Responsabilidad civil de un denunciante frente al sobreseído en sede penal

RESPONSABILIDAD POR DENUNCIAS.  Una persona, denunciada por el delito de amenazas y luego sobreseída interpuso demanda por daños y perjuicios contra la denunciante. El juez de primera instancia resolvió rechazar la acción, decisión que fue apelada. La Cámara declaró desierto el recurso interpuesto.

1. La acción de daños y perjuicios por “acusación calumniosa” no resulta procedente, puesto que, aún cuando el actor fue sobreseído de la acusación, las constancias de la causa penal y civil no permiten encuadrar la denuncia objeto de reproche en un obrar doloso o negligente que configure la responsabilidad del denunciante, máxime cuando ha existido un entredicho previo entre las partes acreditado a través de prueba cartular.

2. El recurso de apelación interpuesto por el actor contra una sentencia que rechaza una acción de daños y perjuicios debe declararse desierto, puesto que la expresión de agravios no ha configurado, ni en un mínimo, una crítica concreta, objetiva y razonada que ponga de manifiesto el error atribuido al pronunciamiento del a quo, máxime cuando esta expresión se limita a reiterar los argumentos del escrito de inicio.

JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] En igual sentido. Entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, “Braidot, Silvia Inés c. Baric, Juan José s/daños y perjuicios”, 22/11/2011, La Ley Online AR/JUR/78617/2011

[1] Ver también. Entre otros: Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “F., R. A. c. Rasic Hnos. S.A.”, 03/10/2007, Publicado en: LLC 2007 (noviembre), 1071, AR/JUR/5601/2007

[2] Ver también. Entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, “A., S. R. c. V., N. O.”, 24/02/2011, LA LEY 13/05/2011 , 6, con nota de Magdalena B. Giavarino; LA LEY 2011-C , 227, con nota de Magdalena B. Giavarino; DJ 08/06/2011, 65 – Sup. Doctrina Judicial Procesal 2011 (noviembre) , 20, con nota de María Silvina Domínguez; AR/JUR/992/2011

CONTEXTO DOCTRINARIO DEL FALLO

[1] AITA TAGLE, Fernando y CORNET, Santiago, “Algunos aspectos sobre la responsabilidad civil por denuncia penal culposa: influencia del proceso penal, prueba de la culpa y pautas para la valoración y cuantificación del daño moral”, LLC 2009 (abril), 267

[2] DOMÍNGUEZ, María Silvina, “Recurso de apelación. Expresión de agravios. Recurso desierto”, Sup. Doctrina Judicial Procesal 2011 (noviembre), 20

CNCiv., sala J, 2011/10/27. – Scott, Sonia Lorena c. Guerra Cruz, Angelina s/daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/67333/2011]

[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline.com.ar]

CONTEXTO NORMATIVO DEL FALLO

Leyes 21.839 (Adla, XXXVIII-C, 2412); 24.432 (Adla, LV-A, 291).

2ªInstancia.— Buenos Aires, octubre 27 de 2011.

La doctora Mattera dijo:

I La sentencia obrante a fs. 98/102 rechazó la demanda incoada por la Sra. Sonia Lorena Scott contra Angelina Guerra Cruz, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la denuncia efectuada por la accionada por el delito de amenazas que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13 Secretaria N° 80, en el cual finalmente se resolviera su sobreseimiento definitivo.

Contra dicho pronunciamiento se alza la actora, fundando su recurso en el escrito obrante a fs. 126/127, corrido el pertinente traslado de ley el mismo no fue respondida por la contraria.

A fs. 135 se dicta la providencia llamando autos a sentencia, la que fuera consentida por las partes, encontrándose las actuaciones en estado de resolver.

II. En primer término, ha de señalar que la expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.

Por ello, resulta inviable la apelación en mérito a lo establecido por el art. 265 del Código Procesal, cuando los agravios de los recurrentes se limitan a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos ante el a quo en el escrito de inicio, sin hacerse cargo de las consideraciones que aquél expresó al fundar su sentencia, por cuanto se pone en evidencia la falta de un agravio específico respecto de las apreciaciones efectuadas por el magistrado de la instancia previa.

Ello así, por cuanto el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, marzo 22 de 2005, expte. 40.851/2003, Idem., id., 1/10/09, Expte. Nº 2.575/2004 “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/BankBoston N.A. s/cancelación de hipoteca”, Id., id., 11/6/2010, Expte. Nº 7153/2007 “Presa, Cesar Dabel c/Silva, Néstor y otros /daños y perjuicios”, entre muchos otros).

Es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (conf. C. N. Civ., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/F, R A”).

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

De allí entonces que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto.

Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 70.098/98 “Agrozonda S. A. c/Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/escrituración” y Expte. Nº 60.974/99 “Agrozonda S. A. c/Santurbide S. A. y otros s/daños y perjuicios” del 14/8/09; Idem., id., Expte. Nº 43.055/99, “Vivanco, Ángela Beatriz c/Erguy, Marisa Beatriz y otros s/daños y perjuicios” del 21/12/09).

Esto es lo que ocurre en el caso, el que no ha cubierto siquiera ese cuestionamiento mínimo en forma eficaz, por lo que deberá declararse desierto el recurso.

III. Sin perjuicio de ello señalaré que el Magistrado, con cabal precisión y profusas citas doctrinarias, analizó todo el marco teórico aplicable al caso y concluyó considerando las constancias de la causa penal y civil que no se encontraban reunidos los extremos de negligencia o imprudencia que debe configurase para atribuir responsabilidad a la accionada, teniendo en cuenta que de los propios dichos de las partes e intercambio telegráfico, que el origen de la denuncia que formulara la Sra. Guerrra Cruz, ha sido un entredicho con la accionante, plasmado con la prueba cartular de fs 4/8 acompañada en autos por la actora, para concluir entonces en la improcedencia del reclamo efectuado.

La “acusación calumniosa” consiste en la falsa imputación de un delito que pone en movimiento una acción judicial, ya sea por querella o simple denuncia. Los requisitos de esta figura son la imputación de un delito de acción pública, que se formule la correspondiente denuncia ante autoridad pública —policial o judicial— y la falsedad del acto denunciado, pudiendo hablarse de denuncia calumniosa o falsa denuncia cuando, además, el proceso iniciado por la denuncia ha terminado por absolución o sobreseimiento (Conf CNCiv, esta sala, 20/2/2008, Expte. Nº 43.272/2001 “Calandrino, Alberto c/Llanos, María D. s/Daños y perjuicios.”, Idem 5/11/2011 “Neuhaus, Ariel y otro c/Boehringer Ingelheim S.A. s/Daños y Perjuicios” entre muchos otros).

Sobre este punto la doctrina se halla dividida. En efecto, para una parte de ella la acusación es calumniosa si el sujeto actúa “con conocimiento de la falsedad de la imputación”, es decir, sabiendo que el imputado era inocente, siendo menester aquí entonces el “dolo” configurativo del delito civil (art. 1072 C.C.).

Para la otra corriente no resulta necesario que se haya actuado con conocimiento de la falsedad y con intención de dañar, basta que el autor de la denuncia o querella haya procedido con culpa o negligencia al efectuar la imputación; es decir, se genera un supuesto de cuasidelito civil, “hecho ilícito que no es delito” según el Código Civil (Conf CNCiv, esta sala, 20/2/2008, Expte. Nº 43.272/2001 “Calandrino, Alberto c/Llanos, María D. s/Daños y Perjuicios” ídem, Sala D, 10/11/97, expte. N° 16.928/95 “Obregon, Pedro c/Sandler, N. s/Daños y Perjuicios”).

Las acusaciones precipitadas e imprudentes se caracterizan por haber procedido el agente a denunciar o querellar sin la debida diligencia, meditación y previsión acerca de la existencia del delito, o de quien pudiera resultar su verdadero autor, poniendo en movimiento la jurisdicción penal del Estado, sin haber tenido causa fundada para hacerlo (Conf. Pecach, Roberto, “Responsabilidad Civil por denuncias o querellas precipitadas e imprudentes”, JA 65-115).

Es que el art. 1090 no puede interpretarse como enervante del principio general conforme al cual todo aquel que por su culpa o negligencia causa un daño a otro está obligado a su reparación (art. 1109 CC) (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Código Civil Comentado, Belluscio – Zannoni, t. V, pág. 259) de allí que se sostenga que en nuestro sistema de responsabilidad civil basta la culpabilidad en sentido lato, esto es, comprensiva del dolo y la culpa, e incluso que el art. 1090 debe aplicarse también a los cuasidelitos (Zavala de González, Matilde, ob. cit., pág. 409).

Ahora bien la posición doctrinaria más estricta exige, para que exista derecho resarcitorio en el denunciado, que la absolución o el sobreseimiento hayan sido dictados en sede penal únicamente por las causales de inexistencia del hecho o de falta de participación del imputado (Zavala de Rodríguez, Matilde, “Resarcimiento de daños, Daños a las personas (integridad espiritual y social)”, Tomo 2 C, Editorial Hammurabi, pág. 389; Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, “Instituciones de Derecho Civil – Obligaciones”, Editorial Hammurabi, Tomo IV, pág. 370, entre muchos otros).

