Responsabilidad de la concesionaria de transporte por violación en estación de subterráneo

DAÑOS Y PERJUICIOS. Mujer violada en estación de subterráneo. Responsabilidad de la concesionaria de transporte.

Una mujer que descendió de la formación de un subterráneo y se dirigía a hacia la salida de la escalera mecánica, con la finalidad de ascender hacia el hall superior de la estación, fue abordada por un hombre que luego de amenazarla con un cuchillo, la violó. A raíz del hecho, la víctima demandó a la empresa prestataria del servicio de transporte por daños y perjuicios. La demandada apeló la sentencia de primera instancia que hizo lugar al reclamo. La Cámara la confirmó.

1. La concesionaria del servicio de transporte subterráneo debe indemnizar a la víctima de la violación ocurrida en una de sus estaciones, si el delito podría haberse evitado con la sola presencia de personal idóneo, pues es quien esta obligada a garantizar las medidas de seguridad en el marco de sus dependencias, conforme surge del contrato de concesión.

2. Si en el contrato de concesión de transporte de subterráneo la empresa concesionaria asume los actos positivos tendientes a prevenir actividades delictivas en el marco de sus dependencias, el Estado concedente del servicio está eximido de responsabilidad por el hecho de violación ocurrido en una estación.

CUANTIFICACION DEL DAÑO

El hecho dañoso:

Delito sexual en un transporte público.

Referencias de la víctima:

Sexo:                                                                Femenino

Edad:                                                                                 51

Estado civil:                                                     Casada

Componentes del daño:

Daño extrapatrimonial

Daño moral genérico:                          $360.000

#NroFallo# – CNCiv., sala H,2012/02/24.- P., M. R. c. Metrovías S.A. s/daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/3770/2012]

Jurisprudencia Vinculada

[1 y 2] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, “Cribaro, Ines Elisa c. Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios”,06/10/2011, La Ley Online, AR/JUR/70985/2011; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, “Núñez, Norma Gladys c. Metrovías S.A.”,28/04/2009, RCyS 2011-VIII, 209, AR/JUR/76677/2009.

2ª Instancia.— Buenos Aires, febrero 24 de 2012.

El doctor Mayo dijo:

I. Apela Metrovías S.A. la sentencia de fs. 413/421 que admitió la demanda promovida por la Sra. M. R. P. y expresa agravios a fs. 584/607, los que fueron contestados a fs. 473/477 (Estado Nacional – Policía Federal) y fs. 479/486 (parte actora).

A fs. 488 se ordenó la elevación de los autos al Acuerdo de Sala, encontrándose las actuaciones en estado de dictar un pronunciamiento definitivo.

II. Motivaron las presentes actuaciones la denuncia de una violación sexual perpetrada contra la actora en la línea “E” del subte, de explotación de Metrovías S.A., estación San José, cuya existencia misma no resulta ser objeto de controversia ante esta instancia.

III. La sentenciante de grado, dejó asentado que las empresas ferroviarias que tienen a su cargo el transporte de pasajeros, deben soportar la consabida cláusula contractual estipulada en cuanto a que el pasajero debe llegar sano y salvo a destino. Ello así, puesto que el transportista asume una obligación de resultado mediante la cual el viajero debe ser transportado de forma incólume.

Es así que ante el incumplimiento de la obligación de responsabilidad a su cargo, la ley establece una presunción “relativa” de responsabilidad de la empresa ferroviaria que, para liberarse, debe probar que el siniestro sufrido provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o un tercero por quien no deba responder.

De esta manera, luego de analizar las probanzas recabadas en sede penal, como también las diversas declaraciones testimoniales brindadas en autos, tuvo por probado que la actora era pasajera de la línea “E” de subterráneos, y a que a su vez el siniestro ocurrió en dependencias de la demandada Metrovías.

