Despido por justa causa.

JURISPRUDENCIA. Trabajador condenado por tentativa de contrabando. Aeronavegantes.

Se confirma la sentencia de grado que consideró ajustado a derecho el despido con causa dispuesto por la aerolínea con fundamento en el hecho que desencadenó la condena penal del actor a raíz del episodio ocurrido en circunstancias en que cumplía tareas bajo su dependencia. En el caso, el trabajador fue condenado como coautor en grado de tentativa del delito de contrabando de estupefacientes y otras mercaderías.

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Quarantotto, Mario Alejandro vs. Aerolíneas Argentinas S.A. s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI, 26-11-2013; RC J 779/14

Texto
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:
I. Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia de fs. 485/489, interpusiera la parte actora a tenor de los memoriales obrantes a fs. 498/503 y que mereciera réplica de la contraria a fs. 506/508 vta. También apela a fs. 494 el perito contador por estimar reducidos los honorarios dispuestos a su favor.
II. La magistrada “a quo” consideró ajustado a derecho el despido con causa dispuesto por Aerolíneas Argentinas con fundamento en que el hecho que desencadenó la condena penal recaída en la causa, seguida contra el actor a raíz del episodio ocurrido el 21/10/2006 en circunstancias en que cumplía tareas para la empresa demandada, habilita la rescisión dispuesta.
La accionante se agravia de aquella decisión. A tal efecto manifiesta:
1) Que mal puede considerarse que la detención y posterior condena del actor habría constituido un incumplimiento contractual que justificara el despido causado. Señala que los hechos no fueron cometidos en el marco de la ejecución del contrato de trabajo, por lo que el despido dispuesto por la demandada no se fundó en los hechos que dieron lugar a la causa penal en cuestión sino en la supuesta pérdida de confianza.
2) Que el hecho no pude encuadrar en un supuesto de pérdida de confianza como tampoco dentro de las previsiones del art. 242 de la LCT. Cuestiona que la jueza de grado no se expida respecto de la otra causal de despido efectivamente invocada por la demandada, que es la supuesta afección a los intereses y a la imagen que le habría producido la conducta de su parte a la empresa. Asimismo, resalta que no se han valorado sus antecedentes laborales por más de 20 años, ni la circunstancia en la que se dio su detención, cuando el actor padecía serios problemas físicos y económicos.
3) Que no se ha considerado la conducta de la demandada como discriminatoria, ello ante la desigualdad de trato que mantuvo la empresa con el actor y los Sres. Eduardo Surur y Pedro Bertana, también empelados de la demandada, quiénes fueron detenidos y procesados por haber intentado contrabandear un repuesto de aviación y una gran cantidad de cocaína y no fueron despedidos.
III. Las manifestaciones expuestas por el apelante en el escrito recursivo en modo alguno logran modificar las argumentaciones en las que la jueza de grado funda su decisión.
En primer lugar corresponde memorar, que el acontecer de los hechos como la culpabilidad del actor han sido objeto de decisión en la causa penal, sentencia que hace cosa juzgada en el proceso laboral de conformidad a los dispuesto en los artículos 1101 y 1102 del Código Civil.
En este orden de situación, como bien evaluó la sentenciante, de la copia certificada de la causa que tramitó ante el Tribunal Oral Penal Económico Nro. 1 y luego ante la Cámara de Casación Penal, cuyas sentencias respectivas fueron dictadas los días 27/10/2008 y el 7/6/2010, se desprende la condena de Mario Alejandro Quarantotto como coautor responsable del delito de contrabando de exportación, agravado por tratarse de estupefacientes, inequívocamente destinados a la comercialización y por la cantidad de intervinientes, en grado de tentativa, en curso ideal con el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa y en calidad de coautor. La condena se ha decidido en las siguientes penas: cinco años de prisión de cumplimiento efectivo; pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de las que gozare; inhabilitación especial por dos años para el ejercicio del comercio; inhabilitación absoluta por diez años para desempeñarse como funcionario o empleado público, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad.
