Molina, Ester D. contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA) sobre Recurso de Inconstitucionalidad Concedido

El Tribunal Superior de Justicia de CABA en su mayoría rechazó el amparo interpuesto por la actora con el fin de que se anule la resolución del GCBA mediante la cual se dispuso dejar sin efecto su designación como agente de planta permanente de la Dirección General de Rentas por tener antecedentes penales, ya que la accionante no reúne las condiciones de admisibilidad establecidas en la ley para el cargo y dicho impedimento legal no resulta inconstitucional, máxime cuando había sido condenada por el delito de rebelión tipificado dentro de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, por lo que se advierte la conexidad entre la causal impeditiva y el interés público comprometido.

26 de Noviembre de 2013 –

Molina, Ester D. contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA) sobre Recurso de Inconstitucionalidad Concedid.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Resulta: 1. A fs. 371/371 vuelta la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario concedió el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —en adelante GCBA — (fs. 343/359) contra la sentencia de fs. 322/331 por la cual la Sala confirmó parcialmente la resolución de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad absoluta la resolución nº 460-AGIP-2008 y su ratificatoria nº 4382-MHGC-2008 y ordenó al GCBA que en el término de dos días incorporase a la contadora Dora Ester Molina como empleada de planta permanente en el cargo de inspector/auditor tributario de la AGIP, en el que había sido designada mediante la resolución nº 2974-MHGC-07. La Sala concedió el recurso de inconstitucionalidad por considerar que se encuentra en juego el alcance e interpretación del art. 57 de la de la CCBA “artículo cuya inteligencia y alcances, resultaron esenciales para dirimir la cuestión tramitada en el sub lite” (fs. 371/371 vuelta) 2. En el caso, Dora Ester Molina promovió acción de amparo contra el GCBA con el objeto de que se anulara la resolución nº 460- AGIP-2008, del 27/10/2008 —ratificada por resolución nº 4382-MHGC- 2008 del 30/12/2008— por la cual se dispuso dejar sin efecto su designación como agente de planta permanente de la Dirección General de Rentas –DGI- que fuera dispuesta por la resolución nº 2.974/MHGC/07, fundada en que la actora no reunía las condiciones de admisibilidad para la función pública contempladas en el art. 7º de la ley nº 471. También requirió que se ordenara su ingreso a la planta permanente de la DGI. Fundó sus pretensiones en la inconstitucionalidad del art. 7 inc. a) de la ley nº 471 —cuya declaración de inconstitucionalidad también peticionó— en cuanto establecía como condición de ingreso a la Administración Pública no haber sido condenado por delito doloso, pues planteó que dicha norma obstaculizaba la resocialización del condenado, estigmatizándolo y sometiéndolo a un nuevo castigo, es decir, a una doble punición, y que por ende era contraria a los principios que surgen del art. 18 de la Constitución Nacional, del art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fs. 1/14). Relató que en enero de 2003, ingresó a trabajar como contratada en la entonces Dirección General de Rentas del GCBA, y que en el año 2007, tras haber superado todas las etapas del proceso concursal convocado por resolución nº 1627-MHGC-2007, fue designada, mediante resolución nº 2974-MHGC-07 como personal de planta permanente de la citada Dirección General, en la función de Inspector/Auditor Tributario, a partir del 1° de no viembre de 2007. Señaló que posteriormente, a través de la resolución cuestionada, la AGIP dejó sin efecto su designación “… por no reunir las condiciones de admisibilidad contempladas en el art. 7 de la ley nº 471, de acuerdo a los antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal” (fs. 1 vuelta). Agregó que presentó un recurso jerárquico contra esa resolución y que el Ministro de Hacienda, mediante la resolución nº 4382-MHGC-2008 ratificó los términos de aquella. Destacó que “[l]os antecedentes negativos que refiere el informe de la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, se relacionan con los sucesos que tuvieron lugar los días 23 y 24 de enero de 1989 en el cuartel militar del Regimiento de Infantería Mecanizada n 3 General Belgrano (RIM 3) localizado en La Tablada; Provincia de Buenos Aires” (fs. 2). Indicó que por sentencia dictada en la causa nº 1722-231, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín la condenó a la pena de quince años de prisión como coautora del delito de asociación ilícita calificada y partícipe secundaria de rebelión; homicidio doblemente agravado reiterado; múltiple homicidio en grado de tentativa doblemente agravado; robo agravado por su comisión con armas reiterado; privación ilegal de la libertad calificada por haberse cometido como medio de coacción reiterada, una de las cuales se agrava también por resultar grave daño en la salud del ofendido y otra por resultar la muerte de la persona ofendida; lesiones graves reiteradas y lesiones leves reiteradas. Añadió que su condena vencía el 22/01/2004, pero que, unos meses antes, el día 20 de mayo de 2003, el Juzgado de Ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de San Martín resolvió declarar extinguida la pena en virtud del indulto otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto nº 1230/2003. Junto con la demanda, la actora solicitó que, como medida cautelar, se ordenara la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados. La jueza de grado resolvió que el GCBA debía abstenerse de ocupar el cargo de inspector/ auditor tributario que había sido asignado a la accionante mediante la resolución n° 2974/MHGC/07, hasta tanto recayera resolución firme sobre el fondo (fs. 129/132). Esta medida fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones (fs. 157/160 del expediente “Molina Ester Dora c/GCBA s/otros procesos incidentales”, EXP 33251/1). 3. El GCBA contestó demanda (fs. 153/169). Planteó la improcedencia de la vía, por no verificarse en el caso la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que constituye el presupuesto del amparo constitucional. En cuanto al fondo, sostuvo que la Administración había actuado conforme a la ley al dejar sin efecto la designación de la demandante tras verificar la existencia de antecedentes penales. Adujo que se trataba de una cuestión de evidente discrecionalidad administrativa y, por ello, judicialmente improponible. Insistió en la plena constitucionalidad de la normativa aplicable al caso y señaló que, además, no había sido oportunamente atacada por la amparista cuando participó en el proceso concursal. Por otra parte, destacó que la actora había sido condenada por el delito de rebelión tipificado dentro de los “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional – atentados al orden constitucional y a la vida democrática-” (art. 226 del Código Penal) y que, a pesar del indulto, no había perdido su condición de condenada, lo que se relacionaba con el requisito de la idoneidad ética o moral. Posteriormente la actora denunció como hecho nuevo el dictado de la ley nº 3.386, modificatoria del art. 7 de la Ley Nº 471 (fs. 218/220) y manifestó que el pedido de declaración de inconstitucionalidad del inciso a) del art. 7 de la Ley Nº 471 devenía abstracto (fs. 232 y vuelta). 4. El juez de grado resolvió: “1) Rechazar la solicitud de la actora en cuanto a que la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley Nº 471 devino abstracto. 2) Declarar inconstitucional, respecto de la aquí amparista, el inciso a) del art. 7 de la Ley Nº 471, previo a la sanción de la Ley Nº 3.386. 