Bienes Personales. Sociedad del exterior. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la AFIP por insuficiencia argumentativa

La Administración Federal de Ingresos Públicos interpuso recurso de apelación contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución que denegó a una sucursal de sociedad constituida en el exterior la devolución del Impuesto a los Bienes Personales, expresando que el decreto 988/03 establece que las sucursales se encuentran alcanzadas por dicho impuesto. El tribunal confirmó la sentencia

Sumarios:

1. El recurso de apelación interpuesto por el fisco contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución que denegó la devolución del Impuesto a los Bienes Personales que debió ingresar la sucursal de una sociedad extranjera de acuerdo al artículo agregado por la ley25.585 acontinuación del art.25 de la ley 23.966, debe rechazarse, en tanto aquella no puede considerarse responsable sustituta porque la normativa citada le es inaplicable en atención a la inexistencia de acciones gravables y participación accionaria debido a que la sociedad extranjera no participa del capital de la sucursal al tratarse de una misma persona jurídica.

2. Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la AFIP contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución que rechazó la devolución de Impuesto a los Bienes Personales a una sucursal de una sociedad constituida en el exterior, pues no ha rebatido eficazmente las motivaciones esenciales de la decisión del a-quo en los términos establecidos por el art. 266 del CPCCN, siendo que se advierte la ausencia de fundamentos espcíficos dirigidos a cuestionar concretamente los argumentos expresados por el juez de primera instancia. (del voto de la Dra. Caputi)

Texto Completo:

— Buenos Aires, noviembre 22 de 2011.

Y Vistos “The Bank Of Tokio – Mitsubishi UFJ LTD c/ EN AFIP DGI Resol. 269/07 (GCN) s/ Dirección General Impositiva”,

Considerando: I.- A fs. 197/203 el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta {por la parte actora contra la Administración Federal de Ingresos Públicos —Dirección General Impositiva—, y la condenó a devolver las sumas abonadas en concepto del gravamen correspondiente a los ejercicios fiscales 2003  y 2004, con más los intereses de ley correspondientes.

Consideró que la resolución n° 269/07 —que al confirmar la resolución N° 48/07 mantuvo la denegatoria del pedido de repetición formulado por la actora— adolece de vicios en su causa y motivación (arts. 7, incs. b y e, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), que determinan su nulidad, en tanto le atribuye al decreto 988/03 un alcance que manifiestamente no posee. En ese sentido, señaló que la norma no establece que las sucursales en el país de sociedades constituidas en el extranjero puedan ser consideradas obligadas sustitutas para el pago del Impuesto a los Bienes Personales.

II. Contra esa decisión interpuso el Fisco Nacional el recurso de apelación que obra a fs. 204 y que fundó a fs. 215/221.

Sostuvo que la sentencia en crisis, carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en razón de que se aparta de los términos de la ley 25.585, y del decreto 988/03 que expresamente establecen que las sucursales están alcanzadas por el Impuesto a los Bienes Personales y por lo tanto, no corresponde la devolución de las sumas ingresadas en ese concepto.

Expresó que el artículo agregado por la ley25.585 acontinuación del artículo 25 de la ley 23.966 establece que las acciones o participaciones de las sociedades regidas por la ley 19.550 cuyos titulares sean personas domiciliados en el exterior, serán liquidados o ingresados por dichas sociedades. Y el artículo 1° del Decreto 988/03 deja expresamente establecido que la norma incluye a los establecimientos estables pertenecientes a las sociedades extranjeras, cómo son las sucursales.

Por lo expuesto precedentemente, afirmó que la actora se halla alcanzada por el impuesto, por tratarse de un establecimiento estable incluido en el art. 118 de la ley de sociedades comerciales, y por ser ello así, resulta irrelevante definir si la sucursal tiene personería jurídica o es una dependencia de la sociedad constituida en el extranjero.

