ALIMENTOS. Ejecución de cuotas alimentarias adeudadas. PRESCRIPCIÓN. Cuota alimentaria fijada por sentencia judicial. Art. 4027 del Código Civil. Distintas posturas doctrinarias: plazo quinquenal o decenal. Art. 4023 del Código Civil. La actio judicata. ACTOS INTERRUPTIVOS. Configuración. Procedencia.

[JURISPRUDENCIA] La parte actora interpuso recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones, que acogió parcialmente el recurso con relación a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado. El impugnante adujo que se transgredieron normas de derecho y se incurrió en arbitrariedad. Asimismo, la parte recurrente expresó que el reconocimiento de una deuda prescripta sin reserva ni observación alguna en tiempo procesal oportuno tiene como consecuencia que esta recobre su exigibilidad. El Máximo Tribunal Tucumano resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora.

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Fecha
15/10/2013
Materia
Familia
Revista
Familia & Niñez
Número
117
Tribunal
CSJ TUCUMÁN
Resolución
Sentencia 786
Carátula
M. de A. M. E. vs. A. R. R. s/ Pensión alimenticia.

1. Aún en los supuestos de cuotas alimentarias fijadas por sentencia judicial, la obligación de pago por los períodos posteriores a la sentencia –aún no devengados a la fecha de la sentencia y no reclamados– prescriben a los cinco años, plazo establecido en el art. 4027 del Código Civil. De conformidad con lo expresamente dispuesto en el art. 4027, inc. 1.º, del Cód. Civil se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimentarias. Dicho plazo comprende a las cuotas alimentarias ya fijadas por sentencia o por convenio. (Del voto en disidencia del Dr. Antonio Gandur)

2. La obligación alimentaria se materializa en una prestación dineraria de tracto sucesivo, desde que es pagadera mes a mes y por adelantado (art. 641, Cód. Procesal). Como tal, se adecua a los supuestos contemplados por el art. 4027 del Código Civil, tanto la cuota alimentaria establecida convencionalmente como la fijada por resolución judicial. Corrobora lo expuesto la circunstancia que el artículo referido solo haga mención a las “pensiones alimenticias” sin distinción alguna en relación a su origen. Así, no cabe aplicar la prescripción que corresponde en los supuestos en que, por mediar sentencia, es aplicable el término común para la actio judicati que es de diez años. No puede pretenderse la aplicación del art. 4023 del Código Civil ante la claridad y especificidad del art. 4027. Demasiado generoso es ya el plazo quinquenal, como para pretender adjudicar al legislador la intención de ubicarlo en el decenal. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

3. El plazo quinquenal consagrado en el art. 4027, inc. 1.º, del Código Civil no solo se aplica cuando la pensión alimenticia, cuya causa es la obligación ex lege, ha sido fijada judicialmente, sino aún en el caso de que no haya habido pretensión deducida ante el órgano judicial. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

4. Cuando se trata de alimentos legales o de convencionales que haya sido necesario reclamar en la Justicia, se plantea la duda de saber por qué no es aplicable el plazo de diez años si en definitiva se trata del cumplimiento de una sentencia. La actio iudicati no se aplica a las prestaciones que se devengan con posterioridad a la sentencia, porque lo que esta ha reconocido es el derecho a cobrar esos alimentos, los que no pueden ser cobrados antes de que sean devengados. El plazo aplicable a estos alimentos es de cinco años. Por eso la ley habla de “atrasos” y no puede la sentencia fijar el plazo de prescripción de “atrasos” que todavía no han tenido lugar. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

5. No se puede interrumpir un plazo vencido y los efectos de la interrupción solo alcanza a los plazos de prescripción en curso. El efecto interruptivo solo puede ser reconocido a hechos que se sucedan durante el transcurso del plazo en cuestión, mas no cuando el término tiene finiquito. Los actos interruptivos o suspensivos del plazo de prescripción deben ser cumplidos necesariamente antes de su vencimiento en razón de que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

6. El mero reconocimiento de la obligación tributaria, efectuado con posterioridad a que se hubiera operado la prescripción por el curso de los términos, no hace renacer la extinguida obligación impositiva. Ello así, a poco que se advierta que la virtualidad que la propia ley reconoce, es su incidencia respecto de una prescripción que se estuviera cursando (y que, de tal modo se interrumpiría), mas no con relación a una prescripción ganada. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

7. Si bien la ley establece que el reconocimiento tiene incidencia en la prescripción, ello es así respecto de la que se encuentra en curso, supuesto en el cual se interrumpe, pero no respecto de la prescripción cuyo plazo se encuentra vencido. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

8. No debe perderse de vista que el reconocimiento tiene naturaleza declarativa y no constitutiva. El reconocimiento no constituye una nueva causa de deber, tiene carácter comprobatorio y no innovador, no es posible confundirlo con la novación porque esta supone la extinción de la obligación precedente que resulta sustituida por la nueva, mientras aquel deja intacta la obligación a que se refiere, que permanece idéntica a sí misma. En tanto la novación supone necesariamente la presencia lógica de dos obligaciones, la que se extingue y la que se crea en su reemplazo, en el reconocimiento no existe sino una sola obligación. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

9. El art. 3989 del Código Civil expresamente dispone: “La prescripción es interrumpida por el reconocimiento expreso o tácito, que el deudor o poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía”. A su turno, el art. 3965 de dicho cuerpo normativo expresa: “Todo el que puede enajenar, puede remitir la prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo”. De los dispositivos transcriptos se colige claramente que “el reconocimiento expreso o tácito del derecho del acreedor realizado por el deudor, solo tiene efectos interruptivos de la prescripción y que en modo alguno implica la renuncia a oponerla, pues ello constituye una cuestión distinta. La renuncia a la prescripción ya ganada (no se acepta la renuncia a la prescripción futura por lesionar el interés público en que se basa la institución) y que implica la renuncia al derecho a oponerla cuando aquella ya ha sido cumplida, como toda renuncia es de interpretación restrictiva y no se presume, debiéndose probar adecuadamente, lo que no acontece en autos, máxime tratándose en el presente caso de una persona jurídica estatal donde la voluntad de renunciar a oponer la prescripción debe estar claramente establecida”. (Del voto en disidencia del Dr. Gandur)

10. La prescripción de la obligación de pago de cuotas alimentarias emergentes de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se produce a los diez años pues se encuentran alcanzadas por el plazo previsto para la “actio judicata” del art. 4023 del Código Civil. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

11. Habiendo sido introducida la defensa de prescripción por la accionada, corresponde al juzgador determinar la naturaleza de la relación jurídica y el plazo aplicable, aún frente al error en que hubieran incurrido las partes al fundar la citada excepción. Decidir cuál es la norma aplicable, constituye una facultad irrenunciable para el órgano jurisdiccional, de conformidad al principio iura novit curia. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

12. Existen corrientes doctrinarias distintas sobre cuál es el plazo de prescripción que se aplica. Para una doctrina la prescripción sería la de 5 años en atención a que – sostienen– existen normas expresas –en el caso, el art. 4027, CC– que vendrían a tipificar el supuesto de hecho de excepción al que alude el art. 4023 cuando proclama su genérica aplicación, “salvo disposición especial”; para otra doctrina, corresponde aplicar la prescripción decenal cuando lo que se reclama son pensiones alimenticias fijadas por una sentencia judicial, pues se afirma que existiendo la res iudicata, la prescripción que corresponde es la ordinaria, es decir, la decenal. En otras palabras, para un sector, se aplica el art. 4027 del CC, mientras que para otro, la dispositiva que regula la materia es la prevista en el art. 4023 del mismo digesto de fondo. Esta última solución es la que debe propiciarse en casos donde sucede que, a los elementos de hecho que configurarían la especificidad que prescribiría aplicar el art. 4027 del CC (reclamo de pensiones alimenticias adeudadas), se agrega otra particularidad fáctica cual es la de que ese reclamo al demandado proviene ahora de una ejecución de sentencia que ha quedado firme. De allí que estamos en presencia no solo de una acción por pensión alimenticia, sino de una acción con ese objeto que ha obtenido sentencia favorable, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

13. Cualquiera sea el derecho que fundamente la interposición de una demanda judicial, una vez que se dicta la sentencia que ordene el cumplimiento de determinada conducta, el plazo aplicable a la prescripción de la pretensión que de ella se derive es el decenal ordinario. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

14. Cualquiera sea el derecho que se reclame, la existencia de la obligación que surge de sentencia goza de la cosa juzgada, y torna aplicable el art. 4023 del Código Civil, en tanto el título de la obligación pasa a ser la mentada sentencia, y en consecuencia las cuotas alimentarias que queda obligado a pagar el alimentante se encuentran alcanzadas por el plazo de prescripción previsto para la actio judicati. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

15. Toda cuestión relativa a la prescripción es de interpretación restrictiva. De este aserto surgen dos derivaciones. La primera, que no cabe la extensión analógica. En efecto, el art. 4027 habla de obligación de pagar los atrasos de pensiones alimenticias, constituyendo la “actio iudicati” un supuesto estrictamente distinto. Ello es así porque la falta de distinción del art. 4027, inc. 1.º, del Código Civil –que podría conducir a aplicar el adagio “ubi lex non distinguit…”, englobando entonces también el supuesto de alimentos derivados de sentencia–, no puede llevarnos a realizar una interpretación arbitraria que desnaturalice la hermenéutica del Código, pues la misma no puede ser valorada en forma aislada respecto del resto del universo de normas que integran el ordenamiento jurídico aplicable, aspecto sobre el que en breve se habrá de volver. La segunda, que no cabe olvidar que el principio en favor de la persistencia o conservación del derecho y de la acción rige cuando se tienen dudas sobre la solución que corresponde al caso. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

16. En cuestiones de prescripción la consideración de la justicia o la injusticia de las soluciones a que se llegue, constituye una buena reflexión para elaborar el derecho del futuro, e incluso para orientarse en una posible interpretación de los textos legales vigentes. Desde esta perspectiva de análisis, no debe olvidarse que toda la materia misma vinculada al instituto de la prescripción, se encuentra impregnada de una difícil y compleja tensión entre dos valores fundantes de lo jurídico, cuales son la justicia y la seguridad; y es que, mientras la estricta perspectiva formal de la justicia reclamaría que todo derecho fuera imprescriptible, las exigencias de la seguridad jurídica imponen que solo algunos se encuentren dotados de tan enérgico atributo. En otras palabras, el Derecho positivo no siempre resuelve dicha tensión del mismo modo, pues unas veces hace primar rigurosamente las exigencias de la justicia (doctrina del art. 4019, CC), pero otras sacrifica provisoriamente dicho valor en el altar de la seguridad jurídica. Tal sacrificio es sin embargo –y como se viene de afirmar provisorio, pues como lo pone de manifiesto una meditada lectura de los arts. 515, 516 y 3962 del Código Civil–, el Derecho instituye al propio beneficiario de la prescripción en sacerdote laico de la justicia, delegándole en último término la misión de hacer brillar sus exigencias materiales. Pero, sobre todo, dicha tensión entre la justicia y la seguridad jurídica, configura una pauta hermenéutica válida a la hora de enfrentar hipótesis controvertidas. (Del voto en mayoría del Dr. Estofán)

