Acción reivindicatoria iniciada por herederos de un presunto comprador

Los herederos del presunto comprador de un inmueble promovieron acción reivindicatoria contra el poseedor del bien. En primera instancia se tuvo por probado que el accionado realizó actos posesorios por más de veinte años, se hizo lugar a la excepción de prescripción que aquél opuso y, por consiguiente, se rechazó la demanda. Apelado el decisorio, el tribunal de alzada confirmó la sentencia, por lo cual, la parte actora interpuso recurso de inconstitucionalidad. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco resuelve admitir el remedio deducido y, consecuencia, declarar la nulidad del pronunciamiento recurrido.

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, sala I en lo civil, comercial y laboral (ST Chaco) (SalaI Civil Com y laboral) –

Fecha: 06/02/2012 –

Partes: Coronel, Rosa Isabel c. Sánchez, Ángel Virginio s/acción real de reivindicación

Sumarios:

1. Es nula la sentencia que, sin expresión de razones concretas que fundamenten con suficiente convicción la apreciación relativa a la fecha a la que retrotrae la ocupación de un inmueble, admitió la excepción de prescripción veinteñal opuesta por el poseedor del bien frente a la acción reivindicatoria incoada en su contra, pues no deriva de una razonada aplicación del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa.

Texto Completo: Resistencia, febrero 6 de 2011.

I.- ¿Es procedente el recurso interpuesto en autos? II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A la primera cuestión la sra. jueza dra. María Luisa Lucas, dijo:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 496/504 por la parte actora contra la sentencia dictada por la Sala Primera, Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 485/491.Elevada la causa, la misma se radica a fs. 511 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra en definitiva con los suscriptos a fs. 524.A fs. 516/517 vta. emite su dictamen N° 1622/10 el Sr. Procurador General, y a fs. 526 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta. 2.- Siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios para ante él intentados, corresponde me expida previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del que ahora considero.

En tal cometido encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución reviste carácter definitivo y media oportuno planteo de la cuestión constitucional, por lo que corresponde ingresar en el análisis sustancial del mismo.

I.- El caso: La parte actora inicia demanda de reivindicación. Invoca como título un boleto de compraventa del cual -aduce- resulta el derecho a poseer.

Comparecen en calidad de herederos y refieren que el causante adquirió el inmueble de la Municipalidad, quien resulta deudora de la obligación de escriturar, y a su vez que el demandado se niega a desocuparlo. El accionado cuestiona el título del actor, afirma que no es propietario y que el causante no adquirió el derecho real de dominio.

A su vez, opone como defensa de fondo, excepción de prescripción. Invoca la posesión de más de 20 años a contar desde el año 1985 y que la demanda se inicia el 31.05.06.

En primera instancia se tiene por probado que el accionado realizó actos posesorios desde el año 1985 y se hace lugar a la excepción de prescripción destinada a resistir la acción de reivindicación. El actor cuestiona concretamente la valoración del material probatorio en torno al tiempo de inicio de la posesión invocada por el excepcionante y la Cámara confirma íntegramente la decisión, circunstancia que motiva la interposición del recurso en trato.

II.- Los agravios:

Cuestiona la fundamentación de la sentencia por la interpretación arbitraria de la prueba. Precisa que el meollo de la discusión gira en torno a la fecha en que el demandado comenzó a ocupar el inmueble (año 1985 o año 1986).

Enfatiza que del expediente municipal surge que el demandado reconoce que comenzó a vivir desde el mes de junio de 1986 y que desde que entró a vivir en las mejoras las refaccionó para dejarla habitable. Afirma que las sentencias de primera y segunda instancia privilegian la declaración de un testigo por encima de la declaración explícita del demandado. Analiza el informe de la empresa Ferrocarriles que da cuenta que el excepcionante fue transferido a la Estación Charata recién en agosto de 1986, circunstancia que a su juicio, le resta valor probatorio a los testimonios rendidos en autos.

Analiza las fechas de las boletas de impuestos municipales y facturas de Secheep y puntualiza que ninguna es anterior a junio 86. En relación al documento de identidad refiere que se obtuvo en julio de 1986 y que de ello no cabe deducir que ya viviera en mayo o enero de 1986, o junio del año 1985. Entiende que si el demandado reconoce que entró a vivir en junio del 86, resulta lógico que en el documento obtenido en julio se consigne dicho domicilio.

