunos de los miembros del equipo, hay varias personas que tienen que ver con esta supervisión. No hay periodicidad sino continuidad” (fs. 338, Dr. Héctor Narbona, el subrayado me pertenece).
Ningún cuestionamiento a la prueba pericial médica especialmente considerada por el a quo reviste suficiente entidad para controvertir sus conclusiones, y esta declaración ratifica ampliamente que existió una falla en la supervisión continua de este paciente, pese a haber tenido un comportamiento problemático desde su ingreso.
No parece, pues, que pueda calificarse el hecho como un caso fortuito o fuerza mayor eximente de responsabilidad, aún sin perder de vista que el agente primario del daño fue la propia víctima.
IV. La aseguradora esboza un agravio específico en relación con el alcance de la cobertura, con fundamento en el art. 118 de la Ley 17418. No se alcanza a discernir en qué consiste exactamente la queja, por cuanto precisamente ese es el contenido expreso del decisorio atacado (ver Considerando V, último párrafo, fs. 493 vta., al que remite el punto II in fine de la parte dispositiva del fallo, fs. 495 vta.).
La sentencia rechazó la excepción de no seguro opuesta por la citada en garantía, pero no condenó más allá del alcance del contrato celebrado entre las partes, por lo que nada cabe modificar al respecto.
V. En cuanto a la procedencia de los rubros reconocidos en la sentencia a fin de fijar el monto indemnizatorio, nada dicen las accionadas, agraviándose únicamente la actora por considerarlos exiguos.
En primer término, he de señalar que el escrito resulta un compendio de citas jurisprudenciales que nada aportan para evidenciar que haya podido existir una estimación errónea por parte del sentenciante y que justifique la revisión de los montos por él establecidos.
Más aún, en lo que concierne a los gastos -rubro fácilmente determinable por quien haya tenido que afrontarlos- el decisorio admite la totalidad del monto reclamado, por lo que la actual pretensión de incrementarlo implicaría apartarse de los términos en que ha quedado trabada la litis, excediendo las facultades del juez, que se encuentran acotadas por la vigencia del principio dispositivo.
Para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estimen configurados según el análisis que debe hacerse de la sentencia apelada (C.N.Civ., esta Sala, 20/10/2011, Expte. Nº 18.275/08, “Seage, Ana Karina c/ Altrui, Alejandro Claudio s/ división de condominio”; Idem., id., 22/5/2012, Expte. Nº 95.402/2001 “Castillo, Rosa Beatriz y otros c/ Emprendimientos Maccarone S. A. s/ daños y perjuicios”, entre otros).
No obstante la amplitud de criterio de este Tribunal en la materia, no cabe duda que la pieza recursiva no reviste las condiciones necesarias para ser considerada una auténtica expresión de agravios, la que solo es idónea cuando contiene un mínimo de técnica recursiva que permita destacar al menos con cierta precisión los aspectos de la sentencia que el recurrente estime desacertados. El apelante debe indicar cuáles son los defectos u omisiones del pronunciamiento que objeta y los fundamentos que lo impulsan a proponer los reproches que formula. En caso contrario, sólo se configuraría una insustancial dialéctica o explicación racional que, al estar desprovista de entidad legal, no resultaría apta para su específica función ritual (C. N. Civ., esta Sala, 17/12/2009, Expte. Nº 62.375/2006 “Enser, Luis Alberto c/ Empresa de Transporte General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 13/08/2010, Expte. Nº 75.184/2000 “Kohan, Juan Carlos y otro c/ Jorge, Norberto Andrés y otros s/ cancelación de hipoteca”).
Por ende, el recurso interpuesto por la parte actora debe considerarse desierto a tenor de lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal.
VI. En cuanto a las costas de Alzada, reiteradamente hemos sostenido que el principio general en la materia está regulado en el art. 68 del Código Procesal, que establece lo que se ha dado en llamar el principio objetivo de la derrota: la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.
El fundamento de la regla reside en tal hecho objetivo, con prescindencia de toda valoración acerca de la conducta con que la parte vencida pudo haber actuado durante la sustanciación del proceso. No se trata, entonces, de una reparación fundada en las normas del derecho sustancial, sino de una que se asienta en una expresa directiva procesal, que a su vez toma en cuenta un dato objetivo: el resultado del pleito, con independencia del ánimo que pudo haber determinado la conducta de las partes.
