Acción de reducción hereditaria

SUCESIONES. Contra la decisión que declaró inoficiosa la donación de un inmueble en el marco de una acción de reducción y trabó embargo sobre el bien, los terceros adquirentes dedujeron recurso de casación impugnando por arbitrariedad el decisorio.  El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba acogió la impugnación y anuló la decisión.

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial (TS Cordoba) (Sala Civil y Com) –

Fecha: 29/05/2012

Fratalochi de Ignazi, María s/ declaratoria de herederos – tercería de dominio de piragino g. e. y ot. – recurso directo –

Sumarios:

1. Cabe anular la decisión que tras declarar inoficiosa la donación de un inmueble trabó embargo del mismo omitiendo realizar un análisis previo en punto a si la condena dictada contra la heredera en el marco de la acción de reducción hereditaria podía o no hacerse extensiva  a los terceros adquirentes del bien que no habían intervenido en dicho litigio, y si esa condena resultaba suficiente e idónea para trabar embargo sobre los bienes de tales sujetos.

Texto Completo:

Córdoba, mayo 29 de 2012.

1ª ¿Es procedente el recurso directo? 2ª ¿Es procedente el recurso de casación? 3ª En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión.— El doctor Andruet (h.) dijo:

I. La Sra. Ana María Conti, en su carácter de cesionaria de los derechos litigiosos de los terceristas, deduce recurso directo en autos “Fratalochi De Ignazi, María – declaratoria de herederos – tercería de dominio de Piragino G. E. Y OT. – Recurso directo” (Expte. F 63/09) en razón que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de esta ciudad le denegó parcialmente el recurso de casación motivado en el inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C. (Auto Interlocutorio número setecientos siete del dieciocho de noviembre de dos mil nueve), oportunamente deducido contra la Sentencia número treinta y cuatro de fecha doce de marzo de dos mil nueve.

Dictado y firme el decreto de autos (fs. 90) queda la impugnación en condiciones de ser resuelta.

II. El tenor de la articulación directa, en lo que es de interés para el presente acto decisorio, admite el siguiente resumen:

Expone el recurrente que la Cámara a quo concedió con efecto limitado el recurso de casación, circunscribiéndolo a la censura que acusa arbitrariedad normativa; razón por la cual se ve obligado a interponer la presente queja a efectos de que se habilite en toda su plenitud el recurso articulado.

Luego de reseñar los antecedentes del caso y los fundamentos de las resoluciones dictadas, esgrime que en el memorial casatorio denunció que el fallo atacado infringe las reglas de la lógica al partir, el razonamiento, de una premisa errónea. Prosigue señalando que también denunció que la providencia viola la congruencia y se asienta en una fundamentación aparente.

A los fines de justificar la presencia de los vicios enrostrados, resume el contenido de la sentencia emanada del Juez de Primera Instancia y los agravios ensayados por su parte ante el Tribunal de Apelación, y explica que existe una falencia motivacional en la percepción y selección de los hechos, las normas jurídicas, y la conclusión propuesta; esto — aclara— efectuado dentro del marco que representan los términos en que quedó constituida la relación jurídico-procesal y los agravios que abrieron la competencia funcional de la Alzada.

En ese contexto, esgrime que la solución propuesta es fruto de una decisión arbitraria que omite la naturaleza de la acción de reducción tramitada en la declaratoria de herederos, y se edifica en una valoración fraccionada del sistema y disociada de la letra y espíritu de las normas del Código Civil, lo que — a su juicio— deja sin fundamento el rechazo de la tercería de dominio que se discute en el presente litigio.

Advierte que en el memorial casatorio denunció que la Cámara a quo endilgó arbitrariamente a su parte mala fe, mediante argumentos que además de ajenos a las constancias de autos, conducen a un absurdo porque convierten a la donación en una institución muerta. Remarca que en ningún momento se asentó en el título de propiedad dato alguno que permita inferir la existencia de alguna irregularidad en los títulos.

Califica de arbitrario sostener que la sola existencia de una donación en la cadena de adquisiciones convierta al título del adquirente de buena fe a título oneroso en resoluble o nulo, y que cualquier adquirente deba ser reputado de mala fe si no hace un estudio de títulos previo.

