BCRA inicia sumario contra empresa exportadora por la falta de ingreso y negociación de divisas por exportaciones

 El Banco Central de la República Argentina inició un sumario administrativo contra una empresa exportadora y sus representantes, al imputarles la falta de ingreso y negociación de divisas por exportaciones, en infracción al art.1 incs. e y f y art. 2 inc. f de la ley 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), correspondiente al Régimen Penal Cambiario, integrado por los Decretos 1606/01 y 1638/01 y Comunicación “A” 3473 y complementarias del BCRA. El Juez de Primer Instancia en lo Penal Económico resolvió absolver a los imputados.

Juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Penal Económico Nro. 8 (J N Penal Económico) (Nro 8)

Fecha: 22/05/2012 –

Pilkington Automotive Argentina S.A.; Galvao Luiz Carlos

Sumarios:

1. La sociedad exportadora sumariada y sus representantes deben ser absueltos en orden a la infracción del art.1 incs. e y f y art. 2 inc. f de la ley 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), por la supuesta falta de ingreso de divisas correspondientes a operaciones de exportación, toda vez que no se encuentra acreditada una negociación cambiaria clandestina, no solo por la verosimilitud de las justificaciones aportadas por la defensa de los sumariados, sino también por la efectiva liquidación de las divisas, aunque hayan sido tardías, lo que permite aseverar que no existió el dolo exigido por la norma penal enrostrada, resultando atípicas las conductas cuestionadas.

Texto Completo:

— Buenos Aires, mayo 22 de 2012.

Considerando:

I. Que, el objeto procesal de la presente causa se halla circunscripto al hecho que importó la falta de ingreso de divisas por parte de la firma. Pilkington Automotive Argentina S.A., correspondientes a las mercaderías exportadas, en los plazos establecidos, relacionadas con los permisos de embarque Nros. 1) 01001EC01070301P, 2) 02001EC01029816X, 3) 02001EC01012814V, 4) 02001EC01004264V, 5) 02001EC01000978G, 6) 02001EC01023584E, por la suma de ciento diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve dólares (U$S 119.889.-), y, por la suma de setenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve dólares (U$S 77.949.-) correspondiente a 5 operaciones de exportación identificadas con los Nros. 1) 02001EC01071040R, 2) 02001EC01054506C, 3) 02001EC01026983K, 4) 02001EC01054164C, y 5) 01001EC01071002Y, por liquidación fuera de término. Dicha conducta encontraría adecuación típica en el art. 1° incs. e) y f) y art. 2 inc. g de la Ley 19.359, correspondiente al Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), integrado con las disposiciones de los Decretos 1606/01 y 1638/01 y Comunicación “A” 3473 y complementarias del Banco Central de la República Argentina.

II. Por tal hecho, la Gerencia de Exterior y Cambios remitió el listado de “Incumplidos Vigentes” a la Gerencia de Entidades no Financieras del Banco Central de la República Argentina, donde consta la denuncia, que por falta de ingreso y negociación de divisas por exportaciones de la firma Pilkington Automotive Argentina S.A., efectuaran los bancos Deutsche Bank S.A. y el Bank Boston. Mediante informe N° 383/2106/07 la Gerencia referida culminó su intervención concluyendo que “A base de los elementos reunidos de Pilkington Automotive Argentina S.A. se concluye lo siguiente: (…) monto de la infracción Falta de ingreso de divisas US$ 121.940 (…) Divisas ingresadas fuera de término US$ 773949…”, remitiendo las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Contenciosos, (ver fs. 607/614 de la presente causa), propiciando la apertura de las presentes actuaciones por infracción al Régimen Penal Cambiario, a la firma “Pilkington Automotive Argentina S.A.” y a los Sres. Luiz Carlos Galvao —en su carácter de presidente de la firma mencionada—, y Rodolfo Julio Enrique Sánchez Moreno —en su carácter de vicepresidente—; mediante Resolución N° 249 de fecha 11-08-2009, se resolvió instruir el sumario por estimar configurada, en principio, las infracciones previstas por el art. 1° incs. e) y f) de la ley 19.359, de Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), integrado con las disposiciones de los Decretos 1606/01 y 1638/01 y Comunicación “A” 3473 y complementarias del Banco Central de la República Argentina. Las constancias de notificación de tal resolución, corriéndoles traslado para presentar descargo y ofrecer prueba, a los nombrados, se encuentra a fs. 626/30 de la presente causa.

III. Que, la Gerencia de Control de Entidades No Financieras del B.C.R.A., dio cuenta que por medio de la Orden de Inspección N° 383/978/RPC/1051, se procedió al análisis de las presentes actuaciones originadas con motivo de las denuncias formuladas por los Bancos Deutsche Bank S.A. y Bank Boston, para la verificación del presunto incumplimiento de la Ley Penal Cambiaria.

IV. Que, a fs. 648/674 de la presente causa Pablo Daniel Cirilli, en representación de Pilkington Automotive Argentina S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Andrés Sanguinetti, efectuó descargo y ofreció prueba.

La defensa destacó que, desde finales de 2001 pasando por el particular año 2002, se han vivido crisis financieras, provocando, entre otras cosas, cambios sustanciales en los contenidos de las normas cambiarias aplicables a las operaciones de exportación investigadas. Además agregó que en ese marco inestable, constante y complejo había que tratar de celebrar exportaciones, al mismo tiempo observar y hacer observar una compleja madeja de reglamentación que cambiaba casi todos los días, ejercer el comercio y mantener en funcionamiento una empresa con más de 70 años de trayectoria en nuestro país.

Destacó la defensa que se debe tener presente cuál era el clima de caos normativo que reinaba en el mercado durante ese período, pues el B.C.R.A. comenzó a publicar circulares casi diariamente que modificaban las operatorias bancarias y apenas se instrumentaban, ya eran obsoletas al ser modificadas (confr. fs. 649 vta. punto b) a fs. 654 de la presente causa).

Asimismo, la defensa manifestó que: “…La realidad, en definitiva es que ninguna de las operaciones bajo investigación en este sumario ha sido movilizada por ese dolo específico que la figura bajo análisis requiere para su configuración. Es decir que las demoras como la falta de ingreso no estuvieron guiadas, en ninguno de los casos, por esa intención espuria de beneficio económico que el tipo penal sanciona. Beneficio que de hecho, como se ha visto, no ha existido… los hechos que motivan el reproche, son el fruto de esa situación de instabilidad general a la que nos refiriéramos, en la que …ni especialistas, ni abogados, y menos aún empresarios, podían hallarse debidamente actualizados en materia legislativa vigente. El inabarcable y para entonces novedoso universo de normas que regulaban los términos para ingresar y liquidar divisas en cada uno de los casos, que variaban de acuerdo al producto y modo de pago, crearon confusión tal que muchas empresas, entre las que lamentablemente se encontraba PAASA, no tuvieron la real posibilidad de motivarse en un reglamentaciones que, a decir verdad, nadie conocía ni manejaba con fluidez. Tras diez años de estabilidad en el mercado de exportaciones e importaciones, durante los cuales los procedimientos, trámites y obligaciones habían sido adquiridos como una costumbre, la mentada crisis económica y social, con los cambios aludidos en materia legislativa inclusive, provocó incertidumbre y desconocimiento de la ley aplicable… los atrasos que pudieron haberse verificado no obedecieron a una deliberada intención de incumplir con miras de un beneficio. Fueron más bien el producto de ese desconocimiento general. No hubo dolo y por ende, no se configuró delito alguno. Cierto es y no escapa a esta defensa que nadie puede ampararse en un desconocimiento de la ley para eximirse de responsabilidad. No obstante, en el escenario aludido, con constantes cambios y en el marco de una profunda e histórica crisis, puede afirmarse que ese desconocimiento que ha colocado a nuestra defendida en posición de infractora objetiva, ha sido insalvable…”.

