Configura un acto de promoción de la prostitución la entrega de dinero al menor

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL – Promoción o facilitación de la prostitución – Medios comisivos – Entrega de dinero – Tipicidad – Menor de aspecto no equívoco – Error sobre la edad – Condena.

21/12/2011 – Cámara Nacional de Casación Penal, sala I. En autos “Peña, Hugo C. y otros” se determinó que configura un act o de promoción de la prostitución la entrega de dinero al menor aun cuando éste hubiere realizado previamente actos de entrega sexual.

Buenos Aires, diciembre 21 de 2011.

En la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de diciembre de 2011, se reúne la sala 1ª de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el Dr. Raúl R. Madueño como presidente y los Dres. Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky como vocales, a los efectos de examinar y resolver los recursos de casación deducidos por los Dres. Albino J. Stefanolo, defensor particular de Alberto E. Pampin (fs. 1758/1777 ); Claudio M. Armando, defensor público oficial de Osvaldo A. Valdez (fs. 1778/1802 vta.), Ricardo D. Ruggiero y Horacio H. Rivero, defensores particulares de Hugo C. Peña (fs. 1803/1819) y Guillermo F. Dennon y Mario A. Aguirre, defensores particulares de Mónica P. Ruiz y Delmar D. Sarmiento (fs. 1820/1827 vta.), en esta causa 13.726 caratulada “Peña, Hugo C., Ruiz, Mónica P., Sarmiento, Delmar D., Valdez, Osvaldo A. y Pampín, Alberto E. s/recurso de casación”, de cuyas constancias resulta:

1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal n. 17 resolvió condenar a Alberto E. Pampín a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de promoción de la prostitución de un menor de dieciocho años de edad (art. 125 bis, párr. 1, CPen.), condenar a Delmar D. Sarmiento a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de abandono de personas agravado por tratarse del padre de la víctima (art. 107 en función del art. 106, párr. 2, CPen.), condenar a Mónica P. Ruiz de Sarmiento a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por considerarla coautora penalmente responsable del delito de abandono de personas agravado por tratarse de la madre de la víctima (art. 107 en función del art. 106, párr. 2, CPen.), condenar a Osvaldo A. Valdez a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor del delito de promoción de la prostitución de un menor de dieciocho años de edad (art. 125 bis, párr. 1, CPen.) y condenar a Hugo C. Peña a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor del delito de promoción de la prostitución de un menor de dieciocho años de edad (art. 125 bis, párr. 1, CPen.).

2°) Que contra ese pronunciamiento interpusieron recurso de casación la defensa particular de Alberto E. Pampín (fs. 1758/1777); el defensor público oficial de Osvaldo A. Valdez (fs. 1778/1802 vta.), la defensa particular de Hugo C. Peña (fs. 1803/1819) y los defensores particulares de Mónica P. Ruiz y de Delmar D. Sarmiento (fs. 1820/1827 vta.), los que fueron concedidos a fs. 1831 y vta. y luego mantenidos en la instancia.

Recurso deducido por la defensa de Alberto E. Pampín.

La defensa cuestionó los dichos de L. S. por considerar que carecen “de lógica y sentido común”. Sostuvo que el reconocimiento que la nombrada hace de su pupilo no es válido y que de ser cierto el abandono de sus padres y que la “hubieran hecho trabajar de prostituta” ello no indica que Pampín “haya tenido relaciones con la supuesta víctima, y menos aún que conociendo la edad de la misma, lo hubiera seguido haciendo” (fs. 1765 y vta.).

En relación a los cheques cuya entrega se imputa a Pampín como pago por mantener relaciones sexuales con la menor, explicó la defensa que “es ilógico creer en las palabras de S.” y se preguntó por qué recibía los cheques si era menor y no podía cobrarlos. Al respecto añadió que las testigos Claudia E. Giménez y Viviana Acevedo nada dicen de su asistido, ni que este tuviere un trato especial o que los clientes pagaran con cheques. Agregó que su defendido “es una persona conocida, que trabaja en los medios, que su foto se la puede hallar en internet, así como sus trabajos; y bien pudo la Srta. S. equivocarse y pensar” que fue Pampín “quien tuvo relaciones con ella siendo menor, puesto que los cheques eran de su empresa” (fs. 1766 vta.).

Cuestionó también lo dicho por el testigo Suli en cuanto a que recibió como parte del alquiler algún cheque de una cuenta a nombre de Pampín. Señaló la defensa que el testigo no pudo decir “el banco al que pertenecía dicha cuenta, el importe de dicho cheque y finalmente si entregó recibo con los datos del cheque, su número y banco” y que “siendo la profesión declarada del Sr. Suli en la audiencia de debate la de rentista, resulta poco creíble las explicaciones que diera, amén de ser violatorias de las conductas vigentes al momento de ocurrir los sucesos y en la actualidad” (fs. 1767).

Asimismo indicó que S. manifestó haber conocido a Pampín en las vacaciones de invierno de 2001, en tanto que los cheques diferidos “que supuestamente fueron encontrados por la madre de la supuesta víctima en la basura, son diferidos, y con fecha de emisión en 15 y 17/10/2001, con vencimiento en fecha 9 y 12 de noviembre respectivamente” (fs. 1767 vta.) y que tratándose de una orden de pago pura y simple cualquiera pudo haberle entregado ese cheque a S. “pues los cheques, más aún en el año 2001, por la crisis que se vivía en nuestro país, eran pasados de mano en mano” (fs. 1768 vta.).

Añadió que la descripción de la puerta de la vivienda de Pampín efectuada por S. no se corresponde con la del lugar “donde supuestamente él la llevó” sino con la de su domicilio actual.

Señaló que su ex pareja —Ana Gómez Mapegán— declaró que Pampín “no tenía gustos sexuales extraños” y que en el mismo sentido las peritos Guzmán y Singer describieron a Pampín como “una persona normal en la esfera psico-sexual” (fs. 1767 y vta.).

Subsidiariamente cuestionó la subsunción legal del hecho, propiciando su encuadre en el art. 120, CPen., y la aplicación de una pena en suspenso.

Por otra parte planteó la nulidad del alegato de la querella y del Ministerio Público Fiscal, argumentando que la primera “nada sostuvo en cuanto al conocimiento de la edad de L. S. de parte del Sr. Pampín” en tanto que el fiscal general “adhiere a lo dicho por el fiscal de primera instancia, nombrándolo e insistentemente haciendo eco de las cuestiones que el mismo invoca contra Pampín, e igualmente y sin fundarlo, acusa a éste, por la figura del art. 120, CPen., en función del art. 119, del mismo cuerpo legal, también violándose el principio de congruencia, ya que en ambos casos, tanto la fiscalía como la querella han omitido fundar el reproche contra el cual Pampín debía defenderse y ello conculca la posibilidad de la debida defensa en juicio” (fs. 1771 y vta.).

Agregó que en la sentencia se tipificó la conducta de Pampín “como la de promotor de la prostitución, poniéndolo en el mismo lugar de quienes supuestamente así lo hubieran hecho, situación que tampoco está contemplada en nuestro Código Penal” y que el a quo no dio fundamentos para ello (fs. 1772).

Se agravió de la valoración que se efectuó de los testimonios de Vilma Ruiz, Jacqueline Michele Denning y Alejandro Denning. Sostuvo que tampoco se tuvo en cuenta que el encargado del edificio de la calle Sánchez Bustamente donde S. dice haber vivido, declaró no conocerla.