A partir de ello, encuadró el caso que nos ocupa en la doctrina que emana del art. 184 del Código de Comercio, la cual, compromete severamente la responsabilidad del transportista al imponer una obligación resarcitoria con o sin culpa de su parte, a menos que medien los eximentes de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero. Determinó que en el presente supuesto, ninguna de las eximentes ha sido probada y destacó que aquel que tiene un beneficio económico a su cargo, tiene la obligación de tomar medidas de seguridad a fin de que el servicio se preste con normalidad. Por lo que admitió la demanda, condenando a Metrovías a responder por el hecho delictuoso perpetrado en sus dependencias.

IV. Por las razones que expone en su presentación ante esta Alzada, el apelante se agravia por haber sido admitida la demanda instaurada en su contra a partir del hecho delictivo cometido contra la actora en dependencias de la empresa. Sostiene que en el caso, su parte acreditó en forma indubitable que el hecho provino del accionar delictual de un tercero extraño, y que aquello a su vez, resultó ser un acontecimiento imprevisible, por revestir las características propias del caso fortuito. Argumenta que la doctrina que la propia sentenciante cita, es la misma que establece que ante el “casus” no puede imputarse responsabilidad civil al demandado. Mediante los argumentos que expone en su extensa presentación, intenta rebatir los fundamentos de la decisión de grado.

A su vez, entre otras consideraciones, argumenta que el hecho de que la obligación de trasladar al pasajero sea de resultado depende del momento del viaje, por lo cual, es de medios en todo lo anterior y posterior del transporte. Por otra parte, sostiene que no hay exigibilidad de la conducta presuntamente omitida, por lo cual, no medió ilicitud de su parte. Destaca que en el año 2004 el uso de videocámaras no se encontraba difundido con el alcance que posee en la actualidad y que el hecho en análisis revistió el carácter de imprevisibilidad. Por otra parte, efectúa una valoración diversa a la efectuada por la Sra. Juez de grado, en cuanto al lugar en donde ocurrió el hecho. Cuestiona la valoración de la cadena del nexo causal, como también el hecho de que se haya exonerado de toda responsabilidad a la Policía Federal citada como tercero; argumentos éstos, de los que se explaya en su presentación, y a los que por cuestiones de brevedad me remito.

V. Ante todo, es oportuno recordar que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan sólo aquéllos elementos que son conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386 Cód. Proc.; C.S.J.N. , RED. 18-780; CNCiv., Sala D, RED. 20-B-1040; CNCIv., Sala F, R. 172.752 del25/4/96, entre otros).

VI. Ahora bien, no se encuentra discutido en esta instancia que el día25/12/2004la actora abordó en la estación Boedo una formación de la línea “E” de subterráneos, cuya explotación se encuentra a cargo de la demandada, con destino a la casa de su madre. Al arribar a la estación San José, siendo las19.15hs., se dirigió a hacia la salida de la escalera mecánica, con la finalidad de ascender hacia el hall superior de la estación.

En tales circunstancias, una persona de sexo masculino la alcanzó desde atrás al llegar a ese lugar, descripto como un pasillo o descanso, le tapó la boca con una mano, mientras con la otra sostenía un cuchillo con el cual la amenazaba de muerte. A partir de ello, fue obligada por el sujeto a practicarle sexo oral, y posteriormente, la actora fue violada por vía vaginal y anal.

Tampoco es objeto de controversia el encuadre jurídico dado al caso por la anterior sentenciante (art. 184 Cód. Comercio).

No obstante, la demandada sostiene en su recurso que el accionar delictivo del violador resultó un supuesto de exoneración de responsabilidad contenido en la norma indicada.

VI. Sentado ello, es dable señalar que, en el supuesto bajo examen, tal como lo expone la demandada en su escrito que fundamenta la queja, efectivamente el hecho delictivo fue cometido por el accionar de un tercero extraño a la empresa.

De la causa penal nro.: 1.746 labrada con motivo del hecho de autos, se dispuso a fs. 345/348 la reserva de las actuaciones hasta tanto surgieran elementos que permitieran identificar al autor del acontecimiento de marras.

Sabido es que el hecho del tercero, para liberar al presunto responsable, debe reunir los caracteres de inevitable, irresistible, y de exclusivo (ver F. Trigo Represas y R. Compagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, I, p. 94; Alterini-Ameal-López Cabana, Derecho de Obligaciones, Buenos Aires, 1995, pág. 358; C.S. Fallos 308:1597; 310:2103; etc.).

