Cómputo de la prescripción del pago de las tasas municipales

El Fisco de la Provincia de Córdoba entabló acción ejecutiva por el pago de tasas contra el Municipio de Villa María. En primera instancia se admitió la prescripción deducida por el accionado y se desestimó la ejecución promovida. El accionante apeló. La Cámara confirmó lo resuelto y declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 98 inc. b de la Ley 6.006.

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Contenciosoadministrativo y de Familia de Villa María

Fecha: 26/06/2013

Partes: Fisco de la Provincia de Córdoba c. Municipalidad de Villa María y otro s/ ejecutivo

Sumarios:

1 – La prescripción de los impuestos, tasas provinciales y municipales se rige por el plazo quinquenal, tal como lo establece el art. 4027, inc. 3, del Código Civil.

2 – El art.98, inc.b), de la ley 6006 de la Provincia de Córdoba, en cuanto establece un término para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción en materia tributaria, distinto al previsto en el Código Civil, es inconstitucional pues contraría el art.75, inc.12, de la Constitución Nacional.

3 – El plazo de prescripción aplicable el reclamo por cobro de tributos provinciales es el quinquenal y se computa a partir de la fecha de vencimiento de la obligación, pues a partir de allí el acreedor pudo ejercer la acción y en consecuencia, desde ese momento debe entenderse que transcurre el lapso por el cual ha dejado de intentarla —art, 3949 y 4027 Inc. 3 Cod. Civ.— (Del voto del Dr. Caivano) 4 – Los jueces cuentan con la facultad – deber de oficio para realizar el control de constitucionalidad de las normas que aparecen en el conflicto, por lo que pueden realizarlo aunque el interesado no haya efectuado el planteo de inconstitucionalidad respectivo. (Del voto del Dr. Caivano)

2ª Instancia.— Villa María, junio 26 de 2013. 1ª ¿Es justa la resolución recurrida? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1ª cuestión.— El doctor Coppari dijo: 1. Según las constancias del sub lite el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma: ya que se trata de la Sentencia Número Treinta (Nº 30), de fecha doce de febrero de dos mil nueve, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, y de Familia, de esta ciudad, obrante a fojas 34/36, la actora se notifica mediante el libramiento de cédula el dieciocho de marzo de dos mil nueve (ver: fs. 39); habiendo interpuesto el recurso de apelación, con fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve (ver: fs. 37); que resultó concedido a fojas 40 vta. La resolución es recurrible por la vía intentada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 361 inciso 1º, 366 y concordantes del Cód. Procesal Civil y Comercial Ley 8465 y sus modificatorias (en adelante C.P.C.). Arribada la causa a esta Cámara (fs. 44vta.), se imprimió trámite al recurso en este Tribunal de Alzada (fs. 46), corriéndose traslado a la parte actora recurrente, quién expresó agravios a fs. 47/51, los que fueron contestados por la demandada a fs. 54/56; decretándose “Autos a estudio” a fs. 57; habiendo quedado firme dicho proveído y la integración del Tribunal, de acuerdo al certificado emitido por el señor Prosecretario Letrado de Cámara (fs. 60), ha quedado la causa en estado de resolver. 2. La sentencia en recurso contiene una relación de causa que satisface los extremos de los arts. 329 y 330 del C.P.C., por lo que efectúo remisión a ella a efectos de abreviar; restando sólo referir lo habido en grado de apelación. 