Responsabilidad de la escuela

Los actores demandaron a la  Provincia de Tucumán y al Ministerio de Educación con el objeto de obtener una reparación por los daños y perjuicios sufridos por su hijo menor en un accidente mientras se encontraba en la escuela y un compañero lanzo una lapicera que impactó en su ojo. La Cámara hizo lugar a la demanda.

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo de Tucumán, sala I (C Contencioso administrativo Tucuman) (Sala I)

25/06/2012

Zanzul, Francisco Guillermo y otra c. Provincia de Tucuman y otra s/daños y perjuicios

Sumarios:

1. La obligación asumida por los establecimientos educativos conlleva la de poner en juego mecanismos y conductas tendientes a superar las características de los comportamientos de los menores, de modo que el alea inherente a la dificultad de prever sus acciones deba cargarse a la cuenta del deudor de la obligación de su cuidado, cuya liberación no será posible mediante la demostración de una conducta del menor a la se repute inesperada o imprevisible.

Texto Completo:

San Miguel de Tucumán, junio 25 de 2012.

El doctor Ruiz dijo: Resulta:A fs. 05/07 se presenta el Sr. Francisco Guillermo Zanzul y la Sra. Teresa Del Carmen Córdoba, con letrado patrocinante, en representación necesaria de su hijo menor de edad, D. A. O. Z. y deduce demanda en contra de la Provincia de Tucumán y/o Ministerio de Educación con el objeto de que se le condene al pago de $ 4.000 o lo que más o menos resulte de las pruebas que se produzcan en autos, en concepto de los daños y perjuicios sufridos por el mencionado menor en un accidente ocurrido en la Escuela Raúl Scalabrini ortiz.

Manifiesta que en fecha 18/08/2005 su hijo (de 14 años en aquel momento), se encontraba asistiendo a clases en un aula del mencionado establecimiento escolar, cuando un compañero de grado le lanzó una lapicera siendo impactado, aparentemente con la punta de la misma, en el ojo izquierdo, dada la gravedad de la lesión el niño fue trasladado a la Clínica Santa Lucia y de allí derivado al “Hospital privado de Ojos”. Agrega que como consecuencia del mencionado accidente el menor fue intervenido quirúrgicamente.

Funda su demanda en lo establecido por los art. 1068; 1064; 1073; 1074; 1113 y concordantes del Código Civil y los art. 110 y 118 de la Ley Nacional de Seguros N° 17.418.

Reclama en concepto Daño emergente la suma de $ 2000, equivalente a gastos médicos, especialistas, psicólogos y medicamentos.

Bajo el tópico de incapacidad parcial y permanente; Daño moral y Psicológico, no invoca o cuantifica monto alguno, sosteniendo que lo que interesa a los fines de precisar la cuantía resarcitoria es determinar previamente la medida en que la disfunción repercutirá en la situación de la victima.

A fs. 10 la parte actora solicita que se le conceda el beneficio para litigar sin gastos.

Ordenado y cumplido el pertinente traslado de la demanda (ver providencia de fs. 14 y cédula de fs. 29), a fs. 58/61 se apersona la Provincia de Tucumán mediante letrado apoderado, y contesta demanda.

Manifiesta que el día 18/08/2005 el menor D. Z. sufrió un accidente en las instalaciones de la Escuela Scalabrini Ortiz, cuando la profesora Dorado de Romano se encontraba en el aula dando explicaciones a un alumno, y que mientras se retiraban para participar del recreo, el alumno Z. solicito a un compañero una lapicera quien lanzándosela ocasiono que la misma impactase en el ojo del menor.

Sostiene que de allí puede concluirse que los hechos fueron fortuitos, sin intención alguna, bajo la supervisión de la docente, y que no era previsible que ante el pedido del menor su compañero le entregue la lapicera lanzándosela en el rostro.

Indica que no obstante ello cabe manifestar que el niño contaba con el Seguro escolar contratado, prueba de ello es que recibió las prestaciones médicas a cargo de la aseguradora. Concluye en que conforme sucedieron los hechos ninguna responsabilidad puede endilgarse a la Provincia.

En cuanto a los rubros indemnizatorios reclamados sostiene que en lo tocante a la incapacidad parcial y permanente, Daño Material, Moral y Psicológico, sólo ha aportado una genérica invocación sin cuantificar el monto de los mismos y sin dar detalles y precisiones al respecto. En ningún momento manifiesta el grado de incapacidad que tiene el menor, ni tampoco si la incapacidad es parcial o permanente, por lo que su reclamo es infundado y sin sustento.