Concluye analizando el informe de Secheep que indica el alta en junio del 83 y considera que las pruebas producidas permiten afirmar que en esa fecha residía en Río Muerto con su familia y el documento del hijo da cuenta que a dicha fecha residían allí, todo lo cual demuestra, a su juicio, que la sentencia en recurso prescindió de elementos probatorios incorporados, relevantes para decidir el caso.

III.- Los fundamentos de la Alzada: Afirma la Cámara que el fallo que admite la excepción de prescripción y desestima la reivindicación se funda en hechos comprobados que resultan del plexo probatorio producido. Destacan que las pruebas testimoniales fueron correlacionadas con las constancias del expediente de la Dirección de Catastro Municipal, exponiendo el judicante de primer grado porqué computa el tiempo de la prescripción desde el año 1985 y no desde el año 1986, aspecto que constituye el meollo de la cuestión puesta a consideración de la instancia revisora. (fs. 487 vta.).

En el marco decisorio descripto, los jueces de la Alzada precisan que: a) surge incontrovertido que Sánchez está en el inmueble desde junio de 1986, porque así resulta del expediente administrativo que tramita en el Municipio y si se toma esa fecha no se habría cumplido el plazo para la usucapión; b) que Sánchez demostró actos posesorios mediante pago impuestos, facturas de luz y trámites ante el Municipio; c) que si el inmueble estuvo desocupado desde hacía mucho tiempo, lógico es que antes de ingresar a vivir realice trabajos para hacerlo habitable; d) que el hijo del demandado al obtener su documento el 01.07.86 ya vivía en el inmueble y que si al mes de junio/julio la familia vivía allí, no caben dudas que el inmueble fue adecuado para servir de hogar antes de dicha fecha; e) que el informe de Secheep da cuenta que Sánchez fue dado de alta como usuario el 22.06.83; f) que las circunstancias analizadas son hechos reveladores que el demandado comenzó a formalizar actos posesorios desde antes del año 1986; g) que si laboralmente fue trasladado el año 1986, ello no implica que no pueda haber realizado actos posesorios antes de tal momento: conexión eléctrica, arregla el inmueble adecuándolo para su familia (antes de 1986) y entrar a vivir en el año 1986. (fs. 487 vta./489 in fine).Analiza seguidamente la Cámara si hubo algún acto interruptivo de la prescripción y concluye que los reclamos administrativos efectuados por los herederos al Municipio no son oponibles a Sánchez y en cuanto a lo manifestado por Sánchez en el Expte. Administrativo, relativo a que vive desde junio del año 86, que ello tuvo su explicación al rechazarse las otras quejas y que haya intentado la adjudicación en venta o haya manifestado que los herederos hasta la fecha no hicieron valer sus derechos, no significa que no tenga animus dómini.

Sino que es lo que corresponde para regularizar sus derechos sobre el inmueble, administrativamente.

Concluyen los sentenciantes que debe confirmase la sentencia en todas sus partes, especificando que en autos se resuelve una excepción de prescripción, lo que no determina la necesariedad del cambio de la titularidad registral de inmueble, pues no se ha sustanciado el proceso con el Estado Municipal, “Lo que se arguyó como defensa, se sustanció, se controvirtió, y probó, (…) no tiene que ver con el o los reclamos que la actora pudiera hacer al municipio.” (fs. 489 último párrafo/489 vta.).

IV.- Las pautas para resolver el presente: Frente a tales agravios reseñados en el punto II), debo precisar inicialmente que, como ya lo ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos, siguiendo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las cuestiones debatidas, atinentes a la prescripción y al cómputo de su plazo, son como regla, ajenas al recurso federal (Fallos 308:661, N° 117/06, entre otras).Por lo tanto la admisión del recurso de inconstitucionalidad en materia como la presente, está supeditada a la demostración de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido en base a la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. Nº 350/92; Nº 76/96, y N° 42/98, entre otras). Dicha doctrina resulta aplicable al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos a los estatuidos en el orden federal (conf. Sent. Nº 40/90, N° 117/06, entre otras).A la luz de tales directrices y del examen de los agravios formulados, adelanto mi opinión en el sentido de la procedencia del remedio en trato por las razones que desarrollaré a continuación.