Cuestiona que se le haya atribuido mala fe conocimiento a su parte por la sola circunstancia de haber presenciado las actuaciones periciales realizadas en el año 1985, puesto que se trata de actuaciones posteriores a la adquisición del bien por parte de la Sra. Vecchietti y del tercerista, y —explica— la buena o mala fe debe juzgarse al momento de la adquisición.

Esgrime que en casación denunció que el razonamiento seguido por el Tribunal a quo es arbitrario porque le atribuye mala fe por el sólo hecho de no haber detectado una potencial falencia en el título, que —aclara— no existe, y al mismo tiempo omite considerar la conducta del actor que en momento alguno se interesó por publicitar registralmente su derecho para enervar la buena fe de cualquier tercero que quiera adquirir el inmueble.

Advierte que en su memorial casatorio también denunció la falta de citación a juicio en tiempo y forma al adquirente del inmueble cuya declaración de inoficiosidad pretendía, lo que —afirma— puso en evidencia un ejercicio irregular del derecho procesal por parte del ejecutante al no hacer conocer la supuesta inoficiosidad a quien realmente estaría alcanzado por los efectos de la resolución que se dicte, y en definitiva una lesión al derecho de defensa en juicio.

Puntualiza que también desarrolló en casación que su parte reviste, respecto de las partes de la donación, la calidad de tercero registral, pues adquirió el bien mediante el pertinente certificado registral que nada informa acerca de acción alguna y en función de la cual logró la registración de su derecho. A partir de ello, considera que la declarada inoficiosidad de la donación deviene absolutamente inoponible a su parte.

Añade que la primera causal de casación invocada consistió en denunciar que la Cámara a quo se había apartado de los términos en que quedó trabada la litis al pronunciarse sobre materia distinta de la controvertida en autos, en particular por haber prescindido de los fundamentos fácticos y jurídicos en virtud de los cuales la ejecutante había planteado la defensa de nulidad, los cuales —afirma— son absolutamente distintos y extraños a los que fueran utilizados por la Cámara para resolver la cuestión.

Agraviándose de los fundamentos de la denegatoria parcial, señala que la argumentación expuesta por la Cámara es confusa y dogmática, porque —a su juicio— los agravios reseñados son indivisibles y por ende no es posible practicar una disección de los mismos a efectos de disponer la concesión parcial. Añade que la lectura integral del escrito impugnativo demuestra que la causal de arbitrariedad normativa que mereciera concesión comprende todas las cuestiones atinentes a la eventual revocabilidad de la donación, al alcance que cabe atribuir a la buena fe y a la acción de reducción. Esgrime que son cuestiones esenciales del planteo y que no pueden ser soslayadas en base a la infundada alegación de que el recurso trasunta mera discrepancia sustancial respecto a dichos aspectos de la resolución.

Desde otra perspectiva, asevera que también en casación argumentó que la sentencia dictada vulnera la garantía de la defensa en juicio, por cuanto su parte se encuentra frente a la ejecución de un bien decidida en el marco de un proceso judicial en el que no ha sido parte y tampoco ha tenido posibilidad de ejercitar defensas esenciales, indispensables para la tutela de sus intereses. Puntualiza que la Cámara se desentendió de la realidad fáctica del expediente señalando livianamente que no hubo desmedro del derecho de defensa en juicio porque la cuestión se introdujo por vía de excepción en la tercería y existió debate sobre la buena o mala fe del adquirente, y que en la tercería la faz pasiva de la litis se integró con los primeros adquirentes y sus cesionarios.

Considera que el derecho de defensa en juicio tiene un alcance mucho más amplio que el que le asigna el Tribunal a quo. Manifiesta que desde el inicio de la tercería proclamó la necesidad de que su parte hubiera sido oportunamente escuchada en la acción de reducción tramitada en el expediente principal para ejercitar de tal modo su derecho de defensa en juicio, con posibilidad de contestar la pretensión, producir pruebas y tener el derecho a la doble instancia.

Expone que al tiempo de plantear la casación, esgrimió que su interés defensivo no se circunscribe como proclama la Cámara a quo, a un mero debate sobre la buena o la mala fe del adquirente. Señala que mencionó el problema de la legitimación sustancial activa para reclamar la acción de reducción que —dice— la ley concede al heredero forzoso y no terceros. Puntualiza que en el caso el abogado pretende ampararse en el art. 3955 para obtener el efecto reipersecutorio de dicha norma a los fines del cobro de sus propios honorarios, lo que —afirma— es una cuestión que no pudo debatir en la acción de reducción por no haber tenido intervención.