En otro orden de ideas apuntó que la circunstancia relatada por la directora del colegio al que concurría S. en cuanto que esta “era una alumna brillante, a punto de ser abanderada”, resulta incompatible con la situación de una niña que ejerce la prostitución y además vive en un lugar alejado del establecimiento escolar al que concurre.

Recurso de casación deducido por la defensa de Osvaldo A. Valdez.

La defensa de Valdez cuestionó la valoración de la prueba efectuada por el tribunal oral para tener por cierta la participación de su pupilo en los hechos denunciados. Asimismo planteó la atipicidad de la conducta reprochada, alegando que la falta de conocimiento del imputado sobre la edad de S. configura un error de tipo excluyente del dolo y por último impugnó el monto de la pena impuesta, por desproporcionada y vacía de fundamentación.

En lo que atañe a la prueba afirmó que la versión de S. “no encuentra respaldo en ninguna evidencia seria y cierta que lo corrobore” (fs. 1781). Señaló que no se acreditó que Valdez conociera a S., que en caso de haberla conocido no se demostró que supiera su edad, que del relato de S. no puede “extraerse de qué manera” Valdez “pudo haber promovido su prostitución y que tampoco se acreditó “la forma en que supuestamente era ejercida la prostitución en los departamentos de Gallo y Uruguay (de vital importancia para corroborar los dichos de S.) y si la denunciante efectivamente la ejerció en tales departamentos” (fs. 1781 vta.).

Sostuvo que de los dichos de S. “sólo podrá inferirse que ésta pudo haber tenido algún contacto visual con Valdez, ya que lo señaló en la audiencia haciendo referencia a que sabía que éste practicaba golf, pero ese superficial conocimiento no alcanza en lo más mínimo para atribuirle responsabilidad penal alguna” (fs. 1784 vta./1785). Adujo que su pupilo “en el año 2001 no se hallaba vinculado a los departamentos de Gallo y Uruguay”, que si bien “no desconocía que en ellos se ejerciera la prostitución” “no mantenía trato con las personas que allí trabajaban, no las contrataba, ni se ocupaba de ello” y que “si S. fue llevada a los departamentos por un tal `Horacio´ o `Antonio´ —que nunca fue identificado—, ello fue sin conocimiento” de Valdez (fs. 1785).

Añadió que la modalidad de trabajo descripta por S., referida a que “en los departamentos las `chicas´ se exhibían en ropa interior y eran elegidas por los `clientes´ que concurrían al lugar, ha sido desmentida por las propias personas que usaban el departamento para trabajar” (fs. 1785).

Adunó que en ninguno de los allanamientos se encontraron menores de edad, que “ni los recortes de diarios o las publicaciones de Internet, ni las fotografías de los departamentos —pruebas citadas en la sentencia— pueden ayudar a acreditar que S. ejerció la prostitución con conocimiento de [su] asistido o que Valdez la promovió a prostituirse en los mismos” y que “a lo sumo” “podrá tenerse por cierto que en algún momento abonó el alquiler de los mismos, pero no que él se hubiera encargado de algún tipo de `organización´ en el manejo de la actividad que en los departamentos presuntamente ocurría” (fs. 1785 vta./1786).

En relación a los testimonios de Silvina L. Rodríguez y de Viviana del Valle sostuvo que en tanto sólo vivieron en el departamento durante el año 2003, “sus dichos no pueden ser tenidos en cuenta para fundar el juicio de reproche contra [el] asistido” (fs. 1787) y respecto a lo afirmado por Claudia E. Giménez en cuanto a que había conocido a una chica de nombre Florencia, señaló la defensa que “no puede afirmarse que se trate de S.” y que aun cuando se sostuviere lo contrario “no puede afirmarse que ejerciera la prostitución, ya que esta testigo sólo expresó que la conoció en el departamento de Gallo y específicamente afirmó que no sabía qué era lo que ella hacía allí” (fs. 1787 y vta.).

Agregó que de las tareas de inteligencia aludidas en la sentencia sólo se desprende que Valdez concurrió, en un par de oportunidades en el año 2002 a un bar ubicado en una estación de servicios en la intersección de las calles Güemes y Gallo a entrevistarse con otra persona y por otra parte señaló que el reconocimiento que de su pupilo hizo S. en la audiencia “fue meramente formal”, pues la nombrada “no relató ninguna conversación que haya mantenido con [el] asistido, ni expresó cuáles acciones fueron las que habría realizado para promover su prostitución” “aportando sólo de él que era `reservado´ y que se dedicaba al golf” (fs. 1788). A este respecto añadió que de dicha circunstancia o del hecho que S. “conociera por dentro los departamentos” no puede inferirse el “supuesto contacto `directo y repetido´” entre Sarmiento y Valdez (fs. 1789).

Cuestionó la valoración de los dichos de los testigos Alejandro José y Jaqueline Michelle Denning, Vilma E. Ruiz y de Manuel A. Varela. Sostuvo la defensa que “[e]stas personas aportaron otros datos de la personalidad de la denunciante y abrieron la posibilidad de que los hechos ocurrieran de otra manera” y que por ello debió haberse aplicado el principio establecido en el art. 3, CPPN.

Por otra parte afirmó que el testimonio de L. S. “es absolutamente incoherente y falto de precisiones” y que no hay que soslayar que la denunciante “fue única hija durante doce años hasta la llegada de su hermanita, su padre no vivía con ellos y tenía una familia paralela, a los seis años debió vivir en un internado por problemas económicos” y que estas circunstancias “no fueron profundizadas en su estudio por parte del tribunal” (fs. 1791).

Asimismo señaló que la “falta probatoria no puede conducir a una automática flexibilización de la valoración de la prueba en perjuicio del imputado” (fs. 1791 vta.) y que “resulta llamativo” que las autoridades del colegio al que concurría S. hayan afirmado “que obtenía muy buenas calificaciones y que era candidata a ser abanderada, cuando en regla general ante episodios de abuso sexual se produce un desmejoramiento escolar evidente, que no ocurrió en el presente caso” (fs. 1792).

Objetó también el acta de debate, alegando que constituye “una mera enunciación de los elementos de prueba incorporados” “que no permite conocer lo ocurrido en el debate” lo que “limita la labor de los jueces de la casación” y que “esta ausencia repercute en perjuicio del debido control de la sentencia por un superior y afecta efectivamente el derecho de defensa en juicio” de su representado (fs. 1792 vta.).

En lo que atañe al invocado error de tipo sostuvo el recurrente que “no existe prueba alguna que de por cierto que Valdez conocía la edad de S.” y que “el conocimiento requerido por el tipo previsto por el art. 125 bis del Código penal debe ser directo y no puede extraérselo de su apariencia física” (fs. 1795).

Por último y en cuanto al monto de la pena de ocho años de prisión se agravió de que se valore como agravante la edad de la víctima “ya que es un requisito del tipo penal que se le reprocha a Valdez” y por cuanto S. contó haber “sufrido episodios de violación y abuso sexual desde muy temprana edad, mucho antes” de los hechos por los cuales su pupilo fue condenado” (fs. 1799). Sostuvo que tampoco puede computarse como agravante la circunstancia de registrar antecedentes y que debe tenerse en cuenta que el encartado “es una persona de 57 años de edad, separado, tiene un hijo, vive actualmente con su madre y posee una actividad laboral estable” (fs. 1800 vta.).