3. La causa tiene los siguientes antecedentes: el Fisco Provincial ha reclamado (fs. 3/6) el pago en concepto de impuesto inmobiliario (Número de cuenta 160422310026) que adeudaría la Municipalidad de Villa María y el señor Carlos Salvador Sosa, correspondiente a cuatro períodos de 1998 (1; 2; 3 y 4) por un total de pesos doscientos veinticuatro con treinta centavos ($224,30) suma que comprende al capital mas los recargos (ver liquidación judicial de fs. 2). La demanda fue promovida el diecisiete de diciembre del dos mil tres (17/12/2003, ver: fs. 3vta.). La sentencia de fs. 34/36 ha resuelto “I. Admitir la excepción de prescripción deducida por el accionado y, en consecuencia, desestimar in totum la ejecución promovida por el Fisco de la Provincia de Córdoba en contra de Carlos Salvador Sosa. II. Imponer las costas a la actora vencida. III. Estimar los honorarios provisorios de la Dra. A. R. D. en la suma de pesos doscientos cuarenta y ocho con cincuenta centavos ($ 248,50)…” 4. La actora ha apelado (fs. 37) y, llegados los autos a la Cámara, ha expresado los siguientes agravios: primer agravio (fs. 47vta.): que el Juez a quo “quebranta insoslayablemente el principio de congruencia, pronunciándose sobre un punto no controvertido ni traído a proceso por ninguna de las partes intervinientes: La demanda se interpone, el demandado solamente opone como sustento de la prescripción la norma del art. . 4027 del C.C. Nada más, tipo formulario preimpreso de la época cuando el Fisco actor demandaba con plazo decenal de la prescripción. No estaba controvertido ni era punto de controversia a ser resuelto, el inicio del cómputo de la prescripción…. El Juez de 1º Instancia desecha sin más, normas obligatoriamente aplicables a las ejecuciones fiscales, del Cód. Tributario provincial, que hago presente: El art. 3….El a quo invade el tema del inicio del computo de la prescripción sin que ninguna de las partes hubiera introducido tal extremo, no como controvertido ni como no controvertido. Es un punto ajeno a la traba de la litis y de la materia justiciable. La materia ya se encuentra plenamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia, que reconocen la facultad local de determinar por su propia ley la manera de computar el inicio en un modo de extinción de la obligación cual es la prescripción…(sic.: fs. 48/48vta.), cita jurisprudencia en abono de su postulación. Concluye el primer agravio sosteniendo: “En definitiva, el a quo dictó una sentencia arbitraria, incongruente, y sentenció sobre un punto extra petita, no controvertido, no traído a proceso, y lo más grave es que lo hizo desechando normas obligatoriamente aplicables, sin fundar el apartamiento de las mismas y sin declararlas inaplicables o inconstitucionales” (sic.: fs. 50vta.). Como segundo agravio expresa que: “A los fines de sustentar el errado razonamiento de derecho el Juez hace una fundamentación aparente invocando en sustento de su fallo, el art. 3956 del C.C., que a la vez utiliza para sentenciar extrapetitamente, también, y en forma absolutamente contradictoria dentro de su propio razonamiento, lo trae al proceso como fundamento de que la prescripción debe contarse “Desde el título de la obligación…” (sic.: fs. 50vta.). 5. A fs. 52 se corrió traslado al demandado, señor Carlos Salvador SOSA, para que conteste los agravios vertidos por la actora; evacuando el mismo la letrada apoderada, doctora A. R. D. Efectúo remisión al escrito de fs. 54/56 “brevitatis causae”; sin perjuicio de tener debidamente en cuenta su contenido íntegro (art. 329 del C.P.C.). 6. Así las cosas, entrando en el análisis y estudio de las quejas desplegadas por la recurrente, trataré en primer lugar lo atinente al principio de congruencia, para luego referirme a la prescripción del crédito que se ejecuta. 6.1. Sostiene la quejosa que el iudex a quo quebranta insoslayablemente el principio de congruencia, al pronunciarse sobre un punto no controvertido, ni traído a proceso por ninguna de las partes; al hacer referencia al inicio del cómputo de la prescripción. Digo que conforme surge de las constancias del sub discussio es la parte recurrente quien, en oportunidad de contestar el traslado de las excepciones opuestas por el demandado, trae al proceso dicha cuestión al hacer referencia al art. 98 del C.T.P., el cual establece la manera de computar el término para la prescripción (ver: fs. 19). Por este motivo considero que el señor Juez de grado, al sentenciar no ha quebrantado, como sostiene el recurrente, el principio de congruencia; sostengo, por lo tanto, que dicho agravio no debe ser de recibo. 