3) Declarar nulas de nulidad absoluta la resolución nº 460/AGIP/2008 y su ratificatoria nº 4382/MHGC/2008 de consuno con lo expuesto en los puntos [sic] 4) Ordenar al GCBA – AGIP a que en el término de dos (2) días de notificada la presente incorpore a la Sra. Dora Ester Molina como empleada de planta permanente en el cargo de inspector/auditor tributario, en virtud de la resolución nº 2974/MHGC/07” (fs. 238/252 se han suprimido las mayúsculas del original). Impuso las costas a la demandada vencida. Disconformes con lo decidido, el Ministerio Público Fiscal y el GCBA apelaron y fundaron sus recursos (fs. 254/259 vuelta —recurso sostenido por la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 320— y fs 263/ 273 vuelta, respectivamente). La actora contestó el traslado de los agravios (fs. 275/281 vuelta y fs. 308/310 vuelta). . 5. La Sala I de la Cámara CAYT rechazó los recursos de apelación deducidos y confirmó la decisión de grado, excepto los puntos 1 y 2 de la parte resolutiva, que dejó sin efecto (fs. 322/331). Para así decidir, el juez preopinante, Dr. Carlos Balbín —en voto al que adhirió la Dra. Inés M. Weinberg— consideró en primer lugar la procedencia del cauce procesal del amparo y la admitió, sobre la base de que si bien la accionada había actuado dentro de los parámetros legalmente establecidos, estos criterios –según la amparista-, afectaban de manera ilegítima y arbitraria sus derechos constitucionales (arts. 14, CN; 43, CCABA, 16 y 18 CN; y 10.3, PIDCP). Ingresando en la cuestión sustancial, analizó las normas bajo las cuales debía conocer en el caso. Afirmó que el art. 36 de la Constitución Nacional — y en el mismo sentido el art. 4° de la Constitución de la Ciudad— sancionaba con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes atentaran por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático; sin embargo la norma de la Constitución Nacional no era aplicable al caso de autos por cuanto el artículo había sido incorporado a la Constitución en la reforma del año 1994 y no correspondía su aplicación retroactiva, toda vez que el hecho por el que se condenó a la actora se produjo en enero de 1989. Por consiguiente entendió que el caso debía ser tratado a la luz de lo dispuesto por el art. 7º, inc. a) de la ley n° 471 modificada por la ley n° 3.386, en virtud de la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que en el juicio de amparo corresponde atenerse a la situación existente en el momento en que se resuelve. Y teniendo especialmente en cuenta que la ley n° 3.38 6 al modificar el texto original del art. 7° inc. a) limitó los supue stos de prohibición de acceso a la función pública, resultaba aplicable la nueva norma con sustento en el principio in dubio pro operario. Señaló que esta disposición legal es reglamentaria del art. 57 de la CCBA (vigente a partir del año 1996) que regula requisitos de ingreso al empleo público en la Ciudad. Y en tanto la actora pretende en la actualidad incorporarse a la planta permanente del GCBA ese precepto constitucional debía ser considerado para resolver el caso. Diferenció la situación de aquella prevista en el art. 36 CN, precepto que consideró como una norma sancionatoria que no podía aplicarse retroactivamente. Destacó que la revocación de la designación condicional de la actora se basó en la condena por el delito de rebelión, al que calificó como gravísimo por la violencia que conlleva y los fines que persigue; así como los bienes jurídicos que afecta y merecedor del máximo reproche por atentar contra la vida y la libertad de la población, la seguridad del Estado, la paz social y el bienestar general de la comunidad. Puntualizó que en su criterio, “constituy[e] un disvalor que el ordenamiento legal no prevea expresamente como impedimento para ingresar a la administración pública el haber sido condenado por la comisión de delitos contra el orden constitucional permitiendo que quienes hayan atentado contra la democracia y los poderes legítimamente constituidos pueden desempeñarse como agentes en uno cualquiera de ellos” (fs. 328 vuelta). Sin embargo, afirmó que la delimitación de qué tipos penales debían estar comprendidos dentro de los delitos contra la Administración Pública —supuesto al que se refiere el art. 7º de la ley n° 471 modificada por Ley Nº 3.386— y cuáles dentro de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional —como el de rebelión, por el que fue condenada la actora— era una tarea reservada al Poder Legislativo, sin que los jueces pudieran ampliar o restringir la lista de ilícitos que quedan incluidos en cada ámbito específico. En ese sentido, entendió que no era posible pretender abarcar dentro de los delitos contra la Administración, el delito de rebelión pues ello “atentaría contra los principios constitucionales que rigen la materia y los que hacen al Estado de Derecho cuya vigencia debe ser respetada por todos los habitantes en toda ocasión y ante cualquier circunstancia, más allá de las preferencias y convicciones personales” (fs. 329) Concluyó entonces que “sin perjuicio del repudiable delito cometido por la demandante, en virtud de la reforma legislativa operada por la Ley Nº 3386 que modificó el alcance del art. 7º, inc. a, de la Ley Nº 471, eliminando como causal de impedimento para acceder a la función pública, la comisión de delitos dolosos, limitándola a los delitos contra la Administración Pública, cabe confirmar que la accionante no está inmersa en la causal de inhabilitación que regula el art. 7, inc. “a”, de la Ley Nº 471, reformada por la Ley Nº 3386” (fs. 329). Por su parte, el juez Horacio Corti coincidió con el Dr. Balbín y destacó que el delito por el que fue condenada la actora tampoco era un delito de lesa humanidad y, por tanto imprescriptible, según lo establecido por Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arancibia Clavel, Enrique L.” (Fallos 328: 341). Por lo tanto consideró que la cuestión debía examinarse a la luz del actual inc. 7 de la ley n° 471, modificada por la Ley Nº 3.386. —en tanto la redacción original de la norma no merecía ser atendida, toda vez que el Tribunal debía considerar la situación vigente al momento de pronunciar su sentencia— y la amparista no estaba incluida en ninguno de los supuestos allí previstos como impeditivos para la admisibilidad en in la Administración. 6. Contra esa sentencia, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad (fs. 343/359 vuelta). Sostuvo que se había vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, la división de poderes, el derecho de propiedad y las facultades propias del Jefe de Gobierno. Manifestó que “se trata de definir si la Administración, cuando una ley se encuentra plenamente vigente, debe efectuar su análisis de constitucionalidad y en su caso realizar excepciones reglamentarias” (fs. 343 vuelta, se ha omitido el destacado del original). Tachó de arbitrario el fallo recurrido aduciendo que, en base a afirmaciones dogmáticas, arribaba a una decisión autocontradictoria con apartamiento del régimen legal aplicable y las constancias de la causa. Arguyó que no había existido exceso de reglamentación en el art. 7 de la ley n° 471 por cuanto dicha exigen cia no excedía a la idoneidad funcional requerida por la Constitución de la Ciudad. Sostuvo que dicha norma era razonable y no afectaba “el orden constitucional local, particularmente en cuanto a su art. 57. El legislador no está inhibido de contemplar otras causales que a su juicio configuran manifestaciones de inidoneidad para el desempeño en la administración” (fs. 353 vuelta). Por otra parte señaló que “[e]l fallo declara la inconstitucionalidad del inciso a) del art. 7 de la Ley Nº 471 previo a la sanción de la Ley Nº 3383 por ser manifiestamente