Ahora bien, esta Sala ha sostenido que “La aparición súbita de forajidos, no es un hecho imprevisible para el empresario transportista, sino un indicativo de la habitual ausencia de medidas de prevención para resguardar los bienes y la seguridad de los pasajeros. No puede reputarse caso fortuito a lo que está dentro del riesgo propio o específico de la actividad” (“Larroza Jorgelina y otro c/Trenes de Buenos Aires S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Exp. n° 7.761/2.000, Rec. N° 533.052, del18/05/2010).

Es que la producción de hechos delictivos en el marco del servicio subterráneo es de larga data, y no es necesario que tenga lugar una violación para saber que debe existir en tales dependencias una custodia mínima.

La Corte Suprema de Justicia en el caso “U.M.H. c/Transporte Metropolitano General Roca” (CSJN09/03/10, eldial AA5CA1) sentó la doctrina por la cual sostuvo que si bien el hecho delictivo de terceros puede resultar imprevisible para el prestador del servicio ferroviario, toda vez que no cabe exigirle que se constituya en un guardián del orden social a fin de reprimir inconductas de los viajeros (Fallos: 322:139), ello no quita que aquél arbitre, cuanto menos, las mínimas medidas de seguridad a su alcance para evitar daños previsibles o evitables.

Por otra parte, debe destacarse el marco en que ha sido efectuado el contrato de concesión entre el Estado y la empresa demandada, a fin de clarificar posturas. El art. 8.3. del acuerdo celebrado entre el Estado y el concesionario, Metrovías, la conclusión a la que se arriba resulta diversa a la que sostiene el agraviado. El artículo en cuestión, “De la seguridad del servicio y de los pasajeros”, reza en su cuarto párrafo: “En relación a la seguridad pública, dado que ella es responsabilidad indelegable del Estado Nacional, el concedente toma a su cargo las erogaciones que demanden los servicios de policía adicional que para una atención adecuada de aquélla son prestados por la Policía Federal dependiente del Ministerio del Interior y por la Policía de la Provincia de Buenos Aires dependiente de la Secretaría de Seguridad del ministerio de justicia y seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la Red Ferroviaria Metropolitana y de la Red de Subterráneos. Ello no obstante, el concesionario deberá implementar acciones que le permitan contribuir eficazmente a la adecuada prevención de actividades delictivas contra los bienes y personas transportados, brindar eficaz información a las autoridades policiales competentes y facilitar el accionar de las mismas, sin quedar eximido de las responsabilidades que le corresponden en su condición de transportista de acuerdo a la legislación vigente”.

Como señala Marienhoff, la explotación del servicio público la hace el concesionario a su propia costa y riesgo, y “ello significa que toda la responsabilidad que derive de hechos que concreten el ‘ejercicio’ de la concesión, le corresponde al concesionario”, aunque dicha responsabilidad se limita a los daños que causare en “ejercicio” de la concesión, pero al margen de su texto y contenido (conf. “Tratado de Derecho Administrativo”, t. III-B, 1994, pág. 595).

Se ha dicho al respecto que un sistema de responsabilidad del Estado por el accionar del concesionario que ignorara, tanto en sus planteos como en sus resultados de hecho, la presencia del riesgo y ventura en este contrato resultaría contradictorio y haría desaparecer la concesión como forma de prestación indirecta de los servicios públicos. El concesionario actúa por su cuenta, de modo que todo su accionar debe ser atribuido a su propia responsabilidad sin obligar directamente al concedente. El accionar bajo “su propio riesgo” indica claramente que asume en forma directa y personal las consecuencias, favorables o no, de su negocio consistente en la explotación del servicio (Conf. Pérez Hualde, Alejandro, “El concesionario de servicios públicos privatizados (la responsabilidad del estado por su accionar)”, 1997, Lexis Nexis – De Palma, Lexis N°° 6502/000202).

Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita deben reunirse los siguientes requisitos: a) el Estado debe incurrir en una falta de servicio; b) la actora debe haber sufrido un daño cierto, y c) debe existir una relación de causalidad directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya reparación se persigue (Fallos: 328:2546). Con respecto al primero de los recaudos, este Tribunal ha expresado que quien contrae la obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su efecución irregular” (Fallos; 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065). Esta idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público (causa “Securfin S.A. c/Santa Fe, Provincia de s/daños y perjuicios”, Fallos: 330:3447) que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil (Fallos: 306:2030). En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo pos sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 318:192, 1862; 321:1124; causa “Serradilla, Raúl Alberto c/Mendoza, Provincia de s/daños y perjuicios”, Fallos: 330:2748) (Fallos: 334:379).

Por otra parte, la regla imperante en el Derecho argentino es que, en principio, el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por aquellos sujetos genéricamente denominados “colaboradores externos de la Administración”, tales como los contratistas, los notarios y, por supuesto, los prestadores de servicios públicos, cualquiera sea el título habilitante que ostenten (Conf. Perrino, Pablo E., “La responsabilidad de la Administración por su actividad ilícita. Responsabilidad por falta de servicio”, ED 185-781).

La transferencia de la gestión de un servicio al concesionario mediante la técnica de la concesión conlleva que sean éstos quienes deberán hacerse cargo de las indemnizaciones por los daños ocasionados a terceros (Conf. Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, 2003, págs. 8 y sigts.).

En definitiva, está ausente uno de los presupuestos que debe concurrir para que surja el deber de reparar estatal, como lo es la posibilidad de imputar jurídicamente los daños a órganos que integren la estructura de la Administración Pública.

En este orden de ideas, comparto el criterio adoptado por la anterior sentenciante en cuanto a que el Estado concedente deposita su confianza en la buena fe del concesionario, a fin de que la prestación privada tenga capacidad suficiente para ofrecer un buen servicio.

A su vez, no resulta acertado el argumento traído a valoración por el agraviado, en cuanto su parte no incurrió en omisión alguna. Y ello se constata a partir de la última parte del art. 8.3. del contrato de concesión, transcripto en párrafos precedentes.

Allí, la empresa demandada acordó asumir actos positivos tendientes a prevenir actividades delictivas en el marco de sus dependencias.

Y prueba ineludible de ello resulta ser el acuerdo obrante a fs. 49/55 por el cual la empresa Metrovías S.A. encomendó a Compañía Metropolitana de Seguridad S.A. a prestar el servicio “de vigilancia para garantizar la seguridad, prevención y control de disturbios (…) y toda aquella tarea vinculada a la seguridad de los ámbitos de las Líneas de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

En sus arts. 5 y 6 se prevé la existencia tanto de puestos fijos en estaciones y boleterías, como también, un servicio de patrullaje dentro de las formaciones y estaciones de las líneas subterráneas.

Más precisamente, en el punto 6) A, el contrato reza: “La actividad del personal consiste en el recorrido permanente de las líneas asignadas, interviniendo en caso de visualizar un delito in fraganti, procediendo a la demora de la personas hasta ser entregada a la autoridad policial correspondiente”.

Dicho esto, es menester resaltar que al momento del hecho no había personal de seguridad alguno en la estación de subte en cuestión, contrariamente a lo afirmado por la agraviada a fs. 460, último párrafo, en ocasión de citar a la declaración de la testigo, Sra. García, quien no se halló presente en ocasión del siniestro.

Del informe suministrado por el boletero de la estación al momento de la ocurrencia del ilícito, Sr. Filardi, quien declaró en la causa penal a fs. 17, se desprende que tanto el personal policial, el personal de la Compañía Metropolitana de Seguridad, como el de la brigada C.I.R., y demás auxiliares que da cuenta el relevamiento confeccionado por el depto. de accidentología de Metrovías, (ver fs. 168/69), se hicieron presentes con posterioridad al hecho, y una vez que la actora hubiera pedido ayuda.

Es menester destacar que el hecho delictivo tuvo lugar en uno de los pasillos existentes en la estación (ver croquis obrante a fs. 13 de la causa penal nro: 1.746/05). Puntualmente, en aquel por el cual se accede a la escalera mecánica desde el sector de los andenes y se arriba al hall central, ubicado en el entre piso, cuyas fotografías lucen a fs. 23 de la causa referida.

