Responsabilidad de establecimiento educativo por daños causados por un alumno a otro

DAÑOS Y PERJUICIOS. Daños causados por un alumno a otro. Responsabilidad del establecimiento educativo. Inexistencia de caso fortuito.

Una menor sufrió lesiones cuando, encontrándose en la escuela durante una clase un compañero tiró una birome contra un ventilador lo que provocó que esta rebotara impactando contra aquella. A raíz de esto los padres de la alumna dedujeron acción de daños y perjuicios contra la directora del establecimiento y contra la Provincia de Córdoba titular de éste. El juez de grado desestimó el reclamo incoado contra la directora e hizo lugar parcialmente al intentado contra el Estado. Contra este pronunciamiento se alzaron los accionantes y el Estado Provincial. La Cámara confirmó el decisorio en lo principal.

1. El establecimiento educativo es responsable por los daños que sufrió una menor cuando durante una clase un compañero tiró una birome contra el ventilador la que rebotó impactando en aquella, pues, el comportamiento de este último no puede encuadrarse dentro del supuesto de caso fortuito desde que constituye un supuesto de daño causado por un alumno menor de edad del establecimiento mientras se hallaba bajo el control de la autoridad educativa caso atrapado por las previsiones del art. 1117 del Cód. Civil, máxime cuando resulta previsible que un niño cometa un acto de indisciplina durante una clase

C3aCiv. y Com., Córdoba,2011/11/01.- Córdoba, Romina Dayana c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otros s/ordinarios – otros – (expte. N°898533/36).

CONTEXTO NORMATIVO DEL FALLO

Ley nacional 24.830 (Adla, LVII-C, 2899)

2a Instancia. – Córdoba, noviembre 1 de 2011.

Primera: ¿Son procedentes las apelaciones del Estado Provincial demandado y de la actora? Segunda: ¿Qué resolución corresponde adoptar?

A la primera cuestión:

El señor vocal doctor Guillermo E. Barrera Buteler dijo:

1. La sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada en contra del Estado Provincial como propietario del establecimiento educativo en el que la menor sufrió los daños cuya reparación se reclama y rechazó la dirigida contra la directora de ese establecimiento, ha sido apelada por el demandado que resultó condenado y por la actora.

El recurso del Gobierno de la Provincia cuestiona la condena que le ha sido impuesta basándose en diversos agravios y el de la actora impugna los honorarios regulados a los letrados de la directora del establecimiento contra quien la demanda no prosperó.-

2. Los agravios en que se sustenta la apelación interpuesta por la Procuración del Tesoro pueden sintetizarse así: 1º) Cuestiona el rechazo de la defensa de falta de acción por falta de legitimación activa en la parte actora; 2º) Impugna la atribución de responsabilidad al Estado diciendo que en el caso concurre el caso fortuito como eximente de responsabilidad; 3º) Sostiene que el plazo fijado para el cumplimiento de la condena contraría lo dispuesto por el art. 806 del C.P.C.C.

En cuanto al primer agravio, la defensa que opusiera la apelante y cuyo rechazo motiva el cuestionamiento, se funda en que los Sres. Jorge Daniel Córdoba y Claudia Alejandra Cejas interpusieron la demanda diciendo que comparecían “por derecho propio”, por lo que no estaban legitimados para reclamar en ese carácter la reparación de los daños sufridos por su hija menor de edad. Pero ese agravio no puede ser recibido porque, aunque la apelante no esté de acuerdo, le asiste razón al sentenciante cuando dice que a pesar de la deficiencia técnica que muestra la demanda cuando incluye la expresión “por derecho propio”, una lectura integral de aquella revela claramente que los comparecientes se presentan en ejercicio de la representación que la ley les confiere de su hija menor de edad. En efecto, luego de la desafortunada expresión, en el mismo renglón, dicen comparecer “en nuestro carácter de padres de la menor R.D.C.”. Más adelante añaden que como consecuencia del hecho en que se funda la demanda “los accionados ocasionaron daño a nuestra parte y a nuestra hija” pero, si se analiza el modo en que han sido descriptos los daños cuya reparación se reclama, puede advertirse que únicamente se incluyen los sufridos por la hija: daño patrimonial provocado por la disminución de capacidad laboral provocada a la niña por el hecho y daño moral sufrido también por la niña.

