Responsabilidad de periódico por publicación injuriosa respecto de una persona

DAÑOS Y PERJUICIOS. Publicación injuriosa respecto de la hija de un juez, Responsabilidad por los daños derivados de una publicación injuriosa, Inaplicabilidad de la doctrina de la real malicia.

La hija de un juez, a quien le fue atribuida la participación en un raid delictivo en una publicación periodística, inició reclamo indemnizatorio por los daños derivados de dicha publicación. El juez de grado admitió la demanda incoada. Apelada dicha decisión por el demandado, la Alzada la confirmó.

1. La sociedad propietaria de un periódico es responsable por los daños causados con la publicación de una nota, donde se le atribuía a la actora haber participado en un raid delictivo, puesto que no sólo se la sindicó como partícipe de los delitos que le atribuyeron, sino que además se la identificó y no se citó la fuente de la información en ninguno de los artículos periodísticos, por lo que no se tomó ninguno de los recaudos mencionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su doctrina “Campillay”.

2. Resulta inaplicable la doctrina de la real malicia, toda vez que la reclamante no reviste el carácter requerido para ello, no sólo por no estarse ante un funcionario público sino porque se trata de alguien ajeno a la actividad pública en general y la razón que dio lugar a la publicación de las notas no se vinculó con el carácter de la persona involucrada sino con la investidura de su progenitor -en el caso, un juez-, que no puede de ninguna manera extenderse a su descendiente, ajena a toda actividad de interés público.

CUANTIFICACION DEL DAÑO

El hecho dañoso:

Publicación injuriosa

Referencias de la víctima:

Sexo:                                                                Femenino

Componentes del daño:

Daño extrapatrimonial

Daño moral genérico:                            $ 50.000

CNCiv., sala L, 2011/12/27. – Z., L. I. c. E. S. S. A. s/daños y perjuicios.

2ª Instancia.— Buenos Aires, diciembre 27 de 2011.

¿Es justa la sentencia apelada?

El doctor Picasso dijo:

I. La sentencia de fs. 247/251 hizo lugar a la demanda, y condenó a E. S. S. A. a abonar la suma de $ 50.000 a L. I. Z., dentro del plazo de diez días, con más los intereses y las costas del proceso.

Dicho pronunciamiento fue apelado por E. S. S. A., quien se agravia porque, según sostiene, en la sentencia de primera instancia se tuvo en cuenta el sobreseimiento recaído en la causa penal, que tuvo lugar dos años después de la nota que se publicó en el diario Crónica. Asimismo, se queja de que no fue valorada la prueba por la anterior sentenciante, por la suma de la condena y por la imposición de costas y las regulaciones de honorarios. La réplica de la parte actora luce a fs. 249/251.

II. Ante todo, debo señalar que el art. 265 del CPCCN exige que la expresión de agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la impugnación debe consistir en una fundamentación de cada uno de los agravios que se tengan contra las partes del fallo que se consideren equivocadas. Es decir, se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere incurrido en el pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera contrario a derecho (Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426). En este orden de ideas, sin embargo, bien vale destacar que la mera disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los errores u omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica que prescribe la norma (esta sala, 15/11/1984, LA LEY, 1985-B, 394; esta cámara, Sala D, 18/5/1984, LA LEY, 1985-A, 352; íd. Sala F, 15/2/1968, LA LEY, 131-1022; íd. Sala G, 29/7/85, LA LEY, 1986-A, 228, entre muchos otros).

Desde esta perspectiva, considero que los pasajes del escrito a través de los cuales la recurrente pretende fundar su queja logran cumplir, aunque sea mínimamente, con los requisitos antes referidos. De este modo, y a fin de preservar el derecho de defensa en juicio, de indudable raigambre constitucional, no habré de propiciar la deserción del recurso sostenida por la Dra. Z. y trataré los agravios vertidos por la demandada.

III. Antes de entrar en el tratamiento de los agravios, es pertinente destacar que no se encuentra discutida la detención por parte de la policía de L. I. Z. el 18 de noviembre de 2005, en la localidad de Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, como así tampoco las notas publicadas en el diario Crónica del día 19/11/2005 y 20/11/2005 y el sobreseimiento de la actora a fs. 561 vta. de la causa penal.