Recurso de casación deducido por la defensa de Hugo C. Peña.

La defensa de Peña impugnó el pronunciamiento por arbitrariedad alegando defectos en la valoración de la prueba. En esta dirección invocó contradicciones en el testimonio de S., señalando que “la vida de una menor que ejerce la prostitución bajo amenazas y consumo de drogas no es compatible con su excelencia en el estudio; que su horario escolar “sin inasistencias” “se da de bruces con el horario que tenía para ejercer la prostitución”; que no ha aportado datos referentes a la “versión del departamento de la calle Sánchez Bustamente; que nunca antes de la audiencia de debate mencionó que `Magalí´ le comentó a Peña y Valdez sabían que ella era menor de edad y que es también recién en el debate cuando hace referencia a que Peña se dedicaba a la pesca” (fs. 1805 vta.).

Afirmó que “[s]e desoye lo narrado por la víctima respecto a la primera violación sufrida a tan corta edad; el haber presenciado relaciones sexuales entre sus padres, los abusos de las parejas de su tía y su madre” y que “ello a consideración de esta defensa, es lo que lastimó no sólo el cuerpo de esa niña, sino su psiquis. El `estrés disociativo´, postraumático del que hablan los especialistas intervinientes, es, en cierta forma el desencadenante de este relato” (fs. 1806).

Planteó que no se tuvieron en cuenta los testimonios de Néstor R. Descalzo y Cándido D. Montenegro que afirmaron que veían a L. salir de su casa para dirigirse a la escuela y cuestionó la valoración que se hizo de las declaraciones prestadas por Vilma Ruiz, Alejandro Dening y Jaqueline Dening.

Sostuvo que si su asistido “realizó una veintena de excursiones de pesca por todo el país” “no podía encontrarse en los departamentos” de las calles Gallo y Uruguay. Agregó que Giménez acordó con “una recepcionista” “para poder usar una de las habitaciones cuando tenía clientes. Ella se pagaba sus avisos, se pagaba el celular y, cuando atendía un cliente le pagaba lo acordado a la recepcionista. Jamás acordó nada con Peña” (fs. 1806 vta.).

Señaló que “[s]i ningún testigo supo, observó o vio que Peña tratara con la damnificada, Peña no conocía a L. S.”, “nunca trató con L.” (fs. 1808 vta.) y que “la investigación prescindió —sistemáticamente— de extenderse lo suficiente para lograr una `tercera posibilidad´, para ubicar o conocer al NN `Antonio´ u `Horacio´ quien habría sido quien llevó a S. a trabajar a los departamentos” (fs. 1809 vta.).

Invocó un supuesto de errónea aplicación de la ley sustantiva alegando que “[e]l verbo promover plasmado en el tipo penal se asocia a la iniciación de algo, a impulsar un proceso, es decir aquel que inicia” y que “Peña no inició a la entonces menor” pues “cuando la envían supuestamente a cuidar a dos mellizos, en la calle Sánchez Bustamente, es Antonio (u Horacio) quien la obligaba a tener relaciones sexuales y a consumir drogas, y quien la obligaba a concurrir a departamentos a prostituirse”. Con cita de Soler señaló que “no se prostituye lo ya prostituido” y que “[u]na persona una sola vez puede ser corrompida o prostituida, los actos posteriores ya no pueden imputarse en tal sentido” y adunó que no hay prueba de que Peña haya iniciado a la menor en la prostitución o la haya facilitado administrando o regenteando el lugar ya que las mujeres alquilaban una habitación a una recepcionista y “arreglaban con el cliente” (fs. 1812 vta./1813). En esta misma dirección argumentó que se trata de un delito que requiere dolo directo y que “tampoco se probó que Peña conociera la edad de la víctima” (fs. 1813 vta.).

Señaló que “en estructuras como la desarrollada en departamentos donde se ejerce la prostitución, la división de tareas implicaba la necesidad de confiar en la actividad de otros para realizar determinadas diligencias”, en el caso de “Peña en quien desempeñaba la recepción” (fs. 1814). Recurso interpuesto por la defensa de Mónica P. Ruiz y Delmar D. Sarmiento.

La defensa impugnó por arbitraria la valoración de la prueba e impugnó la significación legal asignada al hecho, “la falta de certificación del relato de los diferentes testimonios vertidos en el seno del debate y que los mismos no se encuentran plasmados ni registrados en las actas del mismo” y el monto de la pena (fs. 1820 y vta.).

En cuanto a la calificación legal sostuvo que las circunstancias que la querellante se encuentre estudiando derecho y trabajando como tesorera de una empresa desechan el “daño permanente” alegado por la acusación y receptado por el tribunal oral y por otra parte que la prueba testimonial da cuenta de su buen desempeño escolar y que durante 2001 “concurría de su casa al colegio y de este [emprendía] el regreso a la misma”, lo que a su juicio demuestra “la inexistencia del tipo penal” que se le achaca a sus pupilos (fs. 1824 vta.).

Asimismo señaló que las declaraciones incorporadas por lectura del personal policial y del encargado del edificio de la calle Sánchez Bustamente descartan la hipótesis de que Delmar Sarmiento entregara a su hija a una persona de nombre “Horacio” u “Antonio”, padre de mellizos, que abusa de ella sexualmente, la obliga a consumir estupefacientes y la obliga a prostituirse y demuestran que esa situación es obra de la imaginación de la querellante (fs. 1824 vta./1825).

En lo que respecta al planteo por arbitrariedad en la valoración de la prueba sostuvo que la imputación se basa únicamente “en la declaración unilateral de la presunta víctima, quien en su relato va variando las circunstancias de hecho conforme el tiempo transcurrido, con el único fin de castigar a sus padres por celos principalmente, ocasionado[s] por su padre al poseer otra familia y respecto de su madre, al engendrar una hermana, sin dejar de lado el informe psicológico obrante a fs. 40/43 en donde se describe su personalidad Borderline, con signos de fabulación e idealización” (fs. 1825).

Agregó que el delito que se le imputa a sus pupilos “requiere de un abandono a su suerte que ponga en peligro su vida o su salud a una persona incapaz de valerse por sí misma” y que ese no es el caso de S. teniendo en cuenta que era una buena alumna y que de acuerdo a su historia clínica “fue atendida e intervenida quirúrgicamente, con lo cual también se ha acreditado que su salud se encontraba en riesgo” (fs. 1825 vta.).

Por otra parte cuestionó también el monto de la pena impuesta por considerarlo “exagerado y hasta desproporcionado” teniendo en cuenta que sus asistidos no tienen antecedentes penales.

3°) Que a fs. 1852/1865 se presentó la querellante propiciando se confirme la sentencia impugnada señalando que “todas las medidas probatorias realizadas llevaron a demostrar todo lo declarado por la niña, que las personas imputadas tenían relación entre sí, que los prostíbulos de las calles Uruguay y Gallo existían y que los testigos que expusieron a través de las distintas audiencias señalaron la existencia de tales” (fs. 1853 vta.). Invocó en tal sentido los dichos de Silvina L. Rodríguez, Viviana del Valle Acevedo y Claudia E. Giménez, recordando que esta última “explicó que no sólo recordaba el allanamiento que se había realizado por la policía buscando a una menor de edad que respondía al nombre de `Florencia´ sino que conocía a una niña que se encontraba en tales lugares y que respondía a tal nombre describiéndola como `…una chica chiquita, de catorce o quince años, que concurría habitualmente al departamento…´” (fs. 1854). En esta misma dirección afirmó que en sentido conteste con esas declaraciones L. S. “no sólo describió pormenorizadamente los lugares, fechas, el mobiliario, los registros de clientes y pagos sino que también dijo que en tales lugares ella era conocida con el nombre de `Florencia´” (fs. 1854).