Si a lo dicho se añade que los comparecientes acompañaron a la demanda la partida de nacimiento de su hija, de acuerdo con lo prescripto por el art. 90 del C.P.C.C., no puede caber duda alguna que la intención de los comparecientes fue actuar en nombre y representación de su hija y que la inclusión de la expresión “por derecho propio” obedece a una simple inadvertencia, si no al desconocimiento de su sentido técnico, por lo que no puedo menos que coincidir con el juez a quo en que rechazar la demanda sólo por ese defecto de la presentación, constituiría un exceso ritual manifiesto incompatible con un adecuado servicio de justicia, que viciaría al pronunciamiento de arbitrariedad.

3. La apelante reitera los argumentos esgrimidos en primera instancia para insistir en que el hecho que provocó el daño a la actora constituyó un caso fortuito por el que no debe responder, porque considera que era imprevisible “la conducta de un alumno que en horas de clase, y mientras se encuentra la profesora en el aula dando su materia, arroja un objeto hacia un ventilador ocasionando en éste un rebote que lo impulsa hacia el lugar en que se encuentra otro alumno”. Pero esa descripción del hecho dañoso, tomada textualmente de la contestación de la demanda del Estado Provincial a fs. 46, lejos de encuadrar en el concepto de caso fortuito, constituye un supuesto de daño causado por un alumno menor de edad del establecimiento mientras se hallaba bajo el control de la autoridad educativa, a otro alumno en idénticas condiciones y ese supuesto queda atrapado por las previsiones del art. 1117 del C.Civil sin lugar a dudas.

En efecto, más allá de que resulta absolutamente previsible que un niño o adolescente cometa un acto de indisciplina durante una clase, mientras éste se encuentra sujeto a la autoridad escolar los hechos que ejecute no son ajenos o extraños al establecimiento que lo tiene bajo su cuidado y, por eso, la ley ha responsabilizado a la institución.

Esa es la razón por la que se ha resuelto que “el propietario del establecimiento educativo sólo podrá eximirse de responder por los daños sufridos por un alumno demostrando el caso fortuito ajeno al comportamiento de los educandos, o el hecho de un tercero extraño a los riesgos cubiertos por la obligación de seguridad, no resultando eficaces a tales efectos otras probanzas referidas a su ausencia de culpa” (CNCiv., Sala B,1997/10/09, La Ley, 1999-D, 589, con nota de Gianfelici, M. C.).; como así también que “el empujón que un compañero propina a otro durante el recreo provocándole daños o lesiones no puede ser considerado como caso fortuito y eximir de la responsabilidad objetiva prevista en el nuevo texto del art. 1117 del Cód. Civil, para los propietarios de los establecimientos educativos” (C4a Civ., Com., Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza,2004/02/25, LL Gran Cuyo, 2004-990).En síntesis, como lo ha sostenido la Cámara Nacional Civil, Sala C de la Capital Federal “sólo el caso fortuito ajeno al responsable o al riesgo propio de la tarea es idóneo para liberar de responsabilidad al establecimiento educativo, ello conforme a lo establecido en el art. 1117 del Código Civil reformado por la ley24.830”(CNCiv., Sala C,2007/09/04, RCyS, 2007-1066) y las reglas de la experiencia demuestran que el hecho de que un alumno lance un objeto que termina dañando a otro no es, en absoluto una circunstancia ajena al riesgo propio de la actividad educativa, dirigida a menores o adolescentes.

