Accidente de tránsito, eximición de responsabilidad del transportista por existencia de culpa de un tercero

DAÑOS Y PERJUICIOS. Eximición de responsabilidad del transportista por existencia de culpa de un tercero. Valuación del daño. Elementos que componen la incapacidad sobreviniente.

La sentencia de grado hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. La Cámara modificó el decisorio parcialmente y elevó los montos indemnizatorios.

1. Si bien el transportista tiene la obligación de mantener a los pasajeros sanos y salvos mientras que dure el contrato de transporte, no puede ser responsabilizado por las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito si se encuentra acreditada la existencia de culpa de un tercero por el que no debe responder, en tanto se trata de una causal de exoneración prevista en el art. 184 del Cód. de Comercio y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

2. El daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral, sino que para determinar su procedencia debe considerarse también la proyección que la secuela del infortunio acarrea al damnificado en el desarrollo normal de su vida en relación.

CUANTIFICACION DEL DAÑO

El hecho dañoso:

Accidente de tránsito

Referencias de la víctima:

Sexo:                                                                    Víctima 1: Masculino / Víctima 2: Femenino

Componentes del daño:

Daño extrapatrimonial

Daño moral genérico:                               Víctima 1: $12.000 / Víctima 2: $8.000

Daño patrimonial

Incapacidad sobreviniente:                   Víctima 1: $20.000

#NroFallo# — C3aCiv., Com., Minas, Paz y Trib., Mendoza, 2012/05/02. – Corvalán, Alejandro Francisco y ots. c. Urzai Bustos, Roberto Ángel y ots. s/ d. y p. (accidentes de tránsito).

[Cita on line: AR/JUR/13046/2012]

2ª Instancia. — Mendoza, mayo 2 de 2012.

Reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nª 83777 (33213) “Corvalán Alejandro Francisco y ots. c/ Urzai Bustos, Roberto Ángel y ots. p/ D. y P. (accidentes de tránsito) originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 436 por Federación Patronal Seguros SA y a fs. 437 por la parte actora contra la sentencia de fs.408/415.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a los apelantes, lo que se llevó a cabo a fs.460/465 por la actora y a fs. 478/479 por Federación Patronal de Seguros SA.

Corrido traslado de los fundamentos de los recursos interpuestos, el deducido por la actora es contestado a fs. 469/473 por la Cooperativa de Provisión de Servicios La Veloz del Este Ltda.

El recurso deducido por la aseguradora es contestado por la actora a fs.483 quedando la causa en estado de resolver.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: Costas.

A la primera cuestión la dra. Mastrascusa dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 408/415 que rechaza la acción intentada por la Sra. María Elena Espirito y hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Alejandro Francisco Corvalán condenando a Francisco Humberto Romero, Diego Ángel Ruggieri a Cooperativa de Provisión de Servicios La Veloz del Este Limitada, a Compañía de Seguros El Norte SA y Federación Patronal de Seguros S.A. hace lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Leonardo Ramón Ponce contra la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, al pago de la suma de $4000 con sus accesorios en concepto de daños y perjuicios, y rechaza asimismo la acción intentada por el Sr. Corvalán contra Roberto Urzai Bustos, deducen recurso de apelación la parte actora y Federación Patronal de Seguros S.A..

1) Recurso de la parte actora.

Al fundar su recurso se agravia en primer lugar por cuanto señala que los fundamentos por los cuales el Sr. Conjuez de la instancia precedente ha decidido rechazar el reclamo por incapacidad efectuado por el Sr. Corvalán son arbitrarios y fundados en elementos probatorios inconducentes.

Luego de transcribir unos párrafos de la sentencia impugnada afirma que el a quo ha basado su rechazo en una sola de las respuestas a la absolución de posiciones del Sr. Corvalán en la que habría contestado afirmativamente a la pregunta sobre si no tiene impedimentos para realizar su actual trabajo (resp. a la seg. posición), sin considerar que a continuación el absolvente ha manifestado que no ha podido volver a trabajar. Destaca la mala técnica de análisis de las posiciones efectuada por el conjuez ante una respuesta sólo por la afirmativa y otra en la que se expresa la situación del absolvente. Se pregunta cómo puede interpretarse en perjuicio del absolvente sin valorar el conjunto de la prueba y el contexto de la absolución de posiciones.

Señala además que el juez no tuvo en cuenta en ningún momento la absolución en rebeldía de los demandados Urzai y Romero a lo que no asigna consecuencia jurídica alguna pese a las disposiciones del C.P.C. y a la jurisprudencia del foro a la que cita. Destaca la actitud parcial del conjuez de la instancia precedente.