Añade que en lo tocante a la legitimación pasiva, la acción de reducción debe ser dirigida también contra el adquirente, y que mientras ésta tramitó el inmueble fue vendido a la Sra. Vecchietti y luego ésta a los Sres. Piragino y Lasagna, realizándose los pertinentes cambios en la titularidad dominial en el registro, lo que no podía ser ignorado por la demandante. Aduce que, antifuncionalmente, la heredera prefirió seguir la acción sólo contra la coheredera, sin citar a juicio al adquirente, para luego ejecutarle el bien en un proceso en el que no fue parte.

Concluye que, en consecuencia, su parte se ve alcanzada por los efectos de un decisorio dictado en el marco de una acción de reducción en la que no pudo ser oído, como así tampoco quienes lo precedieron en la titularidad del dominio.

Esgrime que cuando una donación afecte la legítima, la acción debe ser entablada no sólo contra el donatario, sino también contra las personas que han recibido de éste el bien donado o sus sucesores a título universal o singular.

Destaca que siendo adquirente del inmueble sujeto a declaración de inoficiosidad de la donación, posible alcanzado por los efectos de la misma, tiene legítimo derecho e interés en ser escuchado a la hora de determinarse el valor que excede de la porción disponible y consecuentemente para consignar el mismo evitando la subasta, o para establecer a cuánto asciende la porción disponible en función de la legítima, puesto que esto hace a la medida de la acción entablada en contra del donatario y de su adquirente, o para reclamar que se consideren todas las mejoras que el donatario o sus adquirentes han introducido de buena fe al inmueble; todo lo cual —dice— no se pudo articular eficaz y tempestivamente en virtud de no haber sido citada a juicio.

Insiste que el auto denegatorio no trata estos agravios ni explica los motivos por los que no se los concede, por lo que deviene en infundado.

III. Así reseñadas las críticas, considero que prima facie concurren las condiciones formales, en cuya virtud la ley habilita el ingreso a la Sede extraordinaria por el motivo casatorio contemplado en el inciso 1º del art. 383 del C. de P.C.

Revisado el contenido del memorial casatorio, se advierte que la impugnación apunta a denunciar que el fallo incurre en incongruencia, violación al principio lógico de razón suficiente, y afectación de la garantía de defensa en juicio en particular al hacerle extensiva la cosa juzgada tramitada en el marco de la acción de reducción en la que —asegura— no ha sido parte. Siendo ello así, al margen de la configuración o no de los vicios esgrimidos, lo cierto es que los mismos reconocen naturaleza eminentemente procesal y habilitan la instancia extraordinaria intentada.

Por ello corresponde declarar mal denegado el recurso de casación deducido al amparo del inc. 1° del art. 383 del C.P.C.C., y concederlo por esta vía (arg. art. 407, primera parte, ib.); dejando en ese sentido expuesto mi voto.

El doctor García Allocco dijo:

Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Armando Segundo Andruet (h). Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.

El doctor Sesin dijo:

Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.

Así voto.

2ª cuestión.— El doctor Andruet (h.) dijo:

I. Atento a la conclusión a la que se ha arribado en el análisis de la cuestión que antecede, corresponde declarar mal denegado el recurso de casación por el motivo del inciso 1° del art. 383 C. de P.C. y concederlo por esta vía.

II. Interpuesto en tiempo y forma el recurso (fs. 259/290 de los autos principales, que se encuentran radicados en este Tribunal Superior a raíz de la concesión parcial del recurso de casación por la causal de falta de fundamentación legal), se corrió traslado a la contraria, quien lo evacuó a fs. 293/303, expediente principal.

En la presentación directa formulada ante esta Sede, el impugnante se ha ocupado de reseñar las censuras que integraron el memorial casatorio oportunamente planteado ante la Cámara a quo; todo lo cual ha sido detalladamente expuesto en la relación de causa formulada en la primera cuestión y a cuyos términos corresponde remitir en honor a la brevedad.

Sentado ello, corresponde ingresar al examen de las mismas.