Debe subrayarse, por tanto, que el delincuente había traspasado el sector de los molinetes -ya sea en dicha estación o en otra, ignorándose desde dónde efectuó el ingreso-, habiendo sucedido el hecho en la proximidad de la escalera mecánica que permite ascender al sector de boletería.

El deber de seguridad que intenta hacerse valer no exige un control estricto de cada persona que ingresa a una estación o sube a una formación de tren —más allá de la exigencia propia de exhibir el pasaje—, sino que aquél resulta exigible para evitar que sucedan hechos como el investigado, lo cual, por otra parte, es una obligación inherente al contrato de concesión, conforme ya se expuso.

Tampoco podría pretenderse la existencia de cámaras de seguridad al momento del hecho, dado que en el año 2004, amén de lo sostenido por la Sra. Juez de grado, no era un elemento de prevención tan masivo como en la actualidad, tal como lo expuso el apelante.

Sin embargo, no puede soslayarse que, de haberse encontrado presente personal de seguridad realizando la tarea de patrullaje prevista en el contrato al que se ha hecho alusión, el malviviente sin lugar a dudas se habría visto disuadido de cometer semejante delito.

No obstante, resulta evidente la impunidad con la que actuó dadas las circunstancias —se trataba de un lugar de paso y no clandestino—.

Por otra parte, estamos ante un hecho que no resultó ser súbito, sino que necesariamente requirió de cierto tiempo para su consumación. Puesto que, si bien resulta dudoso precisar si efectivamente el violador utilizó el preservativo que momentos después fue hallado (ver fs. 24 de la causa penal nro: 1.746/05), lo cierto es que el hecho ocurrió en el lapso que va entre que la actora descendió de una formación e intentó ascender al hall en donde se encuentra la boletería, y la llegada de una nueva formación; ante lo cual el malhechor se habría persuadido de darse a la fuga y permitió a la actora que haya sido auxiliada por una persona que descendía de aquella.

Por lo demás, es de destacar que el hecho tuvo lugar un 25 de diciembre, esto es, en un día festivo y en el horario aproximado de las 19 hs., por lo cual, la demandada no tomó previsión adecuada alguna para proteger a los pasajeros en el lugar, que por desolado, se hallaba proclive al delito.

Este Tribunal ya ha hecho mención de la responsabilidad que pesa sobre la demandada ante la producción de hechos ilícitos, desde que el accionar de el/los individuos fue posibilitado por el incumplimiento de la empresa de su obligación de mantener la seguridad en todas sus instalaciones (cfr.”Altamirano, José M. c/Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/daños y perjuicios”, Rec.: 478.519, 13 de agosto del año 2007).

A esta altura, no puede soslayarse que el deber de la demandada de extremar al máximo las precauciones para evitar situaciones de riesgo para los usuarios, y que el criterio regulador previsto normativamente, imponía a la empresa el deber de extremar las previsiones para el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados en amparo de las posibles víctimas para quienes, de lo contrario, el resarcimiento resultaría ilusorio en la mayoría de los casos (“Abdul Meseh Carolina c/Tranposrtes Metropolitanos General San Martín s/daños y perjuicios” Expte: 112.050/01, R. 538.905, del15/05/2010).

En definitiva, el hecho delictivo debe ser imputado a la empresa por los defectos de las medidas de seguridad que la empresa estaba obligada a garantizar, toda vez que el hecho resultó evitable.

Por todo ello, al no darse las características propias del casus, toda vez que reputo que el delito pudo haberse evitado con la sola presencia de personal de seguridad, propongo que se confirme lo resuelto en el fallo apelado sobre este aspecto.

Respecto de las costas por la citación como tercero del Estado Nacional – Policía Federal, en atención a la existencia de distintas posturas doctrinarias sobre la responsabilidad que cabe al concedente en un hecho como el de autos, voto para que se fijen por su orden.