17. El Codificador fijó un plazo ordinario de diez años para todas las acciones en el 4023, pero en el art. 4027, inc. 1.º, dijo que prescribe en cinco años el derecho a cobrar los “atrasos de pensiones alimenticias”. El motivo de la divergencia es que las deudas contenidas en el art. 4027 son las que la doctrina denomina prestaciones “fluyentes”, esto es aquellas que por su carácter acumulativo, se devengan periódicamente y por ello aumentan incesantemente su monto. No tienen por objeto el capital anteriormente debido, sino que vienen a crear un capital o crédito nuevo, como lo dice Llerena, de manera que la deuda aumenta en razón directa con el tiempo. Estas prescripciones fluyentes se caracterizan por la existencia de un derecho principal que genera obligaciones accesorias o independientes con cierta periodicidad y regularidad (el derecho a percibir alimentos es la causa generadora del devengamiento de la cuota alimentaria) y porque además no siguen la regla de la accesoriedad en todos sus términos, pues tienen un plazo de prescripción distinto de la obligación principal de la cual derivan. Las anualidades de intereses son independientes; cuentan con una existencia o exigibilidad autónoma y están sujetas a prescripción propia y distinta del capital, siendo la razón de esta diferencia, el prevenir y evitar la acumulación de las obligaciones respectivas y el sacrificio del deudor, motivo por el cual se exigen dos condiciones: determinación de la suma debida y posibilidad de su acrecentamiento por la acumulación de los pagos periódicos. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

18. La prescripción extintiva tiene siempre entre sus objetivos, el de salvar al deudor del daño inevitable, ya mayor, ya menor, que deriva del tardío requerimiento del pago de su deuda que lo sorprende después de corridos tantos años, cuando había destinado para otros fines, los medios que debieron servirle para satisfacer aquella deuda. En cuanto a los alimentos, la razón de que la obligación prescriba en el plazo de cinco años ha sido justificada por la doctrina en que el alimento se paga, por lo general, con los ingresos regulares del alimentante. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

19. Los alimentos atrasados, fijados mediante una sentencia firme, tienen un plazo de prescripción de diez años para ser cobrados pues emanan de una actio iudicati. La razón es que el deudor no puede manifestar sorpresa o desconocimiento pues sabe a cuánto asciende lo que debe pagar. Su ejecución es igual a la de cualquier condena a pagar una suma líquida de dinero. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

20. Los alimentos que se devenguen luego de que la sentencia fija la cuota alimentaria no están alcanzados por la actio iudicati, sino que siguen prescribiendo en el término quinquenal que fija el art. 4027, inc. 1. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

21. El derecho a reclamar alimentos no prescribe jamás. A lo que el derecho pone un límite es a las cuotas atrasadas que se pueden reclamar. Prudencialmente el legislador argentino estima ese tiempo en cinco años. La ejecución de una planilla firme de alimentos tiene un plazo decenal porque en ese caso no hay peligro ni sorpresa para el deudor, por lo que no veo que sea pírrica la cosa juzgada obtenida. Distinta es la situación cuando el alimentado deja transcurrir más de cinco años sin reclamar nada, dejando que se acumulen mes a mes los “atrasos” que menciona el 4027 del Código Civil. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

22. Por aplicación del principio de que quien puede lo más puede lo menos, debe reconocerse que si quien paga la deuda prescripta, acto más grave, no puede repetir lo pagado, con más razón interrumpe la prescripción quien reconoce una deuda prescripta, acto menos grave, aunque el plazo haya corrido por completo. La deuda prescripta sigue siendo una deuda, natural, pero deuda al fin. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Sbdar)

CSJ Tucumán, Sent. n.º 786, 15/10/2013, “M. de A. M. E. vs. A. R. R. s/ Pensión alimenticia”

* Fallo seleccionado y reseñado por Mauro Nicolás Córdoba.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a quince (15) de octubre de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar –por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido–, y el señor vocal doctor René Mario Goane –por subsistir la falta de votos para dictar sentencia válida–, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “M. de A. M. E. vs. A. R. R. s/ Pensión alimenticia”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse, doctora Claudia Beatriz Sbdar y el doctor René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 656/660) contra la sentencia n.º 441 de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 646/650). Dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 16 de mayo de 2012 (fs. 707) del referido Tribunal de Alzada.

II. Entre los antecedentes relevantes del caso, se observa que mediante sentencia de fecha 13 de agosto de 1993 (fs. 34) se hizo lugar a la demanda de pensión alimenticia promovida por la Sra. M. E. M. de A. en contra del Sr. R. R. A. Posteriormente, en fecha 20 de septiembre de 2004 (fs. 130/131), la parte actora presenta una planilla de actualización de la deuda generada por el supuesto incumplimiento del pago de las pensiones (que incluía la actualización de la planilla de fs. 59 y de períodos del año 1995 hasta el año 2004) por la suma de $ 99.828,21. Por providencia de fecha 4 de octubre de 2004 (fs. 132) se ordena correr traslado al demandado de la planilla presentada por la parte actora, sin que se efectivice ese traslado. Por su parte, en fecha 31 de agosto de 2005 (fs. 180) se celebra una audiencia entre las partes en la que arriban a un acuerdo, por el cual el Sr. R. R. A. –en lo relevante– se compromete a “1) Entregar en el día de mañana, 1 de septiembre del cte. año, la suma de pesos cuatro mil ($ 4000) a cuenta de lo que adeuda…”. Dicho convenio fue homologado por sentencia de fecha 15 de septiembre de 2005 (fs. 195). A fs. 196/198 el demandado acredita el cumplimiento del pago de la suma de $ 4000. Con posterioridad, en fecha 27 de septiembre de 2006 (fs. 238/239), la parte actora denuncia el incumplimiento parcial del convenio e inicia la ejecución por la suma de $ 95.828,21 en concepto de saldo de la planilla de pensiones atrasadas. La intimación se realiza a fs. 315 y el demandado plantea excepciones de prescripción, inhabilidad de título y novación en fecha 2 de octubre de 2007 (fs. 317/321). La sentencia de primera instancia, de fecha 13 de octubre de 2010 (fs. 564/565), rechaza las excepciones planteadas (de prescripción, inhabilidad de título y novación) y ordena llevar adelante la ejecución. Contra la referida sentencia de primera instancia, el demandado interpone recurso de nulidad y apelación (fs. 568), expresando agravios a fs. 571/582. Por su parte, la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones, mediante sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 646/650), resuelve los recursos deducidos, rechazando el recurso de nulidad y receptando parcialmente el recurso de apelación, dado que si bien rechazó el recurso de apelación con relación a los agravios referidos a las excepciones de inhabilidad de título y novación, se acogió parcialmente el recurso con relación a la excepción de prescripción. En su sentencia, la Cámara señala que el demandado, a pesar de no habérsele notificado mediante cédula la planilla de fs. 130/131 –conforme fuera ordenado–, tomó conocimiento de la referida planilla en la audiencia de fecha 31/8/2005 reconociendo expresamente la deuda. Sin embargo, y con relación a la prescripción planteada por la parte demandada, la Cámara destacó que la existencia del reconocimiento de la deuda en la audiencia de fecha 31/8/2005 y el pago parcial posterior, interrumpió el plazo de prescripción, pero solo con relación a los períodos en los que el plazo de prescripción –de cinco años– no se encontraba operado. A partir de allí destaca que corresponde realizar una distinción entre la deuda “cuyo plazo se encuentra prescripto” al momento del reconocimiento de la deuda, del plazo “que estaba pendiente, es decir, corriendo al momento del reconocimiento”, por cuanto resalta que el reconocimiento de una deuda de existencia anterior interrumpe la prescripción pendiente pero no puede interrumpir un plazo vencido, dado que la “interrupción de la prescripción solo afecta los plazos en curso” y agrega “aplicando al sub examine, el período en el que ha operado la prescripción, reiteramos, es el que se encontraba prescripto al momento del reconocimiento, y va desde, el año 1994 a septiembre del año 1999 planilla presentada a fs. 130/31”. En mérito a ello, el tribunal a quo interpretó que correspondía rechazar el recurso de nulidad y apelación, a excepción de lo referido al agravio vinculado a la excepción de prescripción, defensa que se acogió parcialmente y con relación a los “períodos correspondientes desde año 1994 hasta agosto de 1999 inclusive”.

III. Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 646/650), la parte actora interpone recurso de casación a fs. 656/660, aduciendo que la misma transgredió normas de derecho e incurrió en arbitrariedad. Asimismo, la parte recurrente expresa los argumentos por lo que interpreta que su recurso casatorio debe ser declarado admisible. En cuanto al contenido de los agravios, se advierte que la parte actora afirma que “el reconocimiento de una deuda prescripta sin reserva ni observación alguna en tiempo procesal oportuno (lo que acontece mediante la suscripción del Convenio referido precedentemente), tiene como consecuencia que esta recobre su exigibilidad”, asimismo, agrega que el demandado no planteó nada al momento de la audiencia –en donde sostiene que tomó conocimiento de la planilla– y que, en consecuencia, ha precluido la oportunidad procesal de efectuar cualquier planteo válido.

A partir de allí, sostiene que la sentencia recurrida presenta una manifiesta contradicción “ya que por una parte considera al convenio como una notificación expresa (y sin observaciones ni impugnaciones o reservas de ninguna índole) de la totalidad del monto de la planilla y por otra, lo tiene prácticamente por no escrito otorgándole un efecto interruptivo de la prescripción ‘en curso’, disociando infundadamente la planilla presentada”. En la misma línea, la recurrente sostiene que así como la audiencia sirvió para tomar conocimiento de la planilla –la que entiende quedó firme por la ausencia de planteo contra la misma– también esa constituía la oportunidad para plantear la defensa de prescripción, circunstancia que no ocurrió en ese momento. A partir de allí, la recurrente afirma que precluyó la posibilidad de plantear la defensa de prescripción y que, su posterior planteo debe ser rechazado. La recurrente también realiza consideraciones sobre los efectos del reconocimiento de deuda en el derecho comparado y sobre los principios de igualdad procesal y preclusión. De conformidad a las consideraciones reseñadas, propone doctrina legal, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso formula reserva del caso federal.

IV. Corrido el traslado de ley, el demandado solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por las razones expuestas en su presentación de fs. 690/701. Por auto interlocutorio de fecha 16 de mayo de 2012 la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones concede el recurso de casación interpuesto por la parte actora (fs. 707), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V. En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de la tempestividad de la presentación recursiva, la recurrente cuenta con beneficio para litigar sin gastos (conforme surge de sentencia de fecha 3 de abril de 2012, agregada a fs. 32 del incidente de beneficio para litigar sin gastos), por lo que no resulta exigible el depósito de ley (conf. art. 753, CPCCT), el escrito se basta a sí mismo, invoca infracción a normas de derecho y tacha de arbitrario al pronunciamiento impugnado. Por su parte, el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia que resulta equiparable a definitiva (acoge un planteo de prescripción), toda vez que resuelve definitivamente la cuestión debatida, no pudiendo replantearse en otra oportunidad procesal (conf. CSJT, Sent. n.º 575 del 24/10/1995, Sent. n.º 522 de fecha 28/7/1999, Sent. n.º 603 de fecha 24/7/2006, entre otras). Por ello, corresponde declarar admisible la vía extraordinaria local y examinar su procedencia.