Señaló que de las constancias de la declaración de L. S. en Cámara Gesell “se puede ver la notoriedad de su minoridad de edad”. Manifestó que Sulli declaró haber recibido en pago por el alquiler de los inmuebles cheques de una cuenta cuyo titular era Pampín y que por otra parte S., que reconoció a Pampín como el cliente especial que la elegía porque sabía que tenía catorce años, también aportó un cartular de la cuenta del nombrado (fs. 1584).

Asimismo apuntó que S. describió sus encuentros con Pampín ya en una de sus primeras declaraciones y en relación a su buen desempeño escolar sostuvo que los informes psiquiátricos y psicológicos indican que la menor “padecía `estrés disociativo´, `estrés post-traumático´, es decir, tapar una realidad que angustia desconectándose de ella” y que por otra parte “[c]on posterioridad y estando ya protegida, L. S. sufriría tres tentativas de suicidio” (fs. 1856 y vta.).

Por otra parte sostuvo que S. pudo ser interrogada por las defensas; que a pesar de no saber quiénes se encontraban en la sala de audiencias reconoció allí a los imputados Valdez y Peña; que sin su relato “no se hubiera llegado al conocimiento de estas personas” y que los roles que cumplían tanto Pampín como Peña y Valdez “eran exactamente aquellos que ella había dicho que cumplían” (fs. 1857 vta.).

Propició que también se rechacen los agravios dirigidos contra los montos de las sanciones impuestas, por considerar que se encuentran adecuadamente fundadas. En relación a los planteos efectuados por los padres de S. sostuvo que quedó demostrado que la madre le envió notas a la hija “pidiéndole más dinero y amenazándola con que, en caso de que no le entregara más dinero, su hermana A. de un año de edad, pagaría las consecuencias” (fs. 1864 vta.). Asimismo sostuvo que no se explica por qué razón la madre enviaría esa nota a su hija por intermedio de sus sobrinos y expresando que la extraña si todos iban al mismo colegio y en el mismo horario y “si su hija iba a llegar a su casa al mismo tiempo que sus primos o quizá antes que ellos” (fs. 1865). Concluyó que los padres de S. “sabían perfectamente lo que le estaba ocurriendo a su hija y sin embargo la abandonaron a su suerte” (fs. 1865).

4°) Que en la oportunidad prevista por el art. 466, CPPN, el defensor particular de Eduardo Pampín insistió en los argumentos expresados en su recurso de casación (fs. 1868/1872), en tanto que la señora Defensora Pública Oficial ante esta instancia, Dra. L. Pollastri, se presentó a favor de Osvaldo A. Valdez, cuestionando al igual que su colega de la instancia anterior, la valoración del testimonio de la querellante y señalando que “quedaron pendiente de realización numerosas medidas probatorias” y que en tal sentido “[e]ra determinante pues, indagar un poco más acerca del tal `Horacio´ u `Antonio´, quien según S. fue quien la introdujo y mantuvo en el `mundo´ de la prostitución; sobre todo cuando ella aportó el dato concreto del domicilio en que habría residido” (fs. 1873).

Añadió que aun admitiendo que Valdez estuviera a cargo de la administración de los departamentos, lo concreto es que sólo “cobraba un dinero por el uso de las instalaciones y sólo concurría al departamento a buscar la recaudación” y que tratándose de lugares de tránsito “es muy probable que ella supiera de la existencia de Valdez pero no él de la de ella” y que en definitiva no hay ningún elemento de prueba que permita atribuirle “la promoción de la prostitución de S., ya que él jamás habilitó su ingreso en los departamentos, ni se vinculó con ella a fin de mantenerla en ese estado ni nada por el estilo” (fs. 1874).

Por otra parte sostuvo que “S. se habría iniciado en la prostitución a través de `Horacio´ u `Antonio´” y que el “eventual uso que pudo haber hecho S. de las habitaciones del departamento no puede configurar la acción de mantención o acrecimiento a la que se alude, porque mantener y/o acrecentar requiere de actos concretos sobre la persona que la persuadan de continuar, es decir actos de incitación de convencimiento” (fs. 1875).

Subsidiariamente planteó que aun suponiendo que su pupilo supiera de la existencia de la menor en los departamentos y teniendo en cuenta el delito reprochado a los padres de S., “lo único que podría reprochársele es no haber dado aviso a la autoridad policial o judicial de la existencia de una niña menor de dieciocho años de edad ejerciendo la prostitución (obligada por Horacio/Antonio)” y que en ese caso corresponde subsumir la conducta en el art. 108, CPen. (fs. 1875 vta./1876).

5°) Que superada la etapa prevista en el art. 468, CPPN, el tribunal pasó a deliberar (art. 469, CPPN).

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el Dr. Raúl R. Madueño y en segundo y tercer lugar los Dres. Luis María Cabral y Mariano H. Borinsky, respectivamente.

El Dr. Madueño dijo:

I.- Liminarmente cabe recordar que el Tribunal Oral tuvo por probado que “L. P. S. ejerció la prostitución durante el año 2001 en los departamentos ubicados en las calles Uruguay 459, primer piso y Gallo 1527 primer piso de esta ciudad; que allí mantuvo relaciones sexuales con distintas personas a cambio de dinero; que parte de sus ganancias debía dejarlas en pago por el uso de las instalaciones de los departamentos y que la otra parte se la entregaba a su madre para colaborar en el mantenimiento de su pequeña hermana; que los responsables de esos dos departamentos eran Osvaldo A. Valdez y Hugo C. Peña; que uno de los clientes principales era Alberto E. Pampín, quien además de mantener relaciones sexuales con ella, la obligaba a consumir estupefacientes y que sus padres la abandonaron a su suerte cuando L. atravesaba una edad en la que requería y necesitaba de su apoyo y educación, permitiendo que se prostituyera y que se dañara seriamente su salud física y mental” (fs. 1734 vta.).

II.- Sentado cuanto precede corresponde dar respuesta a los planteos contra el acta de debate introducidos por la defensa de Osvaldo A. Valdez. En tal sentido, el agravio aparece expuesto de manera genérica pues se ha omitido indicar cuales serían las constancias que no aparecen reflejadas en el acta. Tampoco se advierte que las defensas hubieran solicitado la inserción de algún elemento que el acta no refleje o que en el recurso de casación hayan sustentado alguna de sus posiciones en una circunstancia no documentada. Más aún, de la lectura del documento en cuestión surge que “[c]oncluidas las últimas palabras el presidente dio por cerrado el debate, convocando a las partes para la lectura del veredicto a las 14:30 hs., con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto, previa lectura de la presente que en alta voz efectué y ratificación, firmaron el presidente, los vocales, el fiscal general, Dr. Juan José Ghirimoldi, los defensores particulares, Dres. Albino Stefanolo, Ricardo Ruggiero, Horacio Rivero, Guillermo Fabián Dennon, la defensora oficial ad hoc, Dra. Sol Ocampo y las letradas querellantes, Dras. Teresita Barragán Recalde y Ana María Terán, por ante mí que doy fe.” (fs. 1689 vta.). Ello demuestra que ninguna de las partes manifestó oportuna oposición al contenido del acta. Por lo tanto, el agravio que en definitiva estriba en que no se habría documentado el contenido de algunas declaraciones testimoniales pero sin indicar concretamente cuál es aquel cuya inserción se habría requerido y omitido con afectación al derecho de defensa, carece de la fundamentación necesaria en orden a demostrar su procedencia.