IV. Con agudeza señalaba Boris Starck, en su famosa tesis doctoral, que en toda cuestión de responsabilidad civil nos encontramos ante un conflicto entre intereses o derechos distintos (para el autor citado, el “derecho a la seguridad” del dañado, y el “derecho a actuar” del autor del perjuicio). La solución de ese conflicto, dice Starck, no puede ser uniforme, y depende de la entidad de los intereses dañados en cada caso. En ciertas situaciones —dentro de las cuales se incluirían los atentados contra el honor—, debe privilegiarse el derecho de actuar por sobre la seguridad de la víctima, salvo que exista culpa en el accionar del responsable (Starck, Boris, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, L. Rodstein, Paris, 1947, en esp. p. 44 y ss.). En un sentido concorde, se ha dicho que la vía para la categorización del daño injusto consiste en la determinación de un disvalor de resultado a partir de una adecuada valoración comparativa de los intereses contrapuestos (De Lorenzo, Miguel Federico, El daño injusto en la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 83). Por ello mismo, cuando por razones de política jurídica se pretende garantizar al máximo un derecho o una facultad, la jurisprudencia decide tolerar el ejercicio del mismo hasta el límite del dolo, o bien de la culpa grave (Tobías, José W. – De Lorenzo, Miguel Federico, “El dolo en el derecho civil (Propuestas para una noción en eclipse)”, LA LEY, 2001-C, 1102).

El caso de los atentados contra el honor es paradigmático en ese sentido: frente al derecho personalísimo del ofendido en su honor, honra o reputación, de rango constitucional (art. 33, Constitución Nacional; art. V, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11, Convención Americana Sobre Derechos Humanos), se yergue muchas veces el derecho a la libertad de expresión del demandado (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional; art. 12 inc. 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; art. 19, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 13, Convención Americana de Derechos Humanos; art. 18, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por eso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido delineando diversos standards tendientes a compatibilizar esos intereses contrapuestos, y es a la luz de esos criterios que corresponde juzgar el caso.

V. Al respecto, cabe recordar que una publicación puede contener información verdadera o inexacta. Esta última es la que no concuerda con la verdad, o sea, no es información verdadera, ya sea por ser falsa (cuando es engañosa, fingida o simulada para dar al hecho una apariencia distinta de la realidad) o errónea (cuando es el resultado de un concepto equivocado que en la mente del informante difiere de la realidad). Si es falsa habría dolo o mala fe del informador, y si es errónea este estaría actuando de buena fe, y podría eximirse de responsabilidad si se trata de un error excusable (Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad de los órganos de prensa por informaciones inexactas”, LA LEY, 1989-B, 287).

En el caso, estaríamos frente a una información inexacta por error, por lo que el medio de prensa puede eximirse de responsabilidad de tres maneras diferentes, según se asentó en el caso “Campillay” y se reiteró en varios decisorios posteriores (CSJN, 26/10/2003, “Granada, Jorge Horacio c. Diarios y Noticias S.A.”, Fallos 316:2394; ídem, 18/12/2001, “Guazzoni, Carlos A. c. El Dial S.A.”, Fallos 324:4433, entre muchos otros). Es correcto lo que dice la empresa demandada en cuanto a que no tuvo animus injuriandi, pero sí considero que existió una información inexacta por error.

Ahora bien, la primera posibilidad con la que cuenta el medio de prensa para eximirse de responder —a la luz del criterio sentado por el máximo tribunal nacional en el precedente citado en el párrafo que antecede— es indicar la fuente de la noticia. Es decir, la fuente tiene que estar individualizada, no bastando una referencia vaga o genérica sin precisarla con claridad. Además, debe reproducirse en forma objetiva, plena y veraz, y haber exactitud entre lo expresado por la fuente y lo informado por el medio, pues la ausencia de fidelidad obsta a la aplicación de la doctrina (Pizarro, Ramón D., “Responsabilidad de los medios de prensa – Acerca de la denominada doctrina “Campillay”, LA LEY, 1998-D, 1306). Tampoco se podrá invocar la eximición de responsabilidad: “…si el medio hace ´suyas´ las declaraciones de otro y les agrega nuevos contenidos” o si “reproduce fragmentariamente el comunicado, si tal fragmentación sirve para silenciar aspectos decisivos o relevantes de la comunicación” (Trigo Represas, Félix A. — López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, La Ley, Buenos Aires, 2011, t. VI, p. 41). Se debe tratar de una fuente identificable y una transcripción fiel o idéntica de lo manifestado por aquella (CSJN, 27/10/1994, “Espinosa, Pedro Francisco c. Herrera de Noble, Ernestina y otros”, Fallos 317:1448; ídem 20/10/1998, “Menem, Eduardo c. Sanz, Tomás M. y otros”, Fallos 321:2848), ya que su objetivo es que el lector no se la atribuya al medio a través del cual la ha recibido, sino a la causa específica que la ha generado (CSJN, 26/10/1993, “Triacca, Alberto Jorge c. Diario La Razón y otros”, Fallos 316:2416).

