Acción civil. Rechazo de la demanda por encontrarse prescripto el crédito laboral. Inicio del cómputo de la prescripción

El juez de primera instancia admitió la excepción de prescripción opuesta por el empleador y rechazó la acción civil incoada por un trabajador tendiente a obtener indemnización por un accidente de trabajo. La sentencia fue apelada y la Cámara la confirmó.

Sumarios:

1. La acción civil incoada por un trabajador tendiente a obtener indemnización por el accidente de trabajo debe ser rechazada, pues se advierte que la demanda fue interpuesta cuando el crédito ya se encontraba prescripto, habida cuenta que el cómputo del plazo de prescripción previsto en el el art. 258 de la LCT comenzó a correr a partir del momento en que obtuvo el resarcimiento pecuniario por parte de la ART, pues ello denota indudablemente en esa oportunidad conocía que era portador de incapacidad.

Texto Completo:

Buenos Aires, noviembre 30 de 2011.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

I.- Apela la parte actora la sentencia de primera instancia que rechazó su reclamo fundado en las normas de derecho común.

También recurre la demandada por la falta de tratamiento de la excepción de prescripción.

II.- La sentencia de primera instancia que admitió la defensa de prescripción de la acción fundada en la normativa civil llega recurrida por la reclamante.

A modo de ver de la recurrente, se habría incurrido en un error de interpretación de los alcances del procedimiento instituido por ante las comisiones médicas a los efectos de percibir un resarcimiento por el infortunio de marras.

Al respecto, he de señalar con relación a la suspensión del cómputo del plazo del art. 258 de la L.C.T., que éste impide que continúe el curso prescriptivo, pero no borra el tiempo ya transcurrido.

De tal manera, si cesa la causa quedó lugar a la suspensión de la prescripción se reanuda inmediatamente y el nuevo plazo se une al anterior (art. 3983 del Código Civil).-

Por su parte, el art. 3.986 del Código Civil, establece que la prescripción liberatoria se suspende por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción.

Otra situación especial se produce con motivo de la presentación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO) ya que, en el artículo 7 de la ley 24.635, dispone: “El reclamante por sí, o a través de apoderado o representante sindical, formalizará el reclamo ante el SECLO, consignando sintéticamente su petición en el formulario que reglamentariamente se apruebe”.

Esta presentación suspenderá el curso de la prescripción por el término que establece el artículo 257 de la LCT.

En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó, el 6/6/2006, el fallo plenario 312, “Martínez, Alberto c/YPF SA Part Accionariado Obrero”, en el cual se concluyó: “1) la citación para el trámite conciliatorio ante el SECLO no surte los efectos de la interpelación prevista en el artículo 3986, segundo párrafo, del CC; 2) en el contexto del artículo 7 de la ley 24.635, no se ajusta la suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de seis meses”.

De tal manera, se ha entendido que la remisión del artículo 7 de la ley 24.635, al artículo 257 de la LCT, lo es sólo en cuanto al plazo y por un lapso nunca menor a los seis meses citados.

Estas suspensiones tienen efectos relevantes en materia laboral, ya que a través de su aplicación puede extenderse en el tiempo.

Ambos plazos (un año en el primero y seis meses en el segundo) resultan acumulables, por cuanto son dos actos de causa distinta y cabe tener presente que en materia laboral los actos suspensivos o interruptivos de la prescripción deben ser interpretados con criterio amplio, decidiéndose en caso de duda a favor de la subsistencia del derecho del trabajador (en igual sentido ver de esta Sala, “Rossi Daniel Gustavo C/ Nuvconsa S.A. Y Otro S/ Despido”; sent. 43.595 del 13-05-11, entre otros).

En el caso concreto de autos, comparto la valoración efectuada por la “a quo” en cuanto consideró que el Sr. Alegre sufrió el evento dañoso cuya reparación persigue el día 25 de julio de 2.003, y obtuvo el alta médica el día 8 de julio de 2004.