repugnante a los preceptos previstos por la Constitución nacional y local [y l]a apreciación es totalmente errónea” (fs. 354 vuelta, se ha omitido el destacado del origina). Planteó además que la ley n° 3.386, que no había sido impugnada por la accionante, continuaba limitando el ingreso de la actora a la planta permanente pues aunque “se aplicara al fallo en crisis la nueva redacción del inc. a) del art. 7 de la Ley Nº 471, sería de plena aplicación lo estipulado, en la medida que no puede interpretarse que un delito contra el orden instituido no sea considerado un delito contra la Administración Pública” (fs. 355). En ese sentido destacó que la sentencia impugnada desconocía que al momento de dejar sin efecto la incorporación de la actora a la planta permanente del GCBA estaba vigente la anterior redacción del art. 7 que se refería a todo tipo de delitos dolosos, por lo que violaba el principio de irretroactividad de las leyes. Cuestionó también la aplicación del principio in dubio pro operario aduciendo que en el caso no existía ninguna duda de cuál era la ley vigente ni de su interpretación. La actora contestó el traslado del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada y solicitó su rechazo por encontrarlo carente del requisito de fundamentación (fs. 364/369). La Sala I concedió el recurso de inconstitucionalidad. 7. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto consideró que si bien el recurso había sido interpuesto dentro del plazo establecido por la ley n° 2.145, había sido mal con cedido porque: a) no se encontraba en crisis la interpretación del art. 57 de la Constitución de la Ciudad, sino que se trataba de la aplicación e interpretación del art. 7 inciso a de la ley n° 471, y de la ley n° 3.386; b) el recurso implica solo una discrepancia sobre la aplicación de normas infraconstitucionales y c) el recurrente no lograba demostrar de qué modo el fallo impugnado ponía en crisis las potestades que los arts. 102 y 104 CCABA confieren al Jefe de Gobierno (fs. 380/382). Fundamentos: El Dr. Luis F. Lozano dijo: 1. El Recurso de inconstitucionalidad fue concedido por la Cámara con fundamento en que el debate en torno al alcance e interpretación del art. 57 de la CCABA, configuraba un caso constitucional capaz de habilitar la intervención del Tribunal. Sin embargo, lo concedió, sin aclarar si denegaba el remedio a propósito de alguno de los agravios. Por ello serán considerados todos los agravios planteados por el GCBA. Dentro de ese marco, corresponde recordar que el modo en que el recurrente funda sus agravios no constituye un límite al momento de establecer la interpretación y alcance que cabe atribuir a los preceptos constitucionales en juego (conf. mi voto en “Buenos Aires Container Services S.A. c/GCBA s/recurso apel. Jud. c/decis. DGR (art. 114 Cod. Fisc.) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. n°5890/08, sentencia del 24/09/08 y mutatis mutandi Fallos 308:647 entre muchas otras). 2. Los argumentos invocados por el GCBA relacionados con la falta de idoneidad de la vía del amparo para el debate de la cuestión traída a juicio (con fundamento en que la Cámara no tuvo en cuenta los argumentos invocados en su apelación relativos a que no surgía la manifiesta ilegalidad o la arbitrariedad que autorizan esa vía, y que el examen de la cuestión requería un examen fáctico y jurídico, integral y profundo que podía ser reparado por la vía contencioso administrativa), no muestran de qué modo esa vía procesal redundó en una privación o limitación del desarrollo de sus defensas o que tuvieran una incidencia o hayan repercutido de forma adversa en el contenido del fallo emitido (conf. mi voto in re “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: “Akrich, Gustavo Raúl c/GCBA s/amparo (art. 14, CCABA, sentencia del 29/11). En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad respecto a ese planteo. 3. A continuación, corresponde tratar el agravio relativo a que la Cámara resolvió el debate puesto a su consideración prescindiendo de las normas positivas vigentes al momento en que se dictó el acto administrativo que se ataca, circunstancia que, a criterio del recurrente la llevó a omitir el tratamiento de lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del art. 7° de la Ley Nº 471, en su versión original, declarada por el juez de primera instancia –quien a su entender, no tuvo en cuenta el requisito de idoneidad-. Corresponde señalar que una vez suscitado el caso constitucional, no existe impedimento para que el Tribunal interprete tanto el derecho local como el común, toda vez que, a diferencia de la CSJN, órgano al que toca conocer en un recurso con evidentes similitudes, no pesa sobre el TSJ una restricción de la especie que el art. 75 inc. 12 y 116 de la CN imponen a la justicia federal (conf. mi voto in re “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Verseckas, Emilia c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto resp. Médica), expte. n° 3260/04, resolución del 16/03/05 ). 3.1. De las constancias del expediente surge que el 25 de octubre de 2007 se dictó la Resolución n° 2974/MH/ 07 mediante la cual se designó a la actora en el cargo de planta permanente para el que había concursado y había sido seleccionada –inspector/auditor tributario en la Dirección General de Rentas-, pero su alta estaba condicionada a que se cumplieran los extremos establecidos en los arts. 38 y 39 de la resolución n°1627/MHGC/2007 (conf. arts. 1° y 2°, fs. 1/2 del Expte. Adm. CI n°84901/08). En el art. 39 de la resolución n°1627/MHGC/07 se es tablecía que la designación definitiva se efectuaría luego de cumplidos los requisitos de la Ley Nº 471 y su reglamentación para el ingreso en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el 27 de octubre de 2008 se dictó la resolución n° 460/AGIP/08 mediante la cual se dispuso dejar si n efecto, respecto de la Sra. Molina, la resolución que la había designado en planta permanente con fundamento en que, de acuerdo con los antecedentes negativos informados por la Dirección General de Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, no reunía las condiciones de admisibilidad contempladas en el art. 7 de la Ley Nº 471, ver fs. 6, del referido expte. adm.). El 30 de diciembre de 2008, mediante la resolución 4382/MHGC/08, el Ministro de Hacienda ratificó la resolución n°460/AGIP/08 (fs. 27). Esos actos administrativos -cuya nulidad fue planteada. por la actora como objeto del presente juicio (Resolución 460/AGIP/2008 y 4382/MHGC/08)- fueron dictados cuando se encontraba vigente el antiguo texto del art. 7° de la Ley Nº 471. La ley vigente en ese entonces decía, en lo que aquí interesa, que no podían ingresar en la Administración Pública “quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad. Con posterioridad, el 4 de febrero de 2010, se publicó la Ley Nº 3386 que modificó dicho artículo y excluyó como causal de inadmisibilidad para el ingreso la comisión de “delitos dolosos”, mantuvo la de aquellos que fueran cometidos contra la Administración Pública y agregó como presupuesto, la imposibilidad de ingresar de quienes hubieran sido condenados o estuvieran procesados como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente. La Cámara aplicó la nueva ley con fundamento en que “debido a que la ley posterior limitó los supuestos de prohibición de acceso a la función pública, debe concluirse –dada la materia a la que se refiere la cuestión sometida a conocimiento- que resulta aplicable la Ley Nº 3386 con sustento en el principio ‘in dubio pro operario’” y en que “…es deber del Tribunal considerar el estado de la situación litigiosa vigente al momento de pronunciar la sentencia” (conf. fs. 326/vta.). 