Para arribar a esa decisión, en el marco de aquel proceso, se consideró el intento de extraer del territorio nacional desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en el vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas nro. 1310 del día 21/10/2006 con destino a Miami, Estados Unidos de América, sustancia estupefaciente (oxicodama) que llevaba escondida en su ropa de vestir con más objetos varios -alhajas- (tres paquetes de nylon que contenían en su interior pastillas de color amarillo ubicadas entre la calza negra que poseía debajo del pantalón y el calzoncillo, a altura de los genitales; otro paquete similar ubicado en su bolsillo trasero; un envoltorio en cajitas de cigarrillos que contenía cuatro anillos de metal plateado y dorado, cinco pares de aros, cuatro dijes, una cruz de metal dorado; cuatro prendedores de metal dorados, dos pares de gemelos plateados, dos pulseras de metal dorado con un dije fijo con piedra roja y cuatro cadenas de metal plateado, una de ellas con un dije de color verde; elementos que alcanzaban la cantidad de 48 unidades, cuyo valor total incluidas las trasportadas por Camiolo -coautora del hecho delictivo- alcanzaban la suma de $ 203.800, superior al valor límite establecido en el art. 947 del Código Aduanero para la infracción de contrabando menor).
El Tribunal, al valorar el hecho, consideró relevante que el actor intentara sacar del país todos aquellos elementos mediante una maniobra de ocultación, pretendiendo burlar los controles aduaneros, operación que no logró consumar en virtud de la detención sufrida en el control preembarque del Aeropuerto y quedando el hecho en grado de “tentativa”.
A esta altura, mal puede invocar el apelante que los hechos no fueron cometidos en el marco de la ejecución del contrato de trabajo (art. 277 de la LCT). Obsérvese que Quarantotto utilizó su calidad de miembro de la tripulación del vuelo nro. 1310 a abordar el día 21/10/2006 con destino a Miami, Estados Unidos de América, para realizar maniobras que violaron la ley y el orden público. Ello surge de la causa penal anteriormente citada y, conforme se señaló, tiene efecto de cosa juzgada en esta instancia.
Por lo demás, corresponde desechar los agravios dirigidos a cuestionar las consideraciones que tuvieron por configurado un supuesto de pérdida de confianza que encuadra dentro de las previsiones del art. 242 de la LCT, ello toda vez que, a juicio de este Tribunal, conductas de tal naturaleza no pueden ser aceptadas ya que el delito cometido por el accionante implicó no sólo la violación grave de su débito contractual, sino que se trató de un hecho susceptible de afectar la imagen de la empresa atento a su inserción en el mercado internacional de aviación y de ser parte del skyteam.
Aerolíneas Argentinas S.A. es una Empresa Nacional, cuya imagen se encuentra expuesta constante y directamente a las críticas y valoraciones internacionales; y sus trabajadores, representantes directos de la empresa en el interior y exterior del país, resultan obligados de salvaguardar los intereses de la Compañía (ver fs. 35 Manual del TCP-Internacional); por tanto, no tengo más que concluir que la actitud asumida por el accionante no sólo expuso a la empresa como sujeto de derecho sino también al país como Estado Nacional. Resáltese que no se trató de un hecho aislado sino que, contrariamente, mereció las publicaciones de los siguientes periódicos: Diario Popular (fs. 210/212), Diario Clarín (fs. 243/246), La Nación (fs. 262/264) y Página 12 (pág. 247), fechados el 24/10/2006.
Lo expuesto me lleva a concluir que se trató de una conducta que mereció la sanción máxima y que justifica la decisión rupturista dispuesta por la demandada, por tanto se confirmará el fallo de grado en este aspecto. Aclárese que las consideraciones expuestas sobre la supuesta discriminación efectuadas en nada revierte lo decidido, sin embargo resalto que se trata de supuestos en los que siquiera se invoca una condena como la de autos.
III. No encuentro motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota establecido en el art. 68 del CPCCN. Por tanto, corresponde confirmar el decisorio también en este tópico.
IV. Finalmente es apelada la regulación de honorarios en su totalidad. Por ello, teniendo en cuenta las pautas arancelarias vigentes, la naturaleza, mérito y calidad de las labores desarrolladas por los profesionales intervinientes en autos tendientes a la dilucidación de las cuestiones controvertidas, estimo equitativos los emolumentos cuestionados; razón por la cual propicio su confirmación en esta instancia (cfr. arts. 38, LO; Ley 21839; Ley 24432; Dec. ley 16638/57).
V. Por los motivos precedentemente expuestos, de prosperar mi voto, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas a cargo de la parte actora vencida (conf. art. 68 del CPCCN). A ese fin, regúlense los honorarios de la representación letrada interviniente en ésta alzada en el 25 % de lo que en definitiva le corresponda por las labores de origen (conf. art. 14 LA).
EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
Adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18345, el Tribunal RESUELVE: 1. Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. II. Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora vencida. III. Regular los honorarios de la representación letrada interviniente en ésta alzada en el 25 % de lo que en definitiva les corresponda por su labor en origen.
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID – LUIS A. RAFFAGHELLI.

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