Que, además la defensa resaltó que tanto en la sustanciación como en la decisión final se deberán respetar los principios de legalidad, reserva, debido proceso y defensa en juicio (art. 18 y 19 de la C.N.), el principio de inocencia (a su vez desdoblado en carga del “onus probandi” y en el “indubio pro reo”) al igual que el principio de culpabilidad como presupuesto de toda sanción penal.

V. Que, a fs. 722 de la presente causa, el Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios de la Gerencia de Asuntos Contenciosos del B.C.R.A., resolvió abrir a prueba el sumario. A fs. 723 de la presente causa, se tuvo presente la documentación acompañada, y con fecha 01/02/2011 se cerró aquel período de prueba (confr. fs. 797/8 de la presente causa).

VI. Que, el Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios de la Gerencia de Asuntos Contenciosos del B.C.R.A., el día 01/02/2011 resolvió declarar la causa conclusa para definitiva y remitir el sumario a la Justicia en lo Penal Económico (ver fs. 797/8 de la presente causa).

VII. Que, según constancia de fs. 802 de la presente causa, aquel sumario tuvo entrada en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la cual con fecha 10/02/2011 sorteó a este Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8.

VIII. Que, luego de ello, se agregaron los informes bancarios, policiales y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (ver fs. 811, 812, 814815/6, 832, de la presente causa) de los sumariados, de los cuales no surgen otros antecedentes que el que dio origen a la presente causa.

IX. A fs. 777 de la presente causa, el B.C.R.A. dispuso como medida contable. Los peritos contadores concluyeron, en aquel informe pericial, que: “Del análisis de la documentación que nos fuera proporcionada…surgen los tipos de cambio a los que fueron liquidadas las divisas. De la comparación de los mismos con los vigentes a la fecha de vencimiento recalculada, surgen las diferencias que se informan en la hoja anexa, las cuales arrojan un perjuicio para la sumariada que alcanza la cifra de $ 9.842,63… de la documentación examinada no surge que la sumariada hubiera recibido las divisas con anterioridad a las fechas de efectivo ingreso…” (confr. fs. 778/9 de las presentes actuaciones).

Del anexo obrante a fs. 780 de la presente causa, aportado por los peritos contadores intervinientes, como complemento de las conclusiones vertidas a fs. 778/9 de la presente causa, surge:

a) Por la destinación 02001EC01054506, cuando la firma extranjera debía pagar U$ S 1.965 en la fecha 11/02/2003, el tipo de cambio de ese momento era 1 U$S =$ 3.1017, pero cuando realmente pagaron los U$S 1.965 (en fecha 23/07/2003) y se liquidó, el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,7570), surgiendo así una diferencia de $ 677,34 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780 y fs. 307 de la presente causa).

b) Por la destinación 02001EC01054506, cuando la firma extranjera debía pagar. U$S 386 en la fecha 11/02/2003, el tipo de cambio de ese momento era 1 U$S = $ 3.1017, pero cuando realmente pagaron los U$S 386 (en fecha 08/09/2003) y se liquidó, el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,8050), surgiendo así una diferencia de $ 114.53 en perjuicio de la sumariada (ver fs., 780, fs. 472 y 478 de la presenté causa).

c) Por la destinación 02001EC01054506, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 3.965 en la fecha 11/02/2003, el tipo de cambio de ese momento era 1 U$S = $ 3.1017, pero cuando realmente pagaron los U$S 3.965 (en fecha 11/09/2003) y se liquidó, el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,8800), surgiendo así una diferencia de $ 879,04 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780 y fs. 311, 472 y 479 de la presente causa).

d) Por la destinación 02001EC01054506, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 2.975 en la fecha 11/02/2003, el tipo de cambio de ese momento era 1 U$S = $ 3.1017, pero cuando realmente pagaron los U$S 2.975 (en fecha 2/10/2003) y se liquidó, el tipo de cambio era otro (U$S = $ 2.8800), surgiendo así una diferencia de $ 659,56 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780 y fs. 315, 472 y 479 de la presente causa).

f) Por la destinación 02001EC01054506, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 5.072 en la fecha 11/02/2003, el tipo de cambio de ese momento era 1 U$S = $ 3.1017, pero cuando realmente pagaron los U$S 5.072 (en fecha 13/01/2004) y se liquidó, ‘el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,8400), surgiendo así una diferencia de $ 1.327,34 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780, fs. 303, fs. 472 y 474 de la presente causa).

g) Por la destinación 02001EC01026983K, cuando la firma extranjera, debía pagar U$S 46.610, en fecha 18/11/2002, el tipo de cambio de referencia era 1 U$S = 3,5270, pero cuando realmente pagaron los U$S 46.610 (en fecha 25/11/2002), el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 3,4600), surgiendo así una diferencia de $ 3.122,87 (ver fs. 780 y fs. 180 de la presente causa).

h) Por la destinación 02001EC01004264V, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 1.251, en fecha 04/06/2002, el tipo de cambio de referencia era 1 U$S = 3,6083, pero cuando realmente pagaron los U$S 1.251 (en fecha 09/09/2002), el tipo de cambio era otro (1 U$S – $ 3,5800), surgiendo así una diferencia de $ 35,40, en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780, fs. 676, fs. 678 y fs. 788 de la presente causa).

i) Por la destinación 02001EC01071040R, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 1.237, en fecha 26/08/2003, el tipo de cambio de referencia era 1 U$S = 2,9217, pero cuando realmente pagaron los U$S 1.237 (en fecha 13/01/2004), el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,8400), surgiendo así una diferencia de $ 101,06 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780, fs. de la presente causa).

j) Por la destinación 02001EC01054164C, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 10.874, en fecha 10/02/2003, el tipo de cambio de referencia era IU$S = 3,1458, pero cuando realmente pagaron los U$S 10.874 (en fecha 26/11/2003), y se liquidó, el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,9100), surgiendo así una diferencia de $ 2.564,09 en perjuicio de la sumariada (ver fs. 780 de la presente causa).

k) Por la destinación 01001EC01071002Y, cuando la firma extranjera debía pagar U$S 3.614, en fecha 18/04/2002, el tipo de cambio de referencia era IU$S = 2,9100, pero cuando realmente pagaron los U$S 3.614 (en fecha 08/09/2003) y se liquidó, el tipo de cambio era otro (1 U$S = $ 2,8100), surgiendo así una diferencia de $ 361,40 en perjuicio de, la sumariada (ver fs. 780 de la presente causa).

