Compraventa automotor. Efectos de la resolución del contrato

El tribunal de primera instancia hizo lugar parcialmente a una demanda por cumplimiento de contrato, ordenó a la demandada la transferencia de un automotor a favor del accionante y, para el caso de mora en el cumplimiento de dicha obligación, dejó a elección del actor la posibilidad de resolver el contrato y exigir el pago de daños y perjuicios contra la devolución del vehículo. Frente a dicho decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación. La Alzada resuelve admitir parcialmente el remedio deducido y, en consecuencia, modificar la sentencia recurrida.

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, sala II (C Civ y Com Moron) (Sala II). 07/02/2012

Dujaut, Javier Hernán c. León, Alicia Inés s/cumplimiento de contrato

Sumarios:

1. El reclamo del comprador de un automotor, tendiente a obtener la inscripción del bien a su nombre, resulta admisible si, más allá de haber acreditado la existencia del contrato de compraventa y el pago total del precio, probó que, pese a haber transcurrido un plazo de dos años desde la suscripción del boleto de compraventa, la vendedora aceptó realizar dicha transferencia, pues la necesidad de cumplimiento de sus obligaciones ha renacido.

2. De efectuarse la resolución de un boleto de compraventa de un automotor, sólo procede a favor del comprador la devolución de las sumas de dinero abonadas y no el monto por el cual se aseguró el vehículo, pues este modo de extinción de los contratos los deja sin efecto retroactivamente, siendo su consecuencia volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que aquéllos se celebren.

Texto Completo: — Morón, febrero 7 de 2012.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

El doctor Gallo dijo:

I. Antecedentes

1) La Sra. Juez Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 9 Departamental a fs. 260/269 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Javier Hernán Dujaut contra Alicia Inés León, condenando a esta última a efectuar a favor del actor la transferencia del automotor Fiat Fiorino dominio TGB 968 dentro de los treinta días hábiles de quedar firme tal decisorio.

Asimismo la sentenciante dispuso que, en caso de mora en la obligación estipulada, queda a elección del actor resolver dicha obligación en el pago de los daños y perjuicios estipulados en la suma de pesos quince mil quinientos contra la devolución del vehículo a Alicia Inés León, todo ello dentro del plazo de diez días hábiles de notificada a la demandada el ejercicio de la opción, devengándose para el caso de mora los intereses previstos en el Considerando Cuarto in fine.

Además, condenó a la demandada a abonar el actor la suma de pesos cuatrocientos sesenta y cinco con treinta y seis centavos en concepto de reintegro de gastos, con más los intereses estipulados en el Considerando Tercero, Pto. 3.1, dentro de los diez días de quedar firme el decisorio y bajo apercibimiento de ejecución.

Posteriormente rechazó el planteo de temeridad y malicia efectuado por la accionada y decidió imponerle las costas del proceso, difiriendo la regulación de honorarios.

2) Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 271 la demandada, Alicia Inés León, interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido libremente a fs. 272 y se fundó con la expresión de agravios de fs. 291/300vta., replicada a fs. 304/305.

3) A fs. 315, se llamó “Autos para sentencia”, providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.

II. Las quejas

La recurrente embiste contra el mentado decisorio destacando que el mismo resulta incongruente, arbitrario y contradictorio en sí mismo, considerando que el a quo ha incumplido los deberes del funcionario público, habida cuenta que de las constancias de autos surge con la claridad la comisión de un hecho ilicito del cual ha hecho caso omiso, premiando con su sentencia a quien ha urdido una maniobra defraudatoria y no dando intervención a la justicia penal conforme lo solicitara esa parte en su presentación liminar.

Reiterando la solicitud de pase a la justicia penal habida cuenta que la maniobra defraudatoria realizada por el actor surge claramente de la documentación acompañada y ha utilizado a la justicia para lograr un beneficio económico.

Luego centra su embate en lo que entiende que son contradicciones por parte de la sentenciante.