El segundo recaudo que excusa la responsabilidad del medio es la reserva de la identidad de las personas concernidas por la información. En este caso, para que funcione la eximente, la información no tendrá que nombrar a una persona determinada, ni datos por los cuales pueda individualizarla.

Finalmente, el tercer y último supuesto es la utilización del tiempo potencial, “absteniéndose de ese modo de efectuar consideraciones de tipo asertivo” (CSJN, 23/08/2001, “Bruno, Arnaldo L. c. La Nación S.A.”, Fallos 324:2419). Sin embargo, no debe únicamente analizarse si fue utilizado un determinado modo verbal —potencial—, sino el sentido completo del discurso, lo que significa que este debe ser conjetural y no asertivo, ya que de lo contrario: “bastaría con el mecánico empleo del casi mágico ´sería…´para poder atribuir a alguien cualquier cosa, aun la peor, sin tener que responder por ello” (CSJN, 18/2/2003, “Burlando, Fernando A. c. Diario del Sol de Quilmes”, Fallos 326:145).

VI. Sentado lo anterior, veamos primero cuáles son las expresiones relevantes para la presente acción, que fueron empleadas en los diarios del 19 y 20 de noviembre de 2005 y que habrían causado daños a la accionante.

En la tapa de la publicación del 19 de noviembre de 2005 se anuncia “CayÓ la hija de un juez por asaltar 3 comercios con un pistolón trucho”. Dicho anuncio está resaltado en un cuadro con fondo verde (fs. 23). En la página 18 (fs. 31 vta.) se puede leer como título: “Hija de Juez era Temible Pistolera”, y como subtitular se escribió: “Junto a dos cómplices participó de un raid delictivo y fue detenida en Morón cuando huía en un automóvil robado”. Además, ya en la nota, haciendo referencia a la hija del juez se utilizan afirmaciones tales como: “Los marginales, provistos de un pistolón de plástico, habían consumado 3 asaltos y escapaban en un vehículo robado el jueves pasado”, “cuando junto a dos sujetos pretendía escapar velozmente a bordo de un Fiat Uno bordó”, “Esta seguidilla de ilícitos atribuidos al belicoso trío”, “los delincuentes hirieron a golpes a un vendedor de diarios”, “Después los ladrones huyeron”, “le robaron la cartera a una mujer”, “los hampones sustrajeron 100 pesos de un maxiquiosco, luego de amenazar de muerte al comerciante” y “se incautó un pistolón de plástico, que los integrantes de la gavilla utilizaban para amedrentar a sus víctimas”. Adviértase que, sin perjuicio de que no se usa el tiempo potencial y no está citada la fuente de la noticia, no se individualiza a la persona que hace referencia la crónica, como lo pone de resalto la agraviante. Es más, se la consigna como hija de un juez del fuero Contencioso Administrativo.

Sin embargo, en el diario del día siguiente se la especifica con nombre y apellido. En su página 14, se amplia la nota que había salido el día anterior, bajo el título: “Pistolera hija de magistrado no declaró”. De su lectura surgen los datos de L. Z., de 33 años, abogada, hija del camarista E. A. Z. Aquí se utiliza la siguiente afirmación: “Voceros de la Jefatura Distrital Morón indicaron que la seguidilla de asaltos atribuidos a la banda se inició en el partido de La Matanza, en un puesto de diarios de Ramos Mejía, donde, como no pudieron robar nada, golpearon y lastimaron a un canillita. Luego, según la policía, el trío que se movilizaba en un automóvil Fiat Uno bordó con pedido de secuestro, asaltó dentro de su auto a una mujer, a quien le robaron la cartera” (fs. 20 vta.).