X. También, como medida para mejor proveer, se le recibió declaración testimonial a la Sra. Nancy Viviana Sciorra De Perez Bure —Jefa del Departamento de Sustanciación de Sumarios Cambiarios de la Gerencia de Asuntos Contenciosos del B.C.R.A.—, quien en aquella oportunidad mencionó que, lo que se le imputa a la firma Pilkington Automotive Argentina S.A. es la falta de ingreso y negociación de divisas y el ingreso tardío de divisas provenientes de importaciones, y por otro lado, manifestó que la normativa vigente que existía y se exigía al momento de ingresar las destinaciones son las detalladas en la resolución administrativa N° 249 obrante a fs. 615/6 de las presentes actuaciones —art. 1° incs. e y f de la Ley 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), integrados en el caso con las disposiciones de los Decretos N° 1606/01 y 1638/01 y de la Comunicación “A” 3473 del B.C.R.A.— (confr. fs. 837y vta. de la presente causa).

Y Considerando:

XI. En primer lugar, se deberá analizar el tratamiento que corresponde imprimir al planteo de inconstitucionalidad planteado en las presentes actuaciones por la defensa de “Pilkington Automotive Argentina S.A.” (confr. fs. 648/674 de la presente causa).

En aquella oportunidad, la defensa afirmó que: “… La ley 19.359 (t. o. 1995), base sobre la cual se estructura el Régimen Penal Cambiario Argentina, es una ley penal en blanco en tanto dispone las penas a aplicar, pero la determinación de hecho típico resulta incompleta porque necesita y reenvía a otras normas que la complementen…”. Al respecto, la defensa resalta la falta de una correcta descripción de las conductas que se procura reprimir. Además, sostiene que desde fines del año 2001 y durante todo el año 2002, el régimen cambiario argentino (integrado por la Ley 19.359, Decretos 1606/01 y 1638/01 y Comunicación “A” 3473 del B.C.R.A.) no contenían los requisitos necesarios mínimos de seguridad, legalidad y falta de ambigüedad, necesarios para integrar un sistema de ley penal en blanco (ver párrafo segundo de fs. 656 vta. de la presente causa). También asevera que el régimen en cuestión no contenía los requisitos necesarios para traer consecuencias penales cambiarias respecto de quienes se veían abarcados por dichas normas y sostener lo contrario implica una evidente lesión al principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la Carta Magna. Advierte, además, que resulta una violación a los principios emanados de la Constitución Nacional (art. 18 y 19) y del Código Civil (art. 2 y 3), pretender sancionar dichas conductas, considerando para ello normas que no estaban vigentes porque no habían sido publicadas en el Boletín Oficial. (ver fs. 648/674 de la presente causa).

Del planteo de inconstitucionalidad, efectuado por la defensa, se corrió vista al Señor Fiscal (ver fs. 838 de la presente causa), quien se pronunció por la improcedencia de aquel planteo (ver fs. 839/840 de la presente causa).

Para así pronunciarse, el Sr. Fiscal consideró que: “…que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en reiteradas ocasiones, que: “La declaración de invalidez de una norma es un acto de suma gravedad institucional que deber ser considerado como la última ratio del orden jurídico y su procedencia requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos de igual carácter” (confr. fallos 329:4135, 316:842, 327:5147, 5723 y 5863…En el mismo sentido se ha señalado que “…el acto impugnativo debe ser,… autosuficiente, de modo que en el respectivo escrito corresponde señalar de manera expresa, clara y precisa los argumentos en cuya virtud se afirma la contradicción entre la norma legal aplicable y la CN, y expresar asimismo la solución que se pretende. Por ello no se cumple el requisito examinado si el recurrente,…se limita a sostener, dogmáticamente, que un determinado precepto es inconstitucional porque sería violatorio de las normas constitucionales que cita” (CNCP Sala 1 15-X-1993 “Murua Rubén R” B.J. 1993. Nro. 4 Pág. 87—…”Los Recursos en el Proceso Penal. Lino Enrique Palacio. Pág. 168)…Pues bien, del confronte de la parte pertinente de la presentación en virtud de la que se corre traslado no se advierte que concurran los presupuestos de admisibilidad formal a los que se aludiera en el párrafo anterior…En este sentido, las cuestiones a las que hace alusión el impugnante no expresan ninguna consideración acerca de los motivos por los cuales el impugnante sostiene la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión. La mera invocación acerca del Régimen Penal Cambiario Argentino y su conformación como ley penal en blanco, deviene en una articulación carente de fundamento, pues por ella, no se expresa ninguna consideración acerca de los motivos por los cuales el impugnante encuentra contradicción entre la norma aplicable y la Constitución Nacional….Nuestro más Alto Tribunal, ha tenido ya la oportunidad de expedirse acerca de la constitucionalidad de las descripciones típicas previstas en el art. 1ro. de la ley 19.359, siendo que en aquella oportunidad se sostuvo: “Aún cuando pueda cuestionársela desde el punto de vista de su técnica legislativa, es evidente que la norma, cuya impugnación se pretende, satisface el requisito del artículo 18 de la Constitución Nacional en la medida en que, por su formulación, brinda inequívocas pautas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles permitidas” (confr. caso “Arpemar S.A.P.C. e I y otros s/inf a la ley 19.359, fallado el día 12 de mayo de 1992, fallos 315:908)…” (ver fs. 839/840 de la presente causa).

Ahora bien, “…La llamada Ley Penal Cambiaria (Ley 19.359) ha sido reconocida por la CSJN como una ley penal en blanco, siendo la característica particular de esta clase de leyes la necesidad de la operatividad de una normativa de complemento, sin la cual aquéllas se tomarían inoperantes (Fallos 312:1920; 321:824 y 329:1053, entre otros) (Del voto del Dr. Hornos)….” (Sala B, Reg. 573/2010-14/09/2010, Banco de Servicios y Transacciones S.A. S/régimen penal cambiario Causa 58.306).

Como se puede advertir, la normativa supuestamente infringida por Pilkington Automotive Argentina S.A., y las personas físicas sumariadas, se vio integrada, en este caso concreto, con la Comunicación “A” 3473 y los Decretos 1606/01 y 1638/01, y complementarias del B.C.R.A., a partir de la confirmación de la imputación en sede administrativa, la cual fuera sostenida y ratificada en sede judicial por funcionarios del B.C.R.A. (confr. fs. 607/614 y 837 y vta. de la presente causa).

A esta altura, se deberá analizar si la defensa, al momento de pronunciarse sobre el planteo efectuado, ha expresado los motivos por los cuales encuentran contradicción entre la norma aplicable y la Constitución Nacional, y cual habría sido el perjuicio sufrido por sus defendidos como producto de aquella contradicción.

