Responsabilidad de la empleadora por la sobrecarga de tareas del trabajador. Condena a la aseguradora citada como tercero

Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia que hizo lugar a la demanda por diferencias salariales e indemnizatorias y condenó a la empleadora y a la aseguradora de riesgos del trabajo citada como tercero. La Cámara confirmó la sentencia apelada.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VIII (CNTrab) (SalaVIII)

 Fecha: 12/06/2012-

Partes: Liva, Gabriel Esteban c. Toyota Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios-

Sumarios:

1. Si bien se verifica una alteración a nivel psíquico inexistente al momento en que la demandada determinó la aptitud del trabajador y se encuentra debidamente acreditada la exhaustiva jornada de trabajo, no por ello la empleadora debe responder por toda la minusvalía detectada, pues, sólo se ha acreditado la sobrecarga inusual de tareas a las que estaba sometido, pero no los malos tratos y hostigamiento denunciados.

2. La aseguradora debe responder en el límite de la cobertura contratada con el empleador aunque no haya sido demandada sino citada como tercero, ya que tuvo oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa en juicio, por lo que no se verifica conculcación alguna de las garantías constitucionales del debido proceso.

3. Es procedente la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 si el empleador abonó las indemnizaciones legales pero el módulo salarial sobre el que se proyectaron fue inferior al que correspondía, pues, es evidente que la reparación no canceló el total del crédito.

Texto Completo: Buenos Aires, junio 12 de 2012.

El doctor Víctor A. Pesino dijo:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda en lo principal, contra Toyota Argentina S.A. por diferencias salariales e indemnizatorias y contra esta última y Berkley International ART S.A. en función de la pretensión fundada en el art. 1113 del Código Civil, eximiendo de cualquier responsabilidad al codemandado Aníbal Ramón Borderes, suscita la queja de ambas partes y del tercer citado en los términos del art. 94 y concordantes del C.P.C.C.N. a tenor de los memoriales presentados a fs. 1.065/1077, 1.078/1.083 y 1.092/1.101, por el actor, Berkley International ART S.A. y Toyota Argentina S.A., respectivamente. Asimismo, los letrados apoderado y patrocinante de la aseguradora de riesgos (Dres. B. y L.) y la perito médica (Dra. G.) cuestionan los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos, y en la misma línea se queja el codemandado Borderes con relación a los estipendios fijados a favor de su representación letrada.

II.- Analizaré, en primer término, los planteos vertidos por ambas partes relacionados con el progreso de la pretensión en materia de diferencias salariales e indemnizatorias.

La Sra. Juez “a quo” hizo lugar al reclamo de diferencias salariales en concepto de horas extras por el período no prescripto, acotando la pretensión inicial a cuatro horas diarias realizadas de lunes a viernes con un recargo del 50 %. Desde tal perspectiva, elevó el módulo indemnizatorio en la suma de $ 1.212,96 (suma correspondiente a la contraprestación salarial por horas extraordinarias impagas) y lo proyectó sobre las reparaciones tarifadas, difiriendo a condena la suma de $ 109.155,05, omnicomprensiva de diferencias indemnizatorias a partir de la nueva base computable y de la reparación contemplada en el art. 15 de la ley 24.013. Por lo demás, rechazó la procedencia de las indemnizaciones previstas en el art. 10 de la ley 24.013 y art. 2º de la ley 25.323.

Contra tal decisión recurre Toyota Argentina S.A. y objeta, en lo principal, lo decidido con relación al reclamo en concepto de horas extras.

Anticipo que el planteo dista de la crítica y razonada que era requerible según el art. 116 de la L.O. El recurrente se limita a discrepar con la solución adoptada en tanto le resulta adversa, pero no opone argumentos atendibles -más allá de disentir con la ponderación de la prueba testifical- ni hace referencia a probanza alguna que permita controvertir los aspectos que dieron sustento al fallo apelado y controlar la razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, por lo que la queja luce meramente dogmática (art. 116 de la L.O. y 265 del C.P.C.C.N.).

Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de no atenerme a cuestiones meramente formales, hago hincapié en un aspecto medular que echa por tierra cualquier objeción relacionada con los dichos de los testigos Ceol (fs. 434/437), Pintos (fs. 468/474) y Sasso (fs. 475/487) (ver, planteo de fs. 1,095 y vta), pues aun cuando éstos no hubiesen prestado declaración, la solución no difiere en lo sustancial.

Digo esto, toda vez que la apelante soslaya, por un lado, que no se discute que el actor trabajaba regularmente después de las20.00horas y los fines de semana con la debida contraprestación salarial (tal como surge de las afirmaciones de las partes como de los comprobantes de “Autorización de horas extras” acompañados por el actor y que obran reservados en el Anexo 2651 coincidentes con los acompañados por la demandada a fs. 124/206) , y por el otro, que la pretensión inicial progresó únicamente por exceso en el tope diario de cuatro (4) horas de lunes a viernes (una hora en el horario de7 a8 de la mañana y tres horas en el horario de17 a20 horas; en total 20 horas semanales), respecto de la cual, la propia hoy apelante reconoció que pagaba el rubro “dedicación exclusiva” para compensar eventuales horas extras que el actor pudiera realizar antes de las20.00horas. Ahora bien, esta supuesta “eventualidad” se vio desdibujada por los dichos de Sarrias (fs. 442/446) y de Cirelli (fs. 452/456), y sobre el particular me remito a la declaración de este último, exenta de cuestionamiento alguno. El testigo aclaró que si bien el horario de la planta era de8 a17 horas de lunes a viernes “…el trabajo comenzaba alrededor de las 7 horas al tener que pasar a buscar a los gerentes y directivos ….para llegar a las ….8 horas y después la finalización del horario no tenía un plazo establecido, podía ser a las24 ala 1 o 2 de la mañana o más….” (art. 90 de la L.O. y386 C.P.C.C.N.).

En concreto, a mi juicio, se encuentra debidamente acreditado que el actor prestó servicios regulares en el horario de7 a20.00horas de lunes a viernes, no se cuestionó la metodología de cálculo implementada en la etapa anterior sobre la base del tope diario (cf. art. 1º del decreto 16.115/33 reglamentario de la ley 11.544) y que llega firme a esta Alzada, por lo que sólo cabe confirmar lo decidido. Así lo voto.

III.- Por el contrario, asiste razón a la demandada apelante en tanto cuestiona que se haya hecho lugar a la indemnización prevista en el art. 15 de la ley 24.013.

La reparación no puede prosperar, toda vez que la norma dispone específicamente que, para su procedencia, el trabajador debe haber cursado de modo justificado la intimación prevista en el art. 11; es decir, remite a los supuestos contemplados en los arts. 8, 9 y 10, y lo cierto, es que ninguno de ellos se verifica en el sub lite.

Desde tal perspectiva corresponde detraer del capital de condena la suma de $ 75.425,79 (ver, liquidación de fs. 1.060). Así lo voto.

IV.- Por su parte, el actor se agravia por el rechazo de la indemnización contemplada en el art. 2º de la ley 25.323.

Ahora bien, llega firme a esta Alzada que acaecido el distracto por despido directo (ver, telegrama colacionado a fs. 642 e informe respectivo), el empleador abonó las indemnizaciones legales, no obstante, toda vez que el módulo salarial sobre el que se proyectaron fue inferior al que correspondía, es evidente que la reparación no canceló el total del crédito, dando motivo al presente reclamo. Por ende, verificado el requisito sustancial y exenta de agravios la procedencia formal de la indemnización, sugiero revocar lo decidido en la etapa anterior y hacer lugar a la reparación que, en el caso en concreto, prospera sobre la suma resultante de calcular el 50 % de la sumatoria de las indemnizaciones que corresponden menos las que fueron abonadas en su oportunidad.