3.2. Más allá de cuál sea el ámbito de aplicación que la CCBA asigna al principio in dubio pro operario’ y cualquiera el alcance que se le atribuya, para ponerlo en práctica es requisito insoslayable verificar la existencia de un supuesto de oscuridad o duda, y alternativas a cuyo respecto la regla determine prioridades. En el caso, no se advierte que al momento del dictado del acto fuese dudosa la norma que establecía los impedimentos para ingresar a la Administración Pública. Sin avanzar sobre el examen de la validez de los actos cuestionados, lo que sí se puede afirmar es que el GCBA tomó en cuenta, para dictarlo, la normativa vigente. La tesis del a quo supone que una ley, que, por lo demás, no se presenta como retroactiva, puede revocar un acto administrativo perfeccionado con arreglo a una situación anterior por la vía de privar de causa normativa a hipotéticos actos similares. Aun cuando el a quo hubiera interpretado que correspondía resolver sobre las bases de la nueva ley porque beneficiaba al trabajador, tal interpretación lleva a sostener una hipótesis que podría poner en duda la legalidad y estabilidad de los actos administrativos dictados conforme a las leyes vigentes al momento de su dictado cuando alguna modificación posterior hubiese sido favorable al empleado. Por otro lado, el argumento relativo a que se debe resolver sobre las bases de la situación vigente al momento de pronunciarse la sentencia no supone aplicar la idea a un hipotético acto administrativo que se emitiese al tiempo de la sentencia. Tratar de ese modo un acto emanado de otro poder da tanto como suponer que cuando el PL deroga una ley priva al mismo tiempo de efectos a las sentencias anteriores que se fundan en la ley derogada. Cabe señalar que aun las sentencias posteriores a la ley derogante pueden válidamente apoyarse en la ley derogada en tanto resuelvan cuestiones a las que no quepa someter a una solución legislativa retroactiva. Esa regla se aplica, en cambio, en supuestos en que el acto administrativo de que se trata sucede a la sentencia, y por ende a la ley, en lugar de precederlas. Fue el caso por ejemplo, de quienes solicitaban la licencia para conducir taxis, denegada por aplicación del Decreto Nº 331/04, cuyos requisitos fueron posteriormente modificados mediante la Ley Nº 2148 (conf. “Pérez, Ariel c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. 4888, sentencia del 21/03/07). En aquellos supuestos, los aspirantes a quienes se les había denegado la licencia bajo la órbita de la ley anterior podían presentarse nuevamente ante la Administración y requerir la licencia con las condiciones establecidas posteriormente, generándose una nueva posibilidad de obtención de aquélla. En el caso, en el que existió un acto que denegó el ingreso de la Sra. Molina por considerar que los antecedentes penales que fueron informados se encontraban dentro de los establecidos en el art.  7 de la Ley Nº 471, conforme al texto vigente en ese momento; la actuación de la Administración terminó con esa decisión y no puede ser reeditada la pretensión de la actora. Así las cosas, la aplicación de la regla que empleó el a quo significaría admitir la revocación de actos administrativos imputándoles como vicios la omisión de aplicar el régimen legal nonato y del que la Administración no habría podido tener conocimiento. En conclusión, no existe otra interpretación posible que no sea la de examinar la validez del acto impugnado a la luz de la norma vigente al momento de su dictado. 4. A partir de las conclusiones expuestas en cuanto a la norma que se tendrá en cuenta para examinar la validez de los actos administrativos, corresponde examinar el agravio relativo a la constitucionalidad del art. 7° de la Ley Nº 471 -e n su versión original- y su invocada colisión con el art. 57 de la CCABA. Para dar una mayor claridad a esta decisión conviene que transcriba, en cuanto resultan pertinentes, las normas mencionadas: En el art. 57 de la CCABA se establece que “Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.” En la Ley Nº 471, art. 7º se establecía como condición de admisibilidad que no podían ingresar en la Administración Pública: “a. Quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad.” 4.1. En primer lugar, corresponde examinar el alcance de lo dispuesto en el referido art. 7 de la Ley Nº 471 en el contexto de lo establecido en el art. 57 de la CCABA. Sobre esas bases, en cuanto a la posibilidad de que la Legislatura estableciese otros impedimentos para el acceso a la administración pública, además de los previstos por la Constitución local, he expresado mi opinión en precedentes de este Tribunal. Sostuve al fundar mi voto en la causa “Pinto Barros, Diego Hernán c/GCBA s/impugnación actos administrativos s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. nº 6602/09, sentencia del 4 de noviembre de 2009, lo siguiente: “4. Antes de abordar el núcleo central de la cuestión constitucional debatida conviene despejar equívocos en torno a cuáles son, desde la perspectiva constitucional, las posibilidades disponibles para el legislador cuando regula el acceso al empleo público. La consagración de impedimentos para adquirir la condición de empleado público prevista de modo expreso en cláusulas de la CCBA genera que el legislador los contemple cuando establece el régimen de empleo público. En cambio, no es una consecuencia propia de tales previsiones impedir que la ley incluya otras prohibiciones de acceso. Para estos supuestos, el límite no surge de las cláusulas relativas a impedimentos de rango constitucional, sino que proviene de las que regulan los derechos y garantías acordados por la CCBA. A su vez, la fuente de la potestad legal no está en el precepto constitucional relativo a la prohibición, sino en el que atribuye al legislador su competencia para emitir normas generales destinadas a hacer efectivo el ejercicio de los derechos y poderes previstos en la Constitución, entre ellas, la de “empleo y ética pública” (art. 80 incs. 1 y 2 de la CCBA). Afirmar que el art. 7, inc. a), de la Ley Nº 471, en cuanto fue declarado inconstitucional por el a quo, constituye un supuesto de exceso reglamentario al desbordar las previsiones del art. 57 de la CCBA supone adoptar una lectura contrario sensu para demostrar, por esa vía, que las potestades del legislador se agotaban con la consagración del supuesto constitucionalmente enunciado. En otras palabras, que cuando el constituyente dispuso impedir la designación en la función pública de personas “procesad[as] por un delito dolosos en perjuicio de la administración” correlativamente admitió —sin posibilidad alguna de regulación constitucionalmente válida en sentido diverso— el ingreso de todo aquel que no los registra y con prescindencia de cualquier otra condición que pudiera llegar a significar un perjuicio para la función pública. Las interpretaciones a contrario sensu no son admisibles cuando por su intermedio se pierde de vista la finalidad perseguida por el precepto sujeto a análisis y la regla que gobierna el asunto. En el caso, determinar el ámbito de competencia del legislador exige analizar en conjunto los arts. 43, 57 y 80 de la CCBA, mientras que la finalidad que no puede perderse de vista es el resguardo que se busca dar al adecuado desarrollo de las funciones estatales que ejecutan sus agentes. Bajo esas premisas, resulta acorde a la CCBA restringir el acceso al empleo público de los procesados por delitos dolosos en perjuicio de la administración, mientras que, sostener que esa es la única restricción posible carecería de respaldo pues, el resto de los impedimentos previstos por el legislador, serán o no válidos, en función de la relación que mantengan con la protección del normal desenvolvimiento de la función pública y el respeto de garantías como, por ejemplo, la de igualdad o las que protegen los arts. 19 y 28 de la CN. El modo más práctico de ilustrar la idea es señalar que bajo la tesitura del exceso reglamentario, la Administración no podría impedir que una persona condenada por violación se desempeñe como preceptor en una escuela pública de enseñanza media. Empero, ello tampoco implica que ese u otro antecedente penal pueda operar automáticamente como causal de exclusión. Retomo el ejemplo utilizado para distinguir la diversa relevancia atribuible al antecedente por violación si la función pública en juego fuera, por hipótesis, operar un faro ubicado en un páramo deshabitado. 