Agrega que además no tuvo en cuenta las circunstancias personales del actor para evaluar su contestación a la segunda posición y destaca que inclusive ha ofendido al patrocinante al imputarle astucia en el reclamo.

Señala que el Sr. Juez ni siquiera tuvo en cuenta que extrajudicialmente la aseguradora reconoció la incapacidad aunque ofreciendo una suma menor a la reclamada.

A continuación expresa que el objeto del recurso es que se haga lugar a la demanda incoada por los actores contra todos los demandados y sus aseguradoras.

Afirma que su parte acreditó debidamente la existencia del hecho tanto por las constancias del expediente penal cuanto con el reconocimiento efectuado por los demandados y aseguradoras. Indica asimismo que la calidad de pasajeros de un transporte oneroso también quedó reconocida.

En cuanto a las lesiones que sufriera el actor Sr. Corvalán, dice que más allá de las interpretaciones tan particulares que hizo el Sr. Conjuez a quo, de las constancias reales existentes en el expediente, a saber, el dictamen de los médicos de sanidad policial, la pericia médica traumatológica no impugnada por las partes, las historias clínicas e informe de atención médica realizadas en el Hospital Sicoli de Lavall, surgen claramente las consecuencias o secuelas gravosas para la salud de Corvalán.

Agrega que las víctimas eran terceros transportados y que por lo tanto no tienen obligación de analizar la mecánica del accidente. Destaca que por tratarse la relación de Urzai con los actores de un contrato de transporte comercial rige el art. 184 del Código de Comercio siendo la obligación de seguridad del transportista la que está en juego, la que se configura con el deber de transportar sano y salvo al pasajero y que los riesgos previsibles corren por cuenta del transportista. Dice que esta obligación comienza con la salida y termina con la llegada y que a juzgar por las constancias del hecho y las lesiones sufridas por los actores, se incumplió tal obligación. Cita jurisprudencia.

Indica que fue por esta razón que se demandó a todos los responsables del accidente y que para el caso de que no se pudiera establecer la culpa exclusiva de uno de los conductores, se pidió la condena solidaria.

Se agravia también de que se impusieran las costas a su parte por la exoneración de responsabilidad que el juez hiciera respecto de uno de los accionados, reiterando que no era obligación de los actores el análisis de la mecánica del accidente. Señala que en consecuencia, si se declara que uno sólo de los conductores es responsable es éste quien debe cargar con todas las costas. Cita jurisprudencia.

En lo que hace a la cuantía del daño se refiere a que en la pericia producida en la causa y que las partes no impugnaron se asignó a Corvalán una incapacidad del 20% y señala a modo de ejemplo que conforme a la ley de riesgos del trabajo su cuantificación alcanzaría a los $36.000 mientras el juez la valoró ofensivamente en $4000, agregando que tales secuelas y lesiones fueron constatadas por los médicos de policía y se corroboran con la historia clínica del Hospital Sicoli, así que como indicó la misma fue reconocida de buena fe por la codemandada a fs. 47, aún cuando su facultativo extrajudicialmente asignara una incapacidad del 8% y del 5% respectivamente.

Expresa que el juez en vez de tomar en cuenta la conducta de las partes, castiga al actor por no haber aceptado un arreglo extrajudicial y lo condena en costas. Cita jurisprudencia.

Aclara que por razones de probidad se acepta que no se asigne indemnización al menos por el daño material para María Espirito toda vez que la pericia realizada en la causa no le asigna incapacidad, pero se queja de la injusta sospecha esbozada por el conjuez a quo al pretender que la Sra. Espirito no iba a bordo del remis.

Hace reserva de las acciones que le pudieran corresponder al letrado representante de los actores por las imputaciones realizadas en la sentencia, y se refiere a la contradictoria actitud del sentenciante que pone en duda que el certificado presentado provenga de un facultativo, agregando que por ello no tendrá en cuenta dicha prueba, pero que si se hubiera tratado de un acto procesal ordenaría la compulsa penal. Destaca que un juez no puede amenazar ni advertir sobre estas cuestiones, pues si entiende que existe delito penal debe ordenar la compulsa, y en caso contrario guardar silencio.

Solicita en conclusión que se condene a los demandados en la forma y por los montos consignados en la demanda y con expresa imposición de costas.

A fs. 469/473 la Cooperativa de Provisión de Servicios La Veloz del Este Ltda. contesta el recurso de la actora solicitando su rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.

2) Recurso de Federación Patronal de Seguros S.A.