Destaca que un negocio habitual, contrato de venta automotor, con todas las condiciones dadas para ser exitoso, culmina en litigio por el actuar negligente, en primer término y malicioso, en segundo término, del actor, remarcando que tal circunstancia no ha sido considerada por la magistrada de la instancia, quien de manera incomprensible deriva toda la responsabilidad de la frustración del negocio jurídico hacia la demandada, haciendo caso omiso del accionar del actor y eximiendo, inexplicablemente de toda responsabilidad, lo cual entra en evidente conflicto con las constancias de autos, por ello solicita se revoque lo que considera arbitrario fallo y establezca con justeza las prestaciones que las partes se deben recíprocamente.

Cuestiona la sentencia apelada en lo que respecta al daño moral y también en lo referente a la orden de abonar $15.500 para el caso de resolverse la operación; critica además la imposición de costas y lo decidido en lo tocante a la temeridad y malicia.

A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae.

III. La solución desde la óptica del suscripto

Planteada así la cuestión, he de abordar los agravios traídos por la demanda (art. 266 in fine del CPCC) lo que haré parceladamente para mayor claridad expositiva.

Aclaro, solamente, que -por razones metodológicas- la cuestión de la remisión de los antecedentes a la justicia penal la abordaré al final de mi voto, pues la apelante claramente ha solicitado que -aun efectuándose dicha remisión- el proceso prosiga (ver fs. 74 punto V in fine y fs. 300 punto 5 in fine) con lo cual, y no existiendo aun causa penal en trámite, este envío de ninguna manera obsta el dictado de la presente.

a. El acogimiento de la demanda por cumplimiento de contrato

Para su debido análisis considero necesario en primer lugar realizar una reseña del relato de los hechos efectuado por los litigantes al comparecer en autos.

Comencemos.

A fs. 54/60 se presenta Javier Hernán Dujaut promoviendo demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra Alicia Inés León, solicitando se ordene a la demandada realizar la transferencia del automotor dominio TGB 968 a favor del actor, y para el caso de incumplimiento, la resolución del contrato y el pago a su favor de pesos treinta y dos mil sesenta y tres con treinta y seis centavos en concepto de reintegro de gastos y daños y perjuicios, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.

Al relatar los hechos que originan su reclamo manifiesta que el 20 de mayo de 2005 adquirió de la demandada la camioneta Furgón Fiat Fiorino 1993 dominio TGB 968, abonando por dicho vehículo el precio total de U$S1050, haciéndose en dicho momento responsable la vendedora por cualquier inconveniente que impidiera a la actora a disponer libremente de dicho automotor.

Habla de las reparaciones que debió efectuarle al rodado y de todo lo actuado en orden a obtener la realización de la transferencia.

Afirma que cuando, finalmente, se intenta firmar la transferencia a su favor, toma conocimiento que la demandada se hallaba inhibida para disponer de sus bienes, motivo por el cual no fue posible realizarla, obteniendo solo una “cédula azul” a su favor.

En consecuencia, solicita que se condene a la accionada a realizar la transferencia debida y a abonar al Sr. Dujaut la suma de $16.063,36 en concepto de gastos y daños y perjuicios. Para el hipotético caso que no se pudiera obtener la transferencia, solicita se resuelva el contrato en la suma de $16.000 equivalente al valor del automotor, con más sus intereses y costas.

Reclama $15.000 en concepto del daño moral que le ocasionara el obrar inescrupuloso de la demandada y $1063,36 en concepto de gastos que se discriminan en $465,36 en concepto de patentes adeudadas por la Sra. León, $424 correspondientes a los aranceles de la transferencia de Lebrox a León y $9 por informe de multas.

Por último funda su derecho, ofrece pruebas y solicita que se haga lugar a la acción impetrada.

Pasaremos ahora al relato de los hechos efectuado por la demanda al comparecer al proceso.

Así vemos que a fs. 66/76 se presenta Alicia Inés León por derecho propio, realizando en primer lugar la negativa de rigor y en forma particularizada los hechos invocados y puntualizando que la obligación de realizar la transferencia es del adquirente, tal como reza el art. 15 del decreto ley 6582/58.