Incapacidad y tratamiento psicológicos – Daño moral:

Cuestiona el apelante el reconocimiento autónomo que hace el a quo del rubro “daño psicológico”, el que, por las razones que expone en su presentación, considera que no constituye un tercer género fuera del daño patrimonial, o moral. Funda en doctrina su postura. Por otra parte, destaca que al haberse determinado en la pericia psicológica un tratamiento, debe proceder entonces únicamente el quantum para afrontar dicha erogación.

Subsidiariamente, se agravia por el monto por el que prosperó la partida, reputándolo elevado, toda vez argumenta que la accionante pudo continuar con su vida cotidiana, conservando su empleo, puesto que ello se coteja del hecho de que la propia actora manifestó que no podía hacerse presente a una rueda de reconocimiento llevada a cabo en sede penal porque debía trabajar. Solicita se reduzca sensiblemente la suma reconocida, puesto que no se acreditó que la actora haya sufrido un padecimiento mayor al no haber tenido que someterse a tratamiento psicológico alguno.

En primer término cabe aclarar que si bien la sentenciante discriminó en las sumas de $240.000 el resarcimiento en concepto de daño moral, adicionándole la de $120.000 para responder a la partida solicitada en concepto de daño psíquico, lo cierto es que de la simple lectura de los fundamentos que dejó asentados para fijar el monto, se desprende que adopta la postura por la cual se sostiene que las secuelas en el orden psicológico no deben considerarse un daño independiente, sino que la indemnización se encuentra absorbida al fijar el resarcimiento correspondiente a daño moral y capacidad sobreviniente.

Este es el criterio que comparto. Puesto que, si el daño psíquico conlleva una “incapacidad” real de la conciencia del sujeto, esto es, lo disminuye efectivamente en su nivel intelectual, entrará dentro del daño material; y si, en cambio, solo se trasunta en las afecciones a su psiquis desde el plano puramente existencial (neurosis, fobias, angustia, vida de relación, etc.), cae en la órbita del daño extrapatrimonial o moral, pues ha recaído sobre las emociones de la vitalidad, o las vivencias emocionales de la conservación del individuo, o de la necesidad de estimación.

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la circunstancia de que se considere el daño psicológico —debidamente comprobado— en forma conjunta, o independiente del daño moral, es una cuestión secundaria si ello no importa un menoscabo al resarcimiento económico fijado o un enriquecimiento injustificado del damnificado, ya que lo que realmente interesa es tratar de colocar a la víctima en la misma situación en que se hallaba antes del suceso dañoso, a lo que debe apuntarse con independencia de los términos o expresiones utilizadas y sin caer en dogmatismos estériles que impidan el acceso a una solución justa e integral.

No debe perderse de vista que la “guerra de las etiquetas” o debate acerca de la denominación que corresponde dar a tales o cuales daños, así como la “guerra de las autonomías” o debate sobre si esos daños integran la categoría de los morales o patrimoniales, o por el contrario, si tienen autonomía o forman una categoría propia, distinta, es un quehacer menor, que no hace al fondo de la cuestión y en el cual se pierde muchas veces la contemplación del tema central (cfr. Mosset Iturraspe “El daño fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad” Rev. de Derecho Privado y Comunitario, T.1, pág. 39 N° 23, Rubinzal Culzoni, 1992).

Adviértase que de encontrarse probada la incapacidad psicológica derivada del accidente (como en el caso), el tema se reduce a establecer un monto independiente o de incrementar el “quantum” de la indemnización por daño extrapatrimonial. Por lo cual, se advierte la inexistencia de agravio en este sentido.

Por otra parte, puntualmente atendiendo a los agravios desplegados en cuanto al monto de la partida “daño psicológico”, la agraviada expone que la actora continuó trabajando normalmente, tan es así, que manifestó no poder presentarse a una rueda de reconocimiento en sede penal, debido a que debía concurrir a trabajar.

Más allá de que no se determina en forma precisa la fecha en que esto habría tenido lugar, dado que las ruedas de reconocimiento se han llevado a cabo en distintas oportunidades y durante distintos años (del 2005 al 2007, aprox., según se desprende de la causa penal nro: 1.746/05), lo cierto es que la propia actora manifestó, al llevarse a cabo la entrevista psicológica, que a partir del hecho que se ventila dejó de trabajar.