V.- La arbitrariedad del pronunciamiento en crisis: en el caso, se invoca una causal concerniente al fundamento de la decisión, al basarse el fallo en afirmaciones dogmáticas sin adecuado sustento objetivo en las circunstancias comprobadas de la causa. Concretamente se cuestionan los argumentos dogmáticos de hecho plasmados en la decisión. Los sentenciantes de Cámara determinaron que el plazo de prescripción veinteañal se encontraba cumplido y para así decidir afirmaron que los elementos de juicio incorporados en el proceso daban cuenta que la posesión que invocó el excepcionante data del año 1985 y no del año 1986, exponiendo argumentos que, a mi juicio, no satisfacen la exigencia constitucional de adecuada fundamentación y por ello sostengo que se encuentra acreditada la causal de arbitrariedad invocada.

Digo lo expuesto porque se tuvieron por acreditados actos posesorios con el pago de los servicios y trámites ante el Municipio, sin embargo todos los comprobantes aportados son del año 1986, es decir, posteriores a la fecha invocada como de inicio de la posesión (ver fs. 28 y subsiguientes).

Por otra parte expresaron, que si el inmueble estuvo desocupado desde el año 1961, era lógico suponer que se realicen trabajos para tornarlo habitable, más esta sola circunstancia no es un elemento objetivo para precisar la fecha en que dichos trabajos se realizaron.

Tengo para mí que se partió de un referente incierto, en base al cual no se puede precisar si los trabajos de acondicionamiento fueron realizados días, semanas o meses antes del ingreso o concomitantes con dicho acto. La misma apreciación formulo en relación al dato que extraen del documento de identidad del hijo, expedido en julio/86, en base al cual consideran que la ocupación es anterior al año/86.

Es que si el demandado reconoció ante el municipio que ingresó en junio/86, se correlaciona con este dato objetivo que, al obtener el DNI en el mes de julio/86, se informara el domicilio en el inmueble de marras, mas no se erige en un elemento cierto que permita determinar una ocupación anterior.

Debo agregar, en relación a la valoración que realizan del informe de Secheep, del que surge el alta como usuario en fecha 22.06.83, que su aporte convictivo (aunque no fuera cuestionado) debió ser valorado correlacionándolo con todos los elementos de juicio que surgen de la causa.

Es que como dato cierto se extrae, que ante el Municipio el excepcionante reconoció que ocupaba el inmueble desde junio/86 y de los términos en que quedó trabada la litis, emerge que intentó retrotraer la fecha de posesión al año 1985, por lo que frente a dicho cuadro de situación, luce inconsistente o de frágil convicción la fecha informada por Secheep que retrotrae el acto posesorio dos años más del pretendido. Sostengo que la conclusión de la sentencia, relativa a que surgen acreditados actos posesorios anteriores al año 1986, encuentra sustento en afirmaciones dogmáticas o en opiniones carentes de sustentación objetiva, configurándose la causal, que en ocasiones la Corte ha referido como sentencias de “fundamento sólo aparente” (v. gr.:causa Z 83 del 21.7.965, con citas de 250:152; 254:40 y 256:364) (conf. Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Ed. Abeledo – Perrot, Bs. As., año 0995).

Y agrego que, en realidad, lo afirmado por los sentenciantes halla fundamento en el postulado del excepcionante y en la declaración de los testigos, únicos que brindan datos que permitirían retrotraer la fecha al año 1985, por lo que debió ineludiblemente sopesarse su fuerza convictiva en el contexto probatorio global, o en su defecto, si se los priorizaba, exponer fundadas razones y la Cámara omitió hacerlo.

Es por ello que encuentro configurada la causal de arbitrariedad endilgada, al contener la decisión afirmaciones dogmáticas de hecho.

En suma, afirman los jueces que se acreditó en la causa la realización de actos posesorios anteriores al año 1986 y que si bien fue trasladado de Río Muerto en el año 1986 ello no implica que no pudiera realizar conexión eléctrica, arreglos en el hogar adecuándolo para su familia con anterioridad y con esta dogmática afirmación retrotraen la ocupación al año 1985, confirmando la sentencia que admitió la excepción de prescripción veinteañal opuesta como defensa de fondo para enervar el progreso de la acción de reivindicación.