Habla de la mala fe de la contraparte.

Luego reconoce haber vendido el automotor en cuestión en el estado en el que se encontraba, agregando que en dicho momento hizo entrega al actor de toda la documentación correspondiente, entre la que se encontraba el Formulario 08 firmado por Lebrox S.R.L.

Destaca que el actor no quiso hacer la transferencia a su nombre luego de la adquisición, por cuanto no contaba con el dinero necesario.

Postula que es obligación del comprador la realización de la transferencia y sostiene que su parte optó por no ejercer la facultad de solicitarla por no causarle perjuicio al actor.

Puntualiza que al momento de vender el vehículo, no se encontraba inhibida para disponer de sus bienes y que el automotor no registraba gravamen alguno, resaltando que la inhibición se trabó un año después de realizada la venta, por lo que no resulta atribuible a su parte el perjuicio sufrido por el actor.

Habla de la fecha en que tomó conocimiento de la inhibición, posterior a haber comenzado el trámite de transferencia.

Agrega que la realidad de los hechos es que el actor, habiendo iniciado el trámite de transferencia a su favor el 5 de enero de 2007, toma conocimiento de la inhibición de bienes de la demandada en marzo del mismo año y en ese estado pergeña una maniobra defraudatoria ocultándole la existencia de la medida cautelar para hacer ingresar maliciosamente el bien en su patrimonio para obtener un rédito económico.

Solicita en consecuencia se decrete la temeridad y malicia del actor, solicitando la aplicación de la multa correspondiente.

Así, hemos reseñado las disímiles posturas de los litigantes en relación al hecho que origina estos actuados.

Vimos que los mismos son contestes en cuanto reconocen que los unió la celebración de un contrato de compraventa de un vehículo, el actor en su calidad de comprador y la demandada vendedora.

Se contradicen las versiones en cuanto a la frustración de realizar la transferencia del mentado automotor, cruzándose acusaciones.

Abordemos, entonces, el análisis del caso.

Ello no sin antes recordar que “como regla el Juez tiene el deber de apreciar la prueba lo que no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino seleccionarlos a fin de fundar el fallo en lo mas fehaciente” (S.C.B.A, DJBA t. 36, págs. 393 y 471 DJBA; S.C.J.B.A. Agosto 4/53 “Emmi Antonio y otra c/ Carnevale Nicolas”) y que según lo determina el artículo 384 del ritual habrán de apreciarse -conforme las reglas de la sana crítica- las pruebas que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa.

Compulsando la presente causa he colectado los siguientes elementos a partir de los cuales formaré mi convicción:

1) el 20 de mayo del 2005 los Sres. Javier Hernán Dujaut y Alicia León, suscribieron boleto de compra venta del automotor detallado como Fiat Fiorino 1993 dominio TGB 968, abonando por dicho vehículo por un precio total de U$S1050, acto en el cual la demandada le hizo entrega de la documentación necesaria para realizar la correspondiente transferencia del vehículo directamente a su nombre dado que el titular registral era un tercero -LEBROX SRL- corrobora tal afirmación la documentación de fs. 1 (boleto de compraventa entre actor y demandada), 25, las constancias del legajo del automotor obrantes a fs. 183/185vta. (formulario 08 en el que Lebrox SRL aparece como vendedor, la actora como compradora, todo ello en el año 2007, remontándose la certificación de firma del representante de Lebrox SA al mes de Febrero del año 2000) y 204 (denuncia de venta efectuada por Lebrox SRL en Febrero de 2000).

2) el actor al momento de celebrarse la citada compra venta sabia que el automotor no esta registrado a nombre de la vendedora.

3) Al momento de la celebración del mentado contrato la Sra. Alicia León no se encontraba inhibida y el vehículo involucrado en la mentada operación se encontraba libre de gravámenes -ver fs. 3/5 y 27-

4) El accionante tomo conocimiento el 28 de marzo del 2007 -fs. 27- de las inhibiciones decretadas a la Sra. León, mientras que no surge que la afectada hubiera tomado conocimiento con anterioridad a esta ultima fecha de las cautelares decretadas a su respecto, pero sí con la presentación que efectuara el 11 de mayo ante el respectivo registro.