Dicho esto, y analizando la cuestión en trato, se advierte que el planteo efectuado por la defensa carece de los fundamentos necesarios que se deberían esbozarse en relación a la gravedad de una cuestión de tal naturaleza como lo es un planteo de inconstitucionalidad de una norma legal, ello en razón, de que no se advierte de manera expresa, clara y precisa los argumentos que deberían afirmar la contradicción entre la ley aplicable y la Constitución Nacional, haciendo sólo una mera enumeración de citas bibliográficas y referencias vagas de aquel planteo.

A todas luces deviene procedente recordar lo sostenido por la Sala “B” de la Excma. Cámara del Fuero, al momento de resolver en la causa “Aceitera General Deheza S.A. y otros s/inf. ley 24.1444” Reg. N° 195 F° 456/74 AÑO 2011 del voto del Dr. Hornos, punto V “…Resulta oportuno recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye una ‘última ratio’, un recurso extremo al que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparada por la Constitución Nacional y cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 3101162; 312:496). De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que se exige para el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las razones constitucionales y del poder encargado de dictar la ley. Por estas razones, la Corte Suprema, al ejercer el máximo control de constitucionalidad, debe imponer la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de facultades como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:1087).

Además el Suscripto considera oportuno recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Fallo “Thomas Enrique c/ E.N.A. s/ Amparo” del 15 de Junio de 2010 al manifestar que “…En efecto, el derecho constitucional comparado conoce dos modelos puros u originarios de control de constitucionalidad: el difuso o estadounidense y el centralizado o austríaco. Conforme al primer modelo, cualquier juez puede en un proceso declarar la inconstitucionalidad de una norma y, en consecuencia, sentenciar sin aplicarla. Conforme el segundo modelo, un único tribunal puede juzgar la inconstitucionalidad de la norma, pero en caso que lo haga ésta no sólo no se aplica al caso sino que pierde vigencia erga omnes…El modelo argentino es claramente el difuso o norteamericano en forma pura” (Del voto mayoritario considerando 8°) para luego continuar afirmando que “Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico (Del voto mayoritario considerando 9°). Asimismo, el Dr. Enrique S. Petracchi por su voto, sostuvo que “…cabe destacar que la actividad judicial no importa la aplicación de reglas aisladas en forma mecánica, sino que requiere también el cumplimiento de los valores plasmados por diversos principios del sistema jurídico que, muchas veces, se encuentran en tensión…Esto implica que el dictado de una sentencia supone una tarea de ponderación por parte de los jueces y el resultado de esta actividad debe —como todo acto estatal— ser razonable y proporcionado…Al respecto, esta Corte tiene dicho que la tarea judicial ‘exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia’ y que ‘no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma’ (Fallos:234:482; 302:1284, entre otros). En otras palabras, las decisiones judiciales deben valorar en forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada que logre obtener una realización lo más completa posible de las reglas y principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico” (Considerando 10°).

La doctrina también se ha referido al tema, considerando el Suscripto en esta oportunidad citar a Néstor Pedro Sagues, quien sostiene que “…el modelo norteamericano propicia el control judicial, de tipo difuso o desconcentrado: cualquier juez puede evaluar la constitucionalidad de una norma o acto (y el efecto de su decisión, por lo común, se ciñe al caso concreto). Es un sistema no especializado, ya que el juez de la magistratura constitucional desempeña, al mismo tiempo, tareas de juez en lo civil, penal, laboral, etcétera”… [Rige también en la República Argentina]”. Y continúa manifestando que: “…en el control judicial de constitucionalidad se divisan dos variables principales: control abstracto y control concreto. En el control concreto sólo está autorizado para impulsarlo quien tenga determinado interés (derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, según los casos) afectado por la norma que califica como inconstitucional”. Para concluir sosteniendo que “el pronunciamiento que haga un órgano de la jurisdicción constitucional ante un planteo de inconstitucionalidad, puede configurar una sentencia estimatoria, si lo acepta y fulmina de inconstitucionalidad a la norma, o una sentencia desestimatoria, si lo rechaza. Desde luego, la decisión puede ser total o parcial, según se invalide todo o parte de una norma” (Sagues, Néstor Pedro, “Elementos de Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Tomo I, 1993, Págs. 148 y ss.).

Por todo lo expuesto, se entiende que el planteo efectuado por la defensa carece del desarrollo mínimo que la gravedad de una cuestión de tal naturaleza reclama para su consideración, debiendo rechazarse.

XII. Ahora bien, aclarado esto, y entrando en el análisis de los hechos investigados, se debe tener en cuenta que el bien jurídico protegido por el Régimen Penal Cambiario, desde una concepción amplia, es el mercado y su control cambiario —donde perdura la ordenación económica por los poderes públicos—. Por otro lado, el examen de los tipos acuñados por la ley evidencian una diversidad de bienes jurídicos protegidos, así las transgresiones vinculadas al comercio exterior (art. 1°, incs. “e” y “f”, de la ley 19.359, integrados con las reglamentaciones y circulares aplicables en cada caso), afectan también y en última instancia la balanza de pagos, lo cual suele fundamentar la imposición del control de cambios (ver Carlos G. Gerscovich, “Derecho Económico Cambiario y Penal”, Capítulo VII.2, “bien protegido”, págs. 327/328). Es decir, posible pluriafectaciones.

Se han establecido, además, cuatro enfoques pragmáticos del interés protegido: 1. La tutela de la economía del país, independientemente del derecho de propiedad y de la libertad de iniciativa económica individual, que ceden cuando se ponen en conflicto con los intereses colectivos; 2. La exigencia de asegurar al Estado el monopolio de las relaciones monetarias con el exterior y, en consecuencia, la posibilidad de su control; 3. Que el ilícito monetario, en particular la exportación de riqueza mobiliaria, constituye una violación del deber de solidaridad social; y 4. Que la disciplina responde a la exigencia de tutelar el equilibrio de la balanza de pagos (ver Astolfo DI AMATO, “Dirito Penale dell’ impresa”, p. 413, Milano, 1987).

En tal sentido se ha sostenido que el régimen de control de cambios resulta trascendente para la economía.”… en tanto tiene como objeto proteger la moneda y regular las importaciones de modo que su infracción causa un daño ‘consistente en la perturbación y obstaculización de la política económica y financiera del Estado…’” (ver C.S.J.N., Fallos: 205/531 y, en idéntico sentido, Fallos 320:763).

XIII. Que, conforme surge de las distintas constancias obrantes en el sumario administrativo iniciado ante el B.C.R.A., se les imputaron a “Pilkington Automotive Argentina S.A.”, Luiz Carlos Galvao y Rodolfo Julio Enrique Sanchez Moreno, las infracciones previstas en el art. 1° incisos “e” y “f” y 2° inc. f de la Ley 19.359 (t.o. por Decreto 480/95), integrado en el caso por los Decretos que la reglamentan, Nros. 1606/01 y 1638/01, y la Comunicación “A” 3473 y complementarias, del B.C.R.A., en relación a los hechos relacionados con los despachos de exportación descriptos mas arriba.