VI. Previo al análisis concreto de los agravios, considero necesario aclarar que existe un intenso debate doctrinario y jurisprudencial sobre el plazo de prescripción aplicable a la obligación de pago de cuotas alimentarias emergentes de una sentencia judicial, dicho debate fue señalado por esta Corte, la cual, en anterior composición, sostuvo que la prescripción de la referida obligación se produce a los diez años (conf. CSJT, Sent. n.º 965 de fecha 23/10/2006). Sin perjuicio de ello, interpreto que aún en los supuestos de cuotas alimentarias fijadas por sentencia judicial, la obligación de pago por los períodos posteriores a la sentencia –aún no devengados a la fecha de la sentencia y no reclamados– prescriben a los cinco años, plazo establecido en el art. 4027 del Código Civil. El fundamento de la posición adoptada aquí encuentra respaldo en calificados precedentes jurisprudenciales, así, se destacó que “De conformidad con lo expresamente dispuesto en el art. 4027 del Código Civil, inc. 1.º, se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimentarias. Aun cuando existen opiniones en contrario, este tribunal ha sostenido que dicho plazo comprende a las cuotas alimentarias ya fijadas por sentencia o por convenio…” (CNCiv., Sala I, in re “G., M. vs. T., J.”, de fecha 29/5/1997, publicado en LL, 1997-F-55). Asimismo, también se dijo “En efecto, la obligación alimentaria se materializa en una prestación dineraria de tracto sucesivo, desde que es pagadera mes a mes y por adelantado (art. 641, Cód. Procesal). Como tal, se adecua a los supuestos contemplados por el art. 4027 del Código Civil, tanto la cuota alimentaria establecida convencionalmente como la fijada por resolución judicial. Corrobora lo expuesto la circunstancia que el artículo referido solo haga mención a las ‘pensiones alimenticias’ sin distinción alguna en relación a su origen. Así, no cabe aplicar la prescripción que corresponde en los supuestos en que, por mediar sentencia, es aplicable el término común para la actio judicati que es de diez años. No puede pretenderse la aplicación del art. 4023 del Código Civil ante la claridad y especificidad del art. 4027 (conf. Llambías, ‘Obligaciones’, T. III, núm. 2065 y nota 215 en p. 389). Demasiado generoso es ya el plazo quinquenal, como para pretender adjudicar al legislador la intención de ubicarlo en el decenal (Crespi, Eduardo J., ‘Obligación alimentaria: prescripción y caducidad. Suspensión de su curso en relación al alimentado incapaz’, en Doctrina Judicial precitada)” (Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala I, in re “F., E. E. vs. S. E.”, del 10/10/1989, publicado en DJ, 1990-1, y ED, 136- 287). También la doctrina, refiriéndose a la temática bajo análisis, destacó que el plazo quinquenal consagrado en el art. 4027, inc. 1.º, del Código Civil “no solo se aplica cuando la pensión alimenticia, cuya causa es la obligación ex lege, ha sido fijada judicialmente, sino aún en el caso de que no haya habido pretensión deducida ante el órgano judicial” (Spota, Alberto G., “Instituciones de derecho civil: prescripción y caducidad”, adaptado por Luis Fernando Pantaleón Leiva Fernández, 2.ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, p. 116). Asimismo, se expresó que “Cuando se trata de alimentos legales o de convencionales que haya sido necesario reclamar en la Justicia, se plantea la duda de saber por qué no es aplicable el plazo de diez años si en definitiva se trata del cumplimiento de una sentencia. Hemos sentado ya postura de que la actio iudicati no se aplica a las prestaciones que se devengan con posterioridad a la sentencia, porque lo que esta ha reconocido es el derecho a cobrar esos alimentos, los que no pueden ser cobrados antes de que sean devengados. La reciente reforma al BGB expresamente aclara que la prescripción de treinta años de la cosa juzgada no se aplica para alimentos reconocidos por sentencia, siempre que dichas prestaciones, sean periódicas y venzan en el futuro (197 [2]). Estos alimentos prescriben en el plazo ordinario de tres años” y concluye que en la legislación argentina “El plazo aplicable a estos alimentos es de cinco años. Por eso la ley habla de ‘atrasos’ y no puede la sentencia fijar el plazo de prescripción de ‘atrasos’ que todavía no han tenido lugar” (López Herrera, Edgardo, “Tratado de la prescripción liberatoria”, T. 1, 1.ª ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2007, ps. 573 y 574). En ese marco, y fijando posición sobre la aplicación del plazo de prescripción de cinco años (conf. art. 4027, CC) con relación a las cuotas alimenticias devengadas con posterioridad a la sentencia que las fija –criterio seguido por la Cámara y no controvertido en autos–, corresponde el análisis de los agravios de la parte recurrente, los que deben ser rechazados de conformidad a los fundamentos que se exponen a continuación. En primer término, cabe señalar que la sentencia impugnada interpretó que el demandado reconoció la deuda en la audiencia de fecha 31/8/2005, pero que la interrupción de la prescripción generada a partir de dicho reconocimiento solo tiene efectos sobre los períodos cuya prescripción se encontraban en curso y, a partir de allí, concluyó que los períodos anteriores a septiembre del año 1999 se encontraban prescriptos al momento del reconocimiento de la deuda (31/8/2005) y que, por ello, no se podían interrumpir. El razonamiento de la Cámara sobre la cuestión resulta ajustado a derecho, en tanto que es criterio de esta Corte Suprema de Justicia que no se puede interrumpir un plazo vencido y que los efectos de la interrupción solo alcanza a los plazos de prescripción en curso, así se señaló que el efecto interruptivo “solo puede ser reconocido a hechos que se sucedan durante el transcurso del plazo en cuestión, mas no cuando el término tiene finiquito” (conf. CSJT, Sent. n.º 872 de fecha 2/9/2008). En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que “los actos interruptivos o suspensivos del plazo de prescripción deben ser cumplidos necesariamente antes de su vencimiento en razón de que mal puede suspenderse o interrumpirse un plazo ya cumplido (Fallos 312:2152)” (CSJN, in re “Lagnangel SA vs. Provincia de Buenos Aires”, de fecha 19/12/1995, Fallos 318:2558). Por su parte, no puede interpretarse que el reconocimiento adjudicado en autos al demandado como consecuencia de la audiencia del 31 de agosto de 2005, permita renacer el plazo de prescripción, en tanto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que “cuadra puntualizar que el mero reconocimiento de la obligación tributaria, efectuado con posterioridad a que se hubiera operado la prescripción por el curso de los términos previstos en el precitado art. 59, no hace renacer la extinguida obligación impositiva. Ello así, a poco que se advierta que la virtualidad que la propia ley reconoce, es su incidencia respecto de una prescripción que se estuviera cursando (y que, de tal modo se interrumpiría), mas no con relación a una prescripción ganada” (CSJN, in re “Estado Nacional –DGI– vs. Seco, Aurelia E.”, del 8/9/1992, LL, 1993-A-119, Fallos 315:1916). En igual sentido, calificado Tribunal destacó que “Si bien la ley establece que el reconocimiento –en el caso, tácito– tiene incidencia en la prescripción, ello es así respecto de la que se encuentra en curso, supuesto en el cual se interrumpe, pero no respecto de la prescripción cuyo plazo se encuentra vencido” (SCJ Mendoza, Sala I, in re “Araujo, Juan J. vs. Municipalidad de Godoy Cruz”, del 8/5/1998, LL, 1999-A-279). En consecuencia, corresponde rechazar el agravio de la recurrente por el cual pretende que el reconocimiento de la deuda provoca que la obligación recobre su exigibilidad. A su vez, tampoco se advierte la supuesta contradicción que atribuye la recurrente al pronunciamiento impugnado, dado que la supuesta conformidad del demandado con la totalidad de la planilla –mediante la audiencia de fecha 31 de agosto de 2005–, el convenio celebrado allí y la posterior homologación de dicho convenio –mediante sentencia de fs. 195–, no pudieron afectar o enervar el vencimiento de los plazos de prescripción cumplidos a esa fecha, sino solo pudieron constituir un reconocimiento que produce una interrupción de los plazos no vencidos, por cuanto esta Corte señaló que “no debe perderse de vista que el reconocimiento tiene naturaleza declarativa y no constitutiva (cfr. Llambías, Jorge Joaquín, ‘Tratado de derecho civil – Obligaciones’, T. II-B, ps. 81 y 83; Wayar, Ernesto C., ‘Derecho civil – Obligaciones’, T. II, p. 684; Belluscio, Augusto C. – Zannoni, Eduardo A., ‘Código Civil y leyes complementarias’, T. 3, p. 377). Como lo enuncia el primero de los autores citados, el reconocimiento no constituye una nueva causa de deber, tiene carácter comprobatorio y no innovador, no es posible confundirlo con la novación porque esta supone la extinción de la obligación precedente que resulta sustituida por la nueva, mientras aquel deja intacta la obligación a que se refiere, que permanece idéntica a sí misma. En tanto la novación supone necesariamente la presencia lógica de dos obligaciones, la que se extingue y la que se crea en su reemplazo, en el reconocimiento no existe sino una sola obligación (ob. cit., T. II-B, ps. 81 y 84)” (CSJT, Sent. n.º 126 de fecha 6/3/2009). En efecto, y “por último, interesa poner de relieve lo que esta Corte ha dicho en orden a la cuestión relativa al reconocimiento y renuncia a la prescripción. Así, en Sent. n.º 430, del 15/6/1999, expuso que ‘El art. 3989 del Código Civil expresamente dispone: La prescripción es interrumpida por el reconocimiento expreso o tácito, que el deudor o poseedor hace del derecho de aquel contra quien prescribía’. A su turno, el art. 3965 de dicho cuerpo normativo expresa: ‘Todo el que puede enajenar, puede remitir la prescripción ya ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo’. De los dispositivos transcriptos se colige claramente que, el reconocimiento expreso o tácito del derecho del acreedor realizado por el deudor, solo tiene efectos interruptivos de la prescripción y que en modo alguno implica la renuncia a oponerla, pues ello constituye una cuestión distinta. Adviértase que la renuncia a la prescripción ya ganada (no se acepta la renuncia a la prescripción futura por lesionar el interés público en que se basa la institución) y que implica la renuncia al derecho a oponerla cuando aquella ya ha sido cumplida, como toda renuncia es de interpretación restrictiva y no se presume, debiéndose probar adecuadamente, lo que no acontece en autos, máxime tratándose en el presente caso de una persona jurídica estatal donde la voluntad de renunciar a oponer la prescripción debe estar claramente establecida’. Si a ello se añade que la recurrente en ningún momento plantea en su presentación recursiva que, en el sub iudice, se verifique el caso de renuncia a una prescripción ya ganada (la que, por lo demás, ha sido expresamente descartada por el fallo atacado a fs. 156 vta.) sin que de las constancias de autos se pueda colegir concluir lo contrario, la procedencia de la excepción decidida en la causa se presenta ajustada a derecho” (CSJT, Sent. n.º 126 de fecha 6/3/2009). Por lo expresado se observa que el razonamiento aplicado por el pronunciamiento de Cámara, luce acertado en cuanto a los efectos del reconocimiento de la deuda, máxime cuando se observa que en el reconocimiento que adjudica la Cámara al demandado no surge un monto específico (conf. acta de audiencia de fs. 180). Finalmente, tampoco puede prosperar el agravio por el cual se pretende que resulta extemporánea la defensa de prescripción, interpretando que el demandado debió oponer la defensa al momento de la audiencia de fecha 31 de agosto de 2005 –cuando se consideró que tomó conocimiento de la planilla–, toda vez que no fue allí cuando se reclamó el pago de la deuda, sino al momento de iniciar la ejecución, en fecha 27 de septiembre de 2006 (fs. 238/239), por lo que el planteo de prescripción opuesto por el demandado en fecha 2 de octubre de 2007 (fs. 317/321), luego de la intimación agregada a fs. 315, resulta tempestivo. En efecto, no se advierte en la sentencia impugnada, la invocada vulneración a los principios de igualdad procesal y preclusión. En consecuencia, se advierte que la confrontación de los agravios con las constancias de la causa y los fundamentos del fallo en recurso, permite concluir que la Cámara ha dado razones suficientes de su fallo, pues el decisorio puesto en crisis constituye la derivación lógica y razonada de las premisas obtenidas y sin que los planteos introducidos por la recurrente logren rebatir los fundamentos de lo decidido. En mérito a todo ello, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora.

