Caída en la vía pública a causa de un pozo. Responsabilidad del municipio

La sentencia de grado admitió la acción resarcitoria formalizada contra el Municipio por los daños y perjuicios padecidos por quien cayó a un pozo sin señalización ni iluminación, en ocasión de bajar del motovehículo que conducía e intentar apoyar la pierna izquierda en el suelo. Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara lo confirmó.

Cámara de Apelaciones de Concordia, sala civil y comercial I(C Apel Concordia) (Sala Civil yCom I)

Fecha: 22/03/2012

Ríos, Rita Graciela c. Municipalidad de Concordia s/ordinario (expte Nº 7609)

Sumarios:

1. El municipio es responsable por los daños y perjuicios sufridos por quien cayó a un pozo, sin señalización ni iluminación, en ocasión de bajar de su motovehículo e intentar apoyar la pierna en el suelo, pues es el encargado de la conservación en buen estado de los espacios públicas con la finalidad de proteger la integridad física de los ciudadanos, obligación que incumplió toda vez que, de haberse encontrado la senda en buenas condiciones, el siniestro no hubiera acontecido.

Texto Completo: .— Concordia, marzo 22 de 2012.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La doctora Pelayo de Dri dijo:

I. Que la sentencia de grado admitió la acción resarcitoria formalizada por Rita Graciela Ríos contra la Municipalidad de Concordia por los daños y perjuicios que sufriera el día 25 de mayo de 2007 cuando cayera a un pozo de grandes dimensiones —sin señalización ni iluminación— sito en calle Rívole a la altura del Nº 1810 de esta ciudad, en ocasión de bajar del motovehículo que conducía e intentar apoyar la pierna izquierda en el suelo, y condenó a la demandada a pagar las sumas de: $ 20.000, en concepto de incapacidad sobreviniente; $ 3.000, por daño moral; y $ 250, por daño material emergente —gastos de traslado—.

Para resolver de este modo, el juzgador de grado encuadró la cuestión litigiosa en el ámbito de la responsabilidad civil de naturaleza aquiliana y en particular, en el artículo 1113 segundo párrafo, segundo apartado del Código Civil (consagratorio de responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa que por su vicio o riesgo genera un daño permitiendo su exención total o parcial sólo si éste acredita el hecho de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta o la existencia de supuestos de caso fortuito o fuerza mayor), y precisó que el Estado Municipal demandado en cuanto guardián de los bienes públicos —art. 2339 C.Civil— dentro de los cuales quedan comprendidas las calles de nuestra ciudad —art. 2340 inciso 7º del C.Civil— debe responder civilmente cuando el vicio o riesgo de la cosa sometida a su dominio y control provoca menoscabos en los bienes y personas susceptibles de reparación.

Prosiguió con el análisis de las probanzas rendidas en autos, y entendió demostrado que en el lugar denunciado en la demanda existe una zanja que en partes está cerrada con maderas y en partes está abierta sin ninguna señalización ni iluminación, deficiencia ésta que atribuyó a la omisión impropia y antijurídica —art. 512 del Código Civil— de la demandada al no mantenerla en buenas condiciones para el tránsito, y que aquella senda constituyó, en la ocasión, la cosa viciosa causante de la caída de la actora y de las consecuentes lesiones padecidas. Para, finalmente, concluir que al no haber acreditado la demandada ninguna de las eximentes previstas por el orden jurídico y la doctrina judicial, deberá responder objetivamente por los perjuicios ciertos padecidos por la reclamante, con fundamento en los arts. 512, 901, 906, 1113 y ccs. del Código Civil.

Al tiempo de admitir los rubros resarcitorios reclamados, respecto de la incapacidad sobreviniente dijo que, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas de manera permanente esa incapacidad debe ser objeto de reparación, y que en el caso, la pericial médica practicada (fs. 101/104) evidencia insuficiencias (18,5% de incapacidad parcial y permanente) que acompañarán a la actora mientras no se someta a ciertos y determinados tratamientos, consultas y asistencia médicas-kinesiológicas como consecuencia de las limitaciones devenidas de las lesiones que tuvieron génesis en el hecho ilícito, lo que menoscaba a la misma no sólo en el aspecto laboral sino también en la esfera doméstica y deportiva o recreación, ello con asiento en los arts. 1068, 1069, 1083 y 1086, del Código Civil, 372 del C.P.C. y C., 14 bis, 17, 18, 22, 23, 27, 31, 41, 42, 43, 75 inc. 2º ap. 3º, 121, 125 y 126 de la C.N., 19 de la Constitución provincial y 4º y 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos y en las leyes Nº 22.431 y Nº 23.661.