No puede ser atendido el hecho de que en otros diarios de mayor difusión se haya o no tratado el tema de igual manera, como alega la apelante, pues ellos no fueron citados como fuentes de las notas en cuestión, por lo que son circunstancias ajenas a la litis.

En el sub lite no solo se sindicó a la Dra. Z. como partícipe de los delitos que le atribuyeron, sino que además se la identificó en la nota del 20/11/2005 y no se citó la fuente de la información en ninguno de los dos artículos periodísticos. Por lo que puede concluirse que no se tomó ninguno de los recaudos mencionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su doctrina “Campillay”.

VII. La demandada apelante se agravia, ante todo, por cuanto la Sra. juez de grado consideró falsa la nota publicada en el diario Crónica en base a la sentencia recaída en la causa penal, hechos que están distanciados por dos años. En este sentido, considero que le asiste algo de razón, pues deben ser tenidos en cuenta “los elementos fácticos existentes al momento de las publicaciones” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2d, p. 248/249).

Sin embargo, ¿con qué datos se contaba al momento de informar el hecho? A la época de la nota, se había labrado acta de los acontecimientos y asentado que con el vehículo Fiat Uno bordó se habían cometido dos ilícitos. Se relató en ese acto que se había querido detener al rodado y se dio a la fuga, hasta que se le rompió un neumático y apresaron en el lugar a la actora junto a un “masculino” (fs. 1/2 de la causa penal), mientras que se dio a la fuga otro “masculino” que lograron atrapar en otro lugar (fs. 3 de la causa penal). En el interior del vehículo secuestraron el arma de plástico a la que hace alusión la nota del diario (fs. 36 de la causa penal).

Ahora bien, la dueña del automóvil robado, en el cual fue apresada la actora, identifica a un “masculino” como autor del hecho, y nada dice acerca de una mujer (fs. 13 vta. de la causa penal). Coincide con ello la víctima del otro ilícito —a la que se le sustrajo la cartera— ya que hace referencia a un “masculino” y no señala a una persona del sexo femenino (fs. 16 vta., causa penal). A su vez, la persona que sufrió el robo en su comercio ratifica que fue un “masculino” el que intervino en el acto delictivo (fs. 19 vta. de la causa penal). Asimismo, el testigo B. vio a dos personas; una masculina y otra, que estaba arriba del automóvil, pero de la que no pudo especificar su sexo (fs. 21 vta. de la causa penal), al igual que la testigo A., que supuso que había otra persona (fs. 55 y vta. de la causa penal). Sí pudo identificar a ese segundo sujeto el testigo V., quien dijo que era otro “masculino” (fs. 45, causa penal), y el testigo Jaime presumía que era un “masculino” (fs. 46 vta. de la causa penal). La policía recién advierte la presencia de Z. arriba del auto cuando comenzó la persecución (fs. 52 vta. y 57 de la causa penal).

No se me escapa que el testigo B., quien primero había declarado haber visto a dos personas arriba del auto, luego, en una segunda declaración, dijo que escuchó la voz de una mujer (fs. 61 vta. de la causa penal).

Todas esas constancias tuvieron lugar el 18 de noviembre, lo que supone que fue lo que se tuvo en cuenta para la primera de las notas. El 19 de noviembre se tomaron las declaraciones indagatorias (fs. 70/72, 73/76 y 77/80). Destaco que en la narración de los hechos realizada en esta indagatoria se describieron circunstancias fácticas que no surgían de las distintas declaraciones testimoniales.

Hasta aquí la prueba recolectada en la comisaría los días 18 y 19 de noviembre. Luego hay una nueva indagatoria (el 25/11/2005) en donde Z. relata su versión de los hechos (ver fs. 208/212 de la causa penal), y aparecen testigos que agregan a una tercera persona que estaba en el asiento trasero del vehículo (fs. 221, 223, 275, 276, 281, 283, causa penal), pero todos esos datos fueron posteriores a las notas base del presente juicio.

Vemos entonces que de las distintas declaraciones que pudieron servir como fundamento para la noticia que se publicó el día 19 y la del día 20 de noviembre no se desprende que haya intervenido la Dra. Z. en los ilícitos. Sí que estaba arriba del auto cuando el patrullero detuvo a sus ocupantes, pero la forma en que fue publicada la noticia en el diario Crónica la ubica como autora junto a dos cómplices.