Por ser ello así, se impone elevar el capital de condena en la suma de $ 1.709,37 ($ 551,25 + $ 2.867,50 x 50 %; ver liquidación de fs. 1.060).-

Es dable destacar que la pretensión del apelante relativa al reconocimiento de la indemnización bajo análisis por el monto total, alegando cierto retardo en el pago de las reparaciones, carece de sustento legal. En efecto, el art. 2º de la ley 25.323 estableció un incremento de las indemnizaciones labores “cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio”; presupuesto que no se verifica en el sub examine, ya que la pretensión inicial no tuvo en miras reclamar las indemnizaciones tarifadas sino las diferencias derivadas de la inclusión de una cantidad de horas extras en el módulo sobre el que se proyectaron, lo que motiva la decisión adoptada y expuesta precedentemente.

V.- A partir de la solución propuesta en los apartados III.- y IV.-, el capital nominal en concepto de diferencias salariales e indemnizatorias quedará expresado en la suma de $ 35.438,63 ($ 109.155,05 – $ 75.425,79 + $ 1.709,37), más accesorios. Así lo voto.

VI.- Zanjado este aspecto, corresponde dar tratamiento a los planteos vertidos por ambas partes y la citada como tercero con relación al progreso de la pretensión en concepto de reparación por daños y perjuicios.

La Sra. Juez “a quo” tuvo por acreditada la incidencia causal del nivel de exigencias de las labores desarrolladas por el actor en Toyota -en particular, la carga horaria- con la minusvalía física determinada por el perito médico psiquiatra en el orden del 25 % de la t.o.- A partir de ahí, condenó al empleador al pago de la suma de $ 230.000, omnicomprensiva de la reparación en concepto de daño físico, psiquico y moral y a la aseguradora de riesgos en los límites del aseguramiento.

Contra tal decisión recurre la demandada Toyota y cuestiona: a) el porcentaje de incapacidad determinado por la perito médico legista (aspecto que también suscita la queja de la parte actora); b) la omisión de pase de las actuaciones al Cuerpo Médico Forense; c) la conclusión del sentenciante en orden al nexo causal entre las tareas desempeñadas por el actor y la minusvalía detectada por la experta; d) la valoración de la prueba testifical; e) lo que tacha de imprecisión en la cuantificación del monto de condena. Por su parte, el actor discrepa con la valoración de la prueba , con la asignación de una suma única que engloba la reparación del daño físico, psíquico y moral , omitiendo -a su criterio- incluir la indemnización por alteración del sueño de causa laboral y los gastos de tratamiento médico según lo aconsejado por la médico legista; en concreto, objeta el capital de condena, por considerarlo reducido.

Liminarmente, en lo que atañe a la crítica vertida con relación a la ponderación de prueba testifical, ya expuse mi opinión en el considerando II.- del presente pronunciamiento, al que me remito en honor a la brevedad, de manera tal que a esta altura no se discute la extensa y exhaustiva jornada de trabajo cumplida por el actor en el decorrer de la relación laboral. Hago tal afirmación teniendo en cuenta que Leiva prestaba servicios desde las 7 horas hasta las20.00hs. de lunes a viernes, con más las horas extras autorizadas con posterioridad a ese horario tal como surge de las planillas acompañadas a fs. 124/206 por la propia hoy apelante y que dan cuenta, a guisa de ejemplo, que en el mes de octubre 2005 trabajó: el lunes 3/10 desde las 20 hs. hasta las 23 horas, el martes 4/10 desde las 20 hs. hasta las3.30hs., el miercoles 5/10 desde las 20 hs. hasta2.30hs., el jueves 6/10 desde las 20 hs. hasta las2.30hs., el viernes 7/10 desde 20hs. hasta las3.00hs. (sin perjuicio de la jornada normal de7 a20 hs.), el sábado 8/10 desde las9.00hs. hasta las02.30hs. del día siguiente, para retomar tareas nuevamente el 9/10 a las 10 hs hasta las23.00hs; ver, fs. 186; entre otras).

Ahora bien, no resulta ocioso recordar que ya en el año 1919 en que se suscribió el Tratado de Versalles, se contempló la necesidad de adoptar una jornada de ocho horas o de cuarenta y ocho horas semanales, que en concordancia con ello, en octubre de 1919 en el marco de la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo llevada a cabo en Washington, se aprobó la Convención Nº 1 sobre las horas de trabajo y que en el año 1929 fue promulgada en la Argentina la ley 11.544. Esta breve reseña histórica no tiene en miras más que destacar la importancia que ha tenido y tiene la limitación de la jornada en función del tiempo libre y las graves consecuencias que una carga horaria excesiva provoca para la persona por razones de orden biológico y dignidad humana.