En lo atinente al daño Moral, los accionantes tampoco dan parámetros de calculo del daño que se reclama, ya que no se sabe si tiene o pretende tener asistencia psiquiátrica, de acuerdo a lo manifestado en la demanda.

En lo que hace al reclamo de “daño Emergente”, la demandada sostiene que la parte actora, sin sustento alguno, realiza un reclamo indemnizatorio sobre gastos médicos, especialistas, psicólogos y medicamentos sin dar pautas o parámetros reales para efectuar el calculo de como arribo a esa suma que reclama, ni tampoco acredita que haya efectuado ninguna de esas erogaciones, por lo que impugna el valor pretendido por la parte actora.

Dispuesta la apertura de la causa a prueba por providencia de fs. 66, se produjeron las que da cuenta el informe actuarial de fs. 206.

Puestos los autos para alegar (ver fs. 317), estos son presentados por la parte actora a fs. 322/326 y la demandada hace lo propio a fs. 328/332.

Cumplido que fuera el pago de la planilla fiscal practicada en autos (ver comprobante de fs. 339), mediante providencia de fs. 342 se llaman los autos para sentencia, acto jurisdiccional que notificado y firme (cfr. cédulas de fs. 343/344), deja la causa en estado de resolver.

Por providencia de fs. 345, se ordena que se apersone el Sr. D. A. O. Z. a estar a derecho en la presente causa , en virtud de lo dispuesto por el art. 128 del código Civil, modificado por ley 26579, suspendiéndose los plazos para el dictado de sentencia de fondo.

A fs. 346 se apersona el Sr. D. A. Z., razón por la que mediante proveído de fs. 347 se le da intervención de ley, y se procede a reabrir los plazos procésales suspendidos, volviendo nuevamente los autos para el dictado de sentencia, acto jurisdiccional que fuera notificado y firme (ver cédulas de fs. 348/349)

Por providencia de fs. 350 se ordena oficiar al Archivo del Poder Judicial de Tucumán a los fines de que remita a este Tribunal la documentación original obrante en la Causa ” Z. Francisco y Otra C/Provincia de Tucumán-Escuela Ral Scalabrini Ortiz S/Medida Preparatoria” (expte. n° 537/06) radicada por ante esta Sala Ia., ofrecida como prueba en la causa a resolver, suspendiéndose los plazos procésales para dictar sentencia. Cumplida que fuere la remisión de dichas actuaciones (ver oficio de fs. 353), por decreto de fs. 354 se reabren los términos procésales suspendidos, volviendo los autos para el dictado de sentencia definitiva, acto jurisdiccional notificado y firme (ver cedulas de fs. 355 y 356), la causa queda nuevamente en condiciones de resolver.

Considerando:I. Corresponde en primer término determinar frente a qué tipo de responsabilidad nos encontramos al hablar de establecimientos escolares, cuales son las condiciones en que ésta procede, y si tales extremos se configuran en la especie.

No se ha contradicho en autos, que el niño haya concurrido a la Escuela Raúl Scalabrini Ortiz, como tampoco que se haya producido el accidente que generó la lesión de aquel, en la fecha y conforme la mecánica descripta en la demanda, la que con diferencias menores es corroborada por los dichos de la accionada en su escrito de responde.

Sabido es que cuatro son los extremos a verificar al momento de determinar la existencia o no de responsabilidad extracontractual de parte del Estado, a saber: a) la producción de un daño o perjuicio; b) la posibilidad de imputar jurídicamente ese daño a la persona estatal que lo causó, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber general de no dañar; c) el nexo causal o relación de causalidad, es decir que pueda sostenerse válidamente que el daño deriva o es consecuencia necesaria del hecho y d) la existencia de un factor de atribución, es decir, una razón suficiente para asignar la obligación de indemnizar al sujeto indicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo.

En tal sentido se ha sostenido que “se trate de responsabilidad contractual o extracontractual, en ambos casos, para la procedencia del resarcimiento, es necesario que la pretendida conducta antijurídica imputada a la Administración, haya cumplido en forma conjunta y simultáneamente con los siguientes requisitos: imputabilidad o incumplimiento material, ilegitimidad objetiva, daño cierto y relación de causalidad” (CSJT, sentencia N° 1.027/97, in re “Manito de Herrera, Nora Eudosia vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/cobro”).

Por lo tanto es necesario determinar si en la especie confluyen tales elementos para luego, en caso afirmativo, considerar los rubros y montos que en concepto de indemnización ha reclamado el actor.