VII. En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención a las particulares características del caso y los debates existentes en torno a las cuestiones neurálgicas que sostienen lo decidido, corresponde imponerlas por el orden causado (art. 105, inc. 1.º, CPCCT).

Por ello, propicio: I. Rechazar el recurso de casación deducido por la parte actora (fs. 656/660) contra la sentencia n.º 441 de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 646/650), dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones, conforme lo considerado.

II. Costas de esta instancia recursiva, como se consideran.

III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I. Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en el voto del señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur.

II. En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, y definitividad de la sentencia recurrida, en los términos que da cuenta el voto del suscripto en sentencia n.º 266/2012; en cuanto al depósito de ley, el recaudo no resulta exigible, atento la existencia de un beneficio de litigar sin gastos, oportunamente acordado. En lo concerniente a la existencia de una quaestio juris, el recurrente invoca arbitrariedad, y cita doctrina al respecto. El suscripto mantiene el criterio reiteradamente sustentado en anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia n.º 556 de fecha 16/08/2011 recaída in re “Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos”. Es que, como allí se dijera, se hace necesario dejar debidamente sentado que la determinación sobre la configuración o no del supuesto vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación constituye una cuestión que en puridad hace, no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su procedencia, y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tienen entidad suficiente para invalidar el acto jurisdiccional en cuestión (cfr. CSJT, 27/4/2010, “Juárez Juan Carlos y otra vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios”, Sent. n.º 249; 28/10/2010, “Agudo Juan Ángel y otra vs. IPSST s/ Amparo”, Sent. n.º 820; 28/10/2010, “Argañaraz César Mauricio vs. SA San Miguel AGICIF s/ Despido”, Sent. n.º 822; 17/12/2010, “Centro Vecinal Marcos Paz vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Amparo”, Sent. n.º 997 del 17/12/2010). En efecto, tal como lo vengo sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la ponderación que el Tribunal de casación hace de la valoración del material fáctico obrante en la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio –ni “ajeno” ni “excepcional”– del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/6/2010, “Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios”, Sent. n.º 487; 3/5/2011, “Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial SA s/ Indemnización por despido”, Sent. n.º 223; 3/5/2011, “Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos”, Sent. n.º 227; 6/5/2011, “Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja SA s/ Cobro de pesos”, Sent. n.º 237; 11/5/2011, “Soraire Julio Roberto vs. Berkley International ART SA s/ Cobro de pesos”, Sent. n.º 252 del 11/5/2011).

III. Con relación al juicio de procedencia, adhiero a lo expresado en el voto del Señor Vocal preopinante, más solo parcialmente y en relación a los siguientes puntos: a) en primer término, al tratamiento dado al agravio sobre los alcances del efecto interruptivo del reconocimiento que, en efecto, solo puede poseer dicha virtualidad respecto de los plazos de prescripción en curso (CSJT, Sent. n.º 872 del 2/9/2008), pero no sobre los ya cumplidos, ni mucho menos para hacer retornar de su “muerte civil”, a las obligaciones ya prescriptas, y por tanto devenidas en naturales (CSJN, Fallos 315:1916); b) en segundo lugar, a lo expuesto sobre el carácter meramente declarativo del reconocimiento, y a los alcances que cabe dar a dicho instituto, y c) finalmente, adhiero al modo en que ha decidido imponer las costas.

1. No obstante lo que se viene de exponer –y entrando al meollo de la cuestión planteada– paso a fundar mi voto en disidencia, pues no comparto la solución que propone para la suerte misma del recurso interpuesto, que, en definitiva, encuentra fundamento último en la doctrina legal que sustenta el Señor Vocal preopinante, y a cuyo tenor “aún en los supuestos de cuotas alimentarias fijadas por sentencia judicial, la obligación de pago por los períodos posteriores a la sentencia […] prescriben a los cinco años, plazo establecido en el art. 4027 del Código Civil”. Por el contrario, estimo que la solución aplicable en la especie, es la ya sentada en sentencia n.º 965 del 23 de octubre de 2006, en la que este Tribunal declarara una doctrina legal que debe ser mantenida, y a cuyo tenor: “La prescripción de la obligación de pago de cuotas alimentarias emergentes de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se produce a los diez años pues se encuentran alcanzadas por el plazo previsto para la ‘actio judicata’ del art. 4023 del CC”. No empece a esta solución la ausencia de un particular agravio concretamente perfilado sobre este punto, no solamente porque el voto del Señor Vocal preopinante importa una clara modificación de aquella doctrina legal, sino también porque tiene dicho esta Excma. CSJT que “habiendo sido introducida la defensa de prescripción por la accionada, corresponde al juzgador determinar la naturaleza de la relación jurídica y el plazo aplicable, aún frente al error en que hubieran incurrido las partes al fundar la citada excepción. Decidir cuál es la norma aplicable, constituye una facultad irrenunciable para el órgano jurisdiccional, de conformidad al principio iura novit curia” (CSJT, Sent. n.º 353 de fecha 18/5/2001; en idéntico sentido, Sent. n.º 1016 de fecha 22/12/03).

2. Como correctamente lo pone en evidencia la sola lectura del voto del Señor Vocal preopinante, la cuestión de derecho que se plantea a esta Corte Suprema de Justicia está dada por la determinación de la norma que rige la prescripción del reclamo de alimentos que han sido fijados por sentencia judicial, cuestión que no encuentra una interpretación pacífica en la doctrina y la jurisprudencia por lo que corresponde que este Tribunal se expida en su carácter de intérprete final de las normas en la instancia provincial por imperio constitucional.

2.1. Cabe recordar que como se expusiera en aquel pronunciamiento de fecha 23 de octubre de 2006, existen corrientes doctrinarias distintas sobre cuál es el plazo de prescripción que se aplica. Para una doctrina la prescripción sería la de 5 años en atención a que –sostienen– existen normas expresas –en el caso, el art. 4027, CC– que vendrían a tipificar el supuesto de hecho de excepción al que alude el art. 4023 cuando proclama su genérica aplicación, “salvo disposición especial”; para otra doctrina, corresponde aplicar la prescripción decenal cuando lo que se reclama son pensiones alimenticias fijadas por una sentencia judicial, pues se afirma que existiendo la res iudicata, la prescripción que corresponde es la ordinaria, es decir, la decenal. En otras palabras, para un sector, se aplica el art. 4027 del Código Civil, mientras que para otro, la dispositiva que regula la materia es la prevista en el art. 4023 del mismo digesto de fondo. Consideramos que esta última solución es la que debe propiciarse en casos como el de autos donde sucede que, a los elementos de hecho que configurarían la especificidad que prescribiría aplicar el art. 4027 del Código Civil (reclamo de pensiones alimenticias adeudadas), se agrega otra particularidad fáctica cual es la de que ese reclamo al demandado proviene ahora de una ejecución de sentencia que ha quedado firme. De allí que estamos en presencia no solo de una acción por pensión alimenticia, sino de una acción con ese objeto que ha obtenido sentencia favorable, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

2.2. Desde luego, cada tesis razona sobre presupuestos teóricos implícitos, que no por suficientemente conocidos resultará inoportuno repasar brevemente en esta instancia, aspecto que en breve se habrá de abordar. Pero, adelantando en algo aquel análisis, cabe expresar que, con excepción de Alfredo Colmo y como lo pusiera de relieve la sentencia n.º 965 del 23 de octubre de 2006 de este Tribunal, existe consenso prácticamente unánime acerca del efecto uniformador de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sobre los plazos de prescripción; dicho en otros términos, esto equivale a decir que cualquiera sea el derecho que fundamente la interposición de una demanda judicial, una vez que se dicta la sentencia que ordene el cumplimiento de determinada conducta, el plazo aplicable a la prescripción de la pretensión que de ella se derive es el decenal ordinario. Lo hasta aquí analizado nos lleva a definir cuál es el plazo prescriptivo que se impone en la concreta especie de autos, el de la obligación de pagar atrasos de pensiones alimenticias del art. 4027, inc. 1.º, o el de la actio iudicati, del art. 4023.

3. Para pronunciarse por la última de las alternativas, confluyen una serie de razones, que se exponen sintéticamente:

3.1. En primer lugar, lo ya adelantado respecto a que cualquiera sea el derecho que se reclame, la existencia de la obligación que surge de sentencia goza de la cosa juzgada, y torna aplicable el art. 4023 del Código Civil, en tanto el título de la obligación pasa a ser la mentada sentencia, y en consecuencia las cuotas alimentarias que queda obligado a pagar el alimentante se encuentran alcanzadas por el plazo de prescripción previsto para la “actio judicati”. Adviértase que este razonamiento, y la aplicación consiguiente del art. 4023 del Código Civil, es seguido en otras materias por la CSJN. Así, verbi gratia, en materia de honorarios, el máximo Tribunal de Justicia de la República enseña que hay que distinguir entre el derecho a que se regulen los honorarios, y el derecho a cobrarlos una vez regulados, pues en este último supuesto corresponde aplicar el art. 4023 del Código Civil (CSJN, Fallos 270:91, 19/11/1991, ED, 146-201; entre otros). Tal distingo, también ha sido efectuado por este Tribunal en numerosos precedentes (CSJT, Sent. n.º 36/2009 y doctrina y jurisprudencia allí citada; en el mismo sentido: CSJT, Sent. n.º 248/1993; Sent. n.º 753/2006; Sent. n.º 894/2005, entre otras), aspecto que conviene tener en cuenta a la hora de someter a un test de razonabilidad la congruencia misma del sistema que esta Excma. CSJT viene postulando en la materia.