III. Dejando de lado los reproches que acusan arbitrariedad normativa sustancial —que fueran habilitados por la Cámara a quo, y ocupan la materia discusoria ventilada en el expediente principal— y circunscribiendo el análisis a los vicios que atañen a la motivación de la sentencia, corresponde revisar el itinerario racional seguido por el Órgano Jurisdiccional de Alzada a efectos de verificar si la resolución contiene los defectos lógicos o formales apuntados, y en definitiva si los fundamentos expuestos en el fallo resultan o no suficientes para sostener la decisión propuesta.

Desde el escrito inicial de la tercería se advierte que el primer argumento esgrimido por los terceristas (fuera de alegar y probar su condición de adquirentes a título oneroso del bien inmueble en cuestión) consistió en que la acción de reducción —en la que se dictó la providencia que declara inoficiosa la donación del inmueble, que posteriormente desembocó en la traba de la medida cautelar cuyo levantamiento se intenta— tramitó sin intervención de los sub adquirentes y cesionarios, negándoseles toda posibilidad de defenderse. Señalaron asimismo los terceristas que la heredera debió, teniendo en cuenta las normas sobre litis consorcio pasivo y los límites subjetivos de la cosa juzgada, promover una acción reivindicatoria contra el actual poseedor. En definitiva, sostuvieron que la inoficiosidad de la donación juzgada en la declaratoria no les resulta oponible, y que no estando demandados en esa causa, de la que se proclaman absolutamente ajenos dado que ni siquiera fueron adquirentes de la donataria sino de una sub adquirente —Sra. Vecchetti— , no podía embargárseles un bien de su propiedad (vide fs. 7/8 de los autos principales).

Pues bien, todo este esquema argumental fue advertido por la Cámara a quo al mencionar resumidamente que los apelantes esgrimen que la sentencia dictada en la acción de reducción no les alcanza por no haber sido parte; y fue desestimado en base a la siguiente consideración: “verificadas las constancias se advierte que si bien no han sido citados los terceros adquirentes; se ha introducido la cuestión por vía de excepción y ha existido debate sobre el punto: buena o mala fe del adquirente. Así en ésta litis se ha integrado la faz pasiva, con los primeros adquirentes – cedentes y sub- adquirentes— cesionarios…”; lo cual —a criterio del a quo— lo habilitaba a dictar pronunciamiento dado que “… se ha resguardado el derecho de defensa en juicio.” (vide fs. 4 de la queja, 257 de la tercería).

Es aquí donde el pronunciamiento fustigado exhibe el primer vicio, en tanto no brinda suficiente respuesta a los planteos formulados por los terceristas, los que no atañen a las posibilidades defensivas que las partes pudieron tener en el marco de la tercería —tal como confusamente se indica en la providencia— sino a la posibilidad de conocer y cuestionar en su condición de adquirentes del bien inmueble el alcance o los efectos de la acción de reducción tramitada en la declaratoria de herederos.

Además —como bien señalan los casacionistas— el debate suscitado no se circunscribe al problema de la buena o mala fe en la adquisición del bien raíz, sino que impone un análisis previo concerniente al alcance subjetivo y objetivo de la decisión adoptada en la acción de reducción; es decir si podía o no hacerse extensiva la condena dictada contra la heredera Rosa Antonia Julia Ignazi de Díaz en el marco de la acción de reducción hereditaria a terceros que no habían intervenido en dicho litigio, y si esa condena resultaba suficiente e idónea para trabar embargo sobre los bienes de tales sujetos.

Todos estos aspectos, que en el razonamiento sentencial debieron ser examinados antes que cualquier otro, no han merecido el más mínimo tratamiento por parte del Tribunal a quo.

La insuficiencia de la motivación adquiere mayor relevancia apenas se advierte que, según la interpretación que asumió expresamente la Cámara a quo en el fallo en crisis, la sentencia dictada en aquella acción de reducción tramitada en el marco de la declaratoria de herederos, establecía “… que deberán traerse a la masa hereditaria los valores de los bienes cuya donación se declara inoficiosa; los que deberán ser computados al tiempo de la apertura de la sucesión…” (vide fs. 3 vta. in fine de la presente queja). Es decir que, al parecer, esta premisa sentencial sería incompatible con el efecto reipersecutorio invocado por la ejecutante, y en cuya virtud se admitiera el embargo del bien raíz pese a haber sido transmitido a terceros adquirentes.