5. En efecto, cuando las leyes restringen derechos el sacrificio que imponen debe guardar proporción con la satisfacción del fin perseguido. El mecanismo de control judicial, a ese respecto, pasa por analizar el grado de equilibrio que muestra el vínculo entre el impedimento legal y la consecución del interés general perseguido. El centro de equilibrio se desplaza, tanto cuando la restricción impuesta no es adecuada para proteger el bien común perseguido, como en aquellos otros supuestos en los que se prueba que ese objetivo puede lograrse mediante una afectación menor del derecho en juego. (…)Además, el examen debe ser especialmente cuidadoso cuando, como en el caso, la restricción no pesa sobre todas las personas por igual sino particularmente sobre un grupo reducido y presumiblemente débil. Dicho de otro modo, cuando constituye para los integrantes de ese grupo una privación del derecho que asiste, en cambio, a la generalidad del pueblo. Cuando ello ocurre, “…es necesario asegurarse que no se trate de una pena, o bien que estén cumplidos a su respecto los recaudos constitucionales de sanción de esta especie. Escoger la clase de pena, y el hecho que la acarrea, es, en materia de delitos, atribución del Congreso, circunstancia que fulmina aquélla que proviene de órganos locales. A su vez, y en verdad en un estadio lógicamente previo, las penas deben ser determinadas en oportunidad de la condena. No pueden sobrevenirla, puesto que ello constituiría una violación del non bis in idem tutelado por la CN y la CCBA. Cualquiera de estas razones sería suficiente para establecer la inconstitucionalidad de las reglas sub examine, si las restricciones tuvieren naturaleza penal, esto es, si fuesen previstas por el legislador por considerar éste que quienes cometen la clase de hechos contemplados en la Ley Nº 2148 las merecen (cf. mi voto en “Pérez, Ariel c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. n° 4888/06, sentencia del 21/3/07)”. Recientemente este Tribunal se pronunció respecto de la inconstitucionalidad de las normas que excluían del padrón electoral a las personas condenadas por algunos delitos. En dicha oportunidad se dijo que los delitos podrán ser de carácter federal o común. Si forman parte del derecho común, escoger la clase de pena, así como el hecho que la acarrea es una atribución exclusiva del Congreso una vez que ha ejercido la facultad que le acuerda la delegación prevista en el art. 75, inc. 12 de la CN. Esa delegación fulmina cualquier sanción retributiva que una jurisdicción local establezca por los mismos hechos que el Congreso tipificó como delitos (conf. art. 126 CN y mi voto en “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. nº 8730/12, sentencia del 6/9/13)”. 5. Admitida la posibilidad de que el legislador incluya todos los requisitos que estime apropiados para regular el acceso a la función pública sin que, en este aspecto, el art. 57 de la CCABA agote las posibilidades disponibles, corresponde examinar si, en el caso, resulta inconstitucional el alcance otorgado al impedimento cuestionado en la aplicación formulada mediante la resolución n° 460/ 08 que dejó sin efecto la designación de la actora. De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de la Cámara y lo que surge de las constancias de la causa, mediante la referida resolución se dejó sin efecto la designación de la Sra. Dora Ester Molina por considerar que no reunía las condiciones de admisibilidad establecidas en la ley, de acuerdo a los antecedentes negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (ver fs. 6 del expte. adm. CI n° 84.901/0 8). Asimismo, del relato de los hechos efectuado por la Cámara surge que la actora participó de los sucesos que tuvieron lugar los días 23 y 24 de enero de 1989 en el cuartel militar del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 “General Belgrano” ubicado en La Tablada, Provincia de Buenos Aires. Fue condenada a la pena de quince años de prisión por considerarla coautora penalmente responsable “…del delito de asociación ilícita calificada y partícipes secundarios de rebelión, que concurre materialmente con la asociación ilícita e idealmente con los delitos de usurpación; homicidio doblemente agravado reiterado; múltiple homicidio en grado de tentativa doblemente agravado; robo agravado por su comisión con armas reiterado; privación ilegal de la libertad calificada por haberse cometido como medio de coacción reiterada, una de las cuales se agrava también por resultar grave daño en la salud del ofendido y otra por resultar la muerte de la persona ofendida; lesiones graves reiteradas y lesiones leves reiteradas…” . Si bien la Sra. Molina, desde el año 2003 trabajó como contratada en el ente estatal para el que concursó, sin que el GCBA hubiera invocado que no fuera técnicamente idónea para el cargo, los fundamentos expuestos en el acto cuestionado relativos a la existencia de antecedentes penales se relacionan suficientemente con su función (inspectora/auditora en la DGR), demostrando, como lo sostuvo el recurrente, la afectación del prestigio de la función. En ese contexto, los argumentos expresados por el recurrente para sustentar la constitucionalidad de la ley en su aplicación al caso muestran que le asiste razón en su planteo. En suma, se parte de la base que no resulta inconstitucional el art. 7° de la Ley Nº 471 –en su redacción original – porque el legislador puede incluir todos los requisitos que estime apropiados para regular el acceso a la función pública sin que, en ese aspecto, el art. 57 de la CCABA agote las posibilidades disponibles; tampoco se niega que el precepto cuestionado u otro pueda, válidamente, restringir el acceso a la función pública en supuestos de reconocible conexidad entre la causal impeditiva y el interés público comprometido. En el caso, la aplicación del impedimento en cuestión no aparece como impuesto automáticamente en la medida en que la vinculación entre los antecedentes penales por los que fue condenada la actora y la función pública a la cual se le denegó el ingreso surge de la naturaleza del delito (art. 226 del Código Penal, “Atentados al orden constitucional y a la vida democráticas”), y que no resulta ilegítimo que a quien cometa este tipo de delitos se le aplique el impedimento sin otro fundamento que el de su condena. Nótese que, sin embargo, en los antecedentes que tuvo en cuenta el GCBA para el dictado de los actos cuestionados, en particular de los dictámenes de la Procuración General, nros. 062838 y 59361 (ver fs. 13/15 del expte. adm. N° 7508/2008), se se ñaló que no habían transcurrido los diez años para que caducara el registro de sentencias condenatorias de acuerdo a lo dispuesto en el art. 51 del Código Penal, razón por la cual correspondía aplicar el impedimento legal. Ello lleva a interpretar que si bien en la Ley Nº 471 no se estableció un plazo de prescripción para que se apliquen dichos extremos, en la medida en que caduque la inscripción de la pena en el mentado registro, quienes están dentro de la causal impugnada podrían ingresar