3.2. En segundo lugar, porque toda cuestión relativa a la prescripción es de interpretación restrictiva. De este aserto surgen dos derivaciones. La primera, que no cabe la extensión analógica. En efecto, el art. 4027 habla de obligación de pagar los atrasos de pensiones alimenticias, constituyendo la “actio iudicati” un supuesto estrictamente distinto. Repárese que ello es así porque la falta de distinción del art. 4027, inc. 1.º, del Código Civil –que podría conducir a aplicar el adagio “ubi lex non distinguit…”, englobando entonces también el supuesto de alimentos derivados de sentencia–, no puede llevarnos a realizar una interpretación arbitraria que desnaturalice la hermenéutica del Código, pues la misma no puede ser valorada en forma aislada respecto del resto del universo de normas que integran el ordenamiento jurídico aplicable, aspecto sobre el que en breve se habrá de volver. La segunda, que no cabe olvidar que el principio en favor de la persistencia o conservación del derecho y de la acción (sostenido con reiteración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –4/5/1995, en JA, 1995-III-504; 22/5/1997, en LL, 1998-B-58; 26/8/1986, en LL, 1987-A-682, etc.) rige cuando se tienen dudas sobre la solución que corresponde al caso.

3.3. En tercer lugar, a todo ello se agrega, como argumento que refuerza la solución propiciada, la naturaleza misma del objeto de la acción controvertida, cual es nada menos que una cuestión básica y primordial como la materia misma de alimentos, sobre todo en las particularidades del presente caso en que se vio una actuación permanente de la actora en favor del éxito de su acción, sin que lo expuesto represente afirmación de actividad respecto de cuotas alimentarias o períodos determinados y concretos.

3.4. Y en cuarto lugar, porque la aplicación del plazo del art. 4027, inc. 1.º, a especies como la traída a conocimiento del Tribunal, desembocaría en una incongruencia axiológica del sistema que esta Excma. CSJT viene postulando en la materia, pues ello significaría que los honorarios profesionales una vez regulados estarían tutelados por un plazo de prescripción de diez años, más extenso que él se reconocería a un derecho de rango preeminente también declarado por sentencia judicial, cual configura la prestación alimentaria misma. No parece, en efecto, razonable reconocer un mayor plazo de prescripción a una prestación que accidentalmente puede tener carácter alimentario, que a aquello que por su propia substancia reviste aquella condición, cual configura el derecho mismo a recibir alimentos.

Tal incongruencia del sistema, resultaría difícil de conciliar con un ideal de Justicia material, rectamente entendido. Pues como enseñara López de Zavalía en clases a sus discípulos (lecciones de grado, y postgrado, que dejara redactadas en borradores varios que están siendo recopilados para su publicación, y a las que hemos tenido acceso), en cuestiones de prescripción la consideración de la justicia o la injusticia de las soluciones a que se llegue, constituye una buena reflexión para elaborar el derecho del futuro, e incluso para orientarse en una posible interpretación de los textos legales vigentes. Desde esta perspectiva de análisis, no debe olvidarse que toda la materia misma vinculada al instituto de la prescripción, se encuentra impregnada de una difícil y compleja tensión entre dos valores fundantes de lo jurídico, cuales son la justicia y la seguridad; y es que, mientras la estricta perspectiva formal de la justicia reclamaría que todo derecho fuera imprescriptible, las exigencias de la seguridad jurídica imponen que solo algunos se encuentren dotados de tan enérgico atributo. En otras palabras, el Derecho positivo no siempre resuelve dicha tensión del mismo modo, pues unas veces hace primar rigurosamente las exigencias de la justicia (doctrina del art. 4019, CC), pero otras sacrifica provisoriamente dicho valor en el altar de la seguridad jurídica. Tal sacrificio es sin embargo –y como se viene de afirmar provisorio, pues como lo pone de manifiesto una meditada lectura de los arts. 515, 516 y 3962 del Código Civil– el Derecho instituye al propio beneficiario de la prescripción en sacerdote laico de la justicia, delegándole en último término la misión de hacer brillar sus exigencias materiales. Pero, sobre todo, lo que aquí resulta oportuno rescatar, es que dicha tensión entre la justicia y la seguridad jurídica, configura una pauta hermenéutica válida a la hora de enfrentar hipótesis controvertidas. Como bien ha señalado Arthur Kaufmann (Filosofía del Derecho, traducción de Luis Villar Borda y Ana María Montoya, Universidad Externado de Colombia, agosto de 1999, ps 351-355): “La justicia material (justicia social) persigue la realización del bien común. La seguridad jurídica pretende la paz jurídica. Pero seguridad jurídica no significa, necesariamente, la aplicación cierta del derecho justo, sino la ejecución segura del frecuentemente defectuoso derecho positivo. De esto pueden resultar conflictos de intereses, especialmente entre la justicia material y la seguridad jurídica ¿Qué sucede en caso de conflicto de intereses cuando las dos no se pueden realizar a un mismo tiempo? […] ¿Dónde reside la frontera entre justicia material y seguridad jurídica?…”. Respondiendo a dichos sugerentes interrogantes, a nosotros nos parece obvio que cuando mayor sea el grado de tutela que merezca el derecho conforme al rango que ocupe en la arquitectura del sistema, la frontera debe ubicarse lo más cercano que sea posible del lado de la justicia, aún pagando el costo de sacrificar las exigencias de la seguridad jurídica.

4. La tesis que postula la aplicación del art. 4023 del Código Civil, razona a partir de presupuestos teóricos implícitos que, paradójicamente, también son aceptados por la tesis opuesta, cosa que muchos de sus partidarios parecen olvidar a la hora de enarbolar las razones de su adhesión a ella.

4.1. Tales presupuestos teóricos, importan, por un lado, afirmar que la sentencia es en palabras de Alfredo Colmo “un título nuevo, y bien propio, emanado de la autoridad pública que encarnan los jueces y tribunales. Por lo mismo, el actor ya no actúa en virtud de su derecho originario sino en razón de la sentencia; ya no pide se declare su derecho, sino que se cumpla y ejecute la sentencia” (Alfredo Colmo: De las obligaciones en general, Buenos Aires 1928, n.º 942, pág. 658; en parecidos términos ya se había pronunciado en su tesis doctoral: De la prescripción en materia comercial, n.º 246). Por el otro, también importan desechar el magnífico edificio intelectual, la sólida construcción teórica que el gran jurista que se viene de citar hubo desplegado en su hora para refutar esa tesis (Alfredo Colmo, De las obligaciones en general, n.º 33, 493, 635, 752, 942 a 947; De la prescripción en materia comercial, n.º 245 a 257), y concluir que “la sentencia no es más que el reconocimiento y sanción del derecho declarado, por donde este queda intacto en su naturaleza y carácter e incambiado en lo tocante a su prescripción. En tal virtud un derecho prescriptible en uno o cinco años, por ejemplo, y cuya sentencia no es ejecutada en uno o cinco años después de dictada y notificada, queda cabalmente prescripto” (De las obligaciones en general, n.º 942, p. 659); de ese modo, venía a reafirmar lo que ya expresara categóricamente en una edición anterior de su obra: “el derecho demandado en juicio y reconocido por sentencia, sigue siendo el mismo derecho que antes. La sentencia no tiene virtud novatita alguna para transformarlo. Por consiguiente, la acción es también siempre la misma: no dimana de la sentencia, que no es un derecho, sino del derecho mismo, no creado sino declarado por esta” (De las obligaciones en general, edición de 1920, n.º 942, p. 648). Pero, guste o no, las enseñanzas del gran maestro argentino no encontraron eco en la doctrina y la jurisprudencia nacional, y no puede decirse que configuren derecho vigente.

4.2. Por ello, cuando pretendiendo justificar un plazo de prescripción de 5 años se alega la existencia de normas expresas –en el caso, el art. 4027 del CC– que vendrían a tipificar el supuesto de hecho de excepción al que alude el art. 4023 que proclama su genérica aplicación, “salvo disposición especial”, se está incurriendo no solamente en una petición de principios, sino también en un inconsciente retorno a Colmo, ya que eso es precisamente lo que enseñara dicho autor, pues, por hipótesis, para todos los derechos que no se encuentren genéricamente incluidos en el art. 4023, existe una disposición especial que establece un plazo distinto.

4.3. Igualmente, si por hipótesis la sentencia configura un título nuevo cuyo cumplimiento es el que en definitiva se viene a reclamar, la tesis deja sin explicar satisfactoriamente por qué misteriosos motivos la ejecución de una sentencia que condenara a pagar el precio de una compraventa gozaría de un plazo de prescripción de diez años, mientras la que ordenara honrar un contrato de renta vitalicia, o prestar alimentos, prescribiría a los cinco. Si según una clásica definición de la doctrina francesa, la acción no es otra cosa que “el derecho con casco colocado, y armado para la guerra en el proceso”, la cosa juzgada no sería sino ese derecho mismo no ya solamente armado y con casco coronando su cabeza, sino también victorioso; pero lo que la tesis que combato no logra explicar es por qué motivos la victoria daría, en unos casos, mejores derechos que en otros, razón por la cual, y a fin de describirla gráficamente, en algunas hipótesis vendría a representar casi una victoria a lo Pirro, pues no obtendría nada que no hubiera gozado de antemano, salvo el hecho de su declaración judicial.

5. De todos modos, y aún prescindiendo de consideraciones abstractas sobre el plazo prescriptivo a aplicar, en la concreta especie traída a conocimiento del Tribunal, existe un dato que a juicio del suscripto debiera de igual manera sellar adversamente la suerte de la ejecutada en autos, pues a fs. 180 luce un acta que deja constancia de algo mucho más intenso que un simple reconocimiento de deuda. En efecto, de la lectura de dicha acta surge que, con debida asistencia letrada “las partes llegan al siguiente acuerdo”, donde el ejecutado “se compromete a […] entregar […]a cuenta de lo que adeuda”, oído todo lo cual el Juzgado resuelve hacer “saber a las partes que el presente convenio es de cumplimiento inmediato”. El acta de fs. 180 constata en realidad un convenio sobre el pago de la deuda que era objeto de ejecución, por hipótesis indivisible (doctrina del art. 1152, CC) sobre lo que fuera materia de negociación, y que además, en una exégesis armónica de las disposiciones del Código Civil, ha de comportar, por regla, una tácita renuncia a hacer valer la prescripción ganada (doctrina del art. 3965), pues si un convenio sobre el pago de la deuda tiene un efecto tan intenso que incluso “se tendrá por renunciada la acción criminal” (doctrina del art. 1097, CC), a fortiori cabe concluir que habrá de producir el efecto menos intenso de tener por renunciada la prescripción ya ganada.

IV. Por ello, se concluye en que el tribunal a quo adoptó una solución que contraviene el régimen legal aplicable al desconocer los efectos de renuncia de la prescripción ya ganada a un convenio sobre el pago de la deuda, y resolver además hacer lugar a la prescripción de las pensiones alimentarias anteriores a cinco años, cuando en realidad se trata de la ejecución de una sentencia y no del reclamo de alimentos, por lo que, contrariamente a la solución a la que se arribó en el fallo impugnado, resultaba de aplicación el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil. Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia en recurso, conforme a la siguiente doctrina legal: “La prescripción de la obligación de pago de cuotas alimentarias emergentes de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se produce a los diez años pues se encuentran alcanzadas por el plazo previsto para la ‘actio judicata’ del art. 4023 [del] CC”. Por ello, los autos deberán volver al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento, conforme a la doctrina legal establecida.