Las constancias de lo actuado, no hacen más que corroborar las circunstancias que se tuvieron en miras como punto de partida de un sistema de normas protectorio e imperativo, que intenta conjurar las consecuencias disvaliosas del trabajo en exceso del tope semanal; exceso que, en el particular supuesto, se advierte claramente irrazonable.

Tan es así que, a fs. 843/890, la perito médico psiquiatra Dra. G. informó: “..que para ingresar a Toyota hizo (el actor) un examen preocupacional que aprobó y del que tiene fotocopia que aporta al expediente. Los exámenes psíquicos se evaluaron en la actualidad mediante los tests mencionados…y muestran variantes con respecto a los de su rendimiento preocupacional (el destacado me pertenece)….Ya en 2002 hay en autos un informe psicológico de la empresa donde se detecta ansiedad y angustia por lo que considera ….presión de trabajo…en los que pasa del entusiasmo a la depresión. ….La impresión diagnóstica clínica es de neurosis de angustia con rasgos persecutorios y somatiformes según el baremo de Castex y Silva, que le otorga una incapacidad del 25 % de la T.O. abarcando la totalidad de la incapacidad debida a su experiencia laboral de 9 años. Esta incapacidad es de carácter parcial y permanente, aunque debieran frenarse sus grandes posibilidades de avance con una psicoterapia orientada al esclarecimiento de su personalidad e interacciones con el medio familiar y laboral de una duración de dos años …”.

A fs. 943/946 y fs. 950, la experto contestó las impugnaciones de fs. 878 (actora) y fs. 883 (Toyota) y aclaró: que ratificaba el porcentaje de incapacidad determinado en su primer presentación (25 %) y que “lo que en el lenguaje común la gente denomina somatizaciones ….su porcentaje incapacitante está englobado en la cifra dada en el informe pericial aunque en su última versión del llamado baremo de Castex este acreditado maestro recomienda que las somatizaciones ameriten el agregado de un 10 % de incapacidad calculada, cosa que podría aplicarse al caso si V.S. lo considera lógico, arrojando entonces una incapacidad parcial y permanente del 35 % de la T.O. . El mismo Castex dice además que si hay enfermedades físicas, se evalúen con los baremos en uso y se añadan a la incapacidad psíquica, circunstancia que no es la presente”. (el destacado me pertenece). Que respecto al planteo de Toyota, “…el trabajo del actor a partir de 2003 fue una exposición psíquica y física a modos de vida, horarios y conductas que consideraba degradantes. Igualmente el trato recibido…que fue vivenciado así subjetivamente por el sujeto. Creo que ese es el verdadero punto de comienzo de la enfermedad psíquica que fue minando las resistencias yoicas del actor…”.

Cabe recordar que, conforme lo establece en el art. 477 del CPCCN, la fuerza probatoria de los dictámenes periciales debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca, siendo facultad del judicante su apreciación con la latitud que le adjudica la ley, a lo que cabe añadir que, para que el Juez pueda apartarse de la valoración efectuada por el perito médico, debe hallarse asistido de sólidos argumentos, ya que estamos ante un campo de conocimiento ajeno al hombre del derecho.

Por todo ello y dado que, en mi opinión, el informe médico producido en estas actuaciones resulta fundado, circunstanciado y encuentra apoyo y sustento no sólo en la totalidad de los estudios practicados al accionante sino, además, en el examen personalmente realizado por el galeno, no advierto razón que justifique apartarse de las conclusiones médico legales a las que se arribó en el mismo, con énfasis en el porcentaje de incapacidad dictaminado en un 25 % de la t.o., pues tal como aclaró la experta, no se advierten alteraciones a nivel físico que justifiquen elevarlo. Es dable destacar que, en lo que respecta a las mentadas “alteraciones del sueño” -en cuya valoración e inclusión en el grado de minusvalía hace hincapié la parte actora-, no encuentran anclaje en las constancias de lo actuado, a cuyo efecto, carecen de relevancia las declaraciones testimoniales y el informe general evacuado a fs. 872/873, pues no se refiere puntualmente al actor, de suerte que no resulta razonable extender, sin más, las investigaciones de la Dra. Blanco al presupuesto de autos.