Adviértase que si —como se indica en el fallo— la posibilidad de traer derechamente los bienes donados ha quedado al margen de la cosa juzgada, éstos no podrían haber sido objeto de ejecución de sentencia salvo que, estando aún en el patrimonio de la heredera-donataria, hayan sido embargados para asegurar las resultas del pleito.

En definitiva, en este aspecto de la litis el pronunciamiento en crisis revela incoherencias y omisiones que privan a los interesados del derecho a conocer las razones por las que su pretensión de verdad no fue recibida.

IV. Por otra parte, también asiste razón a los casacionistas en cuanto denuncian que el juzgamiento de la ausencia de buena fe en la adquisición del inmueble —como presupuesto de procedencia de la tercería— , parte de premisas fácticas que no coinciden íntegramente con las constancias obrantes en el expediente principal. Veamos:

La Cámara a quo sostiene que a los adquirentes no les asiste la buena fe entendida como desconocimiento de la pretensión de ineficacia, en la que se discutía la validez del acto de disposición en cuanto a sus efectos (vide fs. 4 de la presente queja); en cuyo sustento explica que en el domicilio de los adquirentes se llevaron a cabo actuaciones periciales obrantes a fs. 300/304 de la declaratoria que datan del 17/12/85 habiendo tomado intervención el Sr. Guillermo Piragino a fs. 307, y que se realizó una constatación en la ejecución de honorarios del Dr. Ch. a fs. 536/537.

Examinando el expediente caratulado “Fratalochi de Ignazi, María – Declaratoria de Herederos” —que fuera requerido por este Alto Cuerpo ad efectum videndi— obra agregado a fs. 304 el dictamen presentado por el Ing. Augusto Díaz, donde el experto manifiesta haber inspeccionado con fecha 16 de octubre de 1985 el inmueble ubicado en Villa Carlos Paz, estando presente en el acto el Sr. Guillermo Piragino quien habitaba el inmueble (actor en la presente tercería). También emerge del certificado de fs. 307 que el mismo tomó intervención con posterioridad en calidad de tercero promoviendo un incidente de cancelación de embargo por cuerda separada. Asimismo, es cierto que a fs. 546/7 del mismo expediente luce una constatación practicada en el mismo inmueble con fecha 19/5/97, siendo el oficial de justicia atendido por el tercerista Piragino, oportunidad en la que se le hace saber que la medida que se practica es previa a la subasta del bien raíz. A todo ello se añade que los propios terceristas pusieron de manifiesto y admitieron estas circunstancias en el escrito inicial de la tercería.

Empero, en esa oportunidad, brindaron una serie de explicaciones relacionadas a las restantes constancias obrantes en la declaratoria de herederos, que fueron absolutamente obviadas por el Tribunal a quo.

Precisamente, manifestaron que la realización de la labor pericial en su domicilio en dicha ocasión se ordenó a los fines de efectuar la valuación del bien, con el objeto de establecer la cantidad de dinero que la Sra. Rosa Antonia Julia Ignazi de Díaz debía integrar a la masa hereditaria; todo ello debido a que la resolución que admitía la acción de reducción disponía reunir “el valor de los bienes y no los bienes mismos”, y por ende —según su criterio— no tenían, a esa altura, motivo alguno para comparecer. Asimismo, respecto del pedido de cancelación de embargo, señalaron que lo hicieron en la creencia que sobre el inmueble pesaba un embargo, y que advertidos por el Registro de la Propiedad que tal medida no existía, desistieron. Finalmente, y en lo tocante a la constatación practicada como previa a la subasta, puntualizaron que esa fue la primera oportunidad en la que conocieron la existencia de este nuevo embargo que pesa sobre el inmueble de su propiedad, que diera origen al pedido de cancelación y actual tercería de dominio.

Todo este desarrollo argumental ha sido completamente omitido por la Cámara a quo. En este aspecto, la sentencia atacada se vale de una afirmación dogmática basada en una mirada superficial de los antecedentes obrantes en aquél litigio, dejando irresuelto este aspecto del conflicto de intereses sometido a juzgamiento.