Por ello, corresponde: I. Hacer lugar al recurso de casación planteado por la actora, en contra de la sentencia de fecha 29/11/2011 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones y, en consecuencia, se casa la misma, según la doctrina legal enunciada, debiendo remitirse los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II. Costas, como se consideran.

III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I. En relación a los antecedentes de la causa comparto la prolija descripción realizada por el señor vocal doctor Antonio Gandur y a ella me remito.

II. En orden al juicio de admisibilidad considero verificados los extremos de presentación tempestiva y definitividad de la sentencia, requeridos en el art. 748, inc. 1.º, del Código Procesal Civil y Comercial Común de Tucumán (en adelante CPCCT). Se encuentra además invocado con suficiencia el vicio de admisibilidad que se admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación. Este supuesto afecta las garantías de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 30 de la Constitución Provincial y remite a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma fáctica (“GNC Alberdi SRL vs. García Miguel Rubén s/ Pago por consignación”, Sent. n.º 05 del 14/2/2011; “Platas Robles, Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias”, Sent. n.º 253 del 11/5/2011, y “Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios”, Sent. n.º 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o se funda en prueba irrelevante o valora irrazonablemente una prueba, si de manera simultánea no examina (en los dos primeros ejemplos) si la prueba omitida o la considerada son o no relevantes para la decisión del caso y (en el último ejemplo), si las declaraciones de partes o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento, han sido o no razonablemente interpretados por la Cámara. Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo, como en el motivo jurisprudencialmente admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de la impugnación y afianzamiento, establecidas en la norma de rito.