Al fundar su recurso y luego de un breve repaso de los antecedentes de la causa, se agravia por cuanto el sentenciante si bien ha entendido que el accidente se ocasionó por la culpa exclusiva del conductor Romero, sin que la conducta desarrollada por Urzai tuviera incidencia causal alguna en el mismo, rechaza la demanda incoada contra éste último pero condena sin fundamento alguno a su asegurada.

Destaca que aún cuando se trate de un contrato de transporte la eximente de la culpa de un tercero por el que no se debe responder está expresamente prevista en el art. 184 del Código de Comercio por lo que tanto desde el punto de vista de la responsabilidad contractual cuanto desde la extracontractual correspondía el rechazo de la demanda respecto de su asegurada, constituyendo una incongruencia que ello no se haya decidido de ese modo en la sentencia.

Destaca que la eximente (culpa exclusiva de un tercero) fue planteada por su parte al contestar la demanda, con lo que se ha visto privado del derecho de defensa al no ser receptada la eximente respecto de su asegurada y por no haberse excluido a la aseguradora de la condena.

Destaca las contradicciones e inconsistencias de la sentencia al rechazar la demanda contra Urzai y en cambio, condenar al propietario-transportista y a su aseguradora.

A fs. 483 la parte actora contesta el recurso ratificando lo expuesto en su expresión de agravios.

II. La responsabilidad.

Si bien la actora solicita en su demanda (y así parece mantenerlo en los agravios) que se condene a todos los intervinientes en el accidente como copartícipes de un hecho ilícito, señalando que la responsabilidad del transportista es mantener sano y salvo al pasajero mientras dure el contrato de transporte, no existe duda de que en el marco del art. 184 del Código de Comercio se prevé la eximente de la culpa de un tercero por el que la empresa no deba responder, lo que produce la exoneración de su responsabilidad por los daños producidos.

Lo mismo ocurre con el art. 40 de la ley de defensa del consumidor que textualmente expresa “Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.

En el caso de autos, el escrito de expresión de agravios de la actora no contiene crítica alguna al análisis de la mecánica del accidente tal como fue apreciada por el sentenciante, ni tampoco a su conclusión referida a la culpa exclusiva atribuida al conductor. De tal modo no es posible revisar los hechos referidos a la forma en la que el accidente se produjo o a la participación causal que allí quedó establecida, por falta de queja y crítica adecuada de tales aspectos.

De lo contrario si este Tribunal ingresara al análisis de la mecánica del accidente y revisara la cuestión referida a la culpa exclusiva del conductor de la camioneta no sólo se extralimitaría en la competencia (la que se tiene en la medida de los agravios) sino que además se afectaría gravemente el derecho de defensa.

Siendo ello así, no es posible admitir el pedido de la condena a Urzai, pues como se dijo, la culpa exclusiva de un tercero libera de responsabilidad tanto en la órbita extracontractual, como en la contractual, cuanto desde el punto de vista del derecho del consumo.

En nada influye respecto de la condena la calidad de terceros transportados de los accionantes.

En primer lugar, por cuanto si bien es cierto que cuando en un accidente de tránsito el pasajero resulta lesionado tiene la posibilidad de demandar al porteador o al otro conductor, y aún cuando se optase por demandar sólo al transportista, la eximente de la culpa de un tercero, siendo total, lo libera por completo de responsabilidad conforme a los términos ya recordados del art. 184 del Código de Comercio y en este caso no existe referencia consistente ninguna a una supuesta acción de regreso, pues la exoneración procede sin más.

En segundo lugar, porque aún desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, cuando la liberación es total, como en el caso, no es posible aplicar el art. 1109 del Código Civil, pues jurídicamente no existen copartícipes en un ilícito. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en casos similares al de autos:”Como consecuencia de ello, deviene el rechazo de los agravios deducidos en torno a la calidad de tercera transportada de la víctima, desde que la solidaridad establecida en el art. 1109 del Código Civil, presupone la existencia de algún grado de responsabilidad entre todos los que participaron del ilícito, en cuyo caso la víctima sin necesidad de acreditar la mecánica del accidente, puede dirigir su acción por el todo contra todos o contra alguno de ellos. En autos al haberse eximido totalmente de responsabilidad al demandado por entenderse que el accidente se produjo exclusivamente por el accionar del otro conductor, queda sin sustento la acción intentada por la actora.” (SCJ Mza. Expte. N° 94.123 “Videla Vargas Marcelo Fabián en j° 37.277/10.758 Videla Vargas Marcelo Fabian c/ Julio Agustin Juarez Guaquinchay p/d. y p. s/inc.”).

