Relación de dependencia del remisero y la agencia

El juez a-quo tuvo por acreditado que entre el actor y la empresa demandada medió una relación de trabajo y acogió el reclamo salarial e indemnizatorio incoado, condenando solidariamente al codemandado en su condición de presidente de la razón social. Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación. La Cámara confirmó la sentencia apelada.

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala X (CNTrab) (Sala X) –

Fecha: 17/05/2012

Cristallo, Lazaro Cayetano c. Autoempresa S.R.L. y otro s/despido

Sumarios:

1. Aún cuando el actor fuera el titular del vehículo con el que prestaba el servicio de remis y solventara los gastos de dicho rodado, que se pudiera hacer reemplazar, que no estuviera inscripto como autónomo o no tuviera dicho vehículo habilitado con esa finalidad no son datos que por sí solos excluyan el vínculo dependiente.

2. Corresponde establecer que entre las partes medió una relación de trabajo dado que no se puede calificar al actor como empresario cuando no estaba inscripto como autónomo, no tenía el vehículo habilitado como remís y no asumía el riesgo de la explotación porque era la empresa demandada quien le asignaba los viajes, fijaba su precio y llevaba adelante su actividad comercial.

3. Si la prestación de servicios del actor como remisero podía ser reemplazada por otra persona, resulta improcedente sostener que entre las partes medió un contrato de trabajo, pues, el carácter personal constituye un elemento “esencial”(del voto en disidencia del doctor Stortini).

Texto Completo: .

 Buenos Aires, mayo 17 de 2012.

El Dr. Enrique R. Brandolino, dijo:

Luego de formular diversas consideraciones y referirse a los elementos probatorios colectados en la causa, el Sr. Juez “a-quo” tuvo por acreditado que entre Cristallo y la codemandada Autoempresa S.R.L. medió relación de trabajo y acogió, en lo principal, el reclamo salarial e indemnizatorio incoado, condenando solidariamente al codemandado Rizzuto, en su condición de presidente de la razón social.

Contra tal decisión recurren los accionados a tenor del memorial de fs. 310/14, debidamente contestado por su contraparte a fs. 321/vta . También apelaron, por elevadas, la totalidad de las regulaciones de honorarios (ver fs. 310), mientras que el perito contador apeló por bajos los emolumentos regulados a su favor (ver fs. 309).

Anticipo mi parecer en sentido negativo a las aspiraciones de los codemandados, porque si bien conforme las reglas que rigen el “onus probandi” (art. 377 C.P.C.C.N.), al actor incumbía, como paso previo a cualquier otra consideración, acreditar que medió relación laboral; tal extremo, luego de evaluar las probanzas arrimadas a la causa (conf. art. 386 C.P.C.C.N.), resulta plenamente cumplido.

En efecto, no está en discusión que Cristallo prestó servicios en calidad de conductor (remisero) en la agencia de servicio de remises de titularidad de Autoempresa S.R.L. extremo reconocido en oportunidad de contestar demanda y corroborados con los dichos de Barboza (fs. 165/6), Viera (fs. 175/6), Quijano (fs. 178), Rodríguez (fs. 211/12) y Crosta (fs. 213/14); y si a ello se le agrega que dichas tareas las cumplió, desde el 5/7/05, de modo personal, normal y habitual, en la agencia que estaba bajo la dirección y organización de dicha codemandada (quien recepcionaba los pedidos, asignaba los viajes, fijaba el precio de los mismos, etc.), la cual obtenía un porcentaje (20%) de lo percibido por cada viaje que le asignaba (conf. conclusión firme de la sentencia en recurso), abonando sumas como las que dan cuenta los informes de fs. 139/40, 202/6, 228/40 y detalle efectuado por el perito contador a fs. 134, no cabe más que concluir, como anticipé, que el reclamante integró los medios personales (conf. art. 5 L.C.T. t.o.) de los que se valió la quejosa para cumplir su actividad (transporte no regular de personas); que no fue otra cosa que un trabajador de los definidos por el art. 25 L.C.T. (t.o.), contratado por un empleador de los señalados por el art. 26 de dicho cuerpo legal, y que el vínculo que existió entre ambos fue una relación de las descriptas en el art. 22 L.C.T. (t.o.).

Ello así, porque existió prestación personal de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y en base a una conducta ajustada a la organización empresaria de la codemandada -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales Cristallo integró. Si alguna duda subsistiera, el art. 23 L.C.T. (t.o.) -derivado del hecho de la prestación de servicios-, la despeja.