VIII. En virtud de lo antes expuesto, poca duda cabe —como fue puesto de resalto por la magistrada de la anterior instancia— en cuanto a que no se encuentran reunidos en el presente caso los requisitos contemplados en la doctrina “Campillay”, antes reseñada.

En efecto, y como ya lo señalado en el considerando que antecede, el medio gráfico aquí demandado se refirió específicamente a la persona de la accionante. Asimismo, en ninguna oportunidad se utilizó el tiempo potencial. Por el contrario, la lectura de las notas periodísticas a las cuales ya me he referido permite advertir la utilización de un estilo claramente asertivo.

Finalmente, y en lo que se refiere a la cita de la fuente de la nota, cabe poner de resalto que no se encuentra satisfecho dicho requisito —como desacertadamente lo sostiene la recurrente— con expresiones tales como “Voceros de la Jefatura Distrital de Morón”, “según la policía”, etc. En efecto, y como lo ha dicho una vez más el máximo tribunal nacional en un reciente precedente, la noticia —a los fines de la exención de responsabilidad— debe atribuirse a una fuente identificable, y debe tratarse de una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por ella (CSJN, “Melo, Leopoldo Felipe y otros c/Majul, Luis Miguel s/daños y perjuicios”, del 13/12/2011, HYPERLINK “http://www.csjn.gov.ar” http://www.csjn.gov.ar), por lo que no se cumple con ese postulado si la noticia se remite a “fuentes del gobierno”, “el Ministerio del Interior” y otras similares (CSJN, “B., A. L. c/Sociedad Anónima La nación”, del 23/8/2001, JA, 27/2/2002, p. 83), como bajo toda evidencia ha ocurrido en el sub lite.

IX. Resta determinar, entonces, si resulta aplicable en el presente caso la doctrina de la “real malicia” pues, en caso de ser ello así, la parte actora habría tenido que demostrar que el medio gráfico actuó con conocimiento de la falsedad de la noticia o una grosera despreocupación al respecto (CSJN, fallo citado en último término, entre muchos otros).

Cabe recordar, sobre el punto, que —conforme lo sustentado por este segundo standard jurídico creado pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación— a fin de articular la libertad de prensa y expresión, con los derechos de las personas a la preservación de su reputación, ante publicaciones que hacen afirmaciones de hecho que tienen entidad para menoscabar la reputación de quien ha entablado la demanda, corresponde hacer una distinción según que aquel sea un funcionario o figura pública, o bien un simple particular. En este último supuesto, la responsabilidad ha de establecerse de acuerdo con las reglas generales establecidas en el Código Civil (CSJN, “Di S., M. A. c. Diario la Mañana”, 19/5/2010, LA LEY, ejemplar del 8/6/2010; ídem, 19/5/2010, “Vaudagna, Juan Manuel c. Rocha, Alberto Eduardo”, LLOnline; ídem, 16/11/2009, “Brugo, Jorge Ángel c. Lanata Jorge y otros”, LA LEY, ejemplar del 14/12/2009, entre muchos otros precedentes).

En virtud de ello, resulta primordial determinar si, en el caso, el sujeto afectado es una persona o figura pública o si, por el contrario, se trata de un simple particular. Y, al respecto, considero que poca duda cabe en cuanto a que la aquí actora no reviste el carácter requerido para la aplicación de la doctrina en análisis, no solo por no estarse ante un funcionario público, sino porque se trata de alguien ajeno a la actividad pública en general. Es dable destacar, en este sentido, que la razón que dio lugar a la publicación de las notas en cuestión no se vinculó con el carácter público de la persona involucrada, sino, en todo caso, con la investidura de su progenitor, que no puede de ninguna manera extenderse a su descendiente, ajena, como queda dicho, a toda actividad de interés público. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de destacar que no podía considerarse “figura pública” a una persona por el simple hecho de ser hermano del entonces Presidente de la Nación (CSJN, “Menem, Amado C. c/La Voz del Interior”, fallo del 5/8/2003, LA LEY, 14/10/2003, p. 4).