Criticó, asimismo, la interpretación que el a quo formuló del dictamen 507/04 de la Procuración del Tesoro de la Nación, señalando que tal como se precisó en dictamen 380/05, la exclusión de las sucursales de sociedades extranjeras de la presunción establecida en el artículo incorporado por la ley25.585 acontinuación del artículo 25 de la ley 23.966, Titulo VI del Impuesto sobre los Bienes Personales, debe interpretarse como referida exclusivamente a sucursales de empresas cuyo paquete accionario pertenece en su totalidad a un Estado extranjero.

Agregó que en el mismo sentido se expidió la Dirección Nacional de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social, mediante el dictamen 4/2010, en el cual concluyó que corresponde considerar a la sucursal como responsable sustituto, liquidando e ingresando el impuesto referido, en atención a que el paquete accionario de la casa matriz de “P.P” de Brasil Sucursal Argentina, no pertenece en su totalidad a un Estado extranjero.

Finalmente, citó la opinión del Grupo de Enlace AFIP – CPCECABA G.E. y el fallo de la primera instancia del fuero in re “Vintage Oil Argentina Suc. Argentina c/EN – AFIP- Dto. 988/03 y otro s/ Proceso de conocimiento” (Juzgado n° 12, sentencia del10/04/2007)

Mantuvo el caso federal y solicitó que se revoque el pronunciamiento recurrido, con costas.

III. A fs. 227/246 la adora contestó los agravios de su contraria. Sostuvo que el Fisco tergiversa el impuesto sobre los bienes personales, intentando gravar situaciones o sujetos no alcanzados por la norma, que primordialmente se refiere a personas físicas y sucesiones indivisas, y que incluye a las sociedades comerciales en carácter de responsables sustituto y no a titulo propio. Agregó que, la norma establece una presunción de que sus acciones o participaciones pertenecen indirectamente a los sujetos del gravamen, y por ser ello así, no hay absurdo en que el legislador haya previsto algunas presunciones y no otras, algunos sustitutos y no otros.

Destacó —entre otros aspectos— que la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales se refiere a las sociedades regidas por la ley 19.550 y no a las alcanzadas por esa norma, y el decreto reglamentario, en cambio, menciona a las “sociedades comprendidas en la ley 19.550…incluidos los establecimiento estables pertenecientes a sociedades extranjeras”. Sobre el punto, resaltó que la ley de Sociedades Comerciales dispone que “La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes de constitución” (art. 118).

IV. A fs. 49/256 el Sr. Fiscal General dictaminó en el sentido de la validez constitucional del decreto 988/05, y su alcance aclaratorio, en tanto según su criterio, determina y explicita una categoría específica ya contenida en la genérica expresamente mencionada en la ley, de modo tal que no crea un nuevo y distinto sujeto pasivo del tributo. Precisó que la sucursal es uno especie de “representación permanente” o “establecimiento estable” —según los términos de la ley 25.585— de una sociedad extranjera y destacó las consideraciones expuestas en los debates parlamentarios de la ley mencionada.

V. Con el fin de resolver la apelación planteada, corresponde precisar que en lo sustancial, el Fisco sostiene la arbitrariedad de la sentencia porque en su criterio se aparta de las disposiciones normativas que establecen el alcance del impuesto sobre los bienes personales respecto de las sucursales en el país de sociedades de capital extranjero.

Por ser ello así, cabe recordar que la norma en que la demandada sustenta su criterio; establece: “…El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones; en el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o; cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta centésimos por ciento (0,50%) sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario, que las acciones y/o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas…”

De la mera lectura de la norma, surge que con la incorporación del artículo introducido por la ley25.585 acontinuación del artículo 25 de la ley 23.966, Título VI del impuesto sobre los Bienes Personales, se encuentran alcanzados por el gravamen —en lo que aquí importa— las acciones o participaciones el capital de las sociedades regidas por la Ley 19.550, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior. Asimismo, para el cálculo del impuesto, remite al inciso h) del art. 22 de la ley del tributo que establece: “Cuando se trate de acciones se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del ultimo balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre del año respectivo”.

Sentado lo anterior, y precisado el objeto del impuesto, corresponde destacar —como principio— que la sucursal es un establecimiento secundario, que carece de personería jurídica propia, aunque dotado de relativa autonomías destinado a colaborar en la explotación realizada por el establecimiento principal que constituye el titular de todo el patrimonio.