De las constancias de la causa se desprende que no puede discutirse la existencia del daño causado, el cual, a más de no haber sido negado por la parte demandada, se corrobora en particular con el dictamen pericial médico de fs. 259/260.

Allí, el profesional desinsaculado, luego de efectuar el examen pertinente del menor, menciona para el ojo izquierdo la presencia de una leve midriasis (dilatación de pupila) con rupturas del esfínter pupilar en varios sectores, lo cual genero una discoria (pupila irregular). En el ojo derecho las estructuras son normales.

En lo que hace a los alcances del daño causado, en el ojo izquierdo, en su respuesta a la pregunta primera del cuestionario propuesto, el perito desinsaculado responde que ” el porcentaje de incapacidad física o laboral que tiene este paciente es del 16,28%”, señalando en su respuesta a la segunda pregunta que ” podrá trasladarse y andar por sus propios medios, sin la necesidad de ayuda, podrá manejar vehículo con algunas restricciones”. Entre las restricciones o limitaciones menciona el ingreso al Colegio Militar, Escuela de Aviación, conducción de transporte de larga distancia, pilotaje de avión (todas estas son tareas que requieren una optima agudeza visual). Notificada la actora, guarda silencio. Si bien la demandada no fue notificada conforme consta en actuación de fs. 261; al presentar los alegatos a fs. 328/332 nada dice al respecto, limitándose a mencionar el porcentaje de incapacidad. En su merito cabe darle validez al informe pericial.

Finalmente también corrobora la existencia del perjuicio sufrido por el menor, el dictamen del perito psicólogo que rola a fs. 202/207 (la cual fue impugnada por la parte demandada). Si bien la demandada ha impugnado la pericial (fs. 211/213), no lo ha hecho en orden a la existencia misma del daño, sino en lo atínenle a las consideraciones efectuadas por la perito en relación al grado de incapacidad estimada por esta en un 40%, como de los medios empleados para su evaluación, puntos que fueron explicitados por la perito a fs. 225/228 sin que la impugnante arrime a este Tribunal elementos distintos a los considerados.

Probada acabadamente con los mencionados elementos la existencia del daño, corresponde determinar la posibilidad de atribuir éste al Estado.

Cobra aquí relevancia lo dispuesto por el artículo 1.117 del Código Civil, modificado por la Ley 24.830 (B.O. 11/06/97), el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren caso fortuito….. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

Conforme lo tiene dicho la Cámara Nacional Civil, Sala F, en sentencia del 05/08/02 in re “Milano de Monti, Patricia L. y otro vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, el texto del actual artículo 1.117 responsabiliza exclusivamente a los propietarios del establecimiento por los daños causados o sufridos por sus alumnos. La responsabilidad de los propietarios es, además, objetiva, pues sólo pueden eximirse de ella probando el caso fortuito, no siendo suficiente probar la no culpa de las autoridades del establecimiento, sino la interrupción del nexo causal.

Igualmente la doctrina ha señalado que luego de la reforma del artículo 1.117 se consagró una responsabilidad objetiva del centro de estudios (cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída. La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997, LA LEY, 1998-B, 1047). Allí se afirma que la ley ha regulado un caso de responsabilidad objetiva; entendiendo que “se trata de una garantía creada por la ley fundada en el riesgo de empresa. No se trata de que la educación sea una actividad riesgosa ni peligrosa, sino que la ley impone, a quien presta el servicio de modo organizado (sea un ente público o privado) el deber de prestarlo sin producir daños. En tal sentido, cabe recordar la jurisprudencia reiterada de la Corte Federal que, refiriéndose a la responsabilidad del Estado afirma que ‘quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causan su incumplimiento o su irregular ejecución’ (Fallos: 306:2930; 307:1942; 313:1465; La Ley 1996-E-142)”. Asimismo la autora señala que “no es imprescindible individualizar al autor del daño (que puede ser un alumno, un tercero, otra persona vinculada al sistema educativo). El único recaudo subjetivo que debe cumplir el alumno es ser menor de edad (21 años, art. 126, Cód. Civil)”, léase actualmente 18 años en virtud de la modificación del digesto de fondo operada por el artículo 1º de la Ley 26.579.

En lo que atañe a las eximentes de responsabilidad la citada autora nos señala que: “…con la actual redacción del texto argentino, (…) la ley no se conforma con la prueba de que ‘no se pudo impedir el daño con la autoridad que la calidad le confería y con el cuidado que era de su deber poner’ (expresiones del viejo texto), sino con la acreditación del caso fortuito’.