III.- En lo sustancial, los recurrentes han coincidido en impugnar la valoración que se hizo en la sentencia de los dichos de L. S. En particular las defensas cuestionan el aserto de que la entonces menor hubiera ejercido la prostitución en las condiciones descriptas en el pronunciamiento e invocan, en el caso de los imputados Pampín, Valdez y Peña una incompatibilidad entre la situación descripta por la menor y su buen desempeño escolar en tanto que los padres atribuyen el relato de L. “a una obra de su imaginación” motivada por celos.

En este punto tengo para mí que el cúmulo de la prueba producida en autos y meritada en la instancia anterior conduce a tener por acreditado los sucesos que las defensas cuestionan.

En tal sentido, cabe señalar que más allá de cuáles puedan haber sido los motivos por los cuales L. S. registrara un buen desempeño escolar a pesar de la gravísima situación vital que le tocó padecer siendo menor de edad, lo cierto es que se encuentra demostrado que en el año 2001 y con catorce años de edad ejerció la prostitución en las circunstancias puntualizadas por el Tribunal Oral.

Su relato exhibió coherencia a lo largo de las distintas oportunidades en que tuvo que referir su experiencia. Su vivencia fue narrada con medulosos detalles que dan cuenta de los sujetos involucrados en la trama de su prostitución, modalidad, pagos recibidos, así como los departamentos donde estuvo.

Así, bien notó el a quo que “la primera descripción que hizo L. S. fue mediante la confesión a sus profesores Averna y Licastro quienes relataron los episodios de idéntica manera a la que describió la damnificada”, que “los especialistas psicólogos también se explayaron en idéntica forma” y que en la audiencia realizada a tenor del art. 250 bis, CPPN, relató los hechos tal como luego los rememoró ante el Tribunal Oral (fs. 1735 y vta.).

A su vez, los dichos de S. aparecen corroborados por otros elementos de prueba documental y testimonial que los confirman. Con el resultado de los allanamientos practicados por personal policial, los recortes de los avisos en los diarios y las fotografías que los ilustran, los registros de las publicidades por internet y con las declaraciones de Acevedo, Giménez y Rodríguez quedó demostrado de manera elocuente que en los departamentos de las calles Gallo y Uruguay supra individualizados, se ejercía la prostitución y que L. S. era una de las personas que en el año 2001 realizaban dicha actividad en esos lugares, utilizando el nombre “Florencia”.

Es que tal como anota el a quo, L. identificó ambos inmuebles, describiéndolos por dentro, explicando cómo era el mecanismo de cobro y la atención a los clientes y, como se afirma en la sentencia, no se advierte “qué explicación puede darse a que L. supiera la ubicación exacta de los departamentos; que supiera que los dueños de uno eran los dueños de otro; que supiera cómo estaban distribuidas las habitaciones en uno y en otro; que al exhibírsele las fotografías de ambos, pudiera señalar cuáles correspondían a uno y cuáles al restante; que supiera cuáles eran los horarios de atención en ambos lugares; que supiera que la recaudación era retirada diariamente y que supiera que un sujeto iluminador de espectáculos, cuyo segundo nombre era Eduardo, titular de una cuenta corriente bancaria, era un cliente de esos lugares. Que lo señalara al enfrentarlo en la rueda de personas cuya acta está agregada a fs. 941 y que, además identificara en la audiencia de debate a los imputados Peña y Valdez, identificándolos como Hugo y Osvaldo, respectivamente, agregando que se dedicaba uno a la pesca y el otro a la práctica del golf” (fs. 1737 vta./1738).

Asimismo se tuvo en cuenta que Claudia E. Giménez “identificó a la damnificada con el nombre ficticio de Florencia´ (tal como ella lo refirió) y la describió como muy jovencita, de catorce o quince años de edad” (fs. 1737).

Todo lo expuesto se une a otros elementos de prueba de los que surge sin hesitación la participación atribuida a cada uno de los imputados. A este respecto, corresponde apuntar que aun cuando hubiese sido deseable optimizar los esfuerzos en orden a dar con el paradero del sujeto que la víctima identifica como “Horacio” o “Antonio” y sin perjuicio de las responsabilidades que le cabrían al nombrado en el hecho, la circunstancia de que no pudiese ser habido no concurre a descartar o atenuar las conductas reprochadas a los recurrentes, en tanto la atribución de responsabilidad formulada a cada uno de ellos se sustenta con suficiencia en la prueba producida en la causa.

En lo que respecta a los encartados Peña y Valdez se valoró junto al reconocimiento de los nombrados efectuado por L. S., que ambos admitieron haberse beneficiado con el producido de los departamentos. Si bien Valdez negó su vinculación con los inmuebles en el período comprendido entre los años 1998 y 2003, tanto los dichos de la damnificada y el reconocimiento que efectuó en la audiencia como las declaraciones de las otras mujeres que trabajaban en el inmueble, el testimonio de Carlos Ramón Suli y las tareas de inteligencia efectuadas, demuestran la vinculación que tenía Valdez al tiempo de los hechos con los departamentos sindicados y la actividad que allí se ejercía. La declaración de Viviana Del Valle Acevedo, quien dijo haberse desempeñado como recepcionista en el departamento de la calle Uruguay, resulta conteste con la de la víctima en cuanto a que “el dueño del lugar se llamaba `Osvaldo´”, “que no tocaba el dinero ya que los clientes le pagaban a las chicas y éstas colocaban en una cajita el dinero correspondiente al departamento y que luego Osvaldo retiraba al finalizar la jornada”, “que las chicas concurrían a la recepción y que para trabajar allí tenían que hablar con Osvaldo” y “que las chicas también podían trabajar en otro departamento de la calle Gallo” (fs. 1723).

En la misma dirección se contó con los dichos de Carlos Ramón Suli, quien en su calidad de propietario de los departamentos de las calles Uruguay y Gallo declaró conocer tanto a Osvaldo A. Valdez como a Hugo C. Peña a quienes identificó como los sujetos que le alquilaban esos inmuebles. Asimismo recordó que “hace años que no tiene contacto con Valdez y que se vincula con Peña” y aclaró “que en el contrato figuraba otra persona aunque el convenio fue con ellos” y que “para el pago de alquileres se comunicaba telefónicamente y que un sujeto de nombre `Sebastián´ era quien le pagaba” (fs. 1723 y vta.). En este punto cabe recordar que “Sebastián” también aparece mencionado por L. S. (fs. 1719).

De ahí que frente a todos los elementos reseñados que convergen en la vinculación de Peña y Valdez con la prostitución que se ejercía en los inmuebles de mención, carecen de asidero las manifestaciones defensistas que en el caso de Valdez pretenden que el conocimiento que manifestó tener la denunciante del encartado pudo haber sido `casual´ tratándose de un lugar de tránsito y las de Peña en cuanto intentó demostrar ser ajeno a los hechos a partir de la circunstancia de haber realizado algunos viajes.