Tal principio que sirve de fundamento a la imposición de las costas no supone necesariamente la derrota del discurso del vencido por el del vencedor, sino que opera también cuando la pretensión del primero en el caso trasuntada en la gestión recursiva incoada no es admitida por deficiencias propias. Tal circunstancia acarrea para el oponente el dispendio derivado de la imperatividad de concurrir a defenderse, independientemente de que los argumentos fundantes de la defensa sean o no tenidos en cuenta para repeler la pretensión (C.N. Civ., esta Sala, 30/12/09, Expte. Nº 79.503/93 “D’Agostino, Rosa Lidia c/ Empresa Línea 216 S.A.T.” y Expte. Nº 91.547/96 “D’Agostino, Miguel Ángel c/ Aguilera Héctor Rubén y otro”; Idem., id., 10/12/09, Expte. Nº 41.025/2005, “Magnifico, Daniel Alberto c/ Pavone Farina, Marcela y otros”; Id., id., 11/05/2010, Expte. Nº 75.058/2000 “Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios”).15/07/2010, Expte. Nº 72.250/2002, “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios”, entre muchos otros).
En orden a la aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal, tan vencido es quien resulta superado por las razones de la contraria como quien fracasa por su propia insuficiencia argumental (C.N. Civ., esta Sala, 10/12/2009, Expte. Nº 60.306/2004 “Aguete, Hugo Daniel c/ Nelli, Carlos s/ consignación” y Expte. Nº 31.615/2004 “Nelli, Carlos c/ Aguete, Hugo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria”; Idem., id., 5/10/09, Expte. Nº 10.541/2002 “Consorcio de Propietarios Avda. Coronel Díaz 1489/97 c/ Administración Aníbal Azulay S.R.L. s/ rendición de cuentas”; Id., id., 23/6/2010 “Amoedo de Rey, Cecilia Laura c/ Coviares S. A. s/ daños y perjuicios”).
Sin embargo, también esta Sala ha sostenido reiteradamente -en consonancia con el criterio imperante en el fuero que la preservación de la integridad del resarcimiento o, en términos generales, del derecho reconocido en la sentencia, justifica que sea el vencido quien cargue con las costas derivadas del litigio, pues, de lo contrario, los gastos realizados para obtener ese reconocimiento se traducirían, en definitiva, en una disminución del derecho judicialmente declarado.
Por ello, tratándose de un reclamo por indemnización por daños, aunque aquel no prospere por el monto pretendido, corresponde imponer las costas al accionado para mantener íntegra la reparación del perjuicio probado, por lo que no existe razón atendible para apartarse del criterio objetivo de la derrota que informa el art. 68 del Cód. Procesal (C. N. Civ., esta Sala, 15/09/2011, Expte. Nº 7684/2005, “Sanguineti, Elza Raquel c/Coto Cicsa y otros s/daños y perjuicios”; Idem., id., 27/09/2011, Expte. Nº 40151/1996, “Gheringhelli Carlos Pablo c/ Corro Adrián s/ Daños y perjuicios”, y fallos allí citados).
Considerando, entonces, que la actora resulta parcialmente vencida en esta instancia al declararse desierto su recurso, tal como lo solicitara la accionada en su responde de fs. 591/593, y que no ha mediado contradicción de su parte en cuanto a los recursos de sus oponentes al no haber contestado los respectivos traslados, las costas de esta Alzada se habrán de imponer en el orden causado, a tenor de lo dispuesto por el art. 68, segunda parte, del mismo ordenamiento.
Por las razones expuestas, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:
1) confirmar el decisorio recurrido en todo lo que ha sido materia de apelación,
2) imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).
TAL ES MI VOTO
Las Dras. Beatriz A. Verón y Zulema Wilde adhieren el voto precedente.
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
1) Confirmar el decisorio recurrido en todo lo que ha sido materia de apelación,
2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).
3) Para conocer lo honorarios regulados a fs 495/496 y que fueran apelados a fs. 499,503, 519, 521, 533 y fs 546 respectivamente. En virtud de la naturaleza, calidad ,eficacia y extensión del trabajo realizado así como la incidencia de su labor profesional en el resultado del proceso, etapas cumplidas, ameritando las pericias presentadas y la injerencia de las mismas en el resultado del pleito, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 478 del CPCCN ponderando la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los demás profesionales intervinientes (CSJN Fallos: 300:70; 320:2349; 325:2119 entre otros muchos precedentes) y en orden a las pautas establecidas en los arts 6, 7, 9, 10, 19, 33, 39, 47 y conc. de la Ley 21839 modificada por Ley 24432 por cosiderarlos ajustados a derecho se confirman los honorarios regulados en la instancia de grado. Por
la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la Ley 21839, regúlense los honorarios de los Dres E. S. en la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2400) Los del Dr. J M D en la suma de pesos cinco mil ($ 5000) y los de la Dra. A F M en la suma de pesos un mil quinientos ($ 1500) Regístrese, notifíquese por cedula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4) y oportunamente devuélvase.

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