Así, a fs. 338/341 la Lic. Estela M. Adra, responsable del informe psicodiagnóstico de la actora, manifestó que la Sra. M. R. P. refirió que desde el suceso de autos “no sólo no viajó más en subte, sino que no se moviliza sola en ningún medio de transporte. Además, dejó de trabajar (era gestora), no solo por verse imposibilitada de trasladarse, sino por la vergüenza de lo ocurrido. También dejó de estudiar computación. Todo esto modificó de manera rotunda la dinámica familiar”. Entre otras apreciaciones, aconsejó la realización de tratamiento, toda vez que la depresión en la actora “comenzó reactiva al episodio descrito y que en la actualidad se estaría transformando en un cuadro crónico si no recibe asistencia siquiátrica y sicológica correspondiente”.

A su vez, del informe pericial psicológico presentado a fs. 385, confeccionado por el Dr. Roberto Fresco, se desprende que el experto determinó que el hecho ocurrido es muy grave y muy dañoso para la actora, lo cual ha provocado un significativo cambio en su vida personal y de relación. Determinó en la accionante un síndrome depresivo reactivo en período de estado grave, generando una incapacidad del orden del 60% de la total vida (según el baremo de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires), laboral, social y de esparcimiento, parcial y permanente hasta la actualidad, a cinco años de lo ocurrido, por haber sufrido un atentado contra su voluntad, con violencia y amenazas graves” (ver fs. 390).

El hecho de que la actora haya dejado de trabajar fue a su vez corroborado por los testigos que depusieron a fs. 205/206, fs. 207 y fs. 263.

La Sra. Claudia Inés García textualmente expresó que “La medicación que le dieron la afectó a tal punto que no podía trabajar porque le causaba vómitos y diarrea, su trabajo era en un estudio contable haciendo trámites y le era imposible. Tuvo que dejar de trabajar”. A su vez, la misma testigo dejó asentado de qué manera el suceso de autos impactó en la vida social de la actora que “no volvió a ser la de antes” (fs. 206, respuesta a pregunta tercera), y demás manifestaciones, a las que por razones de brevedad, me remito.

En igual sentido se expidió la testigo, Sra. Hildelisa Rojas Miñarro, cuando al ser preguntada si la actora trabajaba antes del hecho, contestó: “creo que trabajaba en una oficina, y después de esto creo que perdió el trabajo”. También refirió que “después de esto ella estaba muy mal. Quedó muy flaca, muy deprimida. De ánimo estaba mal, estuvo haciendo tratamientos, ella me dijo”.

La testigo Sra. M. Alejandra Lagoa, declaró que después del hecho la actora “no sale sola, está angustiada. Estuvo haciendo terapia, no se si sigue tratamiento. (…) Llora mucho, está deprimida. En la actualidad no trabaja, dejó de trabajar a partir del hecho”.

Por lo cual, los agravios desplegados en este sentido por la agraviada no resultan atendibles.

Por otro lado, del tercer párrafo de fs. 419 se desprende que efectivamente la sentenciante de grado tuvo en cuenta las impugnaciones efectuadas por las partes, no obstante determinó en base a ellas que no correspondía aceptarlas dado que no se aportaron elementos de prueba que permitieran concluir en su error. En base a ello, no resulta, entonces, acertado el agravio desplegado por la apelante en cuanto a que sus presentaciones no han sido meritadas.

En otro orden de ideas, respecto del monto reconocido por daño moral del cual se queja la demandada, cabe señalar que he sostenido en numeR.s oportunidades que no basta con decir que una cantidad es insatisfactoria o elevada para fundar el agravio. Lo cierto es que las manifestaciones allí vertidas no constituyen una crítica concreta y razonada del criterio adoptado por la anterior sentenciante, pues la quejosa se limita a sostener que no resulta ser responsable del infortunio y no hace suyo ninguno de los argumentos expresados en la sentencia, circunstancia que me exime de efectuar mayores consideraciones.