Asimismo y frente a la pretensión de la demandada tendiente a que se remitan las actuaciones al Cuerpo Médico Forense, cabe recordar que, más allá de no advertirse ninguna necesidad para ello, el dictado de medidas de mejor proveer constituye un resorte exclusivo del magistrado actuante y no una obligación impuesta por el procedimiento, tal como lo ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia.

Si a lo dicho se añade que, tal como anticipé, el examen médico pericial no arroja -en mi opinión- ninguna duda que justifique la intervención del organismo mencionado en el párrafo precedente, no cabe más que desestimar el recurso interpuesto también en este sentido.

Ahora bien, “hay conexión causal entre un acto y un resultado, cuando el acto ha contribuido de hecho a producir un resultado -es decir, ha sido una de las condiciones sine qua non de él- y , además, debía normamente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (cfr. art.901, C.C.) (Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Omeba, Bs.As., 2º edición, 1960, pág.87).

En el caso, se verifica una alteración a nivel psíquico inexistente al momento en que la demandada determinó la aptitud del postulante y se encuentra debidamente acreditada la exhaustiva jornada de trabajo, sin embargo no por ello habrá de concluirse que la empleadora debe responder por toda la minusvalía detectada pues, para ello, es necesario establecer primero el nexo de causalidad con las tareas. En este sentido una valoración integral de las pruebas arrimadas al expediente me convence que el actor sólo ha podido acreditar la sobrecarga inusual de tareas a las que estaba sometido no así el resto de las condiciones que, según el perito médico, contribuyeron a la aparición de la afección de la que es portador el actor.

En efecto, en primer lugar es de destacar que la experta se basó en los dichos del actor para emitir su informe, en segundo término, la prueba testimonial no es contundente como para tener por demostrado que, además del extenso horario cumplido, existieron otros hechos que pudieron incidir en la afección. Ello es así porque del análisis integral de la prueba testimonial (art.90, L.O.) surge que, esencialmente, el actor trabajaba de chofer de un directivo, permaneciendo buena parte de la jornada en un ambiente destinado al efecto por la empleadora, no advirtiéndose que algunos menesteres que pudieran solicitársele en el interín (trámites, lavado del vehículo, servicios generales, etc) fueran de entidad tal como para desencadenar una afección psiquiátrica. Por el contrario, se revelan hasta imprescindibles para contrarrestar el aburrimiento propio de largas esperas. En cuanto a los presuntos malos tratos, los mismos no pasan de ser meras apreciaciones personales de los testigos, quienes, dicho sea de paso, no viajaban en el mismo automóvil con el actor. Tampoco surge de autos que la concurrencia a lugares de diversión nocturna haya sido tan continua como para tener que soportar insolencias permanentes del director al que estaba asignado como chofer, resultando altamente improbable que el mismo día esa persona haya estado en condiciones de trabajar, si fuese cierto el estado deplorable que presentaba a la salida de los establecimientos nocturnos a los que asistía. En este sentido, la prestación nocturna posterior a las 20 horas sólo puede considerarse ocasional.

En resumen, si el trabajo de chofer se limitaba a los traslados; si durante los intervalos propios de tal menester el actor permanecía en ámbitos específicos que no implicaban ejercicio de la función y admitía el descanso, independientemente de otras tareas que se le pudiesen asignar, sólo puede tenerse por demostrado que el accionante trabajaba en extensas jornadas, mas no los malos tratos y el hostigamiento denunciados.

Tales tareas, que si bien pueden haber sido causa de “stress” por las largas jornadas en las que el actor estaba a disposición de la empleadora, estimo han incidido negativamente en la patología detectada por el perito médico, en un 25 %.