5) El 28 de marzo la demandada firma el 08, como compradora del rodado en cuestión, en el cual figura como vendedor Lebrox S.R.L. -FS. 183-, figurando la Sra. León como titular del mismo desde el 14/05/2007 -ver fs. 165, 172, 175.

Tales elementos me llevan a coincidir con la postura de la sentenciante.

Veamos.

Bien sabemos que la obligación primordial del vendedor de una cosa, es la entrega de la misma (art. 1409 C. Civil).

Sabemos también que en materia de automotores la inscripción registral de dominio es constitutiva (esta Sala en causa nro. 43.724 R.S. 218/00) y que la misma se formaliza mediante el trámite de transferencia ante el Registro.

En este contexto, y en primer lugar, debo poner de manifiesto lo particular del caso traído, en el cual nos enfrentamos a una venta realizada por una persona que no es la titular registral del automotor enajenado, la cual tenía en su poder un formulario 08 firmado por el titular del automotor sin datos del comprador y sin fecha, sumado a que el actor conocía el estado dominial del vehículo.

Resulta irrefutable que -sin perjuicio de la desprolijidad de la operatoria- el Sr. Javier Dujaut, al momento de celebrarse la compra venta en mayo del 2005 contaba con todos los elementos para realizar la transferencia a su nombre, tal lo remarcado en la reseña efectuada “ut supra”.

También es indudable que según la letra del artículo 15 del Dec. ley 6582/58 el adquirente asume la obligación de solicitar la transferencia dentro de los 10 (diez) días de celebrado el acto.

Ahora bien, en el caso concreto la demandada inicialmente había satisfecho las obligaciones a su cargo con la entrega de la documentación pertinente.

Pero ulteriormente (y cualquiera fuera la razón por lo que ello sucedió) participó en la actuación registral que, a la postre, concluyó con la inscripción del automotor a su nombre, sin que el mismo hubiera llegado a estar -en ningún momento- inscripto a nombre del accionante.-

Así entonces, es claro que fue el accionar libre y voluntario de ambas partes (y no solo el del actor) el que generó la situación hoy existente y, fundamentalmente, purgó el incumplimiento del actor en los términos del art. 15 antes citado.

A lo que debemos agregar que si bien no surge de las constancias de autos que la demandada hubiera conocido el decreto de las cautelares con anterioridad a la transferencia del vehículo a su nombre, sí conocía de la existencia de las ejecuciones fiscales y -más aún- que en ellas se había dictado sentencia (tal las notificaciones obrantes a fs. 6, 9, 7 y 10 de las mismas).

Consecuentemente frente al requerimiento -podemos rotularlo como tardío- que le hizo Dujaut para realizar la ansiada transferencia la misma -en todo caso- se podría haber cerciorado de su situación procesal en aquellos expedientes (arg. art. 1198 C. Civil).

En consecuencia, no podemos hoy reprochar la conducta del actor si la demandada aceptó realizar la transferencia a su nombre dos años después de firmado el boleto de compraventa y, en definitiva, es su situación personal (sus propias deudas) la que genera la indisponibilidad del vehículo.

Luego, a resultas de todo lo expuesto, indiscutida como viene la existencia del contrato de compraventa y el pago total del precio, como así también el hecho de que el rodado se encuentra -hoy- inscripto a nombre de la accionada, ha renacido -a mi modo de ver- la necesidad de cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas.

Adviértase, incluso, que -al estado actual de las cosas- la demandada ha percibido el precio convenido por el rodado y el mismo sigue siendo de su propiedad (pues está inscripto a su nombre), hallándose -inclusive- expuesto a la agresión patrimonial de sus acreedores

NO existiendo, por lo expuesto en los párrafos precedentes, razón jurídica alguna para que no cumpla las obligaciones a su cargo.