Y con particular referencia a la actividad bancaria, debe puntualizarse la sucursal es una dependencia separada de la casa central, pero se trata siempre dé la misma persona jurídica, no importando la distancia de la misma a la que se encuentre; pues aquello que distingue de las demás formas de descentralización es su relativa autonomía jurídica para celebrar negocios. En ese sentido, la sucursal bancaria tiene autonomía porque no se la concibe dependiendo para cada operación de aquello que la casa matriz disponga o mande ejecutar, ya que a tal efecto cuenta con un factor con atribuciones para realizar los actos necesarios que permitan el normal desenvolvimiento de la gestión, no obstante lo cual dicha autonomía es limitada a las operaciones o actos propios de la sucursal, lo que conduce a afirmar que este no es independiente de la casa matriz, su patrimonio pertenece a esta y como consecuencia, la casa central es la que responde por las obligaciones generadas por la gestión de la sucursal en forma directa (conf. Zaldivar, Enrique y otro “Aspectos Particulares en la Evolución de las Sociedades” Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1980, Vol. I, P. 317).

Siendo ello así, la sucursal es solo un sector descentralizado de la casa central, carece como se viera de patrimonio propio y separado de aquella y si bien deben llevar sus cuentas en forma independiente, sus resultados se vuelcan en la contabilidad de la matriz, por lo que en definitiva, se ratifica la conclusión ya adelantada en el sentido que —a diferencia de lo que ocurre con la filial— la sucursal carece de personalidad jurídica (conf. CNCom, Sala A “Cimentaciones SA c. Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ Ordinario”, fallo del9.10.07).

Este criterio es compartido por reiterada jurisprudencia que interpretó que la operación de un banco a través de una sucursal hace presumir la existencia del interés y responsabilidad de la matriz (máxime cuando no se demuestra la diferente personalidad entre ambas), así como que las transacciones celebradas entre aquellas no comportan actos realizados por dos sujetos distintos (conf. CNCom Sala B “Bodegas y Cavas: de Weinert SA c/BNP Paribas —Sucursal Buenos Aires— s. Ordinario” del27.12.06; CNCont. Adm, Sala IV, fallo del31.12.96“Lloyds Bank (T.F. 12.867-I) c/ D.G.I.” Cano.: 18.289/95).

Desde otra perspectiva pero en análogo sentido, ha de recordarse que, aun cuando se refería a una sociedad de titularidad estatal, la Procuración del Tesoro de la Nación, expresó que las sucursales no se distinguen de su casa matriz, y si bien deben llevar una contabilidad separada, carecen de personería jurídica y de capital accionario propio (ver dictamen 507/04) de lo que se deduce que la sociedad extranjera no es ni podría ser accionista de su sucursal argentina.

Síguese de todo lo dicho que, en el supuesto aquí analizado, no existen acciones gravables ni participación accionaria, toda vez que la sociedad extranjera no participa del capital de la sucursal en el país, sino que, como se dijo, es una misma persona jurídica instrumentado a través de la constitución de la sucursal, el desarrollo de su actividad habitual.

Por ser ello así, las disposiciones del artículo agregado por la ley 25.585 y en cuyos términos funda el Fisco sus agravios, no resultan aplicables a la actora, en tanto sucursal de la sociedad extranjera “The Bank of Tokio Mitusbishi”, que por cierto no posee (ni está probado) acciones o participación accionaria de modo que torne procedente el cálculo del gravamen según lo establecido en el inciso h) del art. 22 de la ley 23.966.

Desde esta perspectiva, se arriba a una interpretación armónica de las leyes referidas y el decretó reglamentario, evitando dar a sus disposiciones un sentido que importé ponerlas en pugna con la Constitución Nacional, en particular en punto al principio de reserva legal tributaria y de razonabilidad.

VI. Que si bien lo que se lleva expuesto da respuesta adecuada a los agravios de la demandada y resulta suficiente para desestimar su apelación, cabe agregar que su argumento recursivo no se ha hecho cargo de los fundamentos expuestos en el pronunciamiento en crisis para concluir en la nulidad del acto administrativo impugnado.