En relación al daño moral opinó que la prueba glosada en autos brinda un grado de certeza aceptable respecto a las perturbaciones, dolores, inquietudes, desequilibrio espiritual, incertidumbre sobre su recuperación y angustias sufridas por la reclamante con motivo de las agresiones que recibiera en su integridad física al ser intervenida quirúrgicamente y durante su convalecencia.

En cambio, respecto de los daños estético y psicológico pretendidos sostuvo que en el proceso no se probó que las heridas recibidas afecten estéticamente a la pretensora ni que los padecimientos psicológicos que la aquejan hayan tenido como causa el evento dañoso que dio lugar al pleito.

II. Contra este pronunciamiento se alza el Municipio local mediante la interposición del recurso de apelación de fs. 140, remedio que mantiene en esta Sala con la presentación del memorial que luce a fs. 149/150, debidamente replicado por la adversaria a fs. 152/153.

III. La demandada, en sus agravios, cuestiona la conclusión sentencial a la que arriba el juzgador de grado respecto de: a) la responsabilidad objetiva que le endilga a su parte en exclusividad; y b) la existencia y cuantificación del daño moral y material emergente.

En tal tesitura, en primer lugar, critica al sentenciante porque realizando una errónea valoración e interpretación de la prueba y de las normas y principios que regulan el funcionamiento de la responsabilidad civil atribuye a su representada responsabilidad objetiva por ser dueña o guardiana de la cosa, de los bienes públicos.

Insiste aquí en que la causa del siniestro obedeció exclusivamente al accionar negligente y culpable de la propia actora, a quien hace responsable por haberse introducido con su motovehículo en un paso peatonal sin evaluar el peligro que podría causar a los niños que se desplazaban en el lugar. Además, fundamenta su queja en que no se probó que a la supuesta zanja la haya abierto su poderdante para la realización de trabajos de desagües y/o pluviales.

En segundo lugar, se disconforma con la admisión de los daños moral y material emergente por gastos de traslado y su extensión, porque sostiene que las supuestas afecciones espirituales y gastos de traslados no fueron comprobados en la causa.

En definitiva, insta la revocación del fallo impugnado y el rechazo de la demanda, con costas.

IV. Planteada en estos términos la litis, se impone el examen prioritario del agravio de la recurrente que, sin desconocer la existencia del hecho dañoso, pretende modificar la responsabilidad civil que se le imputa, el que anticipamos no tendrá favorable andamiento.

Liminarmente, recordamos que este Tribunal —en anterior y actual composición—, respecto de la responsabilidad civil objetiva —art. 1113 del C.C., que entendemos aplicable al caso concreto, ha resuelto que dentro de las cosas inanimadas se distinguen aquellas en movimiento bajo la acción de una fuerza cualquiera (ley de gravedad, vapor, electricidad, etc.) y las cosas inertes que son aquellos objetos que por su naturaleza están destinados a permanecer inactivos. Y que, cuando se sufren daños imputables al riesgo o vicio de la cosa, a la víctima le incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio, la relación de causalidad entre uno y otro y el perjuicio, debiendo probar que la cosa jugó un papel causal que para el supuesto de las cosas inertes se relacionaba con la posición o el comportamiento anormal de la cosa o su vicio no rigiendo en la especie una presunción de causalidad a nivel de autoría que acreditados el título y la causa física resulta del régimen del art. 1113 del Código Civil.

También ha dicho que, en virtud de lo anterior, puede válidamente afirmarse que la cosa inanimada es causa del accidente si presenta alguna anomalía ostentando dicha calidad inercial relevancia en el plano probatorio y, siendo regla general que la víctima no tenga que probar la configuración del riesgo de la cosa según el art. 1113 C. Civil, 2da. parte, 2do. párrafo, a ésta le alcanza con demostrar el daño causado y el contacto con la cosa riesgosa que, en el supuesto de cosas inertes, más allá de que en definitiva se aplica la disposición legal antes relacionada, recae sobre la víctima la carga de la prueba de su comportamiento o posición anormal (confr.: “Ramos, Julio Javier c/Coinar S.R.L y otra s/Sumario”, 19/10/1999, “Bidegain, José Carlos c/Municipalidad de Concordia y otro s/Sumario”, 11/06/2007, “Aguilar, Teresa Lucía c/Municipalidad de Concordia s/Sumario”, 07/09/2007, “Lapuchesky, Raul Alberto c/Municipalidad de Concordia s/Sumario”, 17/09/2007; “Quintana c/Municipalidad de Concordia”, 07/10/2009; ídem: Llambías, “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, T. IV-A, págs. 478/490; Belluscio, “Código Civil”, Tomo V, pág. 531; Lafaille, “Obligaciones”, Tomo II, Nº 1329; Alterini-Ameal-López Cabana “Derecho de Obligaciones”, pág. 228, entre otros).