En cambio y por las mismas razones apuntadas, resulta procedente el recurso de Federación Patronal de Seguros S.A. toda vez que la eximente funciona tanto para el transportista, como lógicamente para su aseguradora, quienes deben ser exonerados de responsabilidad.

III. Los daños.

a) respecto del actor Sr. Corvalán:

Los argumentos de la sentencia para rechazar el reclamo por indemnización de su incapacidad respecto del Sr. Corvalán, no guardan relación ni con el concepto jurídico del rubro ni con las circunstancias probadas en la causa.

En efecto, estimo que en la sentencia no se ha tenido en cuenta una diferenciación conceptual importante, cual es que la incapacidad jurídicamente considerada no es igual a la incapacidad que se establece en materia laboral, y mucho menos a las que establecen las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Esta distinción conceptual no sólo debe tenerse en cuenta para valorar la cuantificación del rubro, sino esencialmente para establecer si desde el punto del derecho civil se ha configurado el daño concerniente a la integridad psicofísica del sujeto que revela secuelas incapacitantes para su vida material.

Es que desde este punto de vista, el daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación. En el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial. La noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas.

Así, la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro y debe ser indemnizada (art. 1068, Código Civil).

Por ello es que la valoración de la procedencia de la indemnización del rubro incapacidad sobreviniente, debe considerar la proyección que la secuela del infortunio acarrea al damnificado en su multiforme actividad. La finalidad de la indemnización es permitir al damnificado permanecer en la misma situación económica a la que tenía antes del accidente, lográndose de esta manera una compensación íntegra, inherente a la plena capacidad, que repare la merma de las posibilidades genéricas.

El Sr. Conjuez de la instancia precedente ha rechazado el rubro cualitativamente, en primer lugar, por considerar que el Sr. Corvalán sólo había sufrido al momento del accidente un TEC con pérdida de conocimiento y en segundo lugar por cuanto a su entender de la absolución de posiciones por él rendida surge que esto no le impide desarrollar sus tareas laborales y que no ha probado afectación alguna en otros ámbitos.

Discrepo con las lesiones que el Sr. Juez entiende acreditadas y las que considera que no lo han sido.

Tanto del acta del sumario prevencional cuanto de la pericia de la Dirección de Criminalística surge que el automóvil Peugeot en el que se conducía el Sr. Corvalán, por efecto de la colisión, sufrió desplazamientos en sentido inverso al horario y de 180º junto a un montículo de tierra por el que una dotación de Bomberos Voluntarios debió trabajar con palas para extraer del vehículo al herido quien fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Sícoli.

Si bien en el oficio de fs. 53 emitido por la directora de dicho nosocomio se lee que el médico de guardia que atendió al Sr. Corvalán y que lo derivara inmediatamente al Hospital Central sólo diagnosticó traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, no por ello deben dejar de ser tenidos en cuenta otros elementos que hacen que deba tenerse por probado que sufrió además de dicho traumatismo (el aparentemente más grave y que en todo caso justificaba la derivación efectuada por el médico de guardia del Hospital Sícoli) otras lesiones, tales como el informe del médico de policía que hace referencia al dolor en el hombro derecho con inmovilidad del mismo y a la herida de tipo quirúrgico en la pierna derecha en la zona de la parte anterior a la rodilla, ni mucho menos -lo que a mi juicio resulta fundamental- el examen realizado por los propios médicos de la Compañía de Seguros El Norte SA en las tratativas extrajudiciales, que conforme surge de fs. 30/32 realizaron no sólo un examen médico del Sr. Corvalán, sino que además, compulsaron en esa ocasión las radiografías presentadas por el damnificado, todas obtenidas el mismo día del accidente y que fueran realizadas en el Hospital Central, a saber, Rx de cráneo, Rx columna cervical (frente y perfil), RX panorámica de pelvis, Rx de tórax, Rx de hombro derecho y Rx de rodilla derecha.

Debe destacarse además que estos exámenes se realizaron en diciembre de 2004, a sólo dos meses del accidente.

Nótese además que en la descripción de las lesiones sufridas por el Sr. Corvalán que hace la aseguradora de los demandados que resultaran condenados por el accidente se dice en forma expresa que el Sr. Corvalán sufrió TEC c/pc; traumatismo nasal izquierdo, traumatismo de hombro derecho con aparente luxación acromio clavicular grado I y traumatismo de rodilla derecha. Sólo respecto del TEC c/p.c. se consigna “Según refiere el paciente”. Esto es, que las demás lesiones son una afirmación de los médicos de la aseguradora.