Tal es precisamente la defensa intentada por la Provincia al sostener en su responde que el accidente se produjo por una circunstancia azarosa derivada de un actuar imprevisto del niño que arrojó la lapicera que impactó en el ojo de la menor.

Al respecto este órgano jurisdiccional en las causas “Ocampo, Ernesto”, sentencia N° 265 del 21/06/00 y “Morales Angélica”, sentencia Nº 455 de fecha 28/08/2006, expresó que: “partimos de la base de que cuando un menor se encuentra en la escuela, por haberse desplazado circunstancialmente la guarda material del hijo que ejercen los padres, la vigilancia y su cuidado está a cargo del establecimiento educacional, por intermedio de sus autoridades, especialmente del maestro de grado y si se producen daños hay que pensar en la ausencia o deficiencia de vigilancia, justamente en un lugar donde los padres remiten a sus hijos para que se los vigile y controle. La obligación asumida por los establecimientos educativos conlleva la de poner en juego mecanismos y conductas tendientes a superar las características de los comportamientos de los menores, de modo que el alea inherente a la dificultad de prever sus acciones deba cargarse a la cuenta del deudor de la obligación a su cuidado.

La liberación del deudor no será posible mediante la demostración de una conducta del menor a la que se repute inesperada, imprevisible. Solo factores ajenos a ella podrían excluir o atenuar su responsabilidad. Únicamente el caso fortuito ajeno al comportamiento de los educandos, o el hecho de un tercero extraño a los riesgos cubiertos por la obligación de seguridad hubieran resultado aptos para lograr la liberación de la demandada”.

De allí entonces que, ante la falta de pruebas por parte de la demandada, ya que solo ofrece las constancias de la causa e informativa (fs. 264/314), no pueda tenerse por acaecido en la especie un supuesto de eximente de responsabilidad como lo es el caso fortuito, quedando sin sustento el principal argumento defensivo que expone la demandada.

Concluyendo, frente a la acreditación positiva de la existencia del daño, existiendo un nexo causal cuya interrupción no ha sido adecuadamente probada por la demandada y atento al factor objetivo de atribución de responsabilidad que significa para el Estado Provincial el actual artículo 1.117 del Código Civil, en cuanto hace recaer aquella en cabeza del titular del establecimiento educativo ante el daño causado al alumno; no puedo sino predicar en la especie la responsabilidad extracontractual de la demandada.

II. Determinada en los términos precedentemente expuestos la responsabilidad de la Provincia, corresponde ahora tratar la cuestión de los rubros indemnizatorios propuestos por la actora en su escrito de inicio.

a). En lo tocante a lo que allí denomina incapacidad Parcial y Permanente, la parte actora sólo ha aportado una genérica invocación, sin cuantificar montos, ni precisiones; sin embargo conforme se dijo ut-supra, de la pericial médica de autos puede extraerse la conclusión de que el accidente soportado por el menor le acarreó secuelas, que el profesional que dictamina estima en un % 16,28 advirtiendo una disminución cierta en la capacidad física del actor, de la que evidentemente deriva un perjuicio de la naturaleza del reclamado.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán en Sentencia nº 285, del 10/04/06, recaída in re “Peralta Ángela” expresó que:”El rubro indemnizatorio pretendido —la incapacidad sobreviniente— “entraña la pérdida o aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante, sus condiciones personales” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, T. 2ª, Daños a las Personas, Pág. 343). Se trata de una minusvalía que repercute en esferas diversas… La carga de acreditar la incapacidad denunciada incumbe a quien invoca la existencia de dicho perjuicio; y efectivamente, constatada la minusvalía en cuestión, será tarea de los jueces, cuantificar el resarcimiento que corresponda por el mismo, de conformidad a los criterios de valuación que se estimen pertinentes: criterios puramente matemáticos, el sistema de baremos existentes en el ámbito laboral, las circunstancias particulares de la víctima (edad, sexo, salud, estado de familia, actividad laboral, porvenir económico, etc.), la prudencia judicial, etc. (Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por Daños, T. I, Pág. 436). Resulta decisiva la prueba del perjuicio invocado pues la indemnización por incapacidad sobreviniente tiende a paliar deficiencias físicas y síquicas o cualquier otra secuela de carácter concreto que pueda afectar la vida de relación de la víctima. Y mientras no se verifiquen las secuelas dañosas invocadas, no es posible conceder indemnización alguna, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de certeza que caracteriza al daño resarcible (CNCiv., Sala A, 16/12/92, “Perrone, Elsa N. C/Pedro de Mendoza C.I.S.A. y otra”, LA LEY, 1994-E, 712)”.