V. Desde otra perspectiva, en orden a la ausencia de la denominada “buena fe diligencia” en cuyo mérito el Tribunal de Grado cuestionó a los terceristas por no haber encargado o realizado un estudio de títulos ante la existencia entre los antecedentes dominiales de una donación de suyo sujeta a la condición de revocabilidad, no se alcanza a comprender cuál es el motivo por el cual, en este particular caso, corresponde imponerles semejante carga. La sola lectura de la escritura pública traslativa del dominio obrante en copia a fs. 2/4 de la tercería, ilustra que entre los antecedentes registrales consultados por el escribano no aparece que la Sra. Rosa Antonia Julia Ignazi hubiere adquirido el inmueble por donación, de donde no se advierte cómo es que los compradores estaban obligados a conocer dicha circunstancia al tiempo de escriturar, y actuar en consecuencia.

Pero aún cuando así no se entendiera, tampoco explica el Tribunal de Grado qué incidencia pudo tener el cumplimiento de dicha diligencia; ya que de haber conocido la existencia de la donación y la resolución dictada en la declaratoria de herederos, la decisión adoptada hasta ese momento dejaba al margen los bienes objeto de la donación, puesto que —tal como señala la propia Cámara— la consecuencia de la inoficiosidad de la donación consistía en que la heredera debía traer al haber sucesorio “el valor de los bienes”, y no —en cambio— los bienes.

La Cámara a quo pretende justificar la decisión en base a la siguiente consideración: “…El pronunciamiento que recibe la acción de reducción, declara inoficiosa la misma e impone a la coheredera vencida la obligación de traer a la masa hereditaria los valores de los bienes cuya donación se declara inoficiosa, y que es precisamente el que se encuentra afectado por el embargo cuyo levantamiento se persigue. En tales condiciones se presenta la conclusión de primera instancia, que los terceros adquirentes no pueden detener la acción reipersecutoria fundada en el art. 3955, alegando la protección de buena fe del art. 1051 del C.C..” (vide fs. 4 vta.).

Ahora bien, procurando seguir dicho razonamiento, en particular las referencias enfatizadas con el subrayado, si se afirma que el pronunciamiento dictado en la acción de reducción impone a la coheredera vencida el deber de reintegrar a la masa hereditaria el valor de los bienes cuya donación se declara inoficiosa, entonces no habría hasta aquí razón alguna para extender la condena a terceros prima facie ajenos, y menos aún para que esa condena involucre al bien adquirido. Una vez más, la conclusión propuesta según la cual sería correcta la decisión del Juez de Primer Grado que involucra los bienes dados en donación, queda huérfana de fundamento.

La sola mención del artículo 3.955 del C. Civil que invoca el Tribunal de Grado a continuación tampoco clarifica el temperamento adoptado. Es que, no explica la Cámara por qué razón decidió subsumir el dilema planteado en el artículo 3955 del C. Civil cuando en el presente caso no se ha promovido una acción reivindicatoria en contra de los terceros adquirentes en los términos contemplados por el mencionado precepto.

El Órgano Jurisdiccional debe explicitar en sus pronunciamientos las razones que lo llevan a mantener un determinado punto de vista, puesto que si no lo hace la motivación deviene en insuficiente. Y conforme a lo expuesto, es claro que esta actividad no ha sido satisfactoriamente cumplida.

VI. Por último, también asiste razón a los casacionistas en cuanto insisten en señalar que el Tribunal a quo no respondió los argumentos ensayados por los terceristas desde el inicio del pleito; entre ellos la falta de diligencia puesta de manifiesto por la heredera al no haber tramitado el pedido que data del año 1975 de anotación del inmueble como bien litigioso; que los terceristas ni siquiera contrataron con la donataria, sino con la Sra. Vecchietti quien había previamente adquirido el bien raíz por compra —según surge de la escritura— que le hiciera a la Sra. Ignazi de Díaz por escritura de fecha 25/09/75; y que la escritura traslativa de dominio en virtud de la cual adquiriera la propiedad data del año 1985, en tanto la cautelar merced a la cual se pretende subastar el bien data del año 1991.

Todos estos aspectos fueron expresamente invocados por los terceristas y, una vez más, ninguna consideración obtuvieron de parte del Tribunal de Mérito.