Como consecuencia de los reclamos que efectuó por ante la A.R.T., el actor inició el expte. nro. 10B-L-03109/04 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, mediante el cual se le otorgó incapacidad y en consecuencia, obtuvo un resarcimiento que se materializó en sendos pagos parciales en fecha 28/09/04 (de un valor de $ 8.710,77 y $7.531,52), lo que denota que indudablemente el actor ya conocía su estado de minusvalía en esa oportunidad (art. 386 del C.P.C.C.N.).

Es decir que aún adoptando en favor de la reclamante esta última fecha (en detrimento de toda otra manifestación invalidante anterior), lo cierto es que el trabajador ya conocía indudablemente que era portador de incapacidad, y debe reputarse tal oportunidad como la del inicio de la cuenta del plazo prescriptivo.

Ahora bien, si tomamos el plazo del art. 256 de la L.C.T., éste hubiera vencido el 28.9.06. Sin embargo fue suspendido por el plazo de un año conforme art. 3.986 citado, ante la iniciación del reclamo por ante la A.R.T., con lo que se habría prorrogado hasta el 28.9.07.

A su vez, considero que a tal plazo debe sumársele el de suspensión e iniciación del trámite administrativo ante el Seclo (6 meses cfr. art. 7 de la ley 24.635).

Luego, al adicionársele 18 meses a esos dos años iniciales, el plazo de la prescripción se cumpliría indefectiblemente el 28.3.08.

Sentado lo expuesto, la demanda -fechada el 15.9.08- fue interpuesta cuando el crédito ya se encontraba prescripto, solución que cabe adoptar con relación a ambos legitimados pasivos, toda vez que las defensas que hubieran opuesto cualquiera de ellas alcance a las restantes, en tanto la relación substancial entre el actor y los demandados es única, aunque entre éstos pueda existir diversidad de intereses, conflictos y repeticiones a los que el demandante es ajeno (cfme. Palacios, “Derecho…” t. III, Devis Echandia “Teoría…” t. I; y en similar sentido, v. de esta Sala, los autos: “Rojas, Amalia del Carmen c/ Mar de Oro S.A. y otros s/ despido”; S.D. 36.291 del 28.8.02).

III.- Dada la solución brindada al caso, es abstracto analizar las demás cuestiones ventiladas en la causa, pues en nada cambiaría la suerte del pleito, mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el criterio sobre el hecho de que el juez no está obligado sino sólo a analizar las cuestiones, pruebas y argumentos utilizados e invocados por las partes que, a su juicio, resulten decisivos (conf. C.S.J.N., 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal…” Morello, Tº II-C, pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal, y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”, S.D. 32.313 del 29.6.99 y también: “Paz, Juan Carlos c/ Transportes Juan Ariel S.R.L. y otro s/ Despido”; S.D. 36.877 del 17.7.03).

Propicio, en consecuencia, la confirmación del fallo recurrido.

IV.- Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que las sumas reguladas en concepto de sus honorarios son adecuadamente retributivas, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635- y arts. 3 y 6 del D.L. 16.638/57).

V.- De tener adhesión mi voto, sugiero que las costas de alzada –al igual que las de primera instancia- sean declaradas por su orden ante las particularidades del caso y la naturaleza de la cuestión traída a debate (art. 68 2da. parte del C.P.C.C.N. y regular los honorarios a las representaciones letradas des las partes en el 25% (veinticinco por ciento) de lo determinado, para cada uno de ellos, por su actuación en la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-

La doctora Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

La doctora Fontana: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2) Confirmar también los honorarios fijados en grado. 3) Declarar las costas en alzada en el orden causado. 4) Regular honorarios de esta instancia a las representaciones letradas de las partes en el 25% (veinticinco por ciento), de lo fijado, para cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior. – Néstor Miguel Rodríguez Brunengo.- Estela Milagros Ferreirós.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s