Medida Innovativa. Obra social.

JURISPRUDENCIA. Persona con HIV. Reestablecimiento provisorio de cobertura.

Se confirma la decisión que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la obra social demandada que proceda a restablecer provisoriamente la afiliación del solicitante y la cobertura de los servicios médico-asistenciales suspendidos a raíz de la rescisión de su contrato por la prestadora por considerar que había omitido consignar afecciones preexistentes -HIV- en la declaración jurada de ingreso.

Estamos en  Síganos en Twitter

loguitoJ

B. C. E. vs. Obra Social de Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas (OSDE) s. Incidente de apelación de medida cautelar /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala III, 22-10-2013; RC J 318/14

Texto
VISTO: en el incidente de apelación el recurso interpuesto y fundado por la demandada a fs. 54/63 (que fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 64), contra la resolución de fs. 36/37 y cuyo traslado fue contestado a fs. 106/108 vta., y CONSIDERANDO:
I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a OSDE que proceda a reestablecer provisoriamente la afiliación invocada y garantizar la continuidad de la cobertura médico-asistencial al Sr. B. C. E., hasta el dictado de la sentencia definitiva, en los términos que lo venía haciendo y en la medida que se cumpla con las obligaciones a cargo del actor.
Se agravia la demandada por cuanto sostiene que no se ha acreditado la existencia de verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. Arguye que el actor omitió consignar en su declaración jurada de ingreso que padecía “HIV-SIDA”. Ello, fundado en que a partir de su afiliación comenzó a realizar estudios y tratamientos para el diagnóstico y cura de su enfermedad, en virtud de lo cual le rescindió su contrato de afiliación.
II. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., “Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares”, L. L. 1978-B-826; esta Sala, causa 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus boni iuris.
Sentado lo expuesto cabe recordar que el Sr. B. C. E. inició la presente acción con medida cautelar a fin de que OSDE restableciera su afiliación y la cobertura de los servicios médico-asistenciales, en virtud de que le había rescindido su contrato por considerar que había omitido consignar afecciones preexistentes en la declaración jurada de ingreso (todo ello acreditado mediante la documental aportada en autos a fs. 24/26). Asimismo acreditó que padece problemas de salud, con la documentación glosada a fs. 3/23.
Desde esta perspectiva, corresponde señalar, en este contexto cautelar, que no son atendibles los argumentos esgrimidos por el apelante para cuestionar la verosimilitud del derecho del actor, por cuanto los extremos invocados en el escrito de inicio y los elementos adjuntados a la causa, otorgan sustento suficiente al pedimiento cautelar impetrado. Es por ello que frente a esta situación es conveniente proceder a la reafiliación del Sr. B. C. E., pues la falta de cobertura pondría en serio peligro su estado de salud, de modo de no alterar la situación, hasta que se decida la cuestión de fondo.
En cuanto al marco normativo aplicable al caso, como así también el pretendido falseamiento de la declaración jurada de antecedentes de salud completada por el actor que invoca la recurrente, obligaría a incursionar en un análisis exhaustivo de los términos en los cuales se anudó la relación contractual que vincula a las partes, lo que resulta improcedente en el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n° 5.914/2002 del 30-7-02 y 6402/02 del 1-8-02; Sala I, doctrina causa n° 10.953/05 del 4-5-06), el cual recién se efectuará en oportunidad de decidir sobre el fondo de la cuestión.
También concurre en la especie el peligro en la demora, configurado por la incertidumbre que apareja para el peticionario la posible falta de asistencia y cobertura de las prestaciones requeridas, con arreglo a las dolencias que sufre (cfr. certificados médicos de fs. 3 y 4).
Los fundamentos hasta aquí expuestos en cuanto a la verosimilitud del derecho, las circunstancias invocadas por el accionante y las constancias obrantes en la causa ya analizadas, la naturaleza del derecho que involucra la decisión de la demandada y el peligro en la demora, convencen al Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, impresionan como más gravosas para el actor las consecuencias derivadas del rechazo de la cautelar solicitada, que para la demandada disponer su reincorporación (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas 5.914/02 y 6402/02 citadas; esta Sala 1, doctr. causa 6655/98 del 7-5-99; Sala II, causa 4840/97 del 13-11-97).
A lo hasta aquí desarrollado, cabe añadir que la solución decidida por el magistrado es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas n° 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).
Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas a la vencida (art. 68 del CPCCN).
El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, y devuélvase al juzgado de primera instancia, en donde se deberá proceder a su notificación.
Guillermo Alberto Antelo – Graciela Medina.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s