Luego los mismos facultativos señalan que al examen físico el paciente presentó deformación de la articulación acromio clavicular derecha con leve ascenso de extremo distal de clavícula sobre acromión, sin limitación funcional pero con dolor en la abdoelevación, elevación anterior y posterior y la rotación externa.

En la rodilla derecha y luego de referirse a las cicatrices provocadas por el accidente de trabajo por el que el paciente iba a realizarse FKTP al momento del accidente, se lee igualmente que queda leve hipotrofia de muslo leve a moderada hidrartrosis, extensión limitada a 10º, flexión activa 90º, pasiva 110º. Luego agrega que al realizar las maniobras ligamentarias no se objetiva inestabilidad sólo leve laxitud antero posterior.

Por ello el médico de la aseguradora concluye que el paciente revela como producto del accidente una incapacidad del 8% de la que el 5% es atribuible al hombro doloroso y el 3% a la cervicobraquialgia leve según los baremos que indica. Los médicos de la compañía de seguros niegan responsabilidad sólo sobre las secuelas existentes en la rodilla derecha las que atribuyen sólo al accidente laboral preexistente.

No parece posible, desde ningún punto de vista de apreciación de la prueba, entender que el Sr. Juez actuó conforme a las pautas de la sana crítica considerando como única lesión producto del accidente el TEC c/ perdida del conocimiento, cuando la propia contraria ha demostrado que se le realizaron estudios en el Hospital Central coincidentes con las lesiones que invoca en la demanda y que tiene incapacidad derivada de algunas de ellas, todo lo cual ellos mismos comprobaron a los efectos de un posible arreglo extrajudicial.

Si se atiende entonces a la pericia médica realizada en autos, la evaluación realizada por el Sr. Conjuez de la misma (que no fuera impugnada por ninguna de las partes), aparece como ilógica y carente de razonabilidad.

El experto señala con respecto al hombro que hay un abultamiento en la zona acromio-clavicular derecha que es doloroso a la palpación pero que la movilidad del hombro no está afectada, señalando que en la RX de hombro derecho realizada al tiempo de la pericia (2007) se revela una deformación de la articulación acromio clavicular, lo que ya había sido advertido por la médica de la Compañía de Seguros de su contraparte.

En lo que hace a la rodilla derecha, el experto manifiesta que al examen físico se constata un aumento de tamaño de la rodilla derecha, con hidrartrosis modera (2/3), dolor rotuliano asociado a la cicatriz anterior por toma de injerto, inestabilidad anterior (signo de cajón) y Lachmnan positivo, lo que a juicio del perito habla de una insuficiencia del ligamento cruzado anterior o del injerto colocado.

Luego refiere limitación en la extensión de 10º (170 a 180 normales) siendo la flexión completa.

Con posterioridad el experto manifiesta textualmente “como consecuencia del accidente mencionado los actores sufrieron las lesiones declaradas en la demanda… Con respecto al actor Corvalán, si bien su rodilla estaba recién operada de su ligamento cruzado y meniscos, la coincidental del traumatismo en el miembro operado hace que pueda atribuirse a éste lo que presenta actualmente.

Agrego a esto que en el informe de los médicos de la aseguradora se lee que la cirugía se había llevado a cabo el 15/10/04 y que fue de tipo reparadora del ligamento cruzado y meniscos y que se llevó a cabo por el Dr. Nigito en la Clínica Francesa.

Desde el punto de vista de la mera experiencia empírica y de lo que acostumbra suceder según el curso natural de las cosas, no puede menos que entenderse que parte de las secuelas incapacitantes que sufre el actor en su rodilla derecha fueron producto del accidente, pues si una persona se está recuperando de una cirugía reparadora practicada recientemente en la rodilla derecha y sufre un nuevo traumatismo en pleno postoperatorio, no cabe duda de que ello incidirá negativamente en la evolución normal que podría haber tenido la reparación quirúrgica practicada.

El perito médico asignó un 20% de incapacidad parcial y permanente al Sr. Corvalán.

Si se atiende a estas pruebas rendidas en la causa, los “pruritos” del Sr. Juez devenidos del certificado médico del Dr. Elgueta, presentado en esta causa sin que fuera desconocido por las partes, y que además fuera presentado por los actores también ante la aseguradora al solicitar el arreglo extrajudicial, padecen de exceso ritual manifiesto, toda vez que si bien el certificado contiene un error al señala que la lesión sufrida en la rodilla por el Sr. Corvalán se refería a su pierna izquierda, el mismo facultativo a renglón seguido bajo el título “examen físico actual” rectifica su típico error material señalando la existencia de hematoma, edema y dolor en el tercio medio de su pierna derecha.