Junto con todos estos aspectos que han quedado irresueltos, subyace en el caso un problema de interpretación del alcance subjetivo y objetivo de la cosa juzgada de la providencia dictada en la acción de reducción tramitada en la declaratoria de herederos, originariamente resuelta por el Juez de Primer Grado mediante Auto Interlocutorio nº 271 del 19/05/77 (fs. 105/109 de la declaratoria de herederos), posteriormente modificada por la Cámara por vía de apelación en el Auto Interlocutorio nº 82 de fecha 06/04/78 (fs. 123/126 de la misma causa), y ulteriormente revisada por ese mismo Tribunal por vía de interpretación mediante el Auto Interlocutorio nº 185 fechado el 30/08/96 (fs. 509/515, de idénticos autos).

En definitiva, se vislumbran una serie de aspectos que no han sido ponderados por los Tribunales intervinientes, y dada la complejidad del caso y los argumentos ensayados por ambas partes, merecía una meditada y completa respuesta jurisdiccional a fin de que la decisión que se adopte no deje lugar a dudas.

El pronunciamiento así emitido lesiona gravemente el derecho de defensa del tercerista, quien se ha visto privado de conocer las razones por las que su pretensión de verdad fue desestimada, violando asimismo el precepto constitucional contenido en el art. 155 de la Constitución Provincial y en la Ley Formal (art. 326 del C. de P.C), lo que impone admitir el recurso de casación articulado, y anular la resolución impugnada.

VII. Sólo resta añadir que la anulación que se propicia no importa — de modo alguno— dar razón sustancial al recurrente, cuestión esta que no ha sido resuelta por los Tribunales inferiores. Simplemente implica señalar que no se han dado los argumentos que justifiquen el rechazo de la apelación. Un nuevo Tribunal deberá juzgar la cuestión debatida y dar las razones que justifiquen la procedencia o improcedencia del planteo articulado.

El doctor García Allocco dijo:

Adhiero a los fundamentos y solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.

Así voto.

El doctor Sesin dijo:

Coincido con los fundamentos y respuesta proporcionada por el Sr. Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), ya que el mismo expresa la solución correcta a la presente cuestión.

Por ello, voto en idéntico sentido.

3ª cuestión.— El doctor Andruet (h.) dijo:

A mérito de las consideraciones expuestas precedentemente, propongo admitir el recurso de casación interpuesto por el motivo del inciso 1° del art. 383 del C.P.C.C., y anular el pronunciamiento dictado en todo cuanto dispone; ordenando el reenvío la causa al Tribunal de Apelaciones que sigue en Nominación al de origen para un nuevo juzgamiento de la cuestión ventilada.

Las costas deben imponerse a la parte demandada en tanto reviste la calidad de vencida. Corresponde fijar los honorarios de los Dres. A. G. O., R. D. P. y C. G. V., en conjunto y proporción de ley, en el treinta y cinco por ciento (35%) del mínimo de la escala respectiva del art. 36 de la Ley 9459 (arg. arts. 36, 40, 41 y 84 de la ley 9459). No regular honorarios en esta oportunidad a favor de los Dres. Norberto Ch. y Susana Cafure (arg. art. 26 ley 9459, a contrario sensu).

Así voto.

El doctor García Allocco dijo:

Coincido con el criterio de solución que propicia mi colega de primer voto, adhiriendo en consecuencia a la conclusión a la que arriba.

Así voto.

El doctor Sesin dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el Sr. Vocal de primer voto.

Voto en idéntico sentido.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve: I. Declarar mal denegado el recurso de casación, el que se concede por esta vía. Ordenar la restitución del depósito efectuado. II. Hacer lugar al recurso de casación articulado por el motivo del inciso 1° del art. 383 del C. de P.C., y en consecuencia anular la sentencia impugnada en todo cuanto decide, con costas en esta Sede al vencido (art. 130 C. de P.C.). III. Reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en Nominación a la de origen para un nuevo juzgamiento de la cuestión ventilada. IV. Fijar los honorarios de los Dres. A. G. O., R. D. P. y C. G. V. por su actuación en la vía extraordinaria, en el treinta y cinco por ciento (35%) del mínimo de la escala respectiva del art. 36 de la Ley 9459. Protocolícese e incorpórese copia.— Armando S. Andruet (h.).— Carlos Fr. García Allocco.— Domingo J. Sesin.

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