Resultan irrelevantes los argumentos de la apelante por los que pretende persuadir al tribunal de que, ni la profesora, ni el resto del personal del colegio, tuvieron oportunidad de impedir que este alumno lanzara la lapicera de manera tal que pegara en el ventilador de techo desencadenando los hechos que provocaron el daño o que la conducta de este alumno fue sorpresiva porque en ese momento no se registraba en el aula ningún tipo de indisciplina o que no hubo descuido ni desatención del personal de la escuela al no haber requerido la inmediata atención médica para la actora. Es que la ley 24.830 modificó el art. 1117 del C.Civil y, al establecerse un régimen de responsabilidad objetiva fundada en la “garantía” como factor de atribución se ha suprimido como causal eximente la prueba de “que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería y con el cuidado que era su deber poner” contemplada en el texto legal derogado.

Dice Sagarna que “la norma se funda en el factor de atribución objetivo de “garantía” y eso significa que el alumno debe retirarse del instituto de enseñanza, público o privado, “sano y salvo”. Del incumplimiento de esta obligación se origina la responsabilidad establecida en la norma”. (Sagarna, Fernando Alfredo. Comentario al art. 117 del C.Civil en Legislación Premium, La Ley On line, AR/LCON/0TAQ).-

Dentro del desarrollo de este agravio hay una referencia algo confusa a “la responsabilidad endilgada por esta parte a los progenitores de la menor”. No se alcanza a comprender si se trata de un agravio independiente por el rechazo del argumento por el que se sostiene que en la cadena causal habría interferido una supuesta demora de los padres en hacer tratar a la niña por un médico, pero pese a la deficiencia técnica con que está expuesto este agravio, si es que pretende serlo, debo decir que no existe en autos ningún elemento de prueba que acredite que el tiempo transcurrido desde el momento del hecho hasta que la niña recibió atención médica haya tenido alguna incidencia en la producción o agravamiento de la lesión que nos ocupa, por lo que este argumento debe ser también desestimado.

Tampoco puede recibirse el tercer agravio referido al plazo fijado para el pago, porque el art. 806 del C.P.C.C. ninguna relación guarda con esa cuestión. En efecto, una cosa es el plazo para cumplir la sentencia y otra es el momento a partir del cual ésta puede ser ejecutada. La sentencia se pronuncia sobre lo primero y la norma del C.P.C.C. que se invoca regula sobre lo segundo, de manera que no existe la contradicción que se alega.

3. La parte actora ha apelado los honorarios a su cargo regulados a los Dres. Zunino y Quiroga, apoderados de la directora del establecimiento contra la cual no prosperó la demanda.

Los apelados dicen que el recurso es inadmisible porque no fue fundado en primera instancia, pero la jurisprudencia es pacífica al sostener que, si de todos modos la segunda instancia va a ser sustanciada con motivo de otros agravios o de otro recurso -como es el caso- el objetivo de darle celeridad al proceso que se propuso el legislador ya no se logra y, en esas circunstancias, declarar inadmisible el recurso por honorarios por no haberse expresado los agravios en el escrito de interposición constituiría un exceso de rigor formal. Por eso no corresponde admitir el planteo de los apelados.–

La recurrente considera que los honorarios de los Dres. Zunino y Quiroga deben ser regulados tomando la misma base que se ha utilizado para los de los demás letrados, a cuyo fin argumenta que, si la demanda ha prosperado contra uno de los demandados, estamos frente al supuesto de rechazo parcial de ésta, contemplado en la segunda hipótesis del inciso 2º del art. 29 de la ley 8226 y no en el de rechazo total, contemplado en la primer hipótesis de dicha norma. Pero ese argumento no tiene sustento porque es claro que en autos ha existido una acumulación subjetiva de acciones, es decir que tramitaron conjuntamente dos demandas: una contra el Estado Provincial y otra contra la directora de la escuela; la primera prosperó parcialmente y, por eso, los honorarios que corresponden a ella fueron regulados tomando la base que pide el apelante, pero la segunda fue rechazada íntegramente y, por eso, es correcta la base regulatoria que ha tenido en cuenta el tribunal a quo.