Por otra parte, las defensas de Pampín, Peña y Valdez han convergido en la alegación de que el tipo por el que resultaron condenados sus pupilos requiere dolo directo y en la falta de elementos que demuestren que conocieran la edad de la S. El planteo, de la manera en que ha sido expuesto, no involucra una cuestión atingente a la interpretación del tipo, pues en el caso ha quedado demostrado que los tres imputados sabían que L. era una persona menor de edad. Al respecto, el tribunal oral tuvo en cuenta que L. testimonió que Pampín sabía de su edad, pues ella misma se lo había dicho y “especificando incluso que esa circunstancia le resultaba atractiva” (fs. 1738). A ello se suma por un lado lo testimoniado por Giménez en cuanto a que “era notorio que `Florencia (nombre ficticio utilizado por la damnificada) tenía catorce o quince años de edad” y por el otro los registros de la entrevista mantenida con la víctima en diciembre de 2003, casi dos años después de la comisión de los hechos enjuiciados, que demuestran de manera ostensible “que la apariencia física de L. S. reflejaba su edad cronológica” (fs. 1738 y vta.). También se valoró que la vicerrectora del colegio al que concurría L., la describió “como una persona aniñada, delgada, compatible con la edad que tenía, aclarando que nadie podía pensar que tuviera más edad” (fs. 1738 y vta.).

Por otra parte, y en el caso de Valdez y Peña, demostrada su vinculación con el inmueble y con la actividad que allí se ejercía siendo que eran ellos quienes retiraban el dinero recaudado, y “quienes decidían si dejaban ingresar a los locales a personas sospechosas (tal como fue relatado con respecto a una presunta irrupción policial sin orden judicial)” y quienes aceptaban el ingreso de las chicas, queda de manifiesto que “ambos estaban al tanto de la corta edad de L. S.” (fs. 1738).

En lo que respecta a la participación de Pampín en los hechos, cabe señalar que los distintos elementos de prueba atendidos por el a quo validan la conclusión que a ese respecto se expone en la sentencia. L. S. describió y reconoció a Eduardo Pampín (fs. 941/942 vta.) como un cliente especial, que “había que atenderlo mejor que a otros clientes pues, además de ir con habitualidad, dejaba una cantidad de dinero más importante para el departamento por el tiempo que permanecía allí” y “que la recepcionista le había dicho que debía intentar no contradecir a Pampín en sus pretensiones para no perderlo como cliente y que por ello, ante la exigencia de éste, accedió a consumir cocaína e ingerir bebidas alcohólicas pues de lo contrario él decía que se retiraba del lugar” y recordó haber recibido como pago cheques de Pampín (fs. 1718). Además describió los lugares y circunstancias en los que mantuvo los encuentros con el imputado, incluyendo el lugar donde se domiciliaba el nombrado, de quien además dijo que era iluminador de espectáculos. Todas estas circunstancias han sido corroboradas con otras probanzas tales como los cheques librados en la cuenta corriente de Pampín incorporados a la causa y la declaración de Suli, afirmando que recibió como pago por el alquiler de los inmuebles cartulares a nombre de Pampín.

En este contexto, pierden virtualidad las hipótesis defensistas que pretenden que los datos de los imputados aportados por S. pudieron obedecer a una confusión motivada en el caso de Pampín en resultar “una persona conocida” cuya “foto se la puede hallar en Internet” o en el de Valdez en la circunstancia de que por tratarse de lugares de alto tránsito “es muy probable que ella supiera de la existencia de Valdez pero no él de la de ella”.

El correlato entre los dichos de S. y el resto de las probanzas antes mencionadas, y la ausencia de elementos que indiquen un interés concertado o una animadversión de los testigos hacia los imputados, despejan cualquier duda en cuanto a la responsabilidad que les cupo en la promoción de la prostitución de la por entonces menor de edad.

De otra parte, cabe señalar que tampoco se verifica una afectación a la congruencia invocada por la defensa de Pampín, toda vez que la plataforma fáctica descripta en el requerimiento de elevación a juicio no fue alterada en la sentencia y no se advierte ni la defensa ha indicado cuál es concretamente la circunstancia de hecho en la que se funda la calificación recurrida y que no habría sido oportunamente intimada con mengua de su derecho de defensa.

IV.- En punto a la calificación legal cuestionada cabe señalar que el verbo típico promover, cuya realización se atribuye a los encartados Peña, Valdéz y Pampín, no sólo comprende la conducta dirigida a iniciar al sujeto pasivo en la prostitución sino también toda aquella dirigida al impulso de esa situación. El verbo promover empleado en el tipo aparece definido como “iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro” (confr. Diccionario de la lengua española de la Real Academia Español, 22ª ed.) y no advierto razones que avalen una hermenéutica disociada de ese concepto de modo de asignarle al término “promover” un alcance más restrictivo.

Además de las razones de exégesis que sustentan esta interpretación, el criterio guarda coherencia con el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por nuestro país el 25/9/2003, cuyo art. 3.1.b) establece que “todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente: La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en que se define en el art. 2; (por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución)”.

Este mismo criterio ha sido seguido por el Pleno del Tribunal Supremo de España al sostener que “debe examinarse en cada caso, atendiendo a la reiteración de los actos y a la edad más o menos temprana del menor, si las actuaciones de los “clientes” inducen o favorecen el mantenimiento del menor en la situación de prostitución. En este sentido, en los casos de prostitución infantil, jóvenes de 13, 14 o 15 años, ha de considerarse ordinariamente la relación sexual mediante precio como punible, con independencia de que el menor ya hubiese practicado la prostitución con anterioridad, pues a esa edad tan temprana, el ofrecimiento de dinero por un adulto puede considerarse suficientemente influyente para determinar al menor a realizar el acto de prostitución solicitado” (confr. Pleno no jurisdiccional del 12/2/1999).

Al respecto también se sostuvo que “debe examinarse en cada caso (atendiendo a la reiteración y circunstancias de los actos y a la edad más o menos temprana del menor) si las actuaciones de los `clientes´ inducen o favorecen el mantenimiento del menor en la situación de prostitución. En este sentido en los casos de prostitución infantil (joven de quince o menos años de edad), ha de considerarse ordinariamente la relación sexual mediante precio como acción de inducción o favorecimiento subsumible en el art. 187.1, máxime cuando se trata de relaciones reiteradas, con independencia de que el menor ya hubiese practicado la prostitución con anterioridad, pues a esa edad tan temprana el ofrecimiento de dinero por un adulto puede considerarse suficientemente influyente sobre la voluntad del menor para determinarlo a realizar el acto de prostitución solicitado, estimulando y arraigando su dedicación a dicha actividad” (confr. sent. 1207 del 7/4/1999).

Luego el mismo tribunal sostuvo que “la repetición de conductas de naturaleza sexual con un menor de edad, en el caso de catorce años, a cambio de dinero, concebido no ya como premio sino como retribución previamente convenida, debe valorarse ordinariamente como constitutiva de actos que inducen al menor a la prostitución, o al menos favorecen esa dedicación, en cuanto que para su escasa edad le sitúan ante la posibilidad efectiva de obtener un beneficio económico mediante el intercambio de sexo por dinero, con la consiguiente afectación de su dignidad personal y del desarrollo libre y completo de la faceta de su sexualidad como persona” (confr. sent. 1263, del 22/12/2006).