XIV. El art. 1° de dicha ley establece que “… serán reprimidas con las sanciones que establece la presente ley: a)…; b)…; c)…; d)…e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidas en las normas en vigor; J) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios…”

El art. 3° del Decreto 1606, de fecha 12/05/2001 (B.O. 12/06/2001) sustituye el art. 7° del Decreto N° 1570/01, en el que se establece “… Proíbese la exportación de bienes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y previamente autorizados por el Banco Central de la República Argentina, o se inferior a dólares estadounidenses diez mil (U$S 10.000) —antes dólares estadounidenses un mil (U$S 1.000)— o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina…”

Por Decreto 1638/2001, de fecha 12/11/01, (B.O. 12/12/2001), se dispuso que: “… art. 1. El ingreso y negociación de divisas previsto en el Artículo 1° del Decreto N° 2581/64 y su negociación prevista en el art. 10 del Decreto N° 1555/86, se considerará cumplido mediante el ingreso de las divisas correspondientes y su depósito en una cuenta del exportador abierta en una entidad sujeta a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina, sin que sea necesaria su negociación en el mercado de cambios o su conversión a ninguna otra moneda, nacional o extranjera…”.

Mediante Comunicación “A” 3473 (B.C.R.A.) se estableció, en relación a “… operaciones de comercio exterior de bienes y servicios a liquidarse por el Mercado Unico y Libre de Cambios a partir del 11.2.02, (que) 1. Los cobros de exportaciones de bienes y servicios, netos de la aplicación de anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones de bienes, deberán ser liquidadas en el Mercado Unico y Libre de Cambios en los plazos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio según el tipo de producto; 2….; 3. El producido de la negociación de cambio por la negociación de cobros de exportaciones y servicios, deberá ser acreditado a una cuenta corriente o en caja de ahorro en pesos en una entidad financiera. Adicionalmente, a los plazos establecidos, se dispondrá de diez días hábiles para la efectiva negociación; 4….”

Mediante la Comunicación “A” 3534 (B.C.R.A.), se estableció que: “…las operaciones por cobros de exportaciones de bienes que al día de la fecha de la presente Comunicación, registren el ingreso de transferencias a una entidad financiera local o puesta a disposición de los fondos en el exterior, con una anterioridad a los diez días hábiles, dispondrán de tres días hábiles a partir de la presente para su efectiva liquidación por el mercado de cambios…”

XV. En definitiva, el elemento típico de las conductas investigadas, se halla constituido por la omisión de “… ingreso y negociación de divisas…”, y su depósito en una cuenta del exportador, abierta en una entidad habilitada por el B.C.R.A., en el caso una entidad bancaria considerada como banco de seguimiento (ver Bernardo Saravia Frías, “Cuestiones Modernas del Derecho Bancario”, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2008, pág. 136).

XVI. Ahora bien, en relación a los hechos atribuidos en las presentes actuaciones, cabe señalarse que:

a) Con respecto a la Destinación N° 01001EC01070301P, cuya fecha de vencimiento recalculado por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 16/04/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una exportación a la firma Pilkington Brasil Ltda., conforme surge de fs. 55/57 de la presente causa. El cumplimiento del embarque se otorgó el 7 de diciembre de 2001. La operación se liquidó el día 06 de diciembre del año 2001, por medio del comprobante N° 251472 (ver fs. 56 de la presente causa), y el producido de dicha liquidación, se acreditó en la cuenta corriente de la firma Pilkington Automotive Argentina S.A. en esa misma fecha (06/12/2001) —confr. fs. 57 de la presente causa—. A la fecha de la operación, aún se encontraba vigente la paridad cambiaria del régimen de convertibilidad y no existían limitaciones para el ingreso de divisas. Dicho esto, se concluye que esta operación de exportación, se cumplió debidamente y los fondos girados por el importador ingresaron a la cuenta de la firma imputada en tiempo y forma, realizándose la correspondiente liquidación de divisas. Ello indicaría una conducta ajustada a derecho según las normas contempladas por la Ley 19.359 y sus respectivas resoluciones, determinando por ello falta de conducta agresiva frente al sistema jurídico por parte de las personas físicas y jurídicas, lo que lleva a sostener la atipicidad de la conducta en cuestión.

b) Con respecto a la destinación N° 02001EC01029816X, cuya fecha de vencimiento recalculado por B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 29/11/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación a la firma Pilkington Brasil Ltda.. En este caso, la mercadería exportada consistió en muestras sin valor comercial, tal como surge de la factura N° SE 240 que obra agregada a fs. 192 de la presente causa. En dicha factura, se aclaró expresamente que se trataba de muestras sin valor comercial, y sin giro de divisas. Atento las circunstancias relatadas, hay que destacar que en este caso no hay obligación de ingresar divisas puesto que se trataron de simples muestras sin valor comercial. Asimismo, la defensa ha manifestado que a la fecha en que se llevó a cabo la operación —05/04/2002—, no existía norma alguna en materia cambiaria que regulara la forma en que debían ser canceladas las operaciones de exportación que no resultan susceptibles de generar un contravalor en divisas, y que recién se reglamentó en la comunicación A 4839 de fecha 8 de septiembre de 2008, publicada en el boletín oficial el 1° de octubre de 2008.

Atento esto, se desprende que la firma Pilkington Automotive Argentina S.A. documentó la operación en cuestión, de acuerdo a los usos y costumbres de aquel momento, y dicha operación no fue contraria con ninguna norma regulatoria en materia cambiaria.

c) Con respecto a la destinación N° 02001EC01023584E (ver copia agregada a fs. 172/5 de la presente causa), cuya fecha de vencimiento recalculado era el 04/10/2002 (ver fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación al cliente Libbey Owens Ford CO. Dicha operación, se instrumentó como consecuencia de la factura de Exportación N° 0009-00000537 (ver copia de dicha factura a fs. 171 de la presente causa), y fue oficializada el 25/04/2002.

Con respecto a esta operación, conforme lo que surge del punto 2°) del informe del B.C.R.A. obrante a fs. 607/14 de la presente causa, no se le efectuó imputación penal, debido a que la misma fue ingresada en término. Sin perjuicio de ello, el B.C.R.A. efectuó reclamo a la firma cuestionada, por la falta de ingreso de U$S 3.756 correspondiente a esta operación (ver cuadro obrante a fs. 609 de la presente causa).

Ahora bien, de la factura de exportación N° 0009-00000537 (ver fs. 171 de la presente causa) surge que la suma de U$S 3.756 correspondía a un descuento realizado por la cantidad de mercadería comprada. En este caso, el valor de las mercaderías vendidas fue de U$S 37.565 sobre el cual la firma Pilkington Automotive Argentina hizo un descuento especial por la cantidad de 10%, abonando el cliente la suma de U$S 33.808,50 —monto final de la factura obrante a fs. 171 de la presente causa—.

Atento esto, a la fecha de los hechos, no existía obligación legal por parte de la firma Pilkington Automotive Argentina S.A. de ingresar la suma de U$S 3.756, ya que correspondería a un descuento comercial, por lo cual estaría exento de ingreso.