III. En relación a la procedencia del recurso, adhiero a lo expuesto por el señor vocal Presidente doctor Antonio Daniel Estofán en el punto III de su voto y en su resolutiva, en cuanto reproduce lo dispuesto por esta Corte en el fallo n.º 965 del 23 de octubre de 2006 cuya solución sentencial cabe a la presente. Ella dirime sustancialmente la cuestión traída a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema, por lo que cabe la decisión propuesta en el referido voto.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto el voto del vocal preopinante, Dr. Antonio Gandur, en los puntos I, II, III, IV, V, VI solo en la parte que considera que el plazo de prescripción de la deuda por alimentos es quinquenal más no así cuando se inclina por considerar que en autos no hubo interrupción por reconocimiento del demandado de la deuda, y VII (costas). También comparto el voto del Dr. Estofán solo en el punto III.5 en cuanto considera que en el acta de fs. 180 existe un reconocimiento interruptivo de la prescripción de la deuda alimentaria reclamada. Deseo expresar a mayor abundamiento los fundamentos de mi voto. La cuestión a decidir gira en torno a dos aspectos de la prescripción. El primero es respecto al plazo aplicable a la deuda por alimentos. El precedente de esta Corte “S. de F., M. B. vs. F., G. A. s/ Pensión alimenticia”, sentencia n.º 965 del 23/10/2006, que fijó como doctrina legal que “La prescripción de la obligación de pago de cuotas alimentarias emergentes de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se produce a los diez años pues se encuentran alcanzadas por el plazo previsto para la ‘actio iudicata’ del art. 4023 [del] CC”, no es aplicable al caso de autos porque los hechos son distintos. En efecto en ese juicio el 29/11/1991 la actora obtuvo la fijación de una pensión alimenticia provisoria. Al no depositar esas cuotas alimenticias la actora presentó planilla por el período noviembre de 1991 a setiembre de 1994, la que fue aprobada e incluso la jueza mandó llevar adelante la ejecución sin que el demandado opusiera excepciones. La jueza ordenó llevar adelante la ejecución y ordenó la subasta de un bien embargado, que finalmente no se llevó a cabo porque triunfó una tercería de dominio. Luego la actora solicitó embargo de haberes y presentó una actualización de planilla, que fue aprobada en el año 2002. Es contra esta última planilla que el demandado opuso prescripción, sobre todo buscando fulminar las cuotas que se habían devengado desde el año 1991 y que desde un primer momento fueron reclamadas. La prescripción que se fijó en ese momento correspondía a alimentos que se había ordenado pagar mediante una sentencia firme, que incluso los había cuantificado, supuesto distinto del de autos, en el que el demandado opuso la prescripción al tomar conocimiento de la planilla. La inconsecuencia o la falta de previsión no se presumen en el legislador, por lo que debe buscarse la razón de la diversidad de plazos de prescripción entre la actio iudicati y el derecho al cobro de alimentos. El Codificador fijó un plazo ordinario de diez años para todas las acciones en el 4023 pero en el art. 4027, inc. 1, dijo que prescribe en cinco años el derecho a cobrar los “atrasos de pensiones alimenticias”. El motivo de la divergencia es que las deudas contenidas en el art. 4027 son las que la doctrina denomina prestaciones “fluyentes”, esto es aquellas que por su carácter acumulativo, se devengan periódicamente y por ello aumentan incesantemente su monto. No tienen por objeto el capital anteriormente debido, sino que vienen a crear un capital o crédito nuevo, como lo dice Llerena, de manera que la deuda aumenta en razón directa con el tiempo (Llerena – Baldomero, Concordancias y comentarios del Código Civil argentino, T. X, La Facultad, Buenos Aires, 1931, p. 533.). Llambías ha definido con gran claridad el supuesto de aplicación de estos plazos de prescripción a aquellos casos de “prestaciones fluyentes, es decir, aquellas cuyo mero título no basta para justificar la existencia del crédito, sino que es menester para ello el transcurso del tiempo fecundante, que sobre la base del título del acreedor hace brotar el derecho creditorio de este: así el contrato de locación es la causa del crédito por alquileres, que requiere ser complementada por el transcurso de los períodos respectivos para que germine dicho crédito” (Llambías, Jorge J., Tratado. Obligaciones, T. III, 4.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 387). Marcadé, que fue fuente del Código de Vélez Sarsfield, dice que “si un acreedor tiene necesidad de ser rico para emitir créditos a largos plazos, un deudor necesitará ser aún más rico para tener la cierta y segura expectativa de grandes recursos futuros, para poder hacer frente a sus deudas, dejando acumularse los vencimientos pasivos, cuyo progresivo aumento es espantoso. Y puesto que verdaderamente se encuentran muy pocos deudores ricos, un legislador sabio y previsor debe prohibir a los acreedores una tolerancia frecuentemente máscara de la malicia, siempre peligrosa y ne debitor onere usurarum obruatur” (Marcadé, V., Explication du Code Napoléon, T. XII, Delamotte, Paris, 1868, p. 316, n.º 282). Estas prescripciones fluyentes se caracterizan por la existencia de un derecho principal que genera obligaciones accesorias o independientes con cierta periodicidad y regularidad (el derecho a percibir alimentos es la causa generadora del devengamiento de la cuota alimentaria) y porque además no siguen la regla de la accesoriedad en todos sus términos, pues tienen un plazo de prescripción distinto de la obligación principal de la cual derivan. Así esta Corte ha dicho que “Las anualidades de intereses son independientes; cuentan con una existencia o exigibilidad autónoma y están sujetas a prescripción propia y distinta del capital, siendo la razón de esta diferencia, el prevenir y evitar la acumulación de las obligaciones respectivas y el sacrificio del deudor, motivo por el cual se exigen dos condiciones: determinación de la suma debida y posibilidad de su acrecentamiento por la acumulación de los pagos periódicos” (SCJ Tucumán, 7/12/1951, “Juárez, José v. Rodríguez del Busto, Nicanor”, LL, 67-546). Es por este mismo motivo que, por ejemplo, las acciones derivadas del contrato de locación, que no consisten en prestaciones periódicas, prescriben a los diez años, como por ejemplo los daños causados por la falta de restitución de la cosa locada en término. La razón de ser de la diferencia es la protección del deudor frente a una acumulación o incremento desmedido de su deuda que pueda llevarlo a la ruina. La prohibición del anatocismo es otro ejemplo de protección del deudor contra el crecimiento desmedido de su deuda (art. 623, CC). La doctrina nacional encuentra el fundamento en razones prácticas y de orden público (Boffi Boggero, Luis María, Tratado de las obligaciones, T. 5, Astrea, Buenos Aires, 1981, p. 148; Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil, T. I: Parte general, vol. 38 (10); Prescripción y caducidad, Depalma, Buenos Aires, 1959, p. 511; Argañarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 182; Rezzónico, Luis María, Estudio de las obligaciones, T. II, Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 1168; Llerena – Baldomero, Concordancias y comentarios del Código Civil argentino, T. X, La Facultad, Buenos Aires, 1931, p. 533). Como dice Argañarás, las deudas que surgen del art. 4027 normalmente son atendidas por el deudor con dinero que le es necesario para su subsistencia diaria y no con parte de su fortuna (Argañarás, Manuel, La prescripción extintiva, cit., p. 182). Por eso ha dicho Pugliese que “La prescripción extintiva tiene siempre entre sus objetivos, el de salvar al deudor del daño inevitable, ya mayor, ya menor, que deriva del tardío requerimiento del pago de su deuda que lo sorprende después de corridos tantos años, cuando había destinado para otros fines, los medios que debieron servirle para satisfacer aquella deuda” (Pugliese, Giuseppe, Prescrizione estintiva, Utea, Torino, 1924, p. 355). En cuanto a los alimentos, la razón de que la obligación prescriba en el plazo de cinco años ha sido justificada por la doctrina en que el alimento se paga, por lo general, con los ingresos regulares del alimentante (Argañarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 183; Salvat, Raymundo, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general, 6.ª ed., actualizada por Enrique Galli, TEA, Buenos Aires, 1956, p. 546). Borda opina que quien no reclama por más de cinco años autoriza a presumir que realmente no ha necesitado del pago de esta prestación (Borda, Guillermo, Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. II, 6.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 61), y Moisset de Espanés que ha cobrado esos alimentos (Moisset de Espanés, Luis, Prescripción, Advocatus, Córdoba, 2004, p. 66). La regla de que los alimentos prescriben en menor tiempo que el plazo residual ha sido mantenida por el Proyecto de Código Civil, actualmente en el Congreso de la Nación, que fija un término ordinario de cinco años (art. 2560) y un plazo de dos años para todo lo que “se devenga por años o plazos periódicos más cortos”, lo que comprende a las deudas alimentarias (art. 2562, inc. c). Hecha esta aclaración sobre los motivos del código civil para fijar una prescripción menor que la ordinaria, cabe distinguir las siguientes situaciones en torno al crédito que tiene el alimentado contra el alimentante: En primer lugar el derecho a solicitar alimentos es imprescriptible (Belluscio, Augusto C., Manual de derecho de familia, 5.ª ed., T. II, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 411; Llambías, Jorge J., Tratado. Obligaciones, T. III, 4.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1996, n.º 2021). Pueden solicitarse en todo tiempo, con el límite de que los atrasos solo pueden reclamarse hasta cinco años atrás. Los alimentos que se devengan desde que se interpone la demanda hasta que queda firme la sentencia que los establece ven constantemente interrumpida su prescripción. Esto se debe a que la interrupción causada por la demanda se mantiene durante todo el juicio, siendo constantemente renovada por cada acto del proceso (Laurent, F., Principes de droit civil français, T. XXXII, 3.ª ed., BC&Cie, Paris, 1878, p. 170, n.º 162; Giorgi, Jorge, Teoría de las obligaciones en el derecho moderno, T. VIII, Reus, Madrid, 1930, p. 424, n.º 291; Windscheid, Bernardo, Diritto delle pandette, T. IV., trad. al italiano por Carlo Fadda y Paolo Emilio Bensa, Unione Tipográfico – Editrice Torinese, Turín, 1926, p. 655; De Page, Henri – Dekkers, René, Traité élémentaire de droit civil belge, 10.ª ed., T. VII, Établissements Émile Bruylant, Bruselas, 1957, p. 1088, n.º 1211; Marcade, V., Explication du Code Napoléon, T. XII, Delamotte, Paris, 1867, p. 175, nro. 148; Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J., Código Civil y leyes complementarias anotados, T. IV-B, Depalma, Buenos Aires, 1999, “Comentario al art. 3966”, p. 312; Rezzónico, Luis María, Estudio de las obligaciones, T. II, Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 1147; Corte Sup., 26/4/1957, “Ditlevsen y Cía. Ltda. v. Gobierno Nacional”, LL, 87-725; SCBA, 16/3/2004, “Tarca, Aldo v. Carnevale, Eusebio A.”, LLBA, 2005-366). La prescripción recién vuelve a correr cuando queda firme la sentencia, solo que esta prescripción es la de la actio iudicati, que tiene un plazo decenal. En autos la sentencia que obliga al demandado a pasar alimentos a su ex esposa y sus dos hijos, es del 13/8/1993 (fs. 34). Los alimentos atrasados, fijados mediante una sentencia firme, tienen un plazo de prescripción de diez años para ser cobrados pues emanan de una actio iudicati. La razón es que el deudor no puede manifestar sorpresa o desconocimiento pues sabe a cuánto asciende lo que debe pagar. Su ejecución es igual a la de cualquier condena a pagar una suma líquida de dinero. Es la situación que motivó el dictado del precedente de esta Corte “Schneer de Ferrullo”. Los alimentos que se devenguen luego de que la sentencia fija la cuota alimentaria no están alcanzados por la actio iudicati, sino que siguen prescribiendo en el término quinquenal que fija el art. 4027, inc. 1. Ello por varios motivos: a) La razón de la ley de proteger al deudor contra la acumulación excesiva y el crecimiento exponencial de su deuda siguen vigentes. b) Como ha señalado Spota (Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil, T. I, Parte general, vol. 38 (10), Prescripción y caducidad, Depalma, Buenos Aires, 1959, p. 449), los alimentos futuros, los que deben pagarse después de dictada la condena, no forman parte de la “continencia de la causa”, pues lo que la sentencia ha reconocido es el derecho a cobrar esos alimentos, pero no pueden ser ejecutados antes de que no sean devengados. c) Algunos precedentes jurisprudenciales han señalado que la prescripción de la deuda alimentaria tiene un plazo de cinco años (CNCiv., Sala I, 13/4/2000, “B., S. E. v. P., J. L.”, JA, 2001-II-51; CNCiv., Sala I, 29/5/1997, “G., M. v. T., J.”, LL, 1997-F-55; CNCiv., Sala A, 12/5/1998, “M., A. G. v. E., F. J.”, LL, 1998-F-144; Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala 1.ª, 10/10/1989, “F., E. E. v. E., E.”, ED, 136-285, con nota de Spota, Alberto, “Caducidad de las pretensiones alimentarias acumuladas”) si bien existen algunos fallos que han optado por el plazo decenal (Cám. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 5/12/2004, “Brisson, Cecilia v. Ríos, Rubén E.”, LL Litoral, 2005-663). También cierta doctrina ha señalado que la prescripción de los alimentos es quinquenal (Llambías, Jorge J., Tratado. Obligaciones, T. III, 4.ª ed, Perrot, Buenos Aires, 1996, n.º 2065). d) Es la solución que impera en el derecho comparado más reciente. Así la reforma al BGB alemán expresamente aclara que la prescripción de treinta años de la cosa juzgada no se aplica para alimentos reconocidos por sentencia, siempre que dichas prestaciones sean periódicas y venzan en el futuro (§197 [2]). Estos alimentos prescriben en el plazo ordinario de tres años. Tal claridad en la técnica legislativa abona la posición que permite apartarme de las conclusiones del voto del Dr. Estofán cuando sostiene que para el alimentante sería una victoria pírrica ganar un juicio de alimentos porque lo mismo tendría una prescripción menor. También creo que debo apartarme de la conclusión que sostiene ese voto cuando afirma que la prescripción que se juzga en este caso es la prescripción de la ejecución de una sentencia y no la del reclamo de alimentos. Debo insistir en que el derecho a reclamar alimentos no prescribe jamás. A lo que el derecho pone un límite es a las cuotas atrasadas que se pueden reclamar. Prudencialmente el legislador argentino estima ese tiempo en cinco años. La ejecución de una planilla firme de alimentos tiene un plazo decenal porque en ese caso no hay peligro ni sorpresa para el deudor, por lo que no veo que sea pírrica la cosa juzgada obtenida. Distinta es la situación cuando el alimentado deja transcurrir más de cinco años sin reclamar nada, dejando que se acumulen mes a mes los “atrasos” que menciona el art. 4027 del Código Civil. e) La doctrina nacional ha propuesto la misma solución para los intereses civiles, que no prescriben en el plazo ordinario del capital adeudado y mandado a pagar por la actio iudicati sino en el quinquenal, aunque haya sentencia. Así Argañarás dice que “se deberían intereses que al día de la demanda no estaban prescriptos y los devengados durante el juicio, que la sentencia los capitaliza y forman un todo con el principal de la deuda que ha sido materia de condena. En ese caso no puede ser dudoso que los intereses así capitalizados escapan a la prescripción quinquenal” (Arganarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 189). Es decir que si los intereses posteriores a la sentencia están sujetos a la prescripción breve y no a la ordinaria de la actio iudicati, en el supuesto de autos debe suceder lo mismo, ya que el fundamento legal de abreviación de la prescripción es idéntico. En la misma página nota 74, Argañarás agrega que “en cuanto a los posteriores se mantienen sometidos a la norma que los hace prescriptibles en tiempo mucho más breve”. Spota dice que “los intereses que corren después de sobrevenida la sentencia no quedan comprendidos en el término en que esta prescribe, sino en el plazo quinquenal: nada impide apartarse del fundamento que preside la regla que el legislador ha brindado en el art. 4027” (Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil, T. I: Parte general, vol. 38 (10); Prescripción y caducidad, Depalma, Buenos Aires, 1959, p. 525). También es de la misma opinión Salvat para quien “si se trata de intereses devengados después de la sentencia, la prescripción de cinco años se aplica a los moratorios, como hechos dicho, a pesar de la disidencia de algunos autores”, (Salvat, Raymundo, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general, 6.ª ed., actualizada por Enrique Galli, TEA, Buenos Aires, 1956, p. 550, n.º 2199). Finalmente también se ha dicho respecto a los intereses que “cuando se encuentran incluidos en una sentencia que condene a abonar capital e intereses, en cuyo caso la prescripción de los anteriores a ella es la de la actio iudicati (art. 4023) sin perjuicio de que los que se devenguen con posterioridad puedan prescribir a los cinco años” (Lambois, Susana, “Comentario al art. 4027”, en Código Civil comentado, Bueres – Highton, T. 6-b, p. 823). f) Se ha alegado que es una distinción injusta que los honorarios regulados de los abogados prescriban a los diez años, mientras que los no regulados lo hagan en el plazo bienal. Es cierto que ambos créditos tienen naturaleza alimentaria y que suena injusto que un abogado tenga más tiempo para reclamar sus estipendios que un hijo a quien su padre abandona. Con ese razonamiento es también muy injusto que un trabajador vea prescriptos sus créditos salariales en dos años (art. 256, LCT) pero no por eso supondremos que todos los créditos del trabajador deban prescribir a los diez años. Sin embargo la postura prescinde de la razón de la ley de establecer plazos distintos: la protección del deudor frente a las prestaciones fluyentes, acumulativas. El honorario profesional del abogado no participa de esa naturaleza, no se suma ni sube ni aumenta exponencialmente mes a mes, sino que una vez regulado es una suma única, a diferencia del crédito alimentario que se devenga periódicamente. Tampoco creo que sea atendible buscar otra inconsistencia con el contrato de renta vitalicia y la compraventa. El contrato de renta vitalicia está sujeto a dos plazos de prescripción. Para las prestaciones no fluyentes o periódicas el plazo es el ordinario o residual del art. 4023. En las obligaciones de pago periódico a cargo del deudor de la renta vitalicia, el plazo es el quinquenal: art. 4027, inc. 3, para evitar que el obligado al pago de la renta vitalicia sea llevado a la ruina si se juntan diez años de prestaciones de la renta vitalicia. Sucede lo mismo que en el contrato de locación, en el que el plazo de pago de los alquileres es quinquenal (art. 4027, inc. 2), mientras que los demás créditos que surjan de la relación locativa prescriben a los diez años como por ejemplo: la acción de reajuste de precio (Cám. Nac. Paz en pleno, 7/8/1970, “Mabragaña de Llosa, Ciria v. Talero, Eduardo”, ED, 33-365, y JA, 7-1970-570); la acción de nulidad del inquilino de la venta efectuada en violación de su derecho de preferencia (CNCiv., Sala E, 28/12/1962, “Martínez Boerr, María C. v. Frías, Eusebio”, ED, 3-988); la acción por los daños producidos por el retardo en la devolución de la cosa dada en locación (CNCiv., Sala F, 30/10/2001, “Sánchez, Oscar v. Gómez, Héctor A. y otros”, JA, 2002-III-síntesis; CNEsp. Civ. y Com., Sala 5.ª, 18/4/1977, “Vergel de Díaz de Vivar, Sara v. Raichber, Mario”, LL, 1977-D-268; CNCiv., Sala B, 24/10/1966, “Berdini, Umberto v. Cherny, Lucio”, ED, 19-724); uso abusivo de la cosa locada (SCBA, 4/10/1956, “Cantarelli, Marzio v. Nidera Argentina (SA)”, LL, 88-140); la acción contra el locador por un desalojo sin derecho (SCBA, 5/12/1944, “Rodríguez, Marcelino v. Griño”, JA, 1945-I-619); la acción por incumplimiento del destino de la cosa locada (Cám. 2.ª Civ. Com. La Plata, Sala 1.ª, 11/11/1960, “Páez, Atilio y otro v. Vazza, Rolando D.”, LL, 102-186); daños contra el locatario por los perjuicios causados al bien locado (CSJ Tucumán, 11/9/2000, “B., J. B. y otro v. Provincia de Tucumán”, LL NOA, 2001-417; Cám. 1.ª Civ. y Com. La Plata, 18/3/1947, “Farjat, Farid v. Prov. de Buenos Aires”, JA, 1947-I-505; Cám. Civ. 2.ª Cap., 10/11/1920, “Marín v. Lastra”, JA, 5-535). La compraventa, por el contrario, no tiene prestaciones fluyentes, por lo que las acciones que derivan de ella es lógico que prescriban en el plazo decenal, ya que no hay ningún peligro para la situación patrimonial del deudor.