a la Administración una vez transcurrido el lapso indicado. El impedimento para el ingreso no se prolonga sine die, sino por un plazo relacionado con la permanencia de la condena en los registros respectivos, que se ve reflejado en los informes que expide el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Si sucediera lo contrario, es decir si la Administración no aplicara algún tope en el tiempo, se configuraría una restricción excesiva y por lo tanto irrazonable, en la medida en que supondría descartar en absoluto la posibilidad de una recuperación ética de la persona. Así lo refleja la jurisprudencia de la CSJN que, en oportunidad de pronunciarse acerca de la constitucionalidad del art. 5°, inc. 1 de la Ley Nº 10.996 -que regulaba la inscripción en la matrícula de procuradores- sostuvo que resultaba justificado que para ponderar las condiciones para desempeñarse como procurador se tuvieran en cuenta los antecedentes criminales de los aspirantes, pero que la prolongación sine die del impedimento configura una restricción al derecho de trabajar que resulta excesivo y por tanto irrazonable: en la medida en que ese impedimento supone descartar en absoluto la posibilidad de una recuperación ética de la persona (Fallos: 299:428; 300:974; entre otros). En otro caso, en el que también el Alto Tribunal se expidió acerca de la constitucionalidad del derogado art. 26 inc. 4 del Código de Comercio, que vedaba la pos ibilidad de obtener la rehabilitación al comerciante fallido que no se hubiere inscripto en la matrícula, y habiendo considerado que “[…] la matrícula, […] está inspirada en propósitos de conservar una institución que responda a exigencias de interés general […]” así como que “[…] los derechos consagrados por el art. 14 de la Constitución a favor de todos los habitantes de la República están sujetos para su ejercicio a la reglamentación que dicte el Honorable Congreso, como lo dispone el mismo artículo […]”, concluyó que “[…] la inteligencia atribuida a los arts. 25 y 26 del Código de Comercio, en el sentido de no poder el comerciante no matriculado conseguir jamás la rehabilitación para volver al ejercicio del comercio es de estimársela contraria a la cláusula del art. 14 de la Constitución que garante a todos los habitantes de la Nación el derecho de ejercer el comercio conforme a la ley que reglamenta su ejercicio, porque tal limitación así entendida, importa la supresión absoluta del derecho garantido a todos los habitantes y no tan solo una simple reglamentación al ejercicio de ese derecho […]” (Fallos 129:235). Cierto es que hay una diferencia sustancial entre el desempeño como procurador o el de comerciante matriculados y el empleo público. Las dos primeras categorías no tienen número limitado mientras que la última lo está por el presupuesto. Es por ello que en las dos primeras no hay una razón para que la sociedad postergue a quienes la justicia encontró autores de delitos ante quienes no lo fueron. En todo caso, sí para resguardar al público de quien el legislador estima indigno de confianza, ciertamente por un tiempo más o menos prolongado, pero, no de por vida. Mientras tanto, en la última, el puesto ocupado por uno priva de lugar a otro. Dicho de otro modo, se reparte un bien escaso dando prioridad a quienes se estima mejores. En ese mismo orden de ideas, al procurador o al comerciante lo elige un particular mientras que al empleado público lo elige otro servidor público y, consecuentemente, hay razones para que los legisladores, representantes de todo el pueblo, pongan límite a administradores que representan en el mejor de los casos a una mayoría circunscribiendo en esa medida el universo de los elegibles. Aun así, la cultura presente no acepta exclusiones de por vida sino para situaciones de lesa humanidad. En nuestro caso, no se muestra que la antigüedad de la condena fuera tal que la perduración del impedimento vulnere derechos consagrados por la CCBA o la CN. En consecuencia, por la razones dadas y oído el Sr. Fiscal General Adjunto voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad impetrado por el GCBA, revocar la sentencia de fs. 322/331 y rechazar la demanda, costas por su orden si las hubiere en atención a la singularidad de los hechos de la causa que pudieron hacer creer a la actora que tenía derecho para litigar. La Dra. Ana M. Conde dijo: 1. Adhiero a los fundamentos y solución propiciados por el Dr. Lozano en su voto, y me permito agregar las siguientes consideraciones. 2. La presente acción fue iniciada con el objeto que se anule la resolución nº 460-AGIP-2008, del 27/10/2008 —ratificada por Resolución nº 4382-MHGC-2008 del 30/12/2008— por la cual se ordenó dejar sin efecto su designación como agente de planta permanente de la Dirección General de Rentas que fuera dispuesta por la Resolución Nº 2.974/MHGC/07, fundada en que la actora no reunía las condiciones de admisibilidad para la función pública contempladas en el art. 7 de la ley nº 471. Al momento de dictarse los actos administrativos cuestionados, estaba vigente el art. 7 de la Ley Nº 471 en su redacción original, que impedía el ingreso a la Administración Pública porteña a: “a) quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes hayan sido condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad; // b) quienes se encuentren procesados por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. // c) quienes se encontraren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos, // d) quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público, hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación, // e) quienes hubieran sido sancionados con cesantía conforme a lo que se establezca por vía reglamentaria. // f) quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos 5 años de operada la extinción de la relación de empleo por esta causa.” (la negrita no se encuentra en el original). Posteriormente esa norma fue modificada por la ley nº 3386, publicada en el BOCBA Nº 3355 del 04/02/2010, que mantuvo la prohibición respecto de “a. Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento firme situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos. // b. Quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico vigente. // c. Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y democrático. Quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público, hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación. Quienes hubieran sido sancionados con cesantía firme conforme a lo que se establezca por vía reglamentaria. Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos cinco (5) años de operada la extinción de la relación de empleo por esta causa.” (la negrita no se encuentra en el original). La norma vigente al momento de dictarse las resoluciones nº 460-AGIP-2008 y 4382-MHGC-2008 impedía el ingreso de la actora por tratarse de una persona condenada por delitos dolosos, mientras que la modificación introducida por la Ley Nº 3386 permite su incorporación a la Administración Pública ya que los delitos que cometió no constituyen “delitos contra la Administración Pública” ni resultan “imprescriptibles” de acuerdo al ordenamiento jurídico actual. 