Considero por ello que resulta prudente y equitativo emplear como directrices para la cuantificación del rubro reclamado la edad del menor (al momento del accidente) y sus expectativas de vida, así como su porcentaje de incapacidad, los cuales constituyen valiosos elementos referenciales, teniendo en cuenta igualmente las circunstancias singulares del caso; por lo que parece ajustado a derecho, teniendo en cuenta dichos parámetros, fijar para este rubro la suma de $ 2000.

b). En lo que atañe al daño emergente o daño material es atinado decir que lo que debe entenderse por tal concepto se circunscribe al empobrecimiento patrimonial como consecuencia de la pérdida o depreciación de valores preexistentes. La parte actora reclama en dicho concepto la suma de $ 2000 erogados por gastos médicos, especialistas, psicólogos y medicamentos.

Cabe señalar que quien formula este tipo de petición debe traer al pleito los elementos de prueba que demuestren su extensión o por lo menos dejar en el ánimo del juzgador la certeza de que una pérdida se produjo por la acción del accidente.

Sabido es que quien alega en el proceso la existencia de un hecho del cual pretende derivar una consecuencia determinada debe probar, no solo su existencia sino además las condiciones o circunstancias que lo rodearon y que se invocaron en apoyo de la pretensión deducida.

La carga de la prueba se presenta así como una distribución de riesgo para la parte que omite su producción, por lo que cada litigante debe asumir las consecuencias de que la prueba se produzca o no. Así se ha sostenido que ” la carga de la prueba es una circunstancia de riesgo, donde quien deba y no produce los hechos que le correspondan pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La carga de la prueba es un imperativo del propio interés, pues, en definitiva, el onus probandi incumbe a quien afirma…” (CNCom., Sala B, 15/12/1989 ” Bárbara Alfredo y Otra C/Mariland S.A. y Otros S/Ordinario”)

Respecto de lo que el demandante reclama en este rubro, debo decir que no se ha arrimado elemento siquiera indicial a la litis del cual puedan justificarse la cuantía de los gastos que aducen. Las únicas constancias aportadas a la causa son informes, historias clínicas, comprobantes, de los que no surge la supuesta erogación que detallan.

La razón de ser de la existencia de las cargas probatorias es la de evitar que el juzgador se abstenga de emitir pronunciamiento, por lo que frente a hechos inciertos, dudosos, o simplemente no probados por las partes resultan necesarias ciertas reglas que permitan arribar a una certeza oficial. A tal fin el juez debe responsabilizar a la parte que, según su posición en el caso, debió justificar sus afirmaciones pero, sin embargo, no logró formar la convicción acerca de los hechos invocados como fundamento de su pretensión (cfr. CNFed.Adm., Sala II, 05/02/1998, ” Integralco S.A. c/Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social S/Contencioso Administrativo”, causa 19.859/97).

Por tanto habiendo el seguro escolar asumido los gastos según consta a fs. 277/303 y ante la insuficiencia probatoria detallada de que el actor hubiese incurrido en otros gastos distintos a aquellos, lo reclamado en concepto de daño emergente no puede prosperar.

c). Respecto del reclamo por daño moral, calificada doctrina lo conceptúa como un daño jurídico en razón de que lesiona o altera los bienes mas precipuos de la persona humana al romper con el equilibrio del espíritu. Todo ser humano vive en un estado de armonía espiritual y goza del derecho de permanecer en dicho estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas.

A esa modificación disvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor, porque pueden suceder como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales, como ser la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que por su intensidad razonablemente aparezcan como circunstancias que rompen con el referido equilibrio. Es la salud en definitiva la que se encuentra deteriorada: el soma o la psique; daño biológico o daño psíquico (cfr. Mosset Iturraspe Jorge, Responsabilidad por Daños, Tomo V, Daño Moral, Rubinzal Culzoni, Pág. 53).