En el caso de Pampín, ha quedado demostrado no sólo que por su carácter notorio sabía que L. S. era menor de edad, sino también que la elegía por tal motivo y para satisfacer sus deseos sexuales a cambio de dinero, y que todo ello se dio en un contexto de habitualidad que pesó en contra de la víctima, pues por tratarse de un “cliente especial” en términos económicos por los ingresos que generaba al departamento, sus exigencias incluían que la víctima consumiera estupefacientes. En ese marco tengo para mí que la conducta de Pampín, constituyó un impulso deliberado a la prostitución de S.. En suma, si el imputado requería los encuentros sexuales a cambio de dinero con la menor, en ese marco también le exigía el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas a lo que L. “no podía negarse pues, si lo hacía, Pampín amenazaba con irse” (fs. 1718 vta.), la conducta se subsume en el art. 125 bis, CPen.

V.- En lo que respecta a la calificación de las conductas de Mónica P. Ruiz y Delmar D. Sarmiento, padres de L., aun cuando considero que el cuadro probatorio obrante en autos determinaría su subsunción en el art. 125 bis, párr. 3, CPen., dicha circunstancia carece de virtualidad para cualquier modificación en la instancia, en virtud de la prohibición de la reformatio in peius (confr. Fallos 334:559).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que además de los elementos de juicio analizados al tratar la responsabilidad que les cupo a sus consortes de causa, concurren también otros elementos que permiten descartar la versión de los hechos traída a la instancia por los progenitores de la querellante y tener por suficientemente fundada la decisión del a quo de extraer testimonios para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio en que podrían haber incurrido los testigos Vilma Ruiz, Jaqueline M. Denning y Alejandro Denning.

Al respecto, cabe recordar que el tribunal oral tuvo por cierto que L. S. dejó de vivir con sus padres en el mes de marzo de 2001 y que partir de ese momento y hasta el mes de noviembre siguiente, fue sometida sexualmente en repetidas veces y obligada a ejercer la prostitución. De contrario, la defensa de Mónica Ruiz y Delmar Sarmiento sostuvo que los dichos de su asistida y los de Elizabeth Córdoba —amiga de la denunciante— “demostrarían que L. permaneció en la vivienda de Moreno todo el año 2001″ (fs. 1738 y vta.).

Más allá de los elementos de juicio ya analizados y que permiten tener por cierto los dichos de L. S., el a quo valoró el testimonio invocado por la defensa de Ruiz. Sostuvo en este sentido que “la referida testigo Córdoba refirió que `creía´ que L. vivía en Moreno porque ésta le comentaba, cada mañana que llegaba dormida y cansada al colegio, que no había podido dormir bien porque los llantos de su hermanita se lo habían impedido” y también “resaltó, contradiciendo a la imputada Ruiz, que durante el año 2001 nunca salió a bailar de noche con L. y que ésta se quedó a dormir en su casa sólo una o dos veces mientras que Ruiz había sostenido que su hija y Elizabeth salían a bailar casi todas las noches; que L. se quedaba a dormir en la casa de Córdoba muy seguido y que eran más las veces que lo hacía allí que en su casa de Moreno” (fs. 1739). Entendió el tribunal que “[e]s claro que esta versión de la imputada sólo tiende a mostrar que L. la engañaba al decirle que dormía en la casa de su amiga cuando, en realidad, ejercía la prostitución” y que “no obstante ello los dichos de la madre de Córdoba, en cuanto sostuvo haber hablado una sola vez con la imputada para avisarle que su hija se quedaría a dormir en su casa” demuestran que Ruiz mintió (fs. 1739). Se advierte entonces que los dichos de las testigos, han sido objeto de un juicio crítico, que se expone en la sentencia, sin que se hayan demostrado vicios lógicos que permitan arribar a una conclusión distinta de la que se efectuó.

Aun cuando los elementos de prueba hasta aquí analizados demuestran con elocuencia el abandono paterno-materno sufrido por la menor, también se valoró que L. fue internada en el “hogar andamio” y que su madre, recién concurrió a buscarla al colegio al que concurría, varios días después. En relación a ello, se añadió en la sentencia que mientras L. “estaba residiendo en los departamentos de Uruguay y Gallo se comunicaba con su madre a través de su primos, quienes se encargaban de llevar y traer el dinero” (fs. 1739 vta.).

Se valoró también que pese a la negativa de la madre, las constancias del expediente civil, permitieron acreditar que cuando Ruiz concurrió al colegio a buscar a su hija se encontró con una persona de nombre María de los Ángeles Bernardi, a quien L. identificó como una de las recepcionistas de los departamentos donde ejercía la prostitución, y que “pese a que Ruiz negó conocer a Bernardi, ésta le recordó que sí se conocían y que ella `trabajaba en una casa con su hija´” (fs. 1740). En cuanto al punto, el a quo extrajo como conclusión que ello demuestra “que L. P. S. se encontraba viviendo en los lugares donde ejercía la prostitución (y no en su casa) y que su ausencia preocupó a quienes la explotaban a punto tal que una de las recepcionistas se presentó en el colegio para averiguar lo que estaba ocurriendo” y que además “la imputada Ruiz, sabía perfectamente que L. estaba ejerciendo la prostitución ya que conocía a la referida recepcionista” (fs. 1740).

Por otra parte, se tuvo en cuenta que cuando L. estuvo afectada de sarampión, en lugar de concurrir a un establecimiento de salud de la localidad de Moreno, donde según la madre y algunos testigos vivía S., fue acompañada al Hospital Gutiérrez, ubicado a sólo dos cuadras del lugar donde residía y ejercía la prostitución.

Pero además resulta definitorio la nota enviada por Ruiz a su hija, aportada por esta última y de la que también se pueden corroborar lo afirmado por S. en cuanto a que su madre le requería el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución y que no es cierto que al tiempo de los hechos estuviera viviendo en su casa de Moreno como sostuvieron su madre y los testigos a cuyo respecto se ordenó la extracción de testimonios para que se investigue la posible comisión del delito de falsedad testimonial. Es que tal como se dijo en sentencia recurrida “más allá de la explicación que sobre el punto ensayó la imputada frente al tribunal (alegando que L. se había demorado unas horas en volver con el dinero que su padre le entregó para llevárselo a ella) resulta claro que ése era el mecanismo de comunicación que mantenían madre e hija, pues de lo contrario no habría necesidad de Ruiz aclarar en la nota que el día en que la labró era un jueves y que sólo le quedaba una escasa suma hasta el día siguiente. Además, si sólo hubiera existido una demora en el regreso de L. a su casa con el dinero, resulta llamativo que Ruiz especificara cuáles eran los padecimientos de su pequeña hija; que cerrara la carta manifestándole que la extrañaba, que le pidiera una respuesta acerca del alquiler de un libro y que todo ello haya sido estampado en una nota, cuando, en realidad, L. habría llegado a su casa con anterioridad a que recibiera el manuscrito” (fs. 1741).