En efecto, en el mismo orden de ideas expresado en el considerando que antecede, la Sentencia recurrida señaló que el “sustituto” al que aluden las normas referidas, debe ser por definición una persona distinta del sujeto sustituido, que es sobre quien, en definitiva, recae el tributo y que siendo que las sucursales carecen de patrimonio propio, no puede tener lugar el reintegró previsto en la ley (ver considerando 8° segundo párrafo)

Al respecto, nada dijo el recurrente quien, al contrario, consideró irrelevante determinar si la actora posee o no personería jurídica propia, omitiendo formular una critica concreta y razonada de los argumentos expuestos en la decisión recurrida sobre los efectos específicos respecto del impuesto sobre lo bienes personales, a partir de la definición de la naturaleza y consiguiente ausencia de personalidad jurídica de la sucursal bancaria respecto de la casa matriz. Desde esta perspectiva, los agravios no satisfacen los extremos previstos en el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por tal motivo, resultan insusceptibles de alterar el fallo apelado.

VII. Finalmente, cabe señalar que las consideraciones expuestas en los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación citados por el recurrente, carecen de entidad para modificar la decisión que se adopta, en razón de que a juicio de este Tribunal, no se expresan en ellos razones suficientes para justificar el cambio de criterio puesto de manifiesto por ese órgano técnico luego de la emisión del dictamen 507, del13 de diciembre de 2004.

Ello así, toda vez que el modo en que se pretenden limitar las afirmaciones del referido dictamen a los casos de sociedades de titularidad de estados extranjeros, no aparece debidamente fundada, en atención a las mencionadas características del las sucursales, con referencia a la sociedad comercial matriz o principal.

Por lo expuesto, el Tribunal Resuelve: Desestimar la apelación interpuesta a fs. 204 por el Estado Nacional y confirmar la sentencia de fs. 197/202, con costas a la vencida (art. 68 del CPCCN) ASI SE DECIDE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — José Luis López Castiñeira. — Luis M. Marquez. — Maria Claudia Caputi

La doctora Maria Claudia Caputi dijo:

I. Que adhiero al relato efectuado; en los considerandos I a IV de la sentencia que antecede, y con la decisión de confirmar el pronunciamiento apelado, en mérito a los argumentos que a continuación se exponen.

II. Que, a mi juicio, el escrito recursivo presentado por la demandada no satisface las exigencias previstas en el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, situación que impide la revisión del pronunciamiento apelado, pues el apelarte no ha rebatido eficazmente las motivaciones esenciales de la decisión del magistrado de la instancia previa, en los términos establecido en el art. 266 del código citado.

En efecto, de la mera lectura de la expresión de agravios obrante a fs. 215/221 se advierte la ausencia de fundamentos específicos dirigidos a cuestionar concretamente los argumentos expresados en la sentencia en crisis para arribar a la solución Cuestionada. Ello es así, pues en todas las fojas que constituyen la apelación se formulan transcripciones parciales de la sentencia, de las normas invocadas, de los dictámenes de la Procuración citados y jurisprudencia referida, sin una elaboración jurídica correcta y adecuada que se haga cargo de las motivaciones del fallo.

Corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que río se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.

Desde esta perspectiva, la apelación de la demandada que se limita a exponer de modo escueto la interpretación del organismo recaudador sobre la situación fiscal de la actora, no resulta suficiente para considerar debidamente impugnado el pronunciamiento que ha efectuado un estudio adecuad de los hechos del caso y de la normativa aplicable, con argumentos que no fueron siquiera considerados en la apelación (ver en particular considerandos 6° y 7° de la sentencia en crisis)

Por ser ello así, cabe concluir que la apelación formulada se traduce una mera discrepancia con la sentencia apelada, sin efectuar una concreta fundamentación para conferirle virtualidad en los términos del art. 265 del CPCCN.

En consecuencia, voto por declarar desierta la apelación en los términos del art. 266 del código de rito, con costas a la demandada. ASI DIGO. — Maria Claudia Caputi

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