Precisamente, en doctrina se ha expresado que: “…El estado tiene respecto a sus calles, rutas o caminos, una serie de deberes en orden a la seguridad aludida, a la preservación de las vidas y de los bienes materiales, que van desde garantizar el libre tránsito, hasta efectuar las reparaciones necesarias, el debido mantenimiento, evitando la presencia de pozos, irregularidades, rajaduras o alteraciones que dificulten o hagan más riesgoso el tránsito y para cumplir con tales deberes concretos debe controlar, vigilar, recorrer, estar presente y en su caso, señalizar debidamente las imperfecciones o los obstáculos a aquella libre y serena circulación (confr. Mosset Iturraspe, Jorge, “Accidentes de automotores, Responsabilidad del Estado”, Revista de Derecho de Daños, 2002-1, Accidentes de Tránsito, 2002, págs. 26 y sgtes.).

En el sub-lite, los extremos enunciados han sido debidamente acreditados con el mandamiento de constatación judicial que luce a fs. 30/31 y los testimonios prestados por Sandra Noemí Carrera (fs. 81 y vta.), José Alfredo Aguilera (fs. 83 y vta.), Adriana Marcela Zuzulich (fs. 84 y vta.) y Cesar Aníbal Pereyra (fs. 85 y vta.), que dan cuenta del carácter vicioso de la cosa con la constatada existencia en la senda en cuestión de una zanja que en partes está cerrada con maderas y en partes está abierta, sin señalización ni iluminación de gran peligrosidad para las personas que transitan por el lugar, todo lo cual nos ilustra acerca de la correcta aplicación al caso en estudio de la norma sustantiva prevista en el régimen de responsabilidad objetiva emergente del acertadamente aplicado —artículo 1113 del Código Civil—, plexo fáctico éste que se vincula en un nexo de causalidad adecuada y eficiente con el dañoso resultado final responsabilizando en forma indubitable a la accionada quien debe controlar que la vía pública se mantenga apta para la circulación en tanto las deficientes y peligrosas condiciones de las arterias urbanas que alteran su normal transitabilidad compromete el deber que pesa sobre la comuna de atender a la seguridad de sus habitantes no habiendo por otra parte acreditado en el pleito alguna de las eximentes previstas en la precitada disposición legal (confr. ED, 211-89; ED, 208-498 y esta Sala entre otros en los autos: “Rodríguez, Sandra Noemí c/Municipalidad de Concordia s/Sumario”, 14/03/2005; “Fanoni, Patricia Ramona c/Superior Gobierno de Entre Ríos y otros s/Sumario”, 19/12/2007; “Brassesco, Claudio Daniel c/Dirección Provincial de Vialidad y otro s/Sumario”, 13/05/2005; “Vera, Juan Pablo y otro c/Dirección Provincial de Vialidad s/Sumario”, 17/02/2005; “Fernández, Nélida E c/Ente Descentralizado Obras Sanitarias de la ciudad de Concordia s/Sumario”, 13/05/1999).

Frente a este contexto fáctico y jurídico, la huérfana alegación de la demandada de que el hecho ocurrió por culpa de la víctima por no haber evaluado el peligro que podría causar a los niños que se desplazaban en el lugar, carece de entidad suficiente para erigirse en la causa del siniestro y de ese modo exonerar de responsabilidad al ente municipal.

Ello así, porque si bien es verdad que la actora se introdujo con el rodado en la calle peatonal, lo cierto y concreto es que la quejosa no desconoció que el accidente ocurrió cuando la motocicleta estaba detenida sino que, por el contrario, lo admite tácitamente en su escrito de responde cuando atribuye la culpa a la víctima por descender del vehículo “sin mirar por donde” (fs. 44) —argumento defensivo ensayado sin éxito en la instancia anterior y mutado en esta sede— y tampoco invocó ni probó la presencia de menores en el lugar ni que los mismos hayan tenido un rol activo en el suceso. Y, en autos se acreditó que Ríos resultó lesionada en la fecha y lugar indicados en la demanda, la existencia de un considerable pozo en la calle peatonal —que aún subsistía al tiempo de la constatación judicial practicada dos años más tarde—, la presencia de vecinos que le prestaron auxilio inmediato y llamaron a la ambulancia que la retiró del sitio, la intervención quirúrgica a la que fue sometida y el requerimiento de rehabilitación posterior.

A lo anterior, debe sumarse —como se expuso— que el municipio demandado es el organismo encargado de adoptar las medidas de prevención necesarias para la conservación en buen estado de los espacios públicas con la finalidad de proteger la integridad física de los ciudadanos que transitan por la vía pública, obligación que dejó incumplida en autos y que motivó la producción del hecho ilícito, toda vez que, de haberse encontrado la senda en buenas condiciones de uso y conservación el siniestro no hubiera acontecido. Por tal razón, coincidimos con el a quo que deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de indagar ni verificar quien ha sido el autor de la apertura de la zanja y su destino, en orden de las previsiones contempladas en los arts. 512, 902, 1068, 1074, 1083, 1113 y ccs. del Código Civil.