6.2. El segundo agravio se refiere a la prescripción del crédito que se ejecuta, tema que ha sido abordado con amplitud por la sentencia en crisis (ver: considerando segundo, fs. 34vta./36). El Fisco Provincial pretende revertir la prescripción respecto a los cuatro períodos de 1998 (fs. 2), aspecto que abordaré seguidamente. Como lo tiene dicho esta Cámara, con medular voto del Dr. Juan María Olcese, in re “Fisco de la Provincia de Córdoba c. Marcela Lilian Boaglio – Ejecutivo” (Sentencia Nº 75 del 29/10/2008); se trata de obligaciones independientes en cuanto a su operatividad, por ello habrá que colegir que el plazo quinquenal —que no ha sido discutido— ha operado entre el 13 de febrero de 2003 y el 11 de septiembre de 2003; según cada una de las cuotas o de los adelantos, como quiera llamárseles. La demanda presentada el diecisiete de diciembre del dos mil tres (17/12/2003: ver: fs. 3vta.) no puede haber tenido efecto interruptivo, ya que resulta ostensiblemente inconstitucional la norma del art. 99 inc. “b” de la Ley 6006, invocada por el representante del Fisco Provincial, que pretende que el término a quo comience a regir, no desde las fechas indicadas, sino que “se comenzará a contar desde el primer día del año siguiente” (sic., fs. 19), pues ello importa una invasión del poder legisferante que, en nuestra organización federal es resorte del Estado Nacional (art. 75, inc. 12 C.N.). 7. La doctrina legal consolidada pacíficamente, ha establecido que el plazo de prescripción de los impuestos y tasas provinciales y municipales, deben regirse por la prescripción quinquenal diseñada por el art. 4027, inc. 3º del Cód. Civil, a punto tal que todas las regulaciones legislativas se han adherido a la misma olvidando viejas normas que querían fijarla en plazo decenal. Empero hay normas aledañas que ofrecen todavía dificultades tanto en su elección como en su interpretación. Una de ellas es la determinación del inicio del plazo de prescripción, como pasaremos a ver. Dos normas pretenden regir el caso de autos: a) la del art. 3956 Cód. Civil que dispone que “la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación” y b) la del art. 98 inc. “b”, de la Ley 6006, que dispone: “b) En el supuesto contemplado en el apartado b del artículo anterior, el término de prescripción comenzará a correr desde el 1º de enero del año siguiente al año en que quede firme la resolución de la Dirección que determine la deuda tributaria…”. En cuanto a la aplicación del instituto de la prescripción, no hay dudas que, en la colisión de la ley nacional y de la provincial, le corresponde la preeminencia a la primera (Cód. Civil) pues si bien “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal”(art. 121 C.N.) y “se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas” (Art. 122 C.N.), no importa que esos poderes reservados puedan atentar contra otros conferidos al gobierno central (por ejemplo los de dictar los códigos previstos en el art. 75, inc. 12 C.N.). Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando abordó ese problema “No cabe a las provincias —ni a los municipios— dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto, ya que al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan. Esto no importa desconocer que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal, sino determinar el alcance del que sí lo ha sido, para lo cual debe tener presente que la referida delegación tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes que, sin desmerecer el poder de aquellas de crear obligaciones destinadas a garantizar su subsistencia y autonomía, contribuyera al inequívoco propósito de los constituyentes de generar, entre los estados provinciales que mediante la Constitución se congregaban, los fuertes lazos de unidad que eran necesarios para otorgarles una misma identidad”… “Si bien la potestad fiscal que asiste a las provincias es una de las bases sobre las que se sustenta su autonomía —inconcebible si no pudieran éstas contar con los medios materiales que les permitieran autoabastecerse— el límite a esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional” y es por todo ello que “Del texto expreso del art. 75 inc. 12 de la C. Nac., deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza” (30/09/2003, “Filcrosa