Nuestra Corte Suprema local ha tenido ocasión de decir sobre el punto que “el daño moral es un daño jurídico que vulnera un interés espiritual legítimamente protegido y cuya lesión origina derecho al resarcimiento. En el caso, la existencia del daño moral puede considerarse demostrada a partir de la acción antijurídica —daño in re ipsa— sin que sea necesaria prueba directa y específica sobre la conmoción espiritual sufrida por los actores a partir del siniestro. Siendo así, es al responsable del evento dañoso a quien correspondería acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya el perjuicio aquí analizado (CSJBA sent. del 20/11/96, LLBA 1997-689; del 20/8/96, DJBA, 151-6064; del 3/6/90, DJBA 138-2215, CNCiv, Sala A, 5/3/98, LL 1999-B,45; CNCiv., Sala A, 10/11/97, LA LEY, 1999-A, 484); lo que en el sublite no intentó siquiera, ser demostrado. El resarcimiento del daño moral, en el caso, comprende la repercusión disvaliosa del hecho, en la aptitud del sujeto para el ejercicio de las funciones vitales. Desde este enfoque, la incapacidad, se presenta como ‘una pérdida o aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado’ (Zavala de González, Matilde, ‘Resarcimiento de Daños’, T. 2a. sobre ‘Daños a las Personas’, Pág. 111)”. (CSJT, sentencia Nº 347 del 22/05/2002, in re: “Roquera Darío Leoncio c/Sol San Javier S.A. s/daños y perjuicios”).

A partir de ello, estando acreditado el daño, no puedo sino concluir que en la especie se configura una situación que claramente encuadra en los supuestos antes apuntados y que hace procedente la indemnización en concepto de daño moral.

Corresponde asimismo incluir en el rubro bajo examen lo reclamado en concepto de daño psicológico, ya que tal ítem no resulta indemnizable de modo autónomo en relación al daño moral, encontrándose íntimamente relacionado con aquél.

En tal sentido este Tribunal en la causa “Figueroa Ricardo vs. Ferrari Héctor Hugo s/Daños y Perjuicios”, Sentencia Nº 256 del 26/07/02 entre otros, con relación al daño moral, dijo: “No es procedente el reclamo de indemnización por daños psíquicos independiente del daño moral, puesto que si aquél es enfocado como una modificación disvaliosa del espíritu cabe el reconocimiento a título de daño moral atento a la total asimilación, entre uno y otro”.

Relacionado al punto, nuestro Alto Tribunal local en la causa “Macías Miguel Eduardo y otra Vs. Municipalidad de Concepción s/daños y perjuicios”, sentencia Nº 902 del 08/09/2008, expresó que: “La doctrina y la jurisprudencia han precisado que el daño psíquico no puede verse como un rubro resarcitorio autónomo y distinto del daño moral y patrimonial. Como consecuencia de ello, la lesión psíquica no es resarcible per se sino en sus disonancias espirituales y en la eventual proyección patrimonial (Matilde Zavala de González. Resarcimiento de Daños -2- Daño a las Personas. Integridad Psicofísica)”.

Conforme se desprende de la pericial Psicológica citada de fs. 202/207 las dolencias psicológicas derivadas del siniestro existen (independiente del grado de incapacidad psicológico cuestionado en la misma) y por ende merecen apoyo profesional. Tal aserto sin dudas implica un elemento más a los fines de justipreciar los alcances del daño moral sufrido por la menor, el cual se fija en la suma de $ 2000.

En orden a lo expuesto y dadas las particularidades del presente caso, considero que es atinado determinar en concepto de incapacidad parcial y permanente la suma de $ 2000 (Dos mil) a favor del Sr. D. O. Z., y la suma de $ 2000 (Dos mil) en orden al daño moral. Dichas sumas devengaran los intereses de tasa pasiva del BCRA desde la fecha del hecho (18/08/05) hasta su efectivo pago.

Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente a los rubros reclamados en la demanda incoada en autos reconociendo a la parte actora solamente lo peticionado en concepto de incapacidad parcial y permanente y daño moral por las sumas antes indicadas, e imponerse las costas a la demandada (artículo 105 del CPCyC, texto según Ley 8.240), ya que el monto total por el que progresa la pretensión ($ 4000) es igual al demandado.

El doctor Castellanos dijo:

Que estando conforme con los argumentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, resuelve: Iº). Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. D. O. Z. en contra de la Provincia de Tucumán y, en consecuencia, condenar a la demandada al pago de la suma de Dos mil pesos ($ 2.000), en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente y Dos Mil ($ 2.000) en concepto de daño moral, sumas que devengará intereses conforme las pautas señaladas en los considerando de la presente sentencia. IIº). Costas como se consideran. IIIº). Reservar el pronunciamiento sobre honorarios para ulterior oportunidad. Hágase saber.— Salvador N. Ruiz.— Horacio R. Castellanos.

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