2. Por lo tanto, el planteo recursivo del GCBA obliga a dilucidar, en primer lugar, cuál sería la normativa que debemos tener en cuenta para determinar si los actos administrativos cuestionados resultan ajustados a la ley. En tal sentido, la Cámara incurre en un error notorio al violar el principio de irretroactividad de la ley consagrado por el art. 3 Cód.Civ., y aplicar retroactivamente una norma (la introducida por la Ley Nº 3386) que no preveía ese efecto en su redacción. Vale recordar que el citado art. 3 establece que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. // A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.” (la negrita no se encuentra en el original). Como la Ley Nº 3386, al modificar el art. 7 de la Ley Nº 471, no estableció su aplicación retroactiva, dicha reforma únicamente puede ser aplicada a relaciones o situaciones jurídicas nacidas luego de su entrada en vigencia, o bien a las consecuencias de relaciones o situaciones jurídicas existentes — lo que se denomina “aplicación inmediata de la ley”, supuesto distinto al de retroactividad—. Por lo tanto, la validez o invalidez de las resoluciones atacadas debe analizarse a la luz de las normas vigentes al momento de su dictado, y como en aquél momento la redacción original del art. 7 de la Ley Nº 471 impedía el ingreso a la Administración Pública a los condenados por delitos dolosos, cabe concluir que, prima facie, los actos administrativos cuestionados resultan ajustados al derecho vigente. 3. La pertinencia del criterio arriba expuesto se puede apreciar si se analizan los efectos desfavorables que tendría una postura contraria, pues si consideráramos que las nuevas leyes que se dicten deberían aplicarse incluso a actos administrativos dictados al amparo de normas que preveían una regulación diferente, se afectaría la seguridad jurídica al inculcar un enorme grado de incertidumbre en todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En tal sentido, cabe destacar que uno de los principios hermenéuticos que debe guiar el razonamiento judicial, exige ponderar las consecuencias de las decisiones que se dicten, lo cual permite constatar su razonabilidad y coherencia con el sistema jurídico vigente. Es lo que la doctrina especializada denomina “interpretación previsora”, y que funciona como una pauta rectificadora, al posibilitar que se desechen aquellas conclusiones interpretativas que conduzcan a resultados disvaliosos. En palabras del Máximo Tribunal de la Nación, “… uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos, t. 234, pág. 482; t. 295, pág. 1001 -Rev. La Ley, t. 82, pág. 690; t. 1977-B, p. 634- y otros) (…) tales reglas tienen como presupuesto una adecuada ponderación de las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley y, además, la verificación de los resultados a que su exégesis conduzca en el caso concreto …” [CSJN, 02/07/1981, “Baliarda, José L. y otros”, LA Ley Nº 1982-A, 3, Fallos: 301:917] 4. Ahora bien, y en lo que constituye una sustancial diferencia con la causa “Pinto Barros, Diego Hernán c/GCBA s/impugnación actos administrativos s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. nº 6602/09, sentencia del 04/11/2009, no podemos considerar inconstitucional la aplicación de dicha normativa al caso particular de la actora. En concordancia con lo resaltado por el Dr. Lozano en su voto, podemos afirmar que no resulta irrazonable el criterio de la Administración Pública de impedir en su oportunidad el ingreso de la actora a sus filas, pues la naturaleza de los delitos que cometiera, particularmente el de rebelión (considerado un “delito contra los poderes públicos y el orden constitucional”), podría afectar su idoneidad moral para el ejercicio de la función pública. La Carta Magna porteña le reserva al Poder Ejecutivo la facultad de valorar el cumplimiento del requisito de idoneidad de los aspirantes a ingresar en la Administración Pública (conf.art. 104 inc. 9 CCABA), y el Poder Judicial no puede interferir en el ejercicio de dicha atribución salvo que constate un supuesto de ilegitimidad, que no aprecia en el caso, pues no resulta arbitrario denegarle el ingreso al cuerpo estatal a quien se alzó en armas contra el orden constitucional, lo que permite afirmar que —a diferencia de la mencionado causa “Pinto Barros”— la decisión estatal no resulta dogmática sino que fue adoptada luego de valorar las particularidades de hecho concernientes al caso. 5. En virtud de lo expuesto, voto por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA, revocar la sentencia de fs. 322/331 y rechazar la demanda, con costas en el orden causado (conf.art. 14 CCABA). El Dr. José O. Casás dijo: Comparto —en lo sustancial— los fundamentos desarrollados en el voto del señor juez de trámite, doctor Luis F. Lozano, como así también la solución que se propicia para el caso sub examine, más allá de las distintas posturas que podamos haber sostenido en alguno de los precedentes citados por mi aludido colega. En particular, coincido con lo expresado por el juez Lozano en punto a que el tribunal a quo ha incurrido en un desacierto al examinar la legitimidad de los actos administrativos impugnados —asunto sobre el que se trabó la presente litis— a la luz de normas que se sancionaron posteriormente durante el trámite del pleito; circunstancia que conduce a revocar la sentencia resistida. Asimismo, en lo que respecta a la cuestión de fondo debatida en autos, también acompaño los desarrollos contenidos en el voto de mi aludido colega para hacer lugar a los agravios del GCBA respecto a la interpretación que corresponde asignar al art. 57 de la CCABA como así también en punto a que no se ha logrado demostrar para el caso concreto la inconstitucionalidad palmaria y manifiesta del art. 7 de la ley nº 471—conforme a su anterior redacción—, en el que encontraron sustento los actos impugnados para restringir el acceso de la actora a la función pública, a partir de la valoración que se efectuara de sus antecedentes penales entonces no caducos, de cara al requisito de idoneidad previsto legalmente a ese momento, comprensivo, además de aspectos puramente técnicos, de otros susceptibles de ser ponderados razonablemente por el Estado empleador. Así lo voto. La Dra. Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad que interpusiera el GCBA (fs. 343/359) —y que fuera concedido por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario— debe ser rechazado. 2. El escrito en análisis contiene los agravios que siguen: a) Improponibilidad de la vía del amparo. b) Afectación del debido proceso y la defensa en juicio. c) Transgresión del derecho de propiedad. d) Vulneración de las atribuciones del Poder Ejecutivo. e) Arbitrariedad de la sentencia. f) Gravedad institucional. 3. Anticipo que los agravios enunciados en el apartado precedente, tal como han sido expuestos por el GCBA, no suscitan —en el caso— un asunto de índole constitucional (artículo 27 de la ley n° 402). 4. A fin de resolver las cuestiones traídas a consideración del Tribunal es oportuno recordar, en primer término, que la Sala I resolvió: “1) Rechazar el recurso deducido por la accionada así como el deducido por el Ministerio Público Fiscal, confirmando parcialmente la decisión de grado, pues dado lo establecido en el considerando VIII, debe[n] dejarse sin efectos los puntos 1 y 2 de la parte resolutiva. 2) Imponer las costas de la Alzada a la vencida…” (fs. 331). De ese modo, el tribunal superior de la causa mantuvo los puntos 3 y 4 del dispositivo de la sentencia que emitiera el señor juez de grado y que respectivamente dicen: “3) DECLARAR NULAS DE NULIDAD ABSOLUTA LA RESOLUCIÓN N° 460/AGIP/2008 Y SU RATIFICATORIA N° 4382/MHGC/2008 (…). 