Y todo lo que vengo diciendo, claro está, es sin perjuicio de las acciones que pudieran caberle a la accionada respecto de quien ha trabado medidas cautelares a su respecto, para el caso de no haberle las mismas sido notificadas en tiempo propio y si tal situación le hubiera generado o le llegare a generar un perjuicio patrimonial de algún tipo, temática esta -por cierto- totalmente ajena al presente proceso.

Por todo lo que llevo dicho, tengo para mi que la sentencia -en cuanto acoge la demanda de cumplimiento de contrato- debe confirmarse.

b. El daño moral

De la lectura del fallo recurrido vemos que la sentencia repele el reclamo del rubro aquí en análisis pero igualmente la demandada trae agravios sobre el particular.

Cabe recordar en este sentido que como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso (esta Sala en causa 46.935, R.S. 622/01, 46663 R.S. 330/02).

Es así que, más allá de los conceptos hoy vertidos por la apelante, si la sentencia apelada no acogió el rubro daño moral, mal puede la apelante traer cuestionamientos sobre el particular.

c. Resolución subsidiaria

La Sra. Juez a quo ha dejado establecido que en el caso de mora de las obligaciones de la demandada queda a elección del actor resolver dicha obligación en el pago de los daños y perjuicios estipulados en la suma de pesos quince mil quinientos contra la devolución del vehículo.

Al embestir contra lo decidido la Sra. León solicita que para el caso de confirmarse la resolución del contrato se establezca que las partes deben restituirse lo que en su consecuencia han recibido ya que ninguna de las partes tiene derecho a un resarcimiento y menos el actor.

Planteada así la cuestión considero necesario recordar que “la resolución supone, a decir de la doctrina, la extinción del contrato por virtud de un hecho posterior a su celebración; hecho que a veces es imputable a una de las partes o puede ser también extraño a la voluntad de ambas (Borda, Guillermo Alejandro. Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. T II, pág. 221). A decir de este autor la resolución deja sin efecto el contrato retroactivamente, siendo su consecuencia volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. Es lo que la doctrina ha dado en llamar efecto reintegrativo de la resolución, señalando que -admitiendo que la resolución produce la extinción del contrato y que su consecuencia natural es que las cosas retornen al estado en que se hallaban con anterioridad a la celebración- se deduce fácilmente que las partes deben restituirse recíprocamente lo que, del mismo modo, recibieron con motivo del negocio jurídico extinguido” (esta Sala en causa nro. 47.290 R.S. 623/03).

Aplicando tales conceptos al caso concreto de autos, no puedo coincidir con lo decidido por la sentenciante en el punto.

Toda vez si el efecto de la resolución del boleto de compraventa en cuestión es la restitución recíproca de lo dado, al actor se le deberá devolver solamente la suma abonada en dicho contrato es decir U$S1050, y no $15.500 (que es el monto por el cual esta asegurado el vehículo).

Ello, claro está, sin perjuicio de los daños que -en caso de operarse la resolución- el accionante pueda reclamar, y deba probar, en el marco procesal respectivo.

Consecuentemente la resolución apelada se deberá modificar, dejando establecido que -en el caso de operarse la resolución, a opción del actor- la demandada deberá restituirle la suma de u$s 1050, sin perjuicio de los daños que -en caso de operarse la resolución- el accionante pueda reclamar, y deba probar, en el proceso respectivo.

d. Las costas de primera instancia

En tal sentido, entiendo oportuno reeditar la conceptualización que, en diversos supuestos, se ha venido postulando. Así tiene dicho este Tribunal que:

“La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).

En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).

Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.

Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no esta condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso…” (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).

He querido delimitar, hasta aquí, cual resulta ser el fundamento que preside la norma contenida por el artículo 68 del ritual. También creo procedente dejar sentado que el juez podrá eximir total o parcialmente de la imposición de costas al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello. Empero el criterio que ha de primar en tal sentido, por ser una excepción a la regla, es restrictivo (Morello, Sosa, Berizonce. Códigos … T II B, págs. 52, 70 y sigtes. con jurisprudencia allí citada).

