Reclamo del cobro de sumas de dinero con relación una locación de servicios comercial

COMPETENCIA. La Justicia Comercial,  y no la Civil y Comercial Federal, es competente para entender en una causa iniciada contra una empresa petrolera con participación estatal por cobro de sumas de dinero con relación a un contrato de locación de servicios mercantil, pues el objeto de la pretensión no tiene relación específica con la actividad llevada por aquélla con relación a la explotación de hidrocarburos, y no se aprecia en el caso la existencia de un interés nacional.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A

Partes: Haron Group S.R.L. c. YPF S.A. s/ ordinario

Fecha de Sentencia: 2013-09-04

2ª Instancia. — Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013.

Y Vistos:

1) Apelaron la actora y la Sra. Fiscal de la anterior instancia, el pronunciamiento dictado a fs. 187, mediante el cual el juez de grado se declaró incompetente para entender en estas actuaciones, ordenando la remisión de los autos a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. Ello con fundamento en el caracter de sociedad comercial estatal de la demandada.

La actora expresó agravios a fs. 197/8 y, por su parte la Sra. Fiscal General, actuante ante esta Cámara, hizo lo propio a fs. 206/7.-

2) Se quejaron las apelantes porque el hecho de que el Estado Nacional tenga una participación en la sociedad demandada no importaría que esta acción sea de competencia del Fuero Federal. Indicaron que el objeto de la acción caería dentro de la órbita de la Justicia ordinaria, habida cuenta que no se encuentra en juego interés alguno del Estado. Señalaron que aquí se estaría reclamando con base en una locación de servicios, prestado por una sociedad a favor de otra entidad jurídica.

3) A los efectos de determinar la competencia del Tribunal que habrá de entender en la causa debe estarse, en primer lugar, a la exposición de los hechos que la actora hace en la demanda y sólo después, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (C.P.C.C: 5; CSJN, 18/12/1990, “Santoandre Ernesto c. Estado Nacional s/Ds. y Ps.”).

Desde dicha perspectiva, cabe señalar que en estos autos la actora promovió acción contra YPF S.A. por cobro de sumas de dinero en relación al contrato de locación de servicios que los unía, consistente en el mantenimiento y refacción de las viviendas destinadas al uso de los trabajadores “expatriados” de la accionada, esto es, aquel personal de la empresa -tanto operarios como jerárquicos- que debieron ser trasladados entre sus diversas sedes. Las sumas reclamadas importan los períodos que van desde octubre de 2008 hasta noviembre de 2010. Señaló la sociedad accionante que entre las tareas que realizaba se encontraba el asesoramiento profesional en relación a quién debía realizar los arreglos que se necesitaran en los inmuebles locados por dicho personal, si los trabajadores -en cuyo caso se encargaba la actora de realizarlos- u otra persona, siendo su tarea en este supuesto el de gestionar ante el responsable la solución de los desperfectos. También se encargaban del mantenimiento global del inmueble, adquisición y mantenimiento de electrodomésticos, servicio integral de limpieza, en caso de ser requerido, reposición de objetos dañados, jardinería, asesoramiento en conflictos con consorcios, atención de urgencias producidas en los inmuebles en cuestión.-

Señálase que el art. 15 de la ley 26.741, establece que, “para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima …, continuarán operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

En esa línea y siendo que el objeto de la presente acción, no tiene relación específica con la actividad llevada a cabo de YPF SA, en relación a la explotación de hidrocarburos, sino con prestaciones que se otorgan a dicha empresa en un marco de contratación privada de naturaleza mercantil, no se advierte razones para que entienda en la contienda la Justicia Federal. En efecto, no se aprecia en el caso la existencia de un interés nacional que habilite la intervención de dicho Fuero, máxime en el ámbito de esta Ciudad, donde los jueces federales y los ordinarios tienen el mismo caracter nacional y origen constitucional (conf. esta CNCom, Sala A, 18/12/1985, “Nachumow Raimundo c. Caja de Credito Versailles Coop. Ltda. (en liq.)”; íd. Sala B, 19/10/1998, “Aerolineas Argentinas Soc. del Estado c. Industrias Fadec S.A.C.I.F.I.A.”; esta Sala A, 14/06/1995, “Sadeco S.A.C.A. c. Cataldo Roberto”; íd. 11/10/1988, “Kogan Guido c. Banco de Mendoza”; íd., 25/02/1983, “Burmar S.A. c. Cagliero Bartolome s/Ejecutivo”; íd., Sala D, 19/08/1994, “Carboclor Astra Evangelista S.A. c. Casteggeroni de Andrieu Juana s/Ejecutivo”; íd., Sala E, 21/11/1994, “IBM Arg. S.A. c. Cruz Alta S.A.”; íd., Sala B, 23/03/1995, “Construsur S.A. c. Stoughton Maurice s/Sumario”; íd., Sala C, 21/04/1994, “Cía Continental S.A.C.I.F. y A. c. Acopio y Servicios S.A. s/Ejecutivo”, entre otros ).