Finalmente, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se ventila, la índole de los padecimientos que experimentó la Sra. M. R. P., como también las circunstancias personales que se relacionan con aspectos tales como su edad, 51 años al momento del hecho, de estado civil casada, madre de dos hijas de 16 y 24 años de edad al hecho, la circunstancia de que a partir del siniestro se haya visto condicionada a dejar su trabajo, no considero que la suma total de $ 360.000 (pesos trescientos sesenta mil) dispuesta por la anterior sentenciante sea elevada, por lo que propongo su confirmación.

Tasa de Interés por tratamiento psicológico – gasto futuro:

Argumenta la agraviada que le causa agravio que se haya dispuesto la aplicación de intereses a partir de la fecha del infortunio aun respecto de los emolumentos en cuestión, cuando aquellos resultan ser un tratamiento aun no efectuado.

En cuanto a ello, habré de señalar es criterio reiterada de esta Sala que, conforme se estableciera en el fallo plenario del16/12/58, “los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación” (Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte”). En este sentido cabe destacar que la deuda de responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de los intereses- es previa con relación a la resolución jurisdiccional que la reconoce.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios, como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), no existe motivo alguno para computar aquéllos en forma diferente según se hubieren realizado o no los pagos por el tratamiento terapéutico. Es que el costo del tratamiento respectivo debió ser sufragado por el responsable desde el momento en que resultó necesario y ello coincide con el origen del daño psicológico constatado por el experto en nexo causal con el accidente de autos.

Por lo expuesto, propongo entonces confirmar este aspecto de lo decidido.

Tasa de interés activa:

Se agravia la apelante por la tasa de interés fijada por el anterior sentenciante, toda vez que relata que su aplicación produce una alteración del significado económico del capital de condena que deriva en un enriquecimiento indebido a favor de la parte actora.

Al respecto y por las razones que expusiera en autos “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero” (recurso 499.526 del24/04/09) -a cuya lectura íntegra me remito por razones de brevedad-, considero que corresponde aplicar la pasiva promedio que fija el Banco Central de la República Argentina establecida en los plenarios “Alaniz Ramona Evelia c/Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios” que mantiene la doctrina establecida en la sentencia “Vázquez Claudia Angélica c/Bilbao Walter y otros s/daños y perjuicios” hasta el dictado del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios” y a partir de aquí hasta el efectivo pago la tasa activa fijada en este último acuerdo (arts. 301, 303 y ccs. del CPCC).

Por lo cual, propongo al acuerdo que se modifique la sentencia en este punto y se fije la tasa en función de lo propuesto en forma precedente.

VII. Por todo lo expuesto, propongo que se modifique la sentencia apelada con el siguiente alcance: a) disponiendo la aplicación de la tasa pasiva desde la fecha del hecho y hasta el dictado del fallo plenario “Samudio de Martínez Ladislao c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios” y a partir de allí la activa, y b) confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agravios.

Costas de alzada a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

La doctora Abreut de Begher dijo:

Comparto el voto del colega preopinante salvo en lo atinente al momento a partir del cual debe aplicarse la tasa activa establecida en el plenario del fuero dictado en autos “Samudio de Martínez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios”.

En este sentido me remito —brevitatis causae—— a los fundamentos vertidos por mi colega, Dr. Kiper, en autos “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro de sumas de dinero” (recurso 499.526 del24/04/09).

En consecuencia, voto para que se confirme la sentencia de grado en cuanto a la tasa de interés que fija.

El doctor Kiper por las consideraciones expuestas por la Dra. Liliana E. Abreut de Begher, adhiere al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por mayoría de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de agravios. Costas de alzada a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.). II. Previo a entender respecto de los recursos por honorarios, deberá notificarse —en la instancia de grado— a la demandada Metrovías S.A. y al Estado Nacional, en sus domicilios reales (art. 62 A.H.), la regulación de sus respectivos letrados (R. B., C. T. M. M. R. y E. A. M., en el caso de la primera, y S. A. C. por el segundo). Asimismo, deberá el Juzgado actuante proveer lo pertinente en relación a lo requerido a fs. 425. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.— Jorge A. Mayo.— Liliana E. Abreut de Begher.— Claudio M. Kiper. 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s