El planteo de inconstitucionalidad del art. 29 de la ley 8226 por pretendida violación del principio de igualdad, en cuanto se formula para cuestionar la regulación practicada tomando como base el monto de la demanda no puede ser recibido porque es evidente que las condiciones y circunstancias son diversas si la demandada ha sido rechazada totalmente o si ha prosperado parcialmente y eso justifica al trato desigual en principio. Además, no se advierte cuál pudiera ser la lesión constitucional que derive de cuantificar la labor profesional del abogado con relación a la cuantía de la pretensión contra la cual defendió a su cliente. En ese caso, la relación entre la base regulatoria y la importancia de la tarea que se retribuye es incuestionable. La cuestión podría merecer un análisis más detenido si el planteo se formulara para cuestionar por insuficiente el monto del honorario del letrado a quien, interviniendo en la misma causa, se le regula con una base inferior; pero esa no es la cuestión planteada en este recurso.

Sí encuentro razón al apelante en que las circunstancias concretas del caso de autos no justifican la aplicación del punto medio del arancel, porque la improcedencia de la acción intentada en contra de la directora de la escuela no constituyó una cuestión jurídica compleja y requirió escasa actividad probatoria. Esa circunstancia, sumada a la cuantía de la demanda hace que, en mi opinión, sea justo aplicar un punto sobre el mínimo de la escala del art. 34 de la ley 8226, es decir del 14 por ciento.

Por tanto voto por la negativa en cuanto a la apelación del Estado Provincial y por la afirmativa, con los alcances expresados en el párrafo anterior, en lo que hace a la apelación de la actora.

Las costas del recurso del Estado deben ser a cargo del apelante, por lo que deberá fijarse el porcentaje para regular los honorarios de la letrada de la actora de acuerdo con las previsiones de los arts. 36, 39 y 40 de la ley 9459 y las costas del recurso de la accionante deben ser impuestas por el orden causado según lo establece el art. 112 de la ley 9459.

El señor vocal doctor Julio L. Fontaine dijo:

Adhiero al voto del Dr. Guillermo E. Barrera Buteler.

La señora vocal doctora Beatriz Mansilla De Mosquera dijo:

Adhiero a las consideraciones manifestadas por el Sr. Vocal del primer voto.

A la segunda cuestión:

El señor vocal doctor Guillermo E. Barrera Buteler dijo:

Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión y conforme al resultado dela votación en el acuerdo propongo: 1) Rechazar la apelación del Superior Gobierno de la Provincia, con costas y fijar el porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios de la Dra. M.A. por su labor en la alzada en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459. 2) Hacer lugar a la apelación de la actora y regular los honorarios de los Dres. A.Z. y E.Q., en conjunto, por su intervención en primera instancia, en la suma de Pesos Treinta mil trescientos ($30.300).

El señor vocal doctor Julio L. Fontaine dijo:

Adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante.

La señora vocal doctora Beatriz Mansilla De Mosquera dijo:

Adhiero a la decisión que propone el Dr. Guillermo E. Barrera Buteler en su voto.

Por el resultado de los votos que anteceden el Tribunal: resuelve: 1) Rechazar la apelación del Superior Gobierno de la Provincia, con costas y fijar el porcentaje para la oportuna regulación de los honorarios de la Dra. Marta Susana Azerrad por su labor en la alzada en el cuarenta por ciento del punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459.

2) Hacer lugar a la apelación de la actora y regular los honorarios de los Dres. Angel Rodolfo Zunino y Elena Lilia Quiroga, en conjunto, por su intervención en primera instancia, en la suma de Pesos Treinta mil trescientos ($ 30.300). — Julio L. Fontaine. — Guillermo E. Barrera Buteler. — Beatriz Mansilla de Mosquera.

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