En esta línea de ideas, no puedo dejar de destacar que, si bien el hecho delictivo en cuestión pudo ser de interés público, no lo fue la intervención de la aquí actora en él. Entonces, tampoco puede invocarse esta doctrina en tutela del interés público involucrado, máxime cuando la referencia que se efectúa a la persona de la Dra. Z. no guarda ninguna relevancia, si lo que se pretendía era dar cuenta de la producción del hecho.

En consecuencia, y por lo dicho con anterioridad, considero que la decisión adoptada por la colega de grado resultó acertada, sin que los agravios vertidos por el recurrente logren desvirtuar sus fundamentos. Por ello, si mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo que se confirme este medular aspecto de la sentencia.

X. Sentado lo que antecede, corresponde analizar las quejas vertidas por la parte demandada respecto de la partida indemnizatoria otorgada en la instancia de grado como daño moral.

La anterior sentenciante justipreció este item en la suma de $ 50.000. La apelante pide su rechazo.

Siguiendo a Pizarro, “El daño moral importa (…) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del CPCCN, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, LA LEY, 1990-A, 655).

En la especie, el apelante se agravia porque entiende que la causa del sufrimiento de la actora fue su detención por parte de la policía y, además, porque el suyo no fue el único medio que tocó la noticia. El argumento no convence, porque es claro que se trata de distintos hechos (la detención en sí misma, y cada una de las notas que se pueden haber publicado) que pueden, cada uno de ellos, generar consecuencias disvaliosas en la esfera extrapatrimonial de la actora, y generar distintos daños que debe ser adecuadamente reparados.

No es ocioso recordar que el art. 1071 bis del Código Civil resguarda el derecho a la intimidad de las personas y sanciona el entrometimiento arbitrario en la vida ajena, “mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad”. Cabe destacar que si bien la libertad de expresión goza de linaje constitucional la violación del derecho de los ciudadanos a su tranquilidad espiritual y a no ser importunados injustificadamente, como aquí ha sucedido, configura un agravio moral que como tal debe ser indemnizado (esta sala, 11/09/1996, “Menta, H. c. Perfil S. A.”, JA 1997-IV-250, voto del Dr. Escuti Pizarro).

Atento ello, teniendo en cuenta la entidad de las noticias agraviantes, el modo en el que fueron expuestas, y las circunstancias personales de la actora, estimo que la suma otorgada en la instancia de grado por este rubro resulta equitativa, por lo que propicio su confirmación.

XI. En consecuencia, si mi voto fuere compartido, propongo a mis colegas que se rechace el recurso en estudio y en consecuencia se confirme la sentencia de grado en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios. En cuanto a las costas de esta alzada, deberán ser soportadas en su totalidad por la demandada, que resulta vencida (art. 68, CPCCN).

Los doctores Liberman y Hernández votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Sebastián Picasso.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se rechaza el recurso en estudio y en consecuencia se confirma la sentencia de grado en todo lo demás que decide y fue objeto de apelación y agravios. En cuanto a las costas de esta alzada, deberán ser soportadas en su totalidad por la demandada, que resulta vencida (art. 68, CPCCN). Atento lo decidido precedentemente corresponde entender en los recursos de apelación deducidos contra los honorarios fijados en la anterior instancia. Ello así, valorando la calidad y extensión de las tareas desplegadas por los letrados dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, monto de la sentencia con sus intereses, lo dispuesto por el decreto 1465/07, lo establecido por los artículos 1, 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432 modificase la regulación de fs. 251 y se fijan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora, Dres. R. D. G., A. F. V. y G. P. H. de P., en conjunto, en pesos veintitrés mil ($ 23.000) mientras que se confirman, atento el alcance del recurso —altos— los honorarios fijados a la dirección letrada de la parte demandada, Dres. R. B. L., A. C., M. N. C. y A. G. A.; los del letrado patrocinante de la parte actora hasta su renuncia de fs. 176, Dr. R. H. W. y los de la mediadora, Dra. D. T. E. Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. V. V., en pesos tres mil ochocientos cincuenta ($ 3.850) y los del letrado de la parte actora, Dr. R. G., en pesos seis mil novecientos ($ 6.900) (arts. 1, 6, 7, 19 y 14 de la ley 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días. Notifíquese y devuélvase.— Sebastián Picasso.— Víctor F. Liberman.—Lidia B. Hernández.

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