Aduana. Derecho de importación y salvaguardas en calzados

Aplicación de salvaguardas. Su relación con la Ley 24.425. 06/03/2012. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala IV

En autos “Adidas Argentina SA y otros v. AFIP – DGA” se dijo que las medidas originalmente tomadas por una resolución modificadas de forma notoria, involucrando la adopción de salvaguardias, obliga a seguir los pasos internacionalmente convenidos para su fijación, no debiendo pasar inadvertido que las salvaguardias a adoptar en el marco de los acuerdos aprobados por la ley 24.425 podrán tener la forma, entre otras de aumento del derecho de importación o bien de una restricción de carácter cuantitativo, medidas ambas adoptadas por los reglamentos impugnados.

2ª INSTANCIA.? Buenos Aires, marzo 6 de 2012.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Vincenti dijo:

I. Que la jueza de la anterior instancia hizo lugar a la demanda promovida por Adidas Argentina S.A., Fila Argentina S.A., Fitalse S.A., Grimoldi S.A., Nike Argentina S.A. y RBK S.A. y, en consecuencia, declaró la nulidad de las res. MEyOSP 1506/1998 y SICyM 837/1998 por considerar que resultaban manifiestamente ilegítimas, arbitrarias y contrarias a la ley 24425 ?Acuerdo de Marrakech? (fs. 1074/1077 vta.).

Para resolver de esa forma, puso de relieve que la autoridad administrativa, al dictar la res. 1506/1998, no había cumplido el procedimiento que establece el dec. 1059/1996 para fijar salvaguardias, razón por la cual resultaba improcedente la aplicación de los derechos específicos allí dispuestos. Asimismo, entendió que, en la medida en que la res. SICyM 837/1997 reglamentó la res. 1506/1998, también correspondía declarar su no aplicación al caso.

II. Que, contra la mencionada decisión, el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) interpuso su recurso de apelación (fs. 1079/1079 vta.), que fue concedido libremente a fs. 1083.

Puestos los autos en la Oficina (fs. 1085), expresó sus agravios en los términos del art. 259, CPCCN (fs. 1088/1097), los que fueron contestados por su contraria a fs. 1099/1119 vta.

III. Que, a fs. 1121/1126 vta., esta sala resolvió revocar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de las res. MEyOSP 1506/1998 y SICyM 837/1998 e impuso las costas de ambas instancias en el orden causado.

Contra la mencionada decisión, la actora interpuso recurso extraordinario federal (fs. 1131/1149 vta.), contestado a fs. 1152/1163 vta., el que fue concedido en tanto en autos se encontraba en juego la interpretación de normas de carácter federal (fs. 1165/1165 vta.).

IV. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró formalmente procedente el recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, resolvió, con remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal obrante a fs. 1171/1173, revocar la sentencia apelada y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado en tal decisión. Impuso las costas a la vencida (fs. 1174).

V. Que cabe señalar que la supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los tribunales, nacionales o provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones. Así, las sentencias del Máximo Tribunal deben ser lealmente acatadas, tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en la causa, principio que, como se indicó anteriormente, se basa en la supremacía del Tribunal, que ha sido reconocida por la ley ?art. 16, apart. final, ley 48? (Fallos 270:335; 289:446; 329:5064, 330:2014 y 334:582, entre muchos otros).

En virtud de ello, y teniendo en cuenta lo decidido por el Alto Tribunal a fs. 1174 corresponde resolver la cuestión objeto de autos teniendo en cuenta los lineamientos allí expuestos.

VI. Que se debe poner especialmente de resalto qué en el dictamen del Ministerio Público, al que la Corte se remite en su sentencia de fs. 1174, se expresó que “…la cámara siguiendo la tesitura propuesta por la demandada, consideró que las normas impugnadas resultaban meras modificaciones a lo dispuesto inicialmente en la res. MEyOSP 987/1997 y que, por ende, se hallaban eximidas del procedimiento del dec. 1059, en especial de sus títulos II y III, como así del art. 29, en tanto no existió una ‘prórroga de la medida’…”.

Ahora bien, en el mencionado dictamen se indicó que las medidas originalmente tomadas por la res. 987/1997 fueron modificadas de forma notoria por su similar 1509/1996, involucrando la adopción de nuevas medidas, disposiciones de salvaguarda, hecho que obliga a seguir los pasos internacionalmente convenidos para su fijación. Asimismo, se puso de manifiesto que la norma no sólo introdujo cupos no previstos anteriormente, sino que además aumentó significativamente los DIEM en ciertos supuestos, además de alterar el cronograma inicial ordenado.

Por otra parte, en el dictamen se consignó que “…no debe pasar inadvertido que en los términos del art. 19, dec. 1059/1996, las salvaguardias a adoptar en el marco de los acuerdos aprobados por la ley 24425 podrán tener la forma, entre otras, de un aumento del derecho de importación o bien de una restricción de carácter cuantitativo, medidas ambas adoptadas por los reglamentos aquí impugnados…”.

Finalmente, se agregó que el hecho de que se haya mantenido la fecha original de su finalización no obsta a lo expuesto en tanto que tal línea de pensamiento conduce a la conclusión de que bastaría el dictado de una primera resolución que, siendo respetuosa de las reglamentaciones vigentes, introdujera salvaguardias válidas, y que una segunda, dictada inmediatamente después, las modificara de forma ilegítima, para consagrar un proceder contrario tanto al texto de la norma como a su espíritu.

Vale aclarar que, en virtud de tales conclusiones, el Alto Tribunal decidió revocar la sentencia de fs. 1121/1126 por la cual se decidió rechazar la presente demanda.

VII. Que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos precedentemente, a los cuales corresponde estar de conformidad con lo expresamente ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 1174, voto por rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 1079/1079 vta. por el Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) y confirmar la sentencia apelada, con costas a la vencida (art. 68, CPCCN).

El Dr. Duffy adhiere al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, este tribunal resuelve: Confirmar la sentencia apelada; con costas a la vencida (art. 68, CPCCN).

El Dr. Morán no suscribe la presente por haberse excusado a fs. 1179.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.? Rogelio W. Vicenti.? Marcelo D. Duffy.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s