Teniendo en cuenta que a la fecha de la operación de exportación mencionada (25/04/2002), no se encontraba vigente la Comunicación A 3685 (fecha 06/08/2002).

Dicha comunicación A 3685 establece que: “…los descuentos y gastos pagaderos en el exterior de servicios que consten en la documentación del permiso de embarque, donde el beneficiario que un no residente, las entidades financieras deberá a los efectos del seguimiento de los ingresos… a) Elaborar boletos de compra y de venta de cambio para liquidar en forma simultánea sin movimiento de divisas, por el monto del faltante, merma, deficiencia, servicio abonado y/o descuento otorgado…”.

Que, al momento en que se llevó a cabo el descuento referido en esta operación no existía norma legal que regulase la forma en que dicho descuento debía ser acreditado por el exportador frente a los bancos encargados del seguimiento del ingreso de las divisas, y, por lo tanto, la firma en cuestión, realizó el mismo de acuerdo a los usos y costumbres comerciales. A esta altura, se debe destacar que recién el 6/08/2002, mediante la comunicación A 3685 del B.C.R.A. (B.O. N° 29.967 del 22/08/2002), se brindó la primer solución a dicha problemática; y recién en octubre de 2003, mediante comunicación A 4025 del 6 de octubre de 2003, se flexibilizó aún mas la posibilidad de aceptar faltantes, mermas y/o deficiencias, sin la autorización firme del B.C.R.A. (confr. además informe del Standars Bank obrante a fs. 739 de la presente causa).

d) Con respecto a la destinación N° 02001EC01004264V, cuya fecha de vencimiento recalculado por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 04/06/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una exportación realizada al cliente Mancini Frascarelli Serse, por la suma FOB de U$S 33.565,89. La oficialización del despacho se realizó en fecha 24 de enero de 2002, y el cumplido del embarque se otorgó el 25 de enero de 2002 (confr. fs. 112/128 de la presente causa). De la liquidación de orden de pago N° 99653495, operación N° 416839, de fecha 27/03/2002, emitida por el ABNAMOR Bank, surge que en esta fecha —27/03/2002— se liquidó la cantidad de U$S 31.975 de los U$S 33.565,89 mencionados anteriormente, instruyéndose a la entidad bancaria para que aplique dicha liquidación a la cancelación del permiso de embarque referido precedentemente (confr. fs. 676 y 678 de la presente causa). Con posterioridad a dicha aplicación, en fecha 09 de septiembre de 2002 se liquidó la cantidad de U$S 1.251 (confr. fs. 473 de la presente causa), que también fue aplicada a la cancelación del saldo pendiente correspondiente al permiso de embarque referido. Conforme la defensa, la diferencia de U$S 339,89 correspondió a gastos y comisiones bancarias (confr. fs. 788 de la presente causa).

Atento esto, cabe resaltar que en la presente operación de exportación se realizaron las correspondientes liquidaciones en debido tiempo y forma, no existiendo incumplimiento alguno por parte de la firma investigada. (ver liquidación —orden de pago— obrante a fs. 473 y a fs. 678 y fs. 495 de la presente causa). Ello indicaría una conducta ajustada a derecho según las normas contempladas por la Ley 19.359 y sus respectivas resoluciones, determinando por ello falta de conducta agresiva frente al sistema jurídico por parte de las personas físicas y jurídicas, lo que lleva a sostener la atipicidad de la conducta en cuestión.

e) Con respecto a la destinación N° 02001EC01000978G, cuya fecha de vencimiento recalculada por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 16/05/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación realizada al cliente Citilond S.A., siendo el valor FOB de la mercadería exportada de U$S 10.060,69 (ver factura de exportación N° 0020-00000064 de fecha 16/03/2002, y el permiso de embarque obrante a fs. 96/107 de la presente causa). Que en esta operación de exportación, el cliente realizó dos pagos por adelantado a fin de cancelar anticipadamente el valor de las mercaderías exportadas. Del comprobante obrante a fs. 109/111, surge que el cliente Citilond S.A., efectuó un primer pago por la suma de pesos cinco mil ($ 5000), en fecha 21 de noviembre de 2001, a través del depósito en efectivo de dicha cantidad en la cuenta corriente de la firma Pilkington Automotive S.A., luego, el cliente giró la cantidad de U$S 5.106, siendo liquidada la misma el día 14 de diciembre de 2001 (ver aviso de liquidación de orden de pago N° 252406 obrante a fs. 108 de las presentes actuaciones). Con posterior a este último pago, se emitió la factura de Exportación N° 002000000064 y se despacharon las mercaderías a través del Permiso de Embarque de referencia, otorgándose el cumplido del embarque en fecha 08/01/2002. Dichas circunstancias se encuentra corroboradas por las manifestaciones vertidas por el Standar Bank a fs. 739 de la presente causa.

Que, con respecto a esta operación de exportación bajo análisis no existiría ningún saldo pendiente de ingreso, siendo que en dicha operación se realizó la correspondiente liquidación de divisas.

f) Con respecto a la Destinación N° 020001EC01071040R, cuya fecha de vencimiento recalculado por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 26/08/2003 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación, al cliente Santa Rosa Automotores S.A., de la República Oriental del Uruguay. El valor declarado de la mercadería en cuestión fue de U$S 1.237,50. El embarque fue otorgado el 14 de noviembre de 2002.

Que, conforme surge de la factura pro forma CO 17/02, obrante a fs. 72 de la presente causa, y del permiso de exportación obrante a fs. 73/74 de la presente causa, esta operación se trató de un envío de mercadería en sustitución de otra que resultó defectuosa, la cual había sido exportada a través del permiso de embarque 02001EC01054506C (ver fs. 73/74 de la presente causa). En principio, esta operación se trató de una operación sin valor comercial, y por ende sin giro de divisas. Sin perjuicio de ello, el cliente pagó, dichas mercaderías, a la firma Pilkington Automotive S.A. (confr. copias de la liquidación de orden de pago N° 317973 obrantes a fs. 300 a 303 de la presente causa).

De fs. 300 de la presente causa, surge que los fondos provenientes de la orden de pago N° 317973 fueron puestos a disposición de Pilkington Automotive S.A. en fecha 23 de diciembre de 2003, siendo liquidados por el Banco Boston el día 13 de enero de 2004.