Por las razones expresadas me pronuncio por sostener que el plazo de prescripción de la acción por cobro de alimentos devengados con posterioridad a la fijación judicial de su procedencia y cuantía prescribe en el plazo quinquenal del art. 4027, inc. 1.º. Sin embargo, creo que la deuda reclamada por la actora no ha prescripto, lo que me obliga a pronunciarme sobre el segundo punto debatido, cual es el efecto sobre la prescripción que cabe atribuir a las manifestaciones vertidas por el demandado a fs. 180. a) El actor dijo a fs. 180 que “se compromete a entregar en el día de mañana, 1 de septiembre del cte. año, la suma de pesos cuatro mil ($ 4000) a cuenta de lo que adeuda”. Además la actora dijo que “deja constancia que no renuncia a continuar las ejecuciones…”. El convenio entre las partes fue homologado a fs. 195. Coincido con la apreciación del voto del Dr. Estofán en el sentido de que el acta de fs. 180 documenta un convenio sobre el pago de la deuda (que además, agrego, contiene un pago parcial) que debe considerarse con efecto interruptivo sobre la prescripción porque implica un claro reconocimiento (Argañarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 119; Guillouard, L., Traité de la prescription, T. I, T. I-A, Pedone Editeur, Paris, 1901, p. 233, n.º 249; Laurent, F., Principes de droit civil français, T. XXXII, 3.ª ed., BC&Cie, Paris, 1878, p. 137, n.º 127 y 128). El demandado, único obligado al pago de alimentos, es quien mejor sabe cuánto debe de alimentos y qué períodos adeuda, por lo cual el pago parcial efectuado y la mención de que se hace “a cuenta de lo que adeuda”, sin otra mención o reserva, deben entenderse como referentes a todos los períodos alimentarios adeudados. A ello debe agregarse que la planilla de fs. 130/131 estaba presentada antes de la audiencia de fs. 180, a la cual concurrió con patrocinio letrado, por lo cual es improcedente que luego pretenda volver sobre sus propios pasos para invocar en su beneficio que el paso del tiempo ha extinguido la acción que tienen su esposa e hijos para reclamar alimentos. b) La declaración del demandado de fs. 180 es un comportamiento incompatible con la negación de la deuda. El reconocimiento es acto unilateral del deudor que interrumpe la prescripción porque no es compatible esa declaración o comportamiento con el desconocimiento o negación de la deuda: no puede ser interpretado de otra manera que no sea el sometimiento voluntario a la obligación. Y si se admite la deuda o el derecho, se niega la prescripción. c) Es cierto que la opinión dominante de la doctrina y la jurisprudencia es que solo puede interrumpirse la prescripción cuando todavía el plazo de prescripción no se ha cumplido (CS, 19/12/1995, “Legnangel SA v. Provincia de Buenos Aires”, JA, 1996-II-Síntesis; CS, 7/3/2000, “Samuel Gutinsky SA v. Estado Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – SOMISA”, JA, 2000-IV-659; SCBA, 12/6/1990, “Río, Raúl R. y otra v. Bogomolni, Roberto A.”, DJBA 139-6768). Además es también cierto que la doctrina entiende que solo es posible interrumpir por reconocimiento una prescripción que todavía está corriendo, pues es un contrasentido interrumpir lo que ya no existe (Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, T. III, Platense, La Plata, 1975, p. 606; Borda, Guillermo, Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. II, 6.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 51; Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil, T. I, Parte general, vol. 38 (10); Prescripción y caducidad, Depalma, Buenos Aires, 1959, p. 425; Argañarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 120; Moisset de Espanés, Luis, Prescripción, Advocatus, Córdoba, 2004, ps. 384 y ss.; Salvat, Raymundo, Tratado de derecho civil argentino. Obligaciones en general, 6.ª ed., actualizada por Enrique Galli, TEA, Buenos Aires, 1956, p. 510; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, T. III, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 730). La jurisprudencia también ha seguido este criterio: CS, 8/9/1992, “DGI v. Seco, Aurelia E.”, LL, 1993-A-119, DT, 1993-A-683, JA, 1993-II-410; CNCiv., Sala A, 26/2/1970, “Clínica Marini v. Barufetti”, ED, 35-561; Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2.ª, 9/8/1994, “Moreno, Ramón T. v. Sucesores de Romano, Plácido”, JA, 1999-III-Síntesis; CNCom., Sala E, 31/5/1960, “Singer Sewing Machine v. Obras Sanitarias”, LL, 99-691; CS, 30/12/1957, “Aguirre Cámara”, LL, 91-672; Cám. Civ. 2.ª Cap., 18/3/1949, “Colla de Roberti v. Cristoforetti de Solla”, JA, 1949-I-706; CNCiv., Sala F, 2/3/1998, “Ure, Carlos E. v. Industrias Mag. SA”, JA, 2001-III-Síntesis; CNCiv., Sala C, 28/11/1989, “Patrón Costas, Carlos F. v. Plottier, María E.”, JA, 1991-I-642; CNCiv., Sala C, 28/9/1973, “Velazco, Rogelio v. Pascarella de Velazco, Guillermina y otros”, ED, 53-538; CNCiv., Sala D, 14/6/1982, “Statharakos, Nicolás”, LL, 1982-D-138; SCJ Mendoza, Sala 1.ª, 8/5/1998, “Araujo, Juan J. v. Municipalidad de Godoy Cruz”, LL, 1999-A-279, DJ, 1998-3-1078; SCBA, 28/2/1989, “Municipalidad de Tigre v. Boades, Hipólito R. y otros (Ac. 39.568)”, LL, 1989-B-574; Cám. Civ. y Com. Mercedes, Sala 1.ª, 7/3/1995, “Campaña, Estrella v. Lanzillotta, José L.”, LLBA, 1995-433). Ahora bien, cuando la prescripción ha corrido en parte o por el todo, la doctrina considera que el reconocimiento conlleva o equivale a una renuncia a la prescripción ganada (Llambías, Jorge J., Tratado. Obligaciones, T. III, 4.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 697; De Gásperi, Luis – Morello, Augusto M., Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. III, TEA, Buenos Aires, 1964, p. 456, n.º 1477; CNCiv., Sala C, 28/11/1989, “Patrón Costas, Carlos F. v. Plottier, María E.”, JA, 1991-I-642). Para Borda, “el reconocimiento de la deuda importa siempre la interrupción de la prescripción, se encuentre ésta cumplida o no cumplida. En cualquier caso el reconocimiento será el punto de partida de una nueva prescripción” (Borda, Guillermo, Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. II, 6.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 433, n.º 648 b). Además sostiene que la posición que niega la posibilidad de interrumpir por reconocimiento una prescripción ya ganada paga “un tributo excesivo a la lógica formal. Estrictamente parecería un contrasentido hablar de interrupción de una prescripción ya cumplida; pero hay que considerar que la prescripción no se opera de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos. En verdad, el cumplimiento de estos tiene solamente el efecto de poner al deudor en condiciones de oponerse a la demanda. Y si el deudor, lejos de oponer oportunamente la prescripción, reconoce por el contrario la deuda, es obvio que se confiesa deudor, con lo que basta para interrumpir el curso de la prescripción” (Borda, Guillermo, Tratado de derecho civil. Obligaciones, T. II, 6.ª ed., Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 49). d) En autos hay un reconocimiento expreso de la deuda, por lo que considero que la prescripción fue interrumpida por obra del propio deudor. Lo único que claramente debe contener el reconocimiento para ser expreso y tener carácter interruptivo de la prescripción es la admisión de la deuda o del derecho del acreedor de manera clara, indubitable e inequívoca, aunque no es necesaria la confesión lisa y llana de la deuda, si la equivale en cuanto a la intención (Arganarás, Manuel, La prescripción extintiva, TEA, Buenos Aires, 1966, p. 118). Creo que eso es lo que ha sucedido claramente en autos. Incluso si con un criterio riguroso se dudara de que a fs. 180 hay un reconocimiento expreso de la deuda, ninguna duda cabe de que se trata de un reconocimiento tácito, que también interrumpe la prescripción. Así se ha dicho que la promesa de pago (Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala 2.ª, 21/11/2002, “Shell Cía. Argentina de Petróleo SA v. Transporte Automotores San Lorenzo SACIFI”, LLBA, 2003-243; CNCom., Sala B, “Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Iraola, Pedro G.”, JA, 1962-II-408); la propuesta sobre formas de pago (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala 1.ª, 16/8/2001, “Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro v. Satecna”, ED, 197-93), el depósito de una suma de dinero y el ofrecimiento de reajuste formulado en el expediente judicial (CNCiv., Sala C, 4/9/2003, “Mortari, Agide R. v. Meliga, Mario y otros”, LL, 2004-A-410) son reconocimientos tácitos de la deuda e interrumpen la prescripción. e) Por otro lado si el demandado en vez de haber reconocido la totalidad de la deuda a fs. 180 directamente la hubiese pagado no podría repetir el pago porque según el art. 790, inc. 2, no hay error esencial si se paga una deuda prescripta. La razón es simple: quien paga una deuda prescripta no paga sin causa sino que cumple con una deuda natural cuyo pago es irrepetible (art. 516, CC). Por aplicación del principio de que quien puede lo más puede lo menos, debe reconocerse que si quien paga la deuda prescripta, acto más grave, no puede repetir lo pagado, con más razón interrumpe la prescripción quien reconoce una deuda prescripta, acto menos grave, aunque el plazo haya corrido por completo. La razón del código civil es la misma: la deuda prescripta sigue siendo una deuda, natural, pero deuda al fin. Concluyo que la Cámara efectuó una solución que contraviene el régimen legal aplicable al desconocer los efectos de renuncia de la prescripción ganada de un convenio sobre el pago de la deuda, que implica el reconocimiento expreso o aun si se quiere, tácito, de la deuda. Por lo expuesto corresponde casar la sentencia recurrida, conforme a la siguiente doctrina legal: “El pago parcial y el convenio sobre el pago de alimentos atrasados constituyen un reconocimiento de la deuda que interrumpe la prescripción” y en consecuencia remitir los autos a la Cámara de Familia y Sucesiones para que, con la composición que por turno corresponda, proceda a dictar, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento, conforme a la doctrina legal establecida.

Por ello, propongo: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Familia y Sucesiones del 29/11/2011, y consecuentemente, casar el pronunciamiento impugnado sobre la base de la doctrina legal, y remitir los autos a dicho Tribunal para que, con la composición que corresponda, dicte en lo pertinente nuevo pronunciamiento.

II. Costas del recurso, conforme se consideran.

III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

Y Visto:

El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 718/719, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,

RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de casación planteado por la actora, en contra de la sentencia de fecha 29/11/2011 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones y, en consecuencia, se casa la misma, según la doctrina legal enunciada, debiendo remitirse los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento.

II. Costas, como se consideran.

III. Reservar pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

Hágase saber.

Fdo.: ESTOFÁN (con su voto) – GANDUR (en disidencia) – POSSE (con su voto) – SBDAR (en disidencia parcial) – GOANE.

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