A mayor abundamiento, considero que conspira contra la pretensión inicial, que el accionante no haya demostrado que con posterioridad a su cese no pudiese reinsertarse en el mercado laboral o que, habiéndolo hecho, su remuneración se viese menguada de alguna manera a raíz de la enfermedad de la que es portador.

Sentado ello, en orden al “quantum” de la reparación” objetado por las partes, la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho y reiterado que “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales”, ya que no se trata “de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (CSJN, A.436.XL. del8/4/08″in re” “Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Cia. S.R.L”).

En tal contexto, advierto que el importe de la indemnización fijado en la sede de origen luce adecuado para una incapacidad total. Empero, toda vez que en virtud de lo dicho sólo puede imputarse al trabajo un 25 %, estimo que la misma debe reducirse a $ 57.500, con más los accesorios fijados en la etapa anterior.

Cabe a esta altura del relato dejar a salvo que el actor no reclamó el pago de un tratamiento psicoterapéutico y/o psicofarmacológico, por lo que no corresponde expedirse al respecto (arts. 34 Inc. 4º y277 C.P.C.C.N.,18 C.N.) y que la determinación de la cuantía del resarcimiento, según los términos expuestos, se ha efectuado en procura de una comprensión plena del ser humano y su integridad física, psíquica y moral, tomando en cuenta que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales; que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres, que la incapacidad del trabajador es ocasión de perjuicios en su vida de relación en distintas facetas y que la determinación del parcial de la incapacidad se ensambla con las consecuencias presumibles para la víctima en lo individual y social.

A partir de todo lo expuesto, sugiero confirmar la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena y reducir el capital nominal por la acción de daños y perjuicios a la suma de $ 57.500.- (pesos cincuenta y siete mil quinietos). Así lo voto.

VII.- En lo que atañe a Berkley International ART S.A. coincido con la sentenciante a quo en debe responder en el límite de la cobertura contratada con el empleador, de conformidad con la doctrina que emerge de los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causa “Aquino” (sentencia del21 de setiembre de 2004) y “Cura, Hugo Orlando c/ Frigorífico Rizoma S.A. s/ Accidente – acción Civil” (sentencia del14 de junio de 2005). En ellos se determinó que “el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la LRT origine la excepción de responsabilidad civil del empleador (art. 39, inc.1), no obsta a que las aseguradoras de riesgos de trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley”, a lo que cabe agregar, que en el universo de contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo no cabe excluir a la que motiva los presentes actuados, conclusión a la que se arriba a partir de las opiniones concurrentes de los jueces del Alto Tribunal en la causa “Silva”.

No obsta a la solución que propongo que el actor no haya demandado a la hoy apelante. El nuevo texto el art. 96 del CPCCN, a partir de la reforma introducida por la ley 25.488 dispone que al tercero la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales y que será ejecutable la resolución en su contra, con la excepción prevista en dicha norma. El art. 155 de la L.O. establece que resultan de aplicación al proceso laboral las normas contenidas en los arts.90 a96 del CPCCN y también la Exma Cámara, mediante Acordada interpretativa n° 2359/02 del15/5/02, fijó criterio en el sentido de que el mentado art. 96 también es de aplicación. En el caso, si bien la aseguradora ha sido citada como tercero, igualmente cabe su condena, aunque no haya sido demandada, ya que tuvo la oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa en juicio, por lo que no se verifica conculcación alguna de las garantías constitucionales del debido proceso.

Por lo demás, cabe desestimar el tratamiento de las objeciones vertidas con respecto al salario que la sentenciante a quo determinó para calcular las prestaciones dinerarias en el marco de la Ley de Riesgos, toda vez el apelante omite concretar el alcance de la crítica que formula; es decir, omite informar al Tribunal a cuánto debería ascender la remuneración que estima adecuada para proyectar sobre la reparación tarifada (art.116, L.O.).

VIII.- Por último, en orden a la presentación del codemandado Borderes a fs. 1.090/1.091, cabe aclarar que el peticionante carece de interés recursivo para el planteo que pretende introducir.