V. Sentado ello, y abocados al tratamiento del restante agravio que cuestiona la procedencia del daño material emergente —gastos de traslado— y moral y su magnitud, adelantamos que correrá igual suerte.

En relación a los gastos de traslado, debe señalarse que teniendo en consideración el carácter grave de las lesiones sufridas por la víctima —fractura de tibia y peroné bimaleolar de tobillo izquierdo— (confr. pericial médica, fs. 103) y la necesidad de una intervención quirúrgica y de rehabilitación posterior, es dable presumir que la reclamante —sin dudas— se haya visto en la necesidad de contratar un medio de transporte privado para desplazarse desde su domicilio hacia los centros asistenciales o consultorios particulares para su asistencia, control y rehabilitación y viceversa, motivo por el cual debemos concluir que éste es un gasto necesario y trascendente que debe ser soportado por el responsable del evento dañoso, ya que no existe razón jurídica por la que deban ser costeados por la víctima.

En cuanto a su extensión, la norma procesal nos impone que acreditada la existencia del perjuicio, la sentencia debe fijar su importe aunque no resultare justificado su monto —art. 162 del C.P.C. y C., tal como lo ha decidido el fallo atacado, y la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250,00) justipreciada para cubrir este rubro indemnizatorio no se aprecia elevada sino prudente y razonable, por lo que, este aspecto del pronunciamiento debe ser confirmado.

En lo atinente al daño moral, sabido es que a través de él se indemniza el quebranto ocasionado por el ilícito en los sentimientos o afecciones legítimas de la víctima, perturbándose la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y su ritmo normal de vida. Debe tenerse presente que este detrimento no requiere de prueba específica alguna y se lo debe tener por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica (prueba in re ipsa), y que su reparación depende del prudente arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesario otra precisión, sin perjuicio de ponderar la personalidad de la víctima y su receptividad particular en función de sexo, edad, profesión, etc. (Confr. Pizarro, Ramón Daniel, “Daño Moral”, Hammurabi, 1996, págs. 340 y ss.; y Zavala De González, Matilde, “Resarcimiento de Daños”, T. 2a, pág. 369).

Partiendo de las premisas apuntadas, resulta indudable que el daño imprevisto experimentado por la accionante cuenta con suficiente relevancia como para repercutir desfavorablemente en su espíritu. Este aserto se ve reforzado si se advierte que a raíz de las lesiones ocasionadas la actora debió ser sometida a una cirugía reparadora con colocación de placas y tornillos inmovilizadores que aún persisten en su cuerpo, y que actualmente padece de dolores y molestias en la articulación que le disminuye su desempeño laboral, doméstico, deportivo y recreativo, todo lo cual ha repercutido en su esfera psíquica (confr. pericial médica y psicológica de fs. 101/104 y 110/115), por lo que, esta queja debe ser desestimada.

Finalmente, en lo que hace al aspecto residual del recurso relativo al elevado monto de condena de la afección moral, debemos decir que la sola manifestación de su exageración sin aportar las razones que sustentan la crítica, no alcanza para habilitar esta instancia revisora en los términos de los artículos 257 y 258 de la ley adjetiva, por lo que, debe declararse parcialmente desierto el recurso.

Bajo tales lineamientos, entonces, reunidos los recaudos que hacen al funcionamiento del sistema de la responsabilidad civil para la procedencia de la acción emprendida por la actora, probada la existencia de los daños admitidos y estimando prudente la cuantificación establecida por el juzgador de grado, el fallo en crisis deviene inmodificable.

En suma, agotada la jurisdicción del Tribunal, respondemos afirmativamente al interrogante inicial y propiciamos desestimar el recurso planteado por el Municipio demandado y confirmar la sentencia impugnada en todo lo que ha sido materia de agravios; con costas de Alzada al recurrente vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota y no advertir razones que justifiquen su apartamiento (art. 65 del C.P.C. y C.).

A El doctor de Urquiza dijo:

Que se adhiere al voto del Sr. Vocal preopinante.

El doctorMoreni dijo:

Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres. Liliana Pelayo de Dri y Justo José de Urquiza.

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1. Confirmar el fallo apelado de fs. 130/136, en todo cuanto ha sido materia de agravios; con costas de Alzada al recurrente vencido (art. 65 del C.P.C.P. y C.). 2. Diferir regulación de honorarios por los trabajos cumplidos en la Alzada para la oportunidad en que se fijen los de la instancia anterior.— Liliana Pelayo de Dri.— Justo J. de Urquiza.— Ricardo I. Moreni.

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