Por lo demás estimo que asiste razón al profesional que se siente ofendido por las dudas sobre su conducta procesal alegadas por el Sr. Conjuez toda vez que normalmente la jurisprudencia del foro señala como conducta negligente de parte de los abogados el demandar sin un certificado médico que apoye mínimamente sus pedidos, a más de que la duda sobre la autenticidad del documento o sobre el carácter de facultativo de quien lo extendiera no cabía en este proceso en el que los demandados que resultaron condenados no sólo no habían desconocido su autenticidad sino que por lo contrario se habían referido en su responde. Y si bien allí habían planteado la duda sobre las fechas que difieren, lo cierto es que a la Compañía de Seguros se presentó un informe idéntico al acompañado en la demanda con la fecha correcta en el primero de los casos ((3 de noviembre de 2004), certificado que quedó en poder de la aseguradora, como surge de la documentación que acompaña con la contestación de la demanda, mientras que el que se presenta junto con la demanda es una mera copia textual de aquel con otro error material en la fecha, de lo que no cabe duda pues como lo afirma la propia parte demandada en el cuerpo del certificado se relata que el accidente ocurrió en octubre del 2004.

La suspicacia planteada por los demandados es totalmente inútil, pues ellos habían aceptado haber recibido un texto igual con una fecha adecuada y la del Sr. Juez es altamente antijurídica dados los términos de los artículos 1026 del Código Civil y la primera parte del primer párrafo del art. 183 del C.P.C.

De todos modos, si el Sr. Conjuez consideraba que asistía a una irregularidad rayana en el ilícito penal, debió proceder conforme a su obligación, esto es, ordenar la compulsa penal, sin más y no en cambio actuar como lo hizo sembrando la duda sobre la conducta procesal del actor y su patrocinante, sin darle posibilidad de defenderse adecuadamente.

Volviendo entonces al rubro incapacidad correspondiente al reclamo del Sr. Corvalán, no me cabe duda alguna que las secuelas de las lesiones sufridas por él en el accidente justifican por demás la admisión del rubro.

No puede objetarse como lo hace el sentenciante, que el Sr. Corvalán haya manifestado en su respuesta a la segunda posición que no le impedían trabajar.

Como surge del informe emitido por su empleador, y que obra a fs. 342 de estos autos, el Sr. Corvalán se desempeña en la firma Serviguer SA desde el 01/03/2004, siendo su categoría “tractorista y ordeñador”, señalando que su remuneración bruta asciende a $1675. Pero a continuación se agrega “A su vez se informa que desde su incapacidad, no ha cumplido con las tareas de tractorista debido a las tareas específicas que puede realizar”.

Ello no deja dudas de que se está en presencia de una incapacidad laborativa parcial y permanente.

Pero además, no quedan dudas tampoco conforme a la experiencia y las reglas de la sana crítica de que las secuelas que padece el Sr. Corvalán, descriptas casi en forma coincidente por los médicos de la aseguradora de su contraparte cuanto por el perito designado en autos, afectan su capacidad laborativa genérica y su vida de relación.

No hacen faltas pruebas específicas para considerar que las secuelas dolorosas en el hombro afectan al actor en cualquier acto material de la producción de su vida. Inclusive para manejar, bailar, hacer un movimiento del brazo derecho brusco o no previsto con antelación, etc.

Del mismo modo y aún cuando se considere que las secuelas en la rodilla sólo pueden considerarse producidas como concausa por el accidente de autos, lo cierto es que son obvias las consecuencias dañosas en la vida de relación con sólo pensar en la limitación a la extensión señalada por el perito que no sólo lo priva de manejar (lo que afecta directamente además su capacidad laborativa actual y la genérica) sino muchas otras actividades como las deportivas, las de recreación, mantener la estabilidad, etc.

Si se tiene en cuenta la edad del actor al momento del accidente, su capacitación laboral, su empleo actual y el tipo de remuneración que percibe conforme a las tareas que ahora puede desarrollar, estimo que debe fijarse una indemnización por el rubro de $20.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia, suma que colocada a plazo fijo aportará un interés aproximado de $166, lo que en definitiva le obligará a consumir parte del capital para poder suplir su incapacidad a medida que el tiempo transcurra. A ello deben sumarse los intereses moratorios.

En punto al daño moral, me parece claro que teniendo en cuenta los padecimientos que en esta instancia se reconocen como permanentes secuelas del accidente al Sr. Corvalán, corresponde aumentar el monto de la suma correspondiente a la indemnización del rubro en la cifra de $12.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia con más los intereses moratorios.

b) respecto de la Sra. María Elena Espirito.