IX.- Atento las modificaciones propuestas y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C., corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios y adecuar ambos preceptos al nuevo resultado del litigio, extremo que determina la innecesariedad de tratamiento de las quejas vertidas en ambos aspectos.

Respecto de la acción por diferencias salariales e indemnizatorias sugiero imponer las costas a la demandada Toyota Argentina S.A., vencida en lo sustancial (art.68, C.P.C.C.N.) y fijar los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora y del representante legal de la demandada en el 16 % y 12 %, respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (capital más intereses) (cf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14,19,37,39 y cctes. de la ley 21.839).

En cuanto a las costas de Alzada, propongo que se distribuyan en el orden causado, teniendo en cuenta la apreciación de vencimientos parciales y recíprocos en esta sede más allá de un criterio estrictamente numérico. A este último efecto, propongo fijar los porcentajes de honorarios de los presentantes de fs. 1.065/1077 y fs. 1092/1.101, en el 25 % de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia.

X.- Respecto de la acción en procura de la reparación de daños y perjuicios y frente al modo en que, en definitiva, se sugiere dirimir la contienda, estimo propicio imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada Toyota Argentina S.A que resulta vencida (art. 68 CPCC) y de la ART en la proporción que debe asumir en el monto de condena, a cuyo fin y teniendo en cuenta el mérito, calidad y extensión de las tareas desempeñadas, como así también el éxito de cada labor, se regulan los honorarios por el patrocinio letrado de la parte actora, del representante legal de la demandada Toyota Argentina S.A., del tercero citado Berkley International ART S.A. y de la perito médica, por su intervención en primera instancia en el 16 %, 12 %, 12%, 6 %, respectivamente para cada uno de ellos que se calculará sobre el nuevo monto diferido a condena comprensivo de capital e interés (arts.38 L.O. ley 21.839 mod. 24.432).

Los honorarios correspondientes a la labor profesional desempeñada en esta Alzada por las partes actora, demandada y tercero citado Berkley International ART S.A., se estiman en el 25 % para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en el tramo procesal anterior. (art.38 L.O. y 14 ley arancelaria).

XI.- En cuanto a las costas y honorarios derivados de intervención del codemandado Borderes sugiero confirmar lo decidido en la etapa anterior, pues no encuentro motivos para apartarme del principio general previsto en el art. 68 del C.P.C.C.N.

XII.- Por último, cabe aclarar en cuanto al planteo de la parte actora articulado a fs. 1076, Pto. IV).- que los emolumentos fijados a favor de los profesionales intervinientes resultan omnicomprensivos de la totalidad de los trabajos realizados.-

El Dr. Luis Alberto Catardo dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal resuelve: Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en cuanto pronuncia condena contra Toyota Argentina S.A. por la acción en procura de diferencias salariales e indemnizatorias, y fijar el capital nominal en la suma de $35.438,63, con más los intereses establecidos en grado;

Imponer las costas de primera instancia a la demandada Toyota Argentina S.A. y fijar los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora y del representante legal de la demandada en el 16 % y 12 %, respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (capital más intereses).

Imponer en el orden causado las costas de la Alzada en esta acción y regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.

Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en cuanto pronuncia condena por la acción de daños y perjuicios contra Toyota Argentina S.A, y Berkley International ART S.A.(esta última en los límites del aseguramiento), y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 57.500.-, con más los intereses establecidos en grado;

Imponer las costas de ambas instancias en esta acción a la demandada Toyota Argentina S.A. y a Berkley International ART S.A. en la proporción que debe asumir el monto de condena, y fijar los honorarios, por los trabajos realizados en la etapa anterior, del letrado de la parte actora, del representante legal de la demandada Toyota Argentina S.A., del tercero citado Berkley International ART S.A. y de la perito médica en el 16 %, 12 %, 12 %, 6 %, respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (capital más intereses);

Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos presentados a fs. 1.065/1.070, fs. 1.078/1.083 y fs. 1.092/1.101, en el 25 % de lo que les corresponda por su actuación en primera instancia.

Confirmar la imposición de costas y regulación de honorarios derivados de intervención del codemandado Borderes. — Víctor A. Pesino. — Luis A. Catardo.

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