4) ORDENAR AL GCBA – AGIP A QUE EN EL TÉRMINO DE DOS (2) DÍAS DE NOTIFICADA LA PRESENTE INCORPORE A LA SRA. DORA ESTER MOLINA COMO EMPLEADA DE PLANTA PERMANENTE EN EL CARGO DE INSPECTOR/AUDITOR TRIBUTARIO…” (fs. 251 vuelta, las mayúsculas corresponden al texto original). A continuación, habré de reproducir las consideraciones que fundan al pronunciamiento recurrido: a) “Si bien el propio texto constitucional [se refiere al art. 36 de la CN] da —en la actualidad— una respuesta a la situación de autos sin necesidad de adentrarse al estudio de las normas infraconstitucionales (…) lo cierto es que el artículo citado ha sido incorporado tras la reforma constitucional del año 1994” (fs. 325 vuelta). b) “…[E]l delito cometido por la amparista se remonta al mes de enero de 1989. En virtud de tal circunstancia, el art. 36, CN, no puede ser aplicado…” (fs. 325 vuelta). c) “Como se desprende de la confrontación de (…) [las leyes n° 471 y n° 3386], debido a que la ley posterior limit ó los supuestos de prohibición de acceso a la función pública, debe concluirse —dada la materia a la que se refiere la cuestión sometida a conocimiento— que resulta aplicable la ley [n°] 3386 con sustento en el principio in dubio pro operario” (fs. 326). d) “La ley [n°] 3386 es reglamentaria del art. 57 d e la Constitución de la Ciudad que establece que ‘[n]adie puede ser designado en la función pública cuando se encuentre procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.// El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin más trámite” (fs. 326 vuelta, con cursivas en la decisión transcripta). e) “…[N]o debe perderse de vista que (…) el art. 57, CCABA no versa sobre la imposición de sanciones sino sobre recaudos de acceso a la función pública” (fs. 326 vuelta). f) “El aludido art. 57 es un precepto constitucional (…) que atañe a la materia de empleo público, más precisamente, a los requisitos de ingreso. Por eso, dado que la accionante pretende (…) ser incorporada a la planta permanente, dicha norma es propicia para resolver este caso. Ello así, pues no implica la aplicación retroactiva de normas penales…” (fs. 326 vuelta). g) “Distinta es la solución que cabe respecto del art. 36, CN. (…) [E]l mencionado precepto versa sobre una materia netamente sancionadora. Tan es así que para un sector de la doctrina, a través de dicho artículo se dio reconocimiento constitucional al art. 226 del Código Penal. Es por la materia que regula que no resulta aplicable a la especie, pues a su respecto rige el principio de irretroactividad de la ley penal menos benigna” (fs. 327). h) “Antes de la modificación operada en la ley [n°] 471 por la ley [n°] 3386, el delito en cuestión quedaba inmerso en la calificación ‘delito doloso’, empero, tras la reforma citada, surge, de manera patente y sin necesidad de mayor análisis, que dicha figura delictiva configura un delito doloso que no está inserto dentro del Título XI del Código Penal referido expresamente a los delitos contra la Administración Pública (supuesto al que se refiere el art. 7° de la ley [n°] 471 modificada por la Ley Nº 3386). Más aun, el i lícito aludido está precisamente regulado en el Título X de dicho ordenamiento jurídico nominado ‘Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional” (fs. 328 vuelta y 329, el destacado pertenece al texto original). i) “…[L]a delimitación de qué delitos deben ser definidos dentro de un ámbito u otro (delitos contra la administración y delitos contra el orden constitucional) es una tarea reservada al Poder Legislativo, sin que los jueces puedan ampliar o restringir la lista de ilícitos que quedan incluidos dentro de cada ámbito específico.// De allí que no sea posible pretender abarcar dentro de los delitos contra la administración, el delito de rebelión que fuera expresamente definido y tipificado como un delito contra el orden constitucional” (fs. 329). j) “Lo hasta aquí expuesto, permite arribar a la siguiente conclusión: sin perjuicio del repudiable delito cometido por la demandante, en virtud de la reforma legislativa operada por la ley [n°] 3386 que modificó el alcance del art. 7° inc. a, de la ley [n°] 471, eliminando como causal de impedimento para acceder a la función pública, la comisión de delitos dolosos, limitándola a los delitos contra la Administración Pública, cabe confirmar que la accionante no está inmersa en la causal de inhabilitación que regula el art. 7 inciso. ‘a’, de la ley [n°] 471, reformada por la ley [n°] 3386” (f s.329). 5. Ahora bien, como lo adelantara más arriba, la Administración no logra articular un caso constitucional en los términos del art. 27 de la ley n° 402. 6. Las objeciones del GCBA que giran en torno a la improponibilidad de la vía del amparo carecen de todo sustento. En efecto, el recurrente no demuestra que el amparo hubiese afectado su intervención útil en el proceso o frustrado sus posibilidades de éxito al impedirle ejercer una defensa adecuada. La ausencia de justificación señalada basta, a mi juicio, para rechazar la impugnación. 7. Como surge del relato de los antecedentes procesales, la Sra. Dora Ester Molina demandó al GCBA a fin de que se deje sin efecto la resolución n° 460/AGIP/2008 (ratificada por la reso lución n° 4382/MHGC/2008) y que, en consecuencia, se dispusiese su ingreso a la planta permanente de la Dirección General de Rentas en los términos de la resolución n° 2974/MHGC/2007. Por tanto, los dichos de la Ciudad relativos a la obligación de indemnizar a la actora (fs. 351 vuelta) carecen de toda relación con el presente caso y se tornan insustanciales. 8. La Administración expresa que el art. 36 de la CN contempla la situación de la accionante y la excluye de la posibilidad de asumir cargos públicos. Agrega que la CCBA y la ley local n° 3386 se orientan en el mismo sentido. El GCBA discrepa con el marco normativo aplicado por la Sala I pero no consigue desvirtuar la línea argumental que siguiera el tribunal aludido y que fuera reproducida en el aparto 4 de este voto. La insuficiencia que exhibe el escrito en análisis define mi posición sobre el punto. Una lectura atenta del recurso de inconstitucionalidad permite advertir que las manifestaciones expuestas no superan el nivel de una mera discrepancia y no constituyen una impugnación sólida que, desde la óptica constitucional, alcance a rebatir los argumentos fundados que motivaron al pronunciamiento en crisis, por lo que corresponde su rechazo. Las consideraciones del Gobierno que apuntan a restar relevancia al principio pro operario no suplen la carencia señalada más arriba ni sostienen, por si mismas, al recurso intentado. 9. La Ciudad afirma que la sentencia en crisis transgrede facultades constitucionales privativas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Así dice: “…está fuera de las atribuciones de los órganos judiciales intervenir en determinadas cuestiones, en un tiempo llamadas cuestiones políticas, y decidir en asuntos que son de la exclusiva competencia de [los] [P]oderes [E]jecutivo y [L]egislativo” (fs. 357). Los argumentos del demandado no alcanzan, tampoco aquí, a refutar las razones que expresara la Cámara. Los jueces son un Poder del Estado y poseen competencia para interpretar no sólo las leyes sino, primordialmente, la Constitución que es el lugar —por antonomasia— de la regulación de la actividad y de la función política. El control jurisdiccional de la actividad administrativa es constitucional (artículo 106 de la CCBA) y no invade las funciones propias de otros Poderes cuando, en un proceso en el que se alega la afectación de derechos fundamentales, su consideración resulta dirimente. 10. Por último, el impugnante no consigue acreditar que la sentencia objetada se aparte de los criterios que el ordenamiento jurídico vigente suministra a los jueces para apoyar sus sentencias ni, menos aún, que incurra en la hipótesis de gravedad institucional. 11. En consecuencia, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad que dedujera el GCBA (fs. 343/359), con costas. Por ello, emitido el dictaminado del Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Revocar la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario obrante a fs. 322/331 y rechazar la demanda. 3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Cámara remitente.

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