4) Desde otro ángulo, también se observa que la locación de servicios es un contrato consensual, aunque el servicio hubiese de ser hecho en cosa que una de las partes debe entregar, y tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero (art 1623 Cód. Civil). De ello se sigue que, efectivamente la relación que uniera a las partes consistiría en una locación de servicios prestada por la actora a los fines descriptos en la demanda.

Al respecto cabe recordar que el art. 43bis del Dec.Ley 1285/58 cuando regula la competencia en los fueros civil y comercial, en punto a la atribución de competencia en contratos de esta naturaleza, establece que los jueces nacionales de primera instancia en lo comercial de la Capital Federal, conocerán en los juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, cuando el locador sea un comerciante matriculado o una sociedad mercantil (inc. c)

Es decir, la distinción basada en el carácter de comerciante matriculado o sociedad comercial del locador a los fines de determinar la competencia del fuero comercial, aventa la posibilidad de que se generen repetidos conflictos de interpretación, contrariamente a lo que sucedería si aquella encontrara fundamento en la naturaleza de la contratación, debido a las dificultades que para su determinación podrían presentarse en cada caso concreto (conf. esta CNCom, Sala F, 17/06/2010, “Arias Guillermo Miguel c. Movilgate S.R.L. s/ordinario”).

Con este sesgo se coincide con la Sra. Fiscal General, en cuando a que la pretensión sobre la cual se ha sustentado esta demanda queda sujeta a la jurisdicción mercantil, dado que el acto jurídico celebrado entre las partes -locación de servicios-, hace a la actividad empresaria desarrollada por la aquí actora, quien se encuentra organizada bajo la forma de una sociedad.

En concurrencia con ello, vista la naturaleza mercantil de la locación de servicios (art. 43bis, inc. c del Dec.Ley 1285/58) y que la pretensión que nos ocupa se origina en una operatoria de esa naturaleza, resulta competente la Justicia Comercial de la Capital Federal, que es de excepción, pero también excluyente, improrrogable y de orden público (conf. art. 43 bis dec. 1285/58) (cfr. esta CNCom., esta Sala A., in re “IBM Arg. S.A. c. Rosenzvit Marcelo s/ordinario”, del 19/09/1985). Ha de agregarse a ello, que la intervención de una sociedad comercial conlleva a tornar aplicable al caso lo dispuesto por el art. 7° del Cód. de Comercio, en el sentido de que si un acto es comercial para una sola de las partes intervinientes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil (Cfr. arg. esta CNCom., Sala B, in re “Sucesión de Enrique Queirolo c. Unión Docentes Argentinos s/ordinario”, del 05/10/1987).

Así, tratándose el supuesto de autos de una locación de servicios celebrada entre dos sociedades, y cuyas prestaciones no tienen directa vinculación con la operatoria de la demandada, resulta competente para entender en autos este Fuero Comercial.

5) Por lo expuesto, se resuelve:

Acoger los recursos interpuestos por la actora y por la Sra. Fiscal de primera instancia y, por ende, revocar el pronunciamiento dictado a fs. 187, declarando que el Sr. Juez de grado es competente para seguir entendiendo en estos autos.

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho y al CIJ.

Oportunamente, devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. — María Elsa Uzal. — Isabel Míguez. — Alfredo Arturo Kölliker Frers

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