VI.- Respecto a las reglas que moderan el mérito del plexo probatorio, en anteriores oportunidades he señalado que nuestro Código Procesal Penal ha adoptado el sistema de la sana crítica racional art. 398, párr. 2, que conforme al precepto constitucional que exige que toda sentencia debe ser fundada, requiere que las conclusiones a las que se arriba en el veredicto deben ser consecuencia de una valoración racional de los elementos de juicio colectados, respetándose las leyes de la lógica principios de identidad, tercero excluido, no contradicción y razón suficiente de la psicología y de la experiencia común.

El principio de razón suficiente implica que las afirmaciones a que llega una sentencia deben derivar necesariamente de los elementos de prueba que se han invocado en su sustento. Son pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia (confr. mi voto in re “Di Fortuna, Juan Marcelo s/recurso de casación”, causa 3714, rta. el 20/5/2002, reg. n. 4923 de la sala 2ª).

El razonamiento empleado por el juez en su fallo debe ser congruente respecto de las premisas que establece y las conclusiones a que arriba, debiendo expresar por escrito las razones que condujeron a su decisión para posibilitar el control de legalidad.

En esta línea de pensamiento, Pietro Ellero en sus reflexiones acerca de la certidumbre en materia criminal explica que la certeza es la persuasión de una verdad, la convicción de que la idea que nos formamos de una cosa corresponde a la misma, puesto que siempre que se tiene por verdadera una cosa, hay certeza de ella, pues se trata de una verdad de tal naturaleza que se impone a la mente sin discusión. Así, la certeza constituye aquel estado del ánimo en virtud del cual se estima una cosa como indudable (Pietro Ellero, “De la certidumbre en los juicios criminales”, “Tratado de la prueba en materia penal”, Buenos Aires, 1998, ps. 21, 33 y 318).

En este caso, conforme todo lo que se expuso queda claro que el razonamiento contenido en la sentencia impugnada constituye sustento suficiente de la certeza antes aludida en cuanto a la participación y responsabilidad que tuvieron Delmar D. Sarmiento, Mónica P. Ruiz, Osvaldo A. Valdez, Hugo C. Peña y Alberto E. Pampín en la aciaga situación de vida padecida por L. P. S. en el año 2001.

VII.- Por otra parte, tampoco advierto vicios que afecten la individualización de las sanciones impuestas. En el caso de Pampín se le impuso una condena de cinco años de prisión por un delito que prevé un mínimo de cuatro y un máximo diez años de prisión o reclusión para el delito por el que se lo condenó. Se tuvo en cuenta como agravante “la reiterada solicitud de servicios sexuales a la víctima, la diferencia de edad con ésta y las consecuencias dañosas de su accionar”. En tal dirección cabe agregar que acreditado como está que el encartado requería a la víctima el consumo estupefacientes, y aun cuando no se le imputó ese accionar a título de las previsiones de la ley 23737, ello no obsta a que se considere dicha circunstancia como medida de su culpabilidad en los términos del art. 41, CPen., resultando en consecuencia la sanción impuesta, ajustada a las pautas de gradación que prevé la ley sustantiva.

En lo que respecta a Hugo C. Peña se tuvo en cuenta “la extensión del daño causado, las consecuencias dañosas de carácter permanente de su accionar y los motivos que lo llevaron a delinquir”. Además se tuvo en cuenta “el prolongado lapso durante el cual se perpetró el delito, pues el accionar por el cual Peña habrá de ser sancionado se mantuvo alrededor de seis meses” y que los motivos que lo llevaron a delinquir “no fueron otros que los de obtener un espurio beneficio económico a costa de la salud psico-física de la víctima”. También se valoró como agravante que Peña es “una persona adulta, instruida, de nivel socio-cultural bueno y económico muy bueno” y como atenuante la ausencia de antecedentes condenatorios. Las circunstancias reseñadas constituyen fundamento suficiente para la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas que se le impuso.

En el caso de Valdez se meritaron como agravantes la extensión del daño causado la prolongación en el tiempo de los hechos y la motivación económica de su accionar. Asimismo se tuvo en cuenta que se trata de “una persona adulta, instruida y que proviene de un hogar constituido y estable que cubrió sus necesidades durante su infancia y adolescencia”.

Se advierte entonces que las razones expuestas constituyen fundamento suficiente para el monto de la pena impuesta.

Por otra parte y en relación a los cuestionamientos introducidos en cuanto a la valoración de la edad de la víctima cabe señalar que aun prescindiendo de dicha circunstancia el resto de los elementos supra considerados constituyen fundamento suficiente para las sanciones recaídas.

Tampoco se advierten vicios que afecten la individualización de las penas de diez años de prisión impuestas a los padres de la víctima, Delmar D. Sarmiento y Mónica P. Ruiz.

El a quo tuvo en consideración la magnitud del daño que le ocasionó el abandono de sus padres siendo menor de edad, señalando que ello “derivó en forma directa en el ejercicio de la prostitución infantil cuando contaba tan sólo con catorce años de edad” y que “[c]omo consecuencia de lo anterior sufrió daños psíquicos calificados de irreversibles y permanentes que la llevaron a intentar quitarse la vida en tres ocasiones, pues, como lo relató ante el tribunal, “creía que la única solución era morirme”. Asimismo se dijo que “[la] magnitud del deterioro psíquico sobre el que expusieron los profesionales médicos que la asistieron —que diagnosticaron que sufrió un stress post-traumático con síntomas depresivos y deterioro importante de su psiquis con daños permanentes— fue constatado por el propio tribunal. Durante el debate la joven mostró un elevadísimo nivel de perturbación emocional, viéndosela angustiada, vulnerable y nerviosa, sufriendo incluso varios episodios de llanto y temblores que obligaron a suspender su testimonio” (fs. 1745 vta.). Asimismo se tuvo en cuenta también en este caso la motivación económica del accionar y en el caso de Delmar Sarmiento el desprecio demostrado “y la persistencia en su accionar pues pese a que su hija le hizo saber que quería poner fin a los vejámenes que sufría en el departamento de la calle Sánchez de Bustamante, se desentendió de ese reclamo obligándola —pese a su clara oposición— a permanecer en la situación de marginalidad, peligro y promiscuidad sexual en la que, por su abandono colocada” (fs. 1746).

En estas condiciones y no advirtiendo otras circunstancias que concurran a morigerar las penas impuestas, corresponde en esta instancia confirmarlas.

Por todo lo expuesto, voto por rechazar los recursos de casación interpuestos, con costas.

El Dr. Cabral dijo:

Que adhiere al voto que lidera el acuerdo.

El Dr. Borinsky dijo:

Que coincido con el voto del distinguido colega Dr. Raúl R. Madueño en punto al rechazo de las nulidades planteadas por las partes, al análisis de los hechos traídos a estudio y a la valoración de la prueba a su respecto, de la misma manera que con la tipificación finalmente asignada por el a quo a las conductas endilgadas a cada uno de los aquí recurrentes y al monto de las penas impuestas.

Sobre la base de tales consideraciones, en mi leal y firme convencimiento, adhiero al voto que lidera el acuerdo.

Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: Rechazar los recursos de casación deducidos por las defensas de Alberto E. Pampín, Osvaldo A. Valdez, Hugo César Peña, Mónica P. Ruiz y Delmar D. Sarmiento, con costas.

Regístrese, notifíquese en la audiencia designada y oportunamente devuélvase al tribunal de origen sirviendo la presente de atenta nota de estilo.— Raúl R. Madueño.— Luis María Cabral.— Mariano H. Borinsky. (Sec.: Javier E. Reyna de Allende).

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