En nada obsta a ello que el accionante fuera el titular del vehículo con el que prestaba el servicio de remis y solventara los gastos de dicho rodado (seguro, impuestos y combustibles –esto, sin perjuicio de lo que luego diré-) o incluso que se pudiera hacer reemplazar, o que no estuviera inscripto como autónomo o no tuviera dicho vehículo habilitado con esa finalidad, porque estos no son datos que por sí solos excluyan un vínculo dependiente; pero además el eventual reemplazo no pasó de ser una hipótesis (ninguno de los testigos reseñados por la apelante sostuvo que Cristallo fue reemplazado en el desempeño de su labor, sino todo lo contrario); ninguna documentación se acompañó para demostrar un contrato de transporte (el anexado por el perito contador a fs. 133 no lo es), y tampoco es lógico suponer que una actividad comercial como la que lleva adelante la apelante, pueda serlo con personas que, como el actor, supuestamente podían ir cuando quisieran o cumplir los horarios que le fueran más convenientes.

Destaco, en este sentido, que la relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieran decir de su relación o las denominaciones o las formas que, de buena o mala fe, adoptan para poner un velo sobre lo realmente ocurrido.

Es más, el vehículo no constituye otra cosa que una herramienta de trabajo, pues tal como apuntó el Dr. E., es la condición de contratación, y deducidos los gastos que irroga su mantenimiento, no arrojó un resultado económico más allá del que representa un sueldo normal de actividad (en el caso $ 2.200) para una jornada de doce horas seis días a la semana (extremo que no llega cuestionado), para transportar –reitero el concepto- personas que son clientes de Autoempresa S.R.L., quien fija el importe o precio del viaje (conf. fs. 211).

Sólo restaría agregar, para concluir el tratamiento de los agravios vertidos por la recurrente en estos aspectos, que la determinación de quien carga o soporta los gastos del vehículo (remís), depende del ángulo del cual se aprecia la erogación, pues está involucrada en la tarifa que la remisería percibe del cliente y entrega al chofer (80%). Tampoco se puede calificar al accionante como empresario, cuando no estaba inscripto como autónomo, no tenía el vehículo habilitado como remís, y no asumía el riesgo de la explotación, porque era Autoempresa S.R.L. quien le asignaba los viajes, fijaba el precio de los mismos, y llevaba adelante su actividad comercial, con clientes (sean particulares o empresas) suyos y no del reclamante.

Consecuentemente, cabe desestimar los agravios identificados como primero, segundo, tercero y cuarto; e idéntico temperamento cabe adoptar con la queja referida al modo de imposición de costas (a cargo de los vencidos), pues no es una cuestión matemática que deba resolverse de acuerdo al resultado del pleito medido en números, sino que responde al principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); situación en que están los codemandados, pues fueron vencidos en lo principal de la contienda.

Tampoco tendrá favorable recepción el agravio que el codemandado Rizzuto denomina “errónea extensión de la solidaridad”, pues claramente incumple las prescripciones del art. 265 C.P.C.C.N. al no rebatir el recurrente ninguno de los argumentos dados por el Dr. E. para responsabilizar al mismo en los términos de los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 (to), sino que se limitó a solicitar que se lo considere incurso en lo normado en el art. 930 C. Civil; argumento este cuyo tratamiento está vedado en esta instancia, pues no fue sometido a conocimiento del sentenciante de grado (conf. art. 277 C.P.C.C.N.). De todos modos, la naturaleza jurídica de una relación, no es un error de hecho, y tampoco resulta aplicable a responsabilidades derivadas de incumplimientos a lo que se califica como “deberes de un buen hombre de negocios”. (conf. arts. 54 y 59 L.S.), que es la situación del quejoso.

Atento el mérito y extensión de las labores cumplidas por los letrados intervinientes por ambas partes y lo dispuesto por los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839 y 24.432, lucen elevados, por lo que propicio reducirlos al 16% para la representación letrada de la parte actora y 11% para los demandados, a calcular sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses. En cambio, en mérito a las tareas desarrolladas y lo dispuesto por los arts. 38 L.O. y dec. ley 16.638/57, aprecio adecuado el honorario regulado al perito contador, por lo que corresponde confirmarlos.

Las costas de esta instancia, atento la existencia de réplica, propongo imponerlas a cargo de los codemandados (art. 68 C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa, en el 25% de los correspondientes a la instancia anterior (art. 14 de la ley arancelaria).

Por las consideraciones expuestas, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Reducir los honorarios regulados a la representación letrada del actor y de ambas demandadas al 16% y 11% respectivamente, a calcular sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses; 3) Imponer las costas de esta a cargo de los codemandados (art. 68 C.P.C.C.N.); 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa, en el 25% para cada uno de ellos de los correspondientes a la instancia anterior.

El Dr. Daniel E. Stortini, dijo:

Voy a discrepar con el voto de mi distinguido colega preopinante por cuanto considero, en este específico caso, que no medió una relación laboral subordinada entre las partes ahora en contienda.