SA s/ quiebra s/ incidente de verificación de la Municipalidad de Avellaneda”, Act. Jur., t. II, p. 2425, J.A. 2003-IV-p. 727). Si se pretendiera que en materia tributaria las provincias pudieran invadir los ámbitos reglados por la legislación prevista en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, podría así regular otra mayoría de edad que la determinada por el Cód. Civil, la forma de los contratos, y hasta crear figuras penales o modificar las descriptas por el Cód. de la materia. Muy bien ha dicho la Cámara Tercera Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, con respecto a un tributo establecido por una municipalidad, que en tal caso “podrían tener distintos plazos de prescripción, causales de interrupción y suspensión y modos de extinción o diversos regímenes de privilegios” (25/09/2007, in re: “Municipalidad de Córdoba c. Alba de Heredia, Mariel Marisa y otro”, LA LEY, 2008-D, diario del 18/06/2008, con nota aprobatoria de Pablo D. Sanabria). En igual sentido y del mismo tribunal 19/12/2007 “Marcon, Juan Víctor Ramón c. Maidana, Carlos Alberto y otros – Ejecutivo (tercería de mejor derecho del fisco de la Provincia de Córdoba), Zeus Cba., t. 13, p. 2008). De la C. 7ª. C.C.Cba. 27/05/2008 “Fisco de la Provincia de Córdoba c. Fernández Jerónimo – Presentación Múltiple Fiscal”, S.J. 2008-B-p. 246. De nuestra Cámara, con distinta integración, 19/02/2003, “Municipalidad de Oliva c. Mansueto Giraudo y otro”, Zeus Cba. t. 2, p. 305. Este razonamiento brinda suficiente y acabada respuesta a los agravios vertidos por la actora apelante, los que no son de recibo. 8. Finalmente debe hacerse memoria que el plazo quinquenal es suficientemente amplio como para que un acreedor ejerza dentro del mismo sus derechos. ¿Qué podría decirse entonces de la prescripción bianual que se concede a la víctima de un accidente? Mas aún, el Estado Provincial tiene toda una organización administrativa y jurídica que le debe servir para ejercer en término sus derechos; no es el caso de un particular que por ignorancia puede desconocer los márgenes que tiene para ejercer su defensa en juicio. 9. Llego así a la conclusión de que debe declararse la invalidez constitucional de la norma provincial, en cuanto pretender fijar un término a quo para el cómputo del plazo de la prescripción diferente al que establece el Cód. Civil; postulación introducida por la demandada al oponer la excepción de prescripción al progreso de la acción (fs. 12). 10. Por todo ello, al no ser de recibo los agravios vertidos a fs. 47/51; soy de opinión que debe rechazarse recurso de apelación interpuesto a fs. 37, por la doctora S. A., en representación del Fisco de la Provincia, contra la Sentencia Número Treinta de fecha doce de febrero de dos mil nueve, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de esta ciudad (fs. 34/36). Así voto. El doctor Caivano dijo: Comparto la solución que propicia el señor vocal de primer voto. Sin perjuicio de ello, estimo oportuno efectuar algunas consideraciones siguiendo el criterio que he sustentado invariablemente desde mi integración a este Tribunal, ya sea, como vocal de primer voto, ya sea, a través de la emisión de votos en disidencia (conf.: “Tercería de mejor derecho promovida por la Municipalidad de Córdoba en autos Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. c. Eugenio Morra y otra – Ejecución Hipotecaria”, Sentencia N° 27 del 30/04/2008; “Municipalidad de Las Perdices c. Basélica Hermanos S.A. – Ejecutivo”, Sentencia N° 68 del 15/10/2008; “Municipalidad de Villa María c. Juan Manuel Suárez – Ejecutivo”, Sentencia N° 85 del 26/11/2008; “Municipalidad de Villa María c. Héctor Francisco Mary – Ejecutivo Fiscal”, Sentencia N° 17, del 26 de marzo de 2009; “Municipalidad de Villa María c. Carlos Reinaldo Ramírez – Ejecutivo Fiscal”, Sentencia N° 29 del 22/04/2009; “Municipalidad de Villa María c. Angel Roberto Romero – Ejecución Fiscal”, Sentencia N° 86 del 17/12/2009; “Tercería de mejor derecho promovida por la Municipalidad de Villa María en autos: Boero, Héctor Antonio César c. Oscar Ramón Capitani – Ejecutivo”, Sentencia N° 80, del 25/11/2009, etc.). Yendo concretamente al caso que nos ocupa: 1°) No se encuentra en discusión que el término de prescripción del tributo que se demanda en autos y que fuera objeto de la excepción de prescripción, se encuentra sujeto al plazo de prescripción quinquenal previsto en el art. 4027, inc. 3°, del C.C., conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en plurales pronunciamientos, donde llevó a cabo su función de último intérprete de la Constitución Nacional (entre otros: “Casa Casmma S.R.L. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Verificación Tardía promovida por la Municipalidad de La Matanza”, 26/03/2009, laleyonline). Lo que resulta controvertido en este litigio es el dies a quo del término de la prescripción, por lo que corresponde determinar, si el plazo respectivo se computa desde la fecha de vencimiento de cada cuota periódica ejecutada (art. 3956, Cód. Civil) o desde el día primero de enero del año inmediato siguiente según el art. 98, inc. b), del Cód. Tributario Provincial (cfr.: contestación de demanda de fs. 12/13 y el escrito a través del cual se contestó el traslado de la excepción glosado a fs. 19/19 vta.). 2°) Al respecto cabe dejar sentado que el “Título de Deuda – Liquidación Judicial”, obrante a fs. 2, base de la ejecución, establece puntualmente cada uno de los períodos fiscales reclamados, los cuales tienen —en todos los casos— una fecha de vencimiento mensual determinada, a partir de la cual —y en razón de su exigibilidad— le fueron adicionados “recargos” por falta de pago. De no haber resultado exigibles en las fechas que en cada caso se indican, los “recargos” aplicados carecen de causa. Ello demuestra que el vencimiento de los períodos reclamados del impuesto inmobiliario, no se produjo el día primero de enero del año inmediato siguiente, sino en la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. Por tal razón tienen autonomía propia determinativa de su exigencia de pago y posibilidad de ejecución compulsiva. 3°) Dicho título de fs. 2 es constitutivo de derecho, y reúne los demás notas esenciales de los títulos ejecutivos, literalidad, autonomía, etc., de modo tal que, mal puede plantear contradictoriamente la parte actora, que el dies a quo de la prescripción de cada uno de los períodos tributarios cuyo cobro pretende, reconocen un plazo prescriptivo computable a partir del 1° de enero del año inmediato siguiente. 4°) Como he apuntado, esta Cámara ha consagrado en numerosas resoluciones, el criterio que reitero en esta oportunidad, en el sentido que, el plazo de prescripción establecido por el art. 4027, inc. 3º, Cód. Civil, corre a partir de la fecha de cada vencimiento tributario (conf. doctrina del art. 3956 del C.C.), porque a partir de allí el acreedor pudo ejercer la acción y en consecuencia, desde ese momento, debe entenderse que transcurre el lapso por el cual ha dejado de intentarla (art. 3949 del C.C.), a lo que se añade, que la previsión de pagos fraccionados, determina la mora desde el vencimiento de cada una de las fechas establecidas, a punto tal que el Fisco de la Provincia liquida intereses o recargos, a partir de cada una de las cuotas insatisfechas, teniendo expedita la acción para su cobro de manera independiente respecto de cada período. En el mismo sentido se ha expedido: Cám. 3ª Civ. y Com. de Cba., Sentencia Nº 169 del 03/10/2006, Actualidad Jurídica Nº 113 de la 1ª quincena de noviembre de 2006, p. 7440 y sigtes.; Cám. 8ª Civ. y Com. de Cba., Sentencia Nº 124, 15/08/2006, “Alberione, Francisco c. Chopchik de Gosso, Nélida Blanca y otros – Ejecutivo – Tercería de mejor derecho de la Municipalidad de Córdoba”, Actualidad Jurídica Nº 113 de la 1ª quincena de noviembre de 2006, p. 7452 y sigtes.; Cám. 8° Civ. y Com. Cba., 27/02/2007, “Fisco de la Provincia de Córdoba c. Ubios Telésforo Claudio”, abeledoperrot online del 27/03/2007; Cám. 1° Civ., Com., Flia. y Cont. Adm. de Río Cuarto, 26/03/2007, “Fisco de la Provincia de Córdoba c. Bastita, Jorge O.”, abeledoperrot online del 12/06/2007; etc. 5°) En lo que respecta a la declaración de inconstitucionalidad del art. 98, inc. b), del Cód. Tributario Provincial. La parte demandada no ha efectuado dicho planteo. No obstante ello, cabe señalar que los jueces cuentan con la facultad-deber oficioso para realizar el control de constitucionalidad de las normas que aparecen en conflicto, invocadas o no por las partes. De acuerdo a la doctrina judicial sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ejercicio del control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho y no de hecho, por lo que su resolución de oficio no quiebra la igualdad de las partes en el proceso, ni afecta la garantía de la defensa en juicio, la que no podría ser argüida frente al derecho aplicable para dirimir la contienda (conf.: López, Guillermo A. F., El control de constitucionalidad de oficio, LA LEY, diario del 28/10/2002). También tiene dicho el Tribunal cimero, que, en tanto el control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho, puede ser resuelta por el juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia), porque la aplicación de este principio incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31, C.N.), de allí que una sentencia que aplique normas inconstitucionales se subleva en contra de aquélla. En otras palabras: si bien los tribunales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de parte interesada. La declaración oficiosa de inconstitucionalidad no implica fallar extra petita, ni soslayar el principio de congruencia, en tanto el juez se atiene a las cuestiones planteadas y a las circunstancias fácticas invocadas en el proceso y, para dilucidar la litis, sólo sujeta la selección del derecho aplicable a su concordancia con la ley fundamental. Todo ello sin olvidar que el control de constitucionalidad no es una concesión graciosa conferida a los jueces sino —a la par que una atribución— un deber que sobre ellos se ciñe (conf.: CSJN, “Mill de Pereyra, Rita y otros c. Provincia de Corrientes”, 27/09/2001, LA LEY, 2002-A, 34 y LA LEY, 2003-A, 234 con nota de Claudio Gómez; CSJN, “Banco Comercial Finanzas —en liquidación por el Banco Central de la República Argentina— s/ quiebra”, 19/08/2004, LA LEY, 2005-F, 453 y LA LEY, 2005-B, 842, con nota de Fernando N. Bonina). El doctor Olcese dijo: Que adhiere al voto emitido por los señores Vocales preopinantes por considerarlo debidamente fundado, lógica y legalmente, votando en igual sentido. 2ª cuestión.— El doctor Coppari dijo: Atento la respuesta brindada a la primera cuestión, propongo al Tribunal se pronuncie de la siguiente forma: 1º) rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 37 por la doctora S. A., en nombre y representación del Fisco de la Provincia de Córdoba, con costas (art. 130 del C.P.C.). 2º) Los honorarios de la doctora A. R. D. se regularán en el cuarenta por ciento (40%) de lo que en definitiva se fijen en la baja instancia. 3º) Declarar la inconstitucionalidad del art. 98 del Cód. Tributario Provincial. Los doctores Caivano y Olcese dijeron: Que adhieren al voto emitido por el señor Vocal preopinante por considerarlo ajustado a derecho, votando en idéntico sentido. En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, el Tribunal por unanimidad resuelve: Primero. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 37, por la doctora S. A., en representación del Fisco de la Provincia, contra la Sentencia Número Treinta de fecha doce de febrero de dos mil nueve, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de esta ciudad (fs. 34/34). Segundo. Declarar la inconstitucionalidad del art. 98 inciso “b” de la Ley 6006 (t.o. Decreto Nº 270/04). Tercero. Imponer las costas de esta instancia a la parte perdedora. Los honorarios de la doctora A. R. D. se regularán en el cuarenta por ciento de lo que en definitiva se fijen en la baja instancia. Cuarto. Protocolícese, agréguese copia, notifíquese de oficio y, oportunamente, bajen. El señor Vocal doctor Juan María Olcese, no firma la presente por impedimento ulterior a la deliberación (art. 120 del C.P.C. y C.). Oficina, 26 de junio de 2013.— Juan C. Caivano.— Luis H. Coppari.

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