En este caso, se advertiría que el ingreso extemporáneo de esta operación se debió a un atraso del importador en el pago de la obligación, y no de una conducta dolosa por parte de la firma Pilkington Automotive S.A.. Además, a esta altura hay que destacar que, como producto del ingreso extemporáneo, la firma sumariada se vio perjudicada por el tipo de cambio aplicado al momento en que realmente el importador cumplió la obligación (confr. considerando IX de la presente resolución).

g) Con respecto a la destinación N° 02001EC01054506C, cuya fecha de vencimiento recalculada por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 11/02/2003 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación al cliente de la República Oriental del Uruguay “Santa Rosa Automotores S.A.”. El valor declarado de la mercadería era de U$S 14.388. En la factura de exportación N° 0009-00000618 surgen las condiciones de venta, la cual era EXW (Ex Works) y el plazo para el pago era de 30 días fecha de facturación. La condición EXW significa que el vendedor realiza la entrega de la mercadería cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para exportación ni cargarla en un vehículo receptor. Esta condición de venta explica porqué las mercaderías recién fueron cargadas y despachadas con fecha 06 de septiembre del año 2002 (confr. copia del permiso de embarque obrante a fs. 67/71 de la presente causa). El importador, con el fin de asegurar el precio y disponibilidad de la mercadería, acordó con la firma Pilkington Automotive S.A. la compra de las mismas, bajo esta condición de venta, y cuando tuvo la necesidad de contar con estas mercaderías, dispuso su carga en el vehículo transportador para su remisión (confr. fs. 67 de la presente causa).

Con el fin de cancelar la operación, el importador realizó cinco giros de divisas (ver fs. 303, 307, 311, 315, 472, 474, 478 y 479 de la presente causa). Dichas divisas, fueron puestas a disposición de la firma Pilkington Automotive S.A. en fechas 18/06/2003, 22/08/2003, 29/08/2003, 29/09/2003 y 23/12/2003. Una vez que la firma Pilkington fue notificada por el Bank Boston del ingreso de las divisas, en cada caso la firma mencionada procedió a realizar todos los procedimientos a los fines de que se lleve a cabo la correspondiente liquidación. A esta altura se advierte que el ingreso extemporáneo de esta operación se debió a un atraso del importador en el pago de su obligación, lo cual ocasionó un perjuicio a la sumariada por el tipo de cambio vigente al momento del pago (ver fs. 300, 304, 308, 312, 316 de la presente causa, y considerando IX de la presente resolución).

h) Con respecto a la destinación N° 02001EC01026983K, cuya fecha de vencimiento recalculado por el B.C.R.A. para liquidar la operación fue el 18/11/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación al cliente Libbey Owens Ford CO, EE UU. Dicha operación se instrumentó a través de la factura SE 224 de fecha 09 de mayo del año 2002 (ver copia de la factura obrante a fs. 184 de la presente causa), y a través del permiso de embarque cuya copia obra agregada a fs. 185/187 de la presente causa). De las constancias agregadas en autos, surge que el cumplido del embarque fue otorgado el 15 de mayo de 2002, con lo cual el importador debió cancelar la factura con anterioridad al 18 de noviembre del año 2002, fecha en que habría vencido la obligación de ingreso y liquidación. El monto que se debía ingresar era de U$S 46.610. Que, de la carta de instrucción enviada por Pilkington Automotive S.A. al Bank Boston, obrante a fs. 177 de la presente causa, surge que los fondos correspondientes a la operación en cuestión fueron puestos a disposición por el citado banco en la misma fecha en que vencía el plazo para la liquidación de las divisas, esto es el día 18 de noviembre de 2002. A raíz de ello, se liquidaron las divisas en fecha 25 de noviembre de 2002 (confr. liquidación de orden de pago N° 278399 que obra agregado a fs. 180 de la presente causa).

A esta altura se advierte que el ingreso extemporáneo de esta operación se debió a un atraso del importador en el pago de su obligación. Hay que destacar además, que como producto del ingreso extemporáneo, la firma sumariada se vio perjudicada por el tipo de cambio aplicado al momento en que realmente el importador cumplió la obligación (confr. considerando IX de la presente resolución). (confr. considerando IX punto g) de la presente resolución).

i) Con respecto a la destinación N° 02001EC01012814V, cuya fecha de vencimiento, recalculado por el B.C.R.A., era el 16/07/2002 (ver fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación a Pilkington Brasil Ltda., tratándose de mercadería incluida dentro de la posición arancelaria del Capítulo 70, y el cumplimiento de embarque fue otorgado el 08 de marzo del año 2002 (confr. fs. 132/137 de la presente causa).

Ahora bien, de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, surge que la operación en cuestión, se trató de una operación de pago anticipado. Dicho pago, fue realizado por el importador en fecha 7 de diciembre de 2001 (confr. fs. 130/1 de la presente causa). Conforme las constancias de fs. 130/1 de la presente causa, esta operación se liquidó el mismo 7 de diciembre del año 2001, por medio del comprobante de pago N° 251708, y el producido de dicha liquidación, se acreditó en la cuenta corriente de la firma sumariada en esa misma fecha.

Se debe destacar que a la fecha en la que se llevó a cabo esta operación, aún se encontraba vigente la paridad cambiaria del régimen de convertibilidad y no existían limitaciones para el ingreso de divisas (7 de diciembre de 2001). Por lo cual dicha operación, se cumplió debidamente y los fondos girados por el importador ingresaron en la cuenta de la firma Pilkington Automotive Argentina S.A. en tiempo y forma.

Ello indicaría una conducta ajustada a derecho según las normas contempladas por la Ley 19.359 y sus respectivas resoluciones, determinando por ello falta de conducta agresiva frente al sistema jurídico por parte de las personas físicas y jurídicas, lo que lleva a sostener la atipicidad de la conducta en cuestión.

j) Con respecto a la destinación N° 02001EC01054164C, cuya fecha de vencimiento, recalculado por el B.C.R.A., fue el 10/02/2003 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación realizada al cliente Citilond S.A. de Montevideo, República Oriental del Uruguay. El valor FOB de la mercadería exportada en aquella operación, fue de U$ S 10.899,22 (confr. factura pro forma de la Exportación N° 100099-100-101 y el permiso de embarque obrante a fs. 252/262 de la presente causa).

Tal como surge de las constancias agregadas en autos, el cumplido del embarque fue otorgado en fecha 05 de noviembre de 2002. De la liquidación de orden de pago N° 313583 obrante a fs. 324 de la presente causa, surge que el importador pagó, a la firma Pilkington Automotive Argentina S.A., las mercaderías correspondientes a esta operación. De la carta de instrucción obrante a fs. 321 de la presente causa, surge que los fondos provenientes de la orden de pago N° 313583 fueron puestos a disposición de la firma sumariada en fecha 17 de noviembre del año 2003, y fueron liquidados por el Banco Boston en fecha 25 de noviembre de ese mismo año.

En este caso, se observa claramente que el ingreso extemporáneo de esta operación, se debió a un atraso del importador en el pago de su obligación. Hay que destacar además, que como producto del ingreso extemporáneo, la firma sumariada se vio perjudicada por el tipo de cambio aplicado al momento en que realmente el importador cumplió la obligación (confr. considerando IX de la presente resolución).

k) Con respecto a la destinación N° 01001EC0171002Y, cuya fecha de vencimiento, recalculada por el B.C.R.A, fue el 18/04/2002 (confr. fs. 609 de la presente causa), se trató de una operación de exportación al cliente Santa Rosa Automotores S.A. de la República Oriental del Uruguay. El valor de la mercadería en cuestión era de U$S 4.256. Tal como surge de la factura de exportación N° 0009-00000435 de fecha 4 de diciembre de 2001 era EXW (Ex Works) y el plazo para el pago era de 30 días fecha de facturación. La condición de venta EXW se refiere a que el vendedor realiza la entrega de la mercadería cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor (confr. fs. 66 de la presente causa).