Y considero oportuno también rememorar que el artículo 70 de nuestra ley de enjuiciamientos dispone que no se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, no dándose tal exención en el caso en que el accionado hubiera incurrido en mora o cuando por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. El allanamiento, para que surta efectos como eximente, habrá de ser real, incondicional, oportuno, total y efectivo (Morello, Sosa, Berizonce, op. cit., pág. 198)” (esta Sala en causas nro. 56.361, R.S. 527/08; 55.537, R.S. 491/09 entre otras).

Realizadas estas precisiones y teniendo en cuenta los argumentos “ut supra” expuestos al rechazar los agravios de la demandada en relación a la recepción de la la demanda de cumplimiento de contrato, no quedan dudas que en definitiva la Sra. Alicia León ostenta el carácter de vencida en el pleito a la luz de la letra del artículo 68 del CPCC y en ningún momento se ha allanado en cuanto a la demanda de cumplimiento de contrato, con lo cual -a mi modo de ver- la imposición de costas a su cargo deberá confirmarse.

e) Las sanciones por temeridad y malicia

Desde que el actor, luego del tratamiento del recurso, persiste en su carácter de ganancioso en el proceso, no se da el supuesto del art. 45 del CPCC, con lo cual deberá confirmarse la sentencia apelada en cuanto desestima el pedido de imposición de sanciones procesales.

f) Las costas de la alzada

Teniendo en cuenta el resultado del tratamiento de los agravios traídos por la accionada, y el éxito solo parcial del recurso, considero que se deberán imponer en un 80% a la misma y el 20% restante al actor (arts. 68 y 71 C.P.C.C.).

g) Remisión de o actuado a sede penal

Frente a lo solicitado reiteradamente por la demandada, sin dejar de destacar que -si lo estimaba menester- ella misma hubiera debido efectivizar las denuncias penales y más allá de lo aquí decidido, no estando en nuestra esfera entrar a analizar la posible existencia -o no- de una ilicitud del tipo penal como ella ha invocado y afirmado (esta Sala en causa nro. 52.208 R.S. 607/05), deberá acogerse su expreso pedido y ordenar la remisión -en la instancia de origen- de fotocopias certificadas de fs. 54/60, 66/76, 260/269 y de la presente, a la UFI en turno departamental a sus efectos.

IV. Conclusión

Si mi propuesta es compartida se deberá modificar el decisorio recurrido, dejando establecido que -en el caso de operarse la resolución, a opción del actor- la demandada deberá restituirle la suma de u$s 1050, sin perjuicio de los daños que -en caso de operarse la resolución- el accionante pueda reclamar, y deba probar, en el proceso respectivo; confirmándolo en todo lo demás que decide y fuera materia de agravio.

Las costas de alzada se deberán imponer a la demandada en un 80% y el 20% restante a la actora, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.).

Asimismo se deberá remitir -en la instancia de origen- fotocopias certificadas de fs. 54/60, 66/76, 260/269 y de la presente, a la UFI en turno departamental, a sus efectos.

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta

Parcialmente por la afirmativa

A la misma cuestión, el doctor Ferrari, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Autos y vistos: considerando: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica el decisorio recurrido, dejando establecido que -en el caso de operarse la resolución, a opción del actor- la demandada deberá restituirle la suma de u$s 1050, sin perjuicio de los daños que -en caso de operarse la resolución- el accionante pueda reclamar, y deba probar, en el proceso respectivo; Confirmándolo en todo lo demás que decide y fuera materia de agravio.

Costas de alzada, a la demandada en un 80% y el 20% restante a la actora, atento el éxito solo parcial del recurso (arts. 68 y 71 del C.P.C.C.).

SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley 8904/77).

Regístrese. Notifíquese devuélvase, debiendo remitirse -en la instancia de origen- fotocopias certificadas de fs. 54/60, 66/76, 260/269 y de la presente, a la UFI en turno departamental, a sus efectos. — Felipe Augusto Ferrari. —José Luis Gallo

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