Lo así resuelto, resulta ser expresión de la voluntad de los magistrados sin expresar razones concretas que fundamenten, con suficiente convicción, su apreciación relativa a la fecha a la que retrotraen la ocupación.

Queda así privada de sustento la decisión y adolece de arbitrariedad.

En el caso, el análisis del tiempo como requisito sustancial de la prescripción constituía el meollo de la cuestión llevada a conocimiento de la Alzada.

Por ello, considero que debieron expresar los Sres. Camaristas razones concretas, objetivas y suficientemente convictivas que fundamenten la decisión final de confirmar la sentencia que retrotrajo el tiempo de inicio de la ocupación al año 1985.

Asimismo ponderar, conforme términos en que fue plateada la litis, si se acreditaron los extremos legales de la acción de reivindicación, a fin de que queden adecuadamente resueltas las cuestiones que interesan en la solución del presente conflicto y que aparecen inescindiblemente ligadas, dado que los planteos formulados, inherentes al derecho real de dominio, emergen como las dos caras de una misma moneda.

En el juicio de reivindicación la controversia versa sobre derechos y por ello debieron analizarse si se acreditaron “in totum” los extremos fácticos de los derechos invocados.

Estas son las deficiencias que a mi modo de ver, exhibe la sentencia y por ello propicio su descalificación como acto jurisdiccional válido.

De todo lo expuesto surge que la sentencia está dotada de fundamentos solo aparentes y debe ser dejada sin efecto por carecer de motivación suficiente para su sustentación.

Conviene recordar que la obligación de los jueces de fundar sus fallos tiende a documentar que el mismo es derivación razonable del derecho vigente y no mero producto de su voluntad. La exigencia de que los fallos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir. (Fallos 236:27; 308:1075, entre muchos otros, cit. en Sent. N° 181/03, N° 717/04, entre otras).

También se ha dicho que “Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos 291:202; 295:95). No concurriendo tales extremos, la nulificación del fallo se impone por no cumplir con los requisitos de validez que hacen al debido proceso (Fallos 296:256, cit. en Sent. N° 717/04 de esta Sala).

En razón de lo expuesto, y sin entrar a emitir opinión sobre la procedencia de la postura de la parte recurrente, que debe ser examinada con amplia jurisdicción por los tribunales ordinarios a fin de dar acabada respuesta a todas las cuestiones que interesan en la solución del presento conflicto y que aparecen inescindiblemente ligadas, entiendo que aparecen configurados los requisitos que hacen a la existencia de la arbitrariedad; y como dicho agravio resulta atendible por vía del recurso de inconstitucionalidad por importar violación a las garantías constitucionales invocadas por la parte quejosa, corresponde acoger favorablemente el presente remedio.

Por los motivos expuestos, me expido por la admisión del recurso de inconstitucionalidad incoado, votando afirmativamente a esta primera cuestión. Así voto.

I.- A la primera cuestión el sr. juez Rolando Ignacio Toledo, dijo:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el propio en idéntico sentido.

Es mi voto.

II.- A la segunda cuestión la sra. jueza María Luisa Lucas, dijo:

Atento a la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 496/504 por la parte actora y en consecuencia se declare la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera, Civil y Comercial, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 485/491, debiendo devolverse los autos a dicho Tribunal para que la Sala que corresponda dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 Decreto Ley 1407/62).Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio, y el criterio sustentado por este Tribunal a partir de lo decidido en sentencia Nº 06/80, deberán imponerse en el orden causado.

La regulación de los honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5 ley 5532). Así también voto.

II.- A la segunda cuestión el sr. juez Rolando Ignacio Toledo, dijo:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de la regulación de honorarios profesionales.

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I.- Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 496/504 por la parte actora y en consecuencia se declare la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Primera, Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 485/491. II.- Devolver los autos a dicho Tribunal, para que la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento (art. 44 del Decreto-Ley 1407/62). III.- Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. IV.- Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad establecida en el Acuerdo que precede. — María Luisa Lucas. — Rolando Ignacio Toledo.

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