Esta condición de venta, explicaría porque en esta operación las mercaderías recién fueron cargadas y despachadas con fecha 11 de diciembre del año 2001 (confr. copia del permiso de embarque obrante a fs. 64 a 65 de la presente causa).

Entre las explicaciones vertidas por la firma sumariada, manifestó que acordó con el importador, la compra de la mercadería bajo esta condición de venta, y cuando tuvo la necesidad de contar con estas mercaderías, dispuso su carga en el vehículo transportador para su remisión (confr. cumplido del embarque obrante a fs. 64 y vta. de la presente causa).

A los fines de cancelar esta operación, el importador efectuó dos giros de divisas. El primero de ellos fue por la suma de U$S 651, el cual fue liquidado el día 02/04/2002, conforme lo detallado a fs. 490 de la presente causa, y el segundo fue por la suma U$S 3.614, el cual fuera liquidado en fecha 08/09/2003.

A esta altura, se advierte que el ingreso extemporáneo del saldo correspondiente a esta operación, se debió a un atraso del importador en el pago de su obligación.

XVI) Consideraciones finales

Sin perjuicio de todo lo expuesto, debe evaluarse la situación y cómo se han desenvuelto, tanto la empresa “Pilkington Automotive S.A.”, Luiz Carlos Galvao —como presidente de la firma—, y Rodolfo Julio Enrique Sanchez Moreno —como su vicepresidente—.

Los imputados en autos, en efecto, han dado sus respectivas explicaciones y han aportado pruebas al respecto, en relación a todas y cada una de las operaciones que el Banco Central investigó (confr. fs. 648/674, 704/707, 716/719, 737, 784/796 de las presentes actuaciones). Por lo cual, no se encontraría acreditada una negociación cambiaria clandestina, no solo por la verosimilitud de las justificaciones aportadas por la defensa de los sumariados, sino también por la efectiva liquidación de las divisas, aunque hayan sido tardías.

En consecuencia, se puede aseverar, que no existió por parte de la sociedad Pilkington Automotive S.A., el dolo exigido por la norma penal enrostrada, por las razones expuestas “ut supra”, por lo que la totalidad de las conductas resultarían atípicas, no previendo aquélla norma un remanente típico culposo.

Se ha dicho, en tal sentido que “…si se comparte la teoría de que la ley penal cambiaria sólo prevé tipos dolosos, lo que debe probar el imputado para no ser sancionado, es que no actuó dolosamente, lo que trae aparejado la consecuencia ineludible que descartada la existencia del obrar doloso, el imputado debe ser absuelto toda vez que los tipos cambiario no admiten la forma culposa…” (ver Fabián I. Balcarce, “Derecho Penal Económico”, Parte Especial Tomo 3, p. 59, Editorial Mediterránea, Córdoba 2006).

En resumidas cuentas, la efectiva negociación de las divisas, las verosímiles razones que se invocaron y la ausencia de beneficio o ganancia probadas en una eventual negociación clandestina, desvirtúa la presunción de aquel tipo de negociación en tanto esta última es un elemento de infracción (confr. fallo Sala A 5/7/94 “Cavalieri” reg. 213/94, registro 298/95 Sala A).

XVII) Que si bien, por el art. 8 inc. “f’ de la ley 19.359, se hace referencia a la aplicación del Código Procesal en Materia Penal, lo cierto es que las reformas atinentes a “…las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata….”. Asimismo, “…no es posible desconocer que la derogación del Código de Procedimiento en Materia Penal al haberse sancionado el actual ordenamiento ritual (art. 538 de la ley 23.954), también ha sustituido el régimen procesal que subsidiariamente debe aplicarse a los casos comprendidos….” en, entre otras, la ley 19.359 (conf. V 390 XXXIX Visa Argentina s/infracción ley 22.802 —causa N° 49.830—, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

En consecuencia, resulta de aplicación a los fines de la determinación de los requisitos para el dictado de la presente sentencia, el art. 399 del C.P.P.N.. En este marco, debe indicarse que aquellas exigencias se encuentran cumplidas por la presente, conforme surge de la lectura del primer párrafo de aquel artículo en forma conjunta con los vistos, resultas y considerandos de este pronunciamiento.

Si bien es cierto que en la esencia de la forma de juicio establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, se encuentra el ejercicio de la oralidad y que, en este caso, el procedimiento ha sido escrito, también es verdad que el procedimiento regulado por la ley 19.359 en especial y en estos autos se han cumplido sus pautas. En lo atinente al caso particular del dictado de la sentencia, ésta también es escrita (sin perjuicio del trámite de la lectura, fijado por el art. 400 del C.P.P.N.), en el procedimiento del juicio oral ordinario, quedando razonablemente reemplazada aquella lectura con la notificación que se hará a las partes, por cédula o en la oficina de la Fiscalía, de este pronunciamiento.

Que, de cualquier forma, por la lectura de esta decisión y del art. 495 del C.P.M.P., se advierte que esta pieza también cumple con los requisitos que por la Ley 2372 se establecía para el dictado de la sentencia definitiva.

Que, por todo lo expresado y valorado hasta el momento, y teniendo en cuenta que en todos los extremos a los que se ha hecho mención precedentemente, las conductas analizadas no han sido de las que el legislador ha seleccionado como antinormativas, por ello, corresponde absolver libremente de culpa y cargo a la firma “Pilkington Automotive S.A.”, Luiz Carlos Galvao y a Rodolfo Julio Enrique Sanchez Moreno.

Por las consideraciones expuestas, en atención a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 19.359, modificado por el art. 5° de la Ley 24.144.

Se resuelve:

1°) No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa de la firma Pilkington Automotive S.A. obrante a fs. 648/674 de las presentes actuaciones).

2°) Absolver de culpa y cargo, en las presentes actuaciones, a la firma “Pilkington Automotive S.A.” (C.U.I.T. N° …) y a Luiz Carlos Galvao, presidente de aquella,  (nacionalidad brasileña, con Pasaporte CF …), y a Rodolfo Julio Enrique Sánchez Moreno, vicepresidente de aquella, (de nacionalidad argentino, L.E. …), como responsables cambiarios de las infracciones previstas por los arts. 1° incisos “e” y “f” de la Ley del Régimen Penal Cambiario, de conformidad a la Ley 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), integrada en el caso por los decretos que la reglamentan Nros. 1606/01 y 1638/01 y la Comunicación “A” 3473 y complementarias del Banco Central de la República Argentina, y por las cuales fueran sumariados, (art. 402 del C.P.P.N.).

3°) No imponiendo las costas, atento el resultado arribado (art. 530 del C.P.P.N.).

Regístrese y notifíquese. — Gustavo Dario Meirovich

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s