Pero aún cuando se adoptara una posición más flexible, admitiéndose la posibilidad de que existan casos excepcionales en los que, no obstante haber terminado el proceso penal en sobreseimiento o absolución basados en otras causales, pueda acreditarse la culpa del denunciante, naciendo de ese modo su obligación de indemnizar (Aita Tagle, Fernando; Cornet, Santiago “Algunos aspectos sobre la responsabilidad civil por denuncia penal culposa: influencia del proceso penal, prueba de la culpa y pautas para la valoración y cuantificación del daño moral”, LLC 2009 (abril), 267).).

Sin embargo, no caben dudas que la carga de la prueba de dicha culpa recae en quien la imputa, lo que no es más que la aplicación del art. 377 Cód. Procesal a la teoría de la causalidad adecuada. Ello así, por cuanto en los ilícitos que afectan el honor, el factor de atribución (imputatio iuris) debe ser necesariamente subjetivo, fundado exclusivamente en el dolo o la culpa, puesto que no existe base normativa para una imputación objetiva al acusador (Conf CNCiv, esta sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/daños y perjuicios).

La Corte Suprema ha sentado criterio sosteniendo que la sola existencia de un fallo judicial que disponga la absolución o sobreseimiento del imputado no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios derivados de la denuncia, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo, culpa o negligencia (Fallos: 319: 2824; 330:2464).

La culpa del denunciante o acusador quedará evidenciada cuando se advierta que se excedieron los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de acusar. Tal transgresión se pondrá de manifiesto ante una incriminación formulada sobre bases inconsistentes, o con omisión de elementales actos de comprobación de la verdad de los hechos, o cuando la denuncia o querella se revela como un mero instrumento para denigrar o menoscabar al afectado (Conf. CNCiv. esta sala, 15/2/2011, Expte. Nº 88.484/2000 “Román Hontakly, César Adrián c/Hechy, Marta Susana y otros s/daños y perjuicios”).

En este sentido, calificada doctrina considera que la culpa debe ser grave en virtud de la necesidad y conveniencia de preservar el interés social en aras a la investigación y represión de los delitos penales (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Código Civil… ob. cit., pág. cit.), aporía que por cierto genera una evidente “tensión” entre tal necesidad social y la protección del honor de las personas (Loustaunau, Roberto, “El delito civil de acusación calumniosa”, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, 2006 – 2, “Honor, imagen e intimidad”, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 212).

Ahora bien, hubiera sido menester que se demostrara que la accionada había actuado mediando dolo o, al menos, una grave negligencia o imprudencia, circunstancias que no se configuran en el supuesto de autos, En la especie no existen elementos que permitan encuadrar la denuncia objeto de reproche en un obrar doloso y, ni siquiera, en una actuación negligente toda vez que la misma se generó conforme la prueba aportada por las partes como también de las constancias de la causa penal, por conflictos personales y vecinales entre las partes y las circunstancias que rodearon el hecho denunciado descarta de plano la posibilidad de responder por los daños y perjuicios reclamados.

IV. Por otro lado y en cuanto a la declaración de puro derecho de la causa, como es sabido, el principio de preclusión impide que se renueve el debate respecto de aquellas cuestiones que han sido decididas en la causa mediante resoluciones firmes (conf. Palacio “Derecho Procesal Civil”, T. 1 Pág. 282) y definitivamente consolidadas durante la sustanciación de la causa.

El debido acatamiento a este principio procesal, lleva a concluir que la pérdida del ejercicio de una facultad procesal no solo alcanza a las partes sino también al órgano jurisdiccional, por lo que los actos consentidos y firmes quedan irrevocablemente incorporados al proceso.

No puede volverse sobre ella, por haberse “consumado” dicha facultad (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t. I, N° 34, con cita de Chiovenda en N° 97, ps. 284/7).

Por todo lo hasta aquí manifestado, estimo que corresponde declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 105 y concedido a fs. 106.

Por las razones expuestas, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

I) Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 105 y concedido a fs. 106, sin costas en esta instancia, en atención a la ausencia de controversia.

Tal es mi voto.

Las doctoras Wildey Verónadhieren al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal resuelve: I) Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 105 y concedido a fs. 106, sin costas en esta instancia, en atención a la ausencia de controversia. Para conocer los honorarios que fueran regulados a fs 102 vta y que fueran apelados a fs. 107y fs. 115 respectivamente. Atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión en la sentencia de primera instancia, se deben aplicar las reglas que corresponden al rechazo de la demanda o al desistimiento de la acción y del derecho (conf. CNCiv. en pleno en autos “Multiflex SA c. Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 2275 del 30/09/75 (LA LEY, 1975-D, 297; ED 64-250; JA 1976-1-535 tomándose como monto del juicio el reclamado en la demanda. En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 19, 10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria ley 24.432 y por resultar ajustados a derecho, confírmense los honorarios regulados en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese y devuélvase.—

MartadelR.Mattera.—ZulemaWilde.—BeatrizA.Verón.

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