En efecto, he sostenido antes de ahora que uno de los caracteres que necesariamente debe presentar el contrato de trabajo es el “personal” o “infungible” que expresamente prevé la L.C.T. (arts. 21 y 37) y así lo dije al votar en la causa “Apreda, Gustavo Alberto c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Los Cardales Country Club s/despido” (sentencia definitiva 17.161 de esta sala X de fecha 29 de diciembre de 2009). El carácter personal constituye un elemento que la doctrina califica como “esencial” (junto con la subordinación) y que no concurre en el caso por cuanto la prestación de servicios del actor como remisero podía ser reemplazada por otra persona e incluso era él quien la proponía a la demandada.

Este hecho -lo remarco- resulta nítidamente probado a través de las declaraciones de los testigos aportados por el propio actor en cuanto coinciden en manifestar que Cristallo “…podía poner otro chofer” reemplazante para conducir el automóvil, dando aviso de ello a la demandada (ver declaraciones de Barboza a fs. 165/6; de Viera a fs. 175; de Quijano a fs. 178).

Lo expuesto es suficiente, a mi ver, para desechar la pretensión de la demanda fundada en la ley laboral al no estar presente la existencia de un contrato de trabajo ya que la prestación laboral era fungible (art. 37 ya cit.).

No cambia mi parecer la operatividad en la especie de la presunción legal “iuris tantum” que prevé el art. 23 de la L.C.T. porque sus efectos pueden ser desvirtuados por prueba en contrario. Y en el caso que ahora interesa, ha quedado alterada en sus alcances precisamente por la falta del carácter personal que de modo insoslayable debe concurrir para la configuración de un vínculo laboral subordinado. En otras palabras, la ausencia de tal elemento posibilita enervar los alcances presuntivos de la mentada norma.

Tampoco obsta a mi convicción que el reemplazo de chofer nunca se haya efectivizado y ello es así porque, más allá de si ocurrió o no un reemplazo, lo determinante es que el actor tenía la facultad de disponer por sí del cambio de conductor del vehículo, lo cual evidencia que en concreto contaba con ese derecho incorporado a su patrimonio, al margen de si lo ejercitó o no durante el transcurso del nexo que lo uniera con la demandada.

Obsérvese además que el remisero se quedaba con el 80 % del viaje y la agencia receptaba el 20 % restante, lo cual aleja toda presencia de un contrato de trabajo ya que esa distribución del rédito se asemeja a una relación asociativa (ver esta sala, en su anterior integración, fallo del 8/08/2000, en autos “Romero Héctor M. c/ Martín, Margarita”).

Repárese en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso de fleteros que obviamente no es el que aquí se trata aunque resulta válido respecto del carácter personal o infungible, ha remarcado que la sola posibilidad de que el actor sea sustituido por otro chofer constituye una circunstancia de suma relevancia para la correcta solución de la controversia (C.S.J.N., fallo del 26/9/89, “Gimenez, Carlos A. c/ Seven Up Concesiones S.A.”, pub. en T. y S:S:, año 1989, p. 870).

Si a lo dicho precedentemente, se adiciona que el actor era el titular del vehículo como también que tenía a su cargo los gastos relacionados con el automotor (combustible, seguro, impuestos, reparaciones) mi voto se define entonces por admitir la pretensión revocatoria de la demandada implementada en su recurso.

La solución que aquí propicio impone dejar sin efecto lo dispuesto por el magistrado de primera instancia respecto de costas y honorarios (art. 279 CPCCN), por lo cual deviene innecesario el tratamiento de los recursos sobre el particular. Propongo que las costas del pleito sean soportadas en ambas instancias por el actor vencido (art. 68 ídem). Respecto de las regulaciones de honorarios de primera instancia postulo para la representación letrada de ambas demandadas en la suma actual de $13.000; los del actor en la de $10.100; y los del perito contador en la de $4900 (arts. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria; arts. 3 y 12 decreto ley 16.638/57).

Voto, en consecuencia, por: 1) Revocar la sentencia apelada y en consecuencia rechazar la demanda interpuesta por el actor contra las demandadas. 2) Dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios. 3) Costas de ambas instancias a cargo del actor. 3) Regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado del actor en la suma actual de $10.100; los de la única representación letrada de las demandadas en la de $13.000; y los del perito contador en la de $4900. 4). Regular los honorarios de alzada para la representación letrada de las demandadas en el 30% y los del actor en el 20%. Ambos porcentuales serán liquidados sobre lo que les ha correspondido por la anterior etapa (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. Gregorio Corach, dijo:

En cuanto es materia de disidencia, por compartir sus fundamentos, en el caso particular donde la posibilidad de sustitución del actor no pasa de ser una mera hipótesis, adhiero al voto del Dr. Brandolino.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Reducir los honorarios regulados a la representación letrada del actor y de ambas demandadas al 16% y 11% respectivamente, a calcular sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses; 3) Imponer las costas de esta a cargo de los codemandados (art. 68 C.P.C.C.N.); 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa, en el 25% para cada uno de ellos de los correspondientes a la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. — Enrique R. Brandolino. — Gregorio Corach.

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