Debo decir que existe un error de concepto en la alusión que hace el sentenciante referida a la facultad del juez para analizar la legitimación activa más allá de los cuestionamientos realizados por las partes.

Dicha cuestión que es sumamente discutida en doctrina y jurisprudencia, y que siempre tiene como valladar indiscutible el derecho de defensa, sólo se ha aceptado para supuestos en los que la legitimación sustancial activa dependa de una cuestión de derecho, no de hecho.

En el caso el Sr. Conjuez se ha basado –para negar legitimación ad causam a la Sra. Espirito – en una cuestión absolutamente de hecho toda vez que a su juicio las pruebas lo conducían a tener la convicción de que la Sra. Espirito no había sido transportada por el remis al momento del accidente.

Debo decir que ello es una afirmación inaceptable desde varios puntos de vista.

En primer lugar por cuanto ninguno de los demandados, a excepción de Federación Patronal de Seguros SA, negó que la Sra. Espirito se encontrara al momento del accidente viajando en calidad de pasajera en el vehículo conducido por el Sr. Urzai. Por el contrario, los demandados y la aseguradora que resultaron condenados reconocieron expresamente tal calidad y que la misma resultó lesionada.

En lo que hace a Federación Patronal de Seguros, al contestar la demanda realizó una serie de negativas particulares entre las cuales se encontraba la siguiente expresión: Niego que los actores hayan sido pasajeros del Peugeot. Dicha negativa no fue fundada, ni promovida defensa alguna de falta de legitimación sustancial activa por esa causa.

De modo que en definitiva para los demandados que resultaron condenados, la presencia de la Sra. Espirito en el momento del accidente en la calidad invocada en la demanda fue un hecho no controvertido, y por ello consolidado para la causa del que el Sr. Conjuez no se podía apartar.

Pero además, tampoco es verdad que la presencia de la Sra. Espirito en el accidente pueda ponerse en duda, ni siquiera por las constancias del expediente penal a las que se refiere el sentenciante, toda vez que si se lee el mismo con atención en la planilla de verificación de fs. 17 del sumario prevencional surge claramente que en el Peugeot viajaban tres personas, razón por la cual al presentarse ante la Comisaría 17 a pedir ser examinada por un médico de policía, inmediatamente, se dispuso tal medida.

Además de ello, los demandados conductores de ambos vehículos partícipes del accidente, reconocieron que la Sra. Espirito viajaba en el remis al momento del accidente al absolver posiciones en rebeldía en esta causa.

Fuera de ello, cabe también destacar que la aseguradora de la camioneta El Norte SA en las tratativas extrajudiciales también hizo examinar por un médico de su planta a la Sra. Espirito.

Siendo ello así no pueden caber dudas sobre la presencia de la actora en el accidente en la calidad denunciada en la demanda.

Si bien es cierto que al recurrir la parte actora ha señalado que no reclama en esta instancia indemnización por incapacidad sobreviniente debido a los resultados negativos de la pericia médica producida, queda subsistente el reclamo de daño moral.

A ese fin tendré presente como prueba fehaciente de los daños sufridos en la integridad física de la Sra. Espirito que la Dra. Sappag, dictaminó para la aseguradora El Norte SA, la existencia de una incapacidad del 5% producida por una secuela de cervico-braquialgia de vida a la lesión sufrida en el accidente que calificó como esguince cervical.

De su informe puede deducirse entonces que la Sra. Espirito tuvo una incapacidad transitoria, y que ella le produjo un daño a su salud con las molestias propias de dicho malestar, lo que configura claramente el daño moral (art. 1078 del Código Civil).

Estimo en consecuencia que debe otorgarse por dichos padecimientos una indemnización del daño moral sufrido en la suma de $8.000 a la época de la sentencia de primera instancia con más los intereses moratorios.

III. Las costas de primera instancia impuestas a la actora.

En cuanto a las costas de primera instancia, asiste razón a los actores toda vez que por su calidad de terceros transportados no se les impone la carga de analizar la mecánica del accidente, pudiendo demandar a todos los presuntos responsables, más allá de que éstos puedan liberarse conforme a las causas de exoneración previstas tanto para la responsabilidad contractual cuanto para la extracontractual.

Como en el caso prosperó la defensa de culpa exclusiva de un tercero opuesta por el conductor del remis y por su principal y propietaria de dicho automotor, las costas deben ser soportadas por los demandados que resultaron condenados, todo ello con excepción de la parte en que se rechaza la demanda respecto a la pretensión indemnizatoria de incapacidad sobreviniente de la Sra. Espirito la que quedó firme.

Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora en lo que hace a las costas de primera instancia y a los rubros que integran la condena, y rechazarlo en lo que respecta a la responsabilidad de Urzai, la Cooperativa Provisión de Servicios La Veloz del Este y Federación Patronal de Seguros SA.

Igualmente corresponde hacer lugar al recurso de Federación Patronal de Seguros SA y en consecuencia debe exonerarse de responsabilidad a ella y su asegurada.

IV. Toda vez que los términos del Sr. Con juez de primera instancia han resultado claramente injuriosos para el letrado patrocinante de los actores, y aún para los litigantes se dispondrá en la parte resolutiva, un llamado de atención a fin de que en lo sucesivo guarde el estilo correspondiente, remitiéndose dicho antecedente a la Suprema Corte de Justicia, a los fines que puedan corresponder.

Sobre la primera cuestión voto entonces por la negativa en lo que ha sido materia de los recursos.

Sobre la primera cuestión los Dres. Staib y Colotto adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión la dra Mastrascusa dijo:

V. Las costas de Alzada deben ser impuestas respecto del recurso deducido por la parte actora a la demandada en cuanto su recurso prospera y a la recurrente en cuanto se rechaza. Respecto al recurso deducido por Federación Patronal de Seguros S.A. deben ser impuestas a la actora (art. 36 del C.P.C).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Staib y Colotto adhieren al voto que antecede.

Y Vistos:

El acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

I. Admitir el recurso de apelación articulado por Federación Patronal de Seguros S.A. y parcialmente el deducido por los actores y en consecuencia modificar la parte dispositiva de la sentencia de fs.408/415, la que queda redactada del siguiente modo:

I. “Hacer lugar parcialmente a la demanda presentada por los Sres.. Alejandro Francisco Corvalán y María Elena Espirito contra Francisco Humberto Romero y Diego Ángel Ruggieri y en consecuencia condenar a los segundos y a Compañía de Seguros El Norte SA en la medida de la cobertura a pagar al Sr. Alejandro Francisco Corvalán la suma de treinta y dos mil pesos ($32.000) con más los intereses moratorios desde el día del hecho y a la Sra. María Elena Espirito la suma de ocho mil pesos ($8000) con más sus intereses moratorios desde el día del hecho y hasta la fecha del efectivo pago en forma concurrente y en el plazo de diez días de firme y ejecutoriada la presente sentencia.”

“II. Rechazar la demanda interpuesta por los actores contra Roberto Urzai Bustos, Cooperativa de Provisión de Servicios La Veloz del Este Limitada y Federación Patronal de Seguros S.A.”.

“II. Imponer las costas a Francisco Humberto Romero y Diego Ángel Ruggieri y a Compañía de Seguros El Norte S.A. en la medida que la demanda progresa y a la Sra. Espirito en la medida en que se rechaza su pretensión indemnizatoria por incapacidad sobreviniente.”

“V. Regular los honorarios de los Dres. L. A. C., R. P., C. M. M., A. P. C., O. D. A., A. F. S., y H. B. por la parte en que la demanda prospera en las sumas de $2.000; $400;$2400, $2400; $3360; $1680 y $400, respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder.

VI. Regular los honorarios de los Dres. S. P., J. P. B., E. L., J. A., M. C. R. por el rechazo de la demanda contra Urzai, Cooperativa de Provisión de Servicios La Veloz del Este Ltda. y Federación Patronal de Seguros en las sumas de $1200; $2400; $1200; $1200; $1200 y $600 a cargo de los demandados vencidos.

VII. Regular los honorarios de los Dres. O. D. A., A. F. S., H. B., J. A., M. C. R., L. A. C., R. P., C. M. M., A. P. C. por la parte en que la demanda de la Sra. Spirito se rechaza, en las sumas de $825; $412,50; $150; $825;$412,50; $525;$105; $840; $630, respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que correspondan.”

II. Imponer las costas de Alzada a los demandados apelados en lo que el recurso de la actora progresa y a la actora en lo que su recurso se rechaza y progresa el de Federación Patronal de Seguros S.A.

III. Regular los honorarios de los Dres. C. R. R., A. P. C., M. C. R., y J. A., por lo que el recurso de la actora progresa, en las sumas de un mil setecientos veintiocho pesos ($1728); quinientos dieciocho pesos con cuarenta centavos ($518,40); un mil doscientos nueve pesos con sesenta centavos ($1209,60) y trescientos sesenta y dos pesos con ochenta y ocho centavos ($362,88) respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA).

IV. Regular los honorarios de los Dres. J. P. B., E. A. L., C. R. R. y A. P. C. por lo que no prospera el recurso de la actora y por el recurso