Cláusula de prórroga de la competencia en un contrato de fianza. Rechazo de la excepción

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. El juez de grado desestimó la defensa de incompetencia opuesta por el ejecutado. Apelada dicha decisión por éste, la Alzada la confirmó.

1. La defensa de incompetencia opuesta por el ejecutado debe rechazarse, en tanto del contrato de fianza pactado surge una inequívoca cláusula de prórroga de la competencia, sin que obste a ello que se encuentre inserta en un contrato de adhesión, ya que no reviste imprecisión ni ambigüedad que requiera interpetación, ni se han invocado vicios de consentimiento que permitan hablar de un abuso de invalide su contenido.

CNCom., sala B, 2011/10/04 (*). – Cooperativa de Viv. Cred. y Cons. Puerto Plata Ltda. c. Pro Agro Pilar Cooperativa de Trabajo Ltda. y otros s/ Ejecutivo.

2ª Instancia. — Buenos Aires, 4 de octubre de 2011.

Y Vistos: 1. Apelaron los ejecutados la sentencia de fs. 131/134 en cuanto desestimó sus defensas de incompetencia e inhabilidad de título. Sus agravios de fs. 141/145 fueron respondidos a fs. 147/148.

2. Los fundamentos desarrollados por la Sra. Fiscal de Cámara de fs. 155, que esta Sala comparte y a los que remite por motivos de brevedad, resultan suficientes para desestimar el recurso relativo a la defensa de incompetencia.

La inequívoca cláusula de prórroga de competencia que surge de los contratos de fianza (fs. 6/11) -de aplicación al caso en los términos previstos por el cpr. 1:2º párrafo- impone confirmar la resolución apelada (CNCom., esta Sala in re “Llyods Bank (BLSA) Ltd. c/ Rueda Oscar s/ ejecutivo”, del 06.06.97).

No obsta lo expuesto la circunstancia de que la mentada cláusula se encuentre inserta en un contrato “tipo o de adhesión”, toda vez que no reviste imprecisión ni ambigüedad que requiera interpretación, ni se han invocado vicios de consentimiento que permitan hablar de un abuso que invalide su contenido (CNCom. esta Sala in re “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Santocono, Federico Carlos y otros s/ ejecutivo” del 17.03.05; id. in re “Serebrinsky, Rafael Leonidas y otro c/ Velazquez, Iván Germán y otro s/ ejecutivo” del 27.06.05; id in re “Gianzanti, Héctor Armando c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros s/ ordinario” del 06.06.06).

Es que cuando los términos o expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación sin que resulte necesario realizar una labor hermenéutica adicional, pues resulta inconducente recurrir a otras pautas interpretativas, si no existe ambigüedad ni oscuridad en los términos empleados en la convención (CSJN “Mevopal SA. y otra c/ Banco Hipotecario Nacional”, del 26.11.85, idem “Sicaro Juan c/ YPF”, del 30.04.91; CNCom., esta Sala, in re “Cardoso Néstor c/ Quirino Armando”, del 30.12.88).

Por lo demás, en relación a su ámbito personal, en su art. 1 la ley 24.240 define al consumidor o usuario como toda persona física o jurídica que contrata con determinados negocios o servicios a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social. Este concepto, debe integrarse con el art. 2, párrafo 2° que excluye de la definición a quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación o prestación a terceros (conf. Moeremans, Daniel: “La sociedad comercial como sujeto protegido por la ley de defensa de los consumidores”, llon, 2005, 541). De modo que, en tanto los ejecutados resultan fiadores de una cooperativa de trabajo, se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de esta ley (CNCom. esta Sala in re “Rosalino Medina González c/ Peugeot Citröen Argentina s/ ordinario” del 29.12.05; id. id. in re “Banco Hipotecario S.A. c/ Santi, Jorge Ramón y otros s/ ejecutivo” del 11.05.11.).

3. La defensa de inhabilidad de título fue bien rechazada.

No se rebatió adecuadamente en la expresión de agravios lo afirmado por la a quo en relación a que se ejecutan las fianzas que emergen de la cesión de fs. 15 y de los instrumentos de fs. 6/11.

De tal modo y en tanto no se ha negado en forma terminante la firma de tales documentos por parte de los ejecutados, la defensa carece de asidero y el recurso será desestimado.

Tampoco será admitido el argumento relativo a que se agregaron tardíamente los originales de las fianzas ejecutadas.

Al iniciar la ejecución se trajeron copias certificadas de tales instrumentos, sin que tal circunstancia hubiese sido cuestionada por los ejecutados como obstativa del reclamo y la introducción actual es improcedente.

4. Por lo expuesto, se desestima el recurso de fs. 135 y se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase encomendándose a la Sra. Juez a quo las notificaciones. — Matilde e. Ballerini. — Ana I. Piaggi. — María L. Gómez Alonso De Díaz Cordero.

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