Contrato de trabajo. Amenaza de despido. Retiro voluntario. Extinción por mutuo acuerdo. Invalidez.

[JURISPRUDENCIA]. Acreditado que el empleador comunicó a sus dependientes que si no aceptaban el acuerdo extintivo propuesto serían despedidos y que no se pagarían las indemnizaciones ante la posibilidad de quiebra de la empresa, sumado ello a que el trabajador al momento de suscribir el mentado retiro voluntario ante escribano público estuvo asesorado por un letrado vinculado al empleador; es dable concluir que su consentimiento se vio afectado por vis maior o coacción moral, razón por la cual la extinción así instrumentada configuró un despido encubierto e incausado que debe ser indemnizado.

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De Miguel, Esteban Alberto vs. Tele Red Imagen y otros s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI, 29-11-2013; RC J 371/14

Texto completo:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
I. Contra la sentencia dictada a fs. 320/323 que rechazó la demanda se alza la parte actora a fs. 327/333, con réplica de la demandada a fs. 348/351. La demandada a fs. 335/336 se alza contra la resolución que impone las costas en el orden causado. El perito contador los apela por bajos sus honorarios (fs. 326).
II. La parte actora se agravia por cuanto la sentencia de grado:
1. No trató la totalidad de los puntos sometidos a consideración del sentenciante como incorrecta registración de su categoría laboral y encuadre profesional con las diferencias salariales que ello determina; no se le abonaron las horas suplementarias y francos compensatorios reclamados.
Señala el apelante que la sentencia de grado ha omitido el tratamiento de las cuestiones antes citadas y que fueran planteadas en la demanda, incurriendo en violación del principio de congruencia e incurriendo en arbitrariedad.
En mi criterio la queja debe ser acogida.
La sentencia rechaza la acción impetrada en tanto el actor se acogió a un retiro voluntario que rescindió su relación con la demandada sin que se advierta que su voluntad hubiera estado viciada, haciendo referencia al acuerdo celebrado entre las partes (fs. 321/322) instrumentado por el acta notarial que por pedido de ésta Sala se agregara a fs. 377/379.
No hay constancia que dicho acuerdo mereciera homologación de la autoridad administrativa y menos judicial, con lo cual no veo obstáculo para el reclamo de los rubros introducidos en la demanda y que efectivamente no fueron tratados por la sentenciante, ello sin perjuicio que en el siguiente agravio se meritue el alcance del acuerdo celebrado.
El primer reclamo del actor se refiere al encuadre profesional que mereciera por la empleadora, como “asistente de producción” que surge de los recibos de haberes (fs. 28/29) e informe pericial contable (fs. 264/266), descalificando por fraudulento esa categorización y sosteniendo que se desempeñó como “periodista”, solicitando el amparo y aplicación del estatuto legal del periodista profesional regulado por la Ley 12908.
El art. 2 de la normativa estatutaria citada, establece “… Se consideran periodistas profesionales a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas, y agencias noticiosas. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario general, secretario de redacción, prosecretario de redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traductor, corrector de pruebas, reportero gráfico, archivero y colaborador permanente”…
De acuerdo a las declaraciones testimoniales obrantes en autos, encuentro que el actor se desempeñó para la demandada en calidad de periodista, y por ende que las circunstancias fácticas de autos, se subsumen en la norma legal citada.
Así, la testigo Elia (fs. 177/178) que no tiene juicio pendiente con la demandada es muy clara en cuanto a que el actor producía programas deportivos para la demandada en el canal T y C Sports, con detalle del horario, y que también hacía el programa “Domingol” en el que la testigo junto al actor realizaban notas periodísticas, que viajaban al interior, los fines de semana y que la jornada de trabajo del actor comenzaba antes que la de ella, ya que ingresaba a las 9 hs. ya estaba De Miguel trabajando y que se quedaba editando hasta la 20 o 21 hs. El testigo Córdoba (fs. 268/269) a quien tampoco le comprenden las generales de la ley coincide con la antes citada, manifestando que el actor hacía notas en las canchas y editaba con el dicente a la noche, el programa “Despertate”.
Dichos testimonios se ven plenamente corroborados por los de Troncoso, Estaban Gabriel (fs. 121/122); Hernán Facundo López (fs. 134/135) y Pantorotto (fs. 254/256), coincidentes en cuanto a las tareas del actor y jornada de trabajo. Si bien los tres últimos citados tienen juicios pendientes con la demandada y por tanto sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez, lo cierto es que resultan concordantes con los primeros mencionados y restantes elementos probatorios, como documental y pericial contable.
En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386 del CPCCN exige al juzgador que la valoración de la misma lo sea por los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito al mismo apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión parece objetivamente verídico (no solamente por la congruencia de sus dichos, sino además por la corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente) siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del Magistrado.
Asimismo, el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que declaraciones de testigos que individualmente consideradas pueden ser objeto de reparos o consideradas débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos.
En el caso, el material probatorio examinado de conformidad con las reglas de la sana crítica permite tener por acreditados los presupuestos fácticos de la pretensión, por lo que en conclusión corresponde atender al presente agravio de la parte actora, y revocar por tanto el fallo apelado en este aspecto.
De prosperar mi voto, propiciaré se haga lugar a los salarios reclamados por el encuadre del actor como periodista profesional, y su incidencia en los restantes rubros, como sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales y horas suplementarias liquidadas al actor por la demandada, todo lo cual calcularé infra.
En cuanto al reclamo de horas suplementarias no puede prosperar, ya que reclama 20 horas mensuales sin aclarar en la demanda si son aparte de las liquidadas a razón de dos horas diarias conforme el instrumento obrante a fs. 25, recibos de haberes de autos, e informe pericial contable.
Tampoco prosperarán los rubros SAC y Vacaciones ya que los mismos obran abonados en el recibo de sueldo de fs. 28.
Otro de los reclamos se refiere a “Francos no otorgados” (art. 36) como se lo incluye a fs. 16. vta.
El art. 36 de la Ley 12908 establece que “… Los periodistas gozarán de descanso hebdomadario, debiendo darse descansos compensatorios en la subsiguiente semana cuando trabajen los feriados nacionales, obligatorios, o abonarse las remuneraciones correspondientes al feriado con un cien por ciento de recargo”…
La redacción no es ciertamente feliz por cuanto confunde el descanso hebdomadario con los feriados no aclarando si está referido a los días del descanso semanal o a los feriados obligatorios (art. 165 y ss. LCT).
Realizando una interpretación amplia de la norma estatutaria, entiendo que se refiere al feriado del descanso semanal, ya que no cabe otra mirada, partiendo de la ubicación en que se incluye el feriado en relación al descanso.
Considero además que el art. 36 del Estatuto del Periodista Profesional, se diferencia del instituto “salarios por días de descanso no gozados” previsto en el art. 207 de la LCT ya que éste solo permite la compensación en dinero, previa comunicación del trabajador de que hará uso del derecho al descanso compensatorio, de lo contrario implica una caducidad automática a su goce. Interpretando ésta norma tengo fijado criterio, en cuanto a que en el caso de que el trabajador no habilite esa vía, tendrá derecho al cobro de los salarios pero como horas suplementarias, ya que de lo contrario se produciría un enriquecimiento sin causa del empleador.
Pero en el caso de la norma del art. 36 mencionado, el mismo prevé el derecho a la percepción del feriado con un cien por ciento de recargo, sin ninguna exigir otro comportamiento al trabajador, diferenciándose del mecanismo del art. 207 LCT, razón por la que aplicando el principio pro operario de la norma más favorable estaré a lo dispuesto por el dispositivo estatutario.
El principio pro operario forma parte, como sub-principio, del protectorio incorporado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y leyendo el art. 9 de la LCT posee tres supuestos (Fernández Madrid Juan C. “Leyes Fundamentales del Trabajo” pag. 11 y ss. L. L. agosto 2011):
a) Concurrencia de dos normas a resolver la misma situación prevalecerá la más favorable, aplicando el sistema de conglobamento por instituciones.
b) Cuando una Ley o una norma de convención colectiva posea distintos sentidos deberá adoptarse la más favorable al trabajador.
c) Si la duda recae sobre la prueba de los hechos los jueces deben inclinarse en favor del trabajador (Ley 26428).
A fs. 264 vta. el perito contador informa que la demandada no exhibió la documentación que permitiera responder la pregunta referida al otorgamiento de los francos compensatorios, motivos y cantidad de los mismos. Consecuentemente y aplicando el art. 55 de la LCT estaré al informe pericial en el punto (fs. 265 vta.) no impugnado por las partes.
Prosperará asimismo el reclamo de asignación por antigüedad (art. 56 Ley 12908) ya que no surge de los recibos de haberes adjuntados en autos que se haya abonado, ni del informe pericial contable.
Como surge de la prueba testimonial quedó acreditado que el actor trabajo en sábados y domingos, razón por la cual debió ser remunerado conforme lo establece el art. 34 de la Ley 12908, y progresará por el periodo reclamado.
Con relación a los rubros referidos a las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso, la abordaré en el siguiente agravio.
2. Otorgó validez extintiva al acto rescisorio.
La sentencia de grado otorgó validez extintiva al acuerdo de extinción de la relación laboral, que ninguna de las partes adjunto, pretendiendo el actor su descalificación por fraude laboral, y la demandada su eficacia extintiva. Ello motivó que se intimara a las partes para que lo adjunten en autos, obrando a fs. 368/374, resultando un acto privado instrumentado en escritura pública nº 3211 del 9-11-2009 pasada por ante la Notaria Cristina L. Bonazzi, con la firma del actor y la letrada apoderada de la demandada. Al final del acto en la cláusula 11 del acuerdo, el empleado deja constancia que contó con el asesoramiento legal del Dr. Francisco Berdaguer. El citado letrado conforme documentación incorporada a la causa (fs. 362/364) no objetada por la accionada aparece en diversas actividades académicas como abogado de “T y C Sport”.
Todos los testigos declarantes en autos expresaron en forma clara que si no aceptaban el acuerdo propuesto por la accionada, serían despedidos y no se pagarían las indemnizaciones, con riesgo de quiebra de la empresa, dado que como consecuencia de los contratos decaídos con la AFA como consecuencia de la puesta en práctica del programa “Fútbol para todos” ya no disponían de esa fuente de ingresos.
Tal como lo establece el art. 857 del Código Civil… “Las transacciones hechas por error, dolo, miedo, violencia o falsedad son nulas o pueden ser anuladas en los casos en que pueden serlo los contratos que tengan éstos vicios” y… “los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna” (art. 900).
Al decir de Vélez Sarsfield “… una persona que no tiene discernimiento y libertad en sus actos no es considerado en el derecho como un acto, sino como un acontecimiento fortuito” (nota al art. 900 con cita de Maynz T. I pag. 119).
Por tanto el hecho del acuerdo firmado por el actor con la demandada en presencia de sus dos abogados, debe reputarse como un hecho casi involuntario del actor (art. 897 CCiv.).
Resulta de evidencia que el actor se vio condicionado por las circunstancias para suscribir el acuerdo, sufriendo vis maior, coacción moral, al momento de decidir hacerlo y por ello entiendo que de acuerdo a las circunstancias del caso, el contenido jurídico del acto debe ser relativizado, considerando como hecho objetivo la percepción por el actor de la suma de $ 53.080 corroborada por el recibo de haberes de fs. 28 y el propio reconocimiento del accionante (fs. 17).
Quizás las circunstancias del caso no lleve a configurar propiamente un vicio del consentimiento en la voluntad del trabajador accionante, pero sin embargo es evidente que con dicho acuerdo se violaron sus derechos de carácter irrenunciable, y no es menester que se produzca propiamente ese vicio para restarle eficacia al acuerdo sub-examine.
Comparto el criterio de Eduardo Álvarez cuando afirma que… El ordenamiento jurídico protege al trabajador mediante lo que nosotros llamamos una “sustracción normativa de contenido”, afectando el objeto mismo del negocio, mediante un sistema atípico en el Derecho privado que concede al trabajador derechos no sólo irrenunciables, sino, en muchos supuestos, indisponibles. Como vemos, el propio orden normativo, prescinde del expediente natural de los “vicios del consentimiento” para conjurar los abusos en la esfera de la voluntad y lo que hace es aplicar una técnica propia del orden público general: limitar la autonomía de la voluntad, afectar el objeto del acto jurídico, imponer un contenido al negocio desde el imperativo derecho estatal y prescindir del ámbito del sujeto. Por ende, no cabe ir en busca de tales vicios sea cual fuere el ámbito de la negociación, ya que, como bien lo expresa Horacio de la Fuente, las mismas razones que fundamentan la irrenunciabilidad de los derechos provenientes de las normas imperativas (en lo sustancial, evitar abusos de la autonomía de la voluntad) justifican también que se desconozca validez a los actos mediante los cuales el trabajador abandona derechos derivados del contrato. FG Dictamen nº 38552 16/7/04 Expte. nº 6813/03 “Devicenzi, Leonardo c/ Arca Distribuciones SA s/ despido” Sala IX.
Esta Sala examinando un caso de aristas similares ha dicho que… Comprobado que el “acuerdo” para el “retiro voluntario” del trabajador ha sido conformado sobre la base de la sola voluntad extintiva del patrono, el presupuesto para la composición de dicho acuerdo previo radicó en lo que el propio empleador declaró y admitió como necesaria e inevitable reducción del personal (pase a disponibilidad, cesantías o despidos), es evidente entonces que el acuerdo y la consecuente renuncia del trabajador en las condiciones expresadas sólo encubrieron un verdadero despido (Conf. SCJBA 9/4/85 “Carrizo c/ Swift Armour SA Argentina” DT XLV-B-1430). En orden a lo expuesto, sólo puede ser mantenida la validez del despido pero no puede ser soslayada la reparación correspondiente en los términos del art. 245 LCT. (Del voto del Dr. Fernández Madrid, en minoría). CNAT Sala VI Expte. nº 10891/91 sent. 38861 12/8/93 “Fuertes, Eduardo c/ AGP s/ diferencias de salarios” (FM.- CF.- M.-).
Considero entonces que la extinción de la relación laboral así instrumentada constituye un despido encubierto e incausado que debe ser indemnizado de acuerdo a las normas de la Ley 12908.
III. Rubros que prosperan. Liquidación a cargo del perito
El perito contador de autos practicará la liquidación de los rubros que prosperan con la base de su informe y tomando la remuneración de $ 5.372,91 para la categoría de “productor periodístico”, considerada remuneración devengada (fs. 265) a saber:
1. Diferencias salariales por labor periodística. Tomará la remuneración devengada. Descontará la remuneración liquidada de $ 4.556.
2. Asignación por antigüedad del 1 % anual sobre la remuneración devengada.
3. Salarios por días de franco no gozados por el periodo reclamado con la remuneración devengada.
4. Incidencia de la diferencia de categoría en SAC, Vac. Proporcionales obteniendo la diferencia entre lo liquidado y la remuneración devengada.
5. Incidencia de la remuneración devengada en las Horas Extras liquidadas.
6. Salarios por trabajos en sábados y domingos.
5. Indemnización por despido (art. 43 inc. b L. 12908) tomando la remuneración devengada.
6. Indemnización sustitutiva del preaviso (art. 43 inc. a L. 12908) con la rem. Devengada.
7. Indemnización especial del art. 43 inc. d L. 12908 conf. Rem. devengada
8. Salarios de integración del despido día 9 al 30-11-2009 con Rem. devengada art. 43 inc. a L. 12908).
A la suma resultante se descontará lo percibido a cuenta por el trabajador el 1-12-2009 conforme fecha de recibo de fs. 28 y de allí se calcularan los intereses conforme pautas del Acta 2357/02 de la CNAT, sin perjuicio de los intereses que correspondan a los rubros diferencias desde que cada suma es debida.
IV. Extensión de responsabilidad.
El demandante solicita se condene solidariamente a los directores contra los cuales acciona a fs. 4, sustentando su pretensión en que no se lo registró correctamente y que ello constituyó un fraude a la Ley laboral, correspondiendo la extensión de responsabilidad conforme lo normado en los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (fs. 15 vta.). No hay otro argumento, ni se imputa a los directores demandados su intervención en los actos objetados, ni siquiera en el acuerdo de extinción suscrito por la letrada apoderada.
El art. 59 de la Ley 19550 establece que los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, respondiendo ilimitada y solidariamente si faltaren a sus obligaciones. Responden de la misma forma por el mal desempeño de su cargo con el criterio del art. 59 citado (art. 274 LS).
En este marco de orfandad argumentativa, considero que no puede hacerse lugar a la solidaridad pretendida, ya que no hubo falta o parcial registración ni incumplimiento del pago de la remuneración, solo se imputa una categorización que de acuerdo a la prueba colectada se rebeló como errónea, haciéndose lugar al reclamo de las diferencias resultantes.
En cuanto al denominado acuerdo o retiro con pretensión de eficacia extintiva, fue desactivado considerándose configurada la rescisión contractual incausada, y condenando al pago de las indemnizaciones legales pertinentes a cargo de la empresa.
Por ello la pretensión no puede prosperar.
V. Costas y honorarios de grado. Las costas serán soportadas por la demandada TELE RED IMAGEN SA. Los honorarios, teniendo en cuento el valor del litigio, el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las características del procedimiento laboral propongo regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandada y perito contador en el 17, 12 y 8 % del capital de condena (art. 68 CPCCN).
VI. Costas de la presente instancia atento a como se resolvió la cuestión se imponen a la demandada vencida (art. 68 CPCN) y se establecen los honorarios en el 25 % de lo fijado en la etapa anterior (art. 14, Ley 21839).
LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:
Que adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18345, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la demanda por la suma de $ 28.606,79 por la que responderá la demandada TELE RED IMAGEN SA más intereses conforme las pautas del acta 2357/02 de ésta Cámara, desde que cada suma es debida. 2) Imponer las costas de ambas instancias a su cargo. 3) Regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandada y perito contador en el 17 %, 12 % y 8 % del capital de condena. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes por su actuación en la presente instancia en el 25 % de lo que les corresponde percibir por su actuación primera instancia.
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.
Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan.
LUIS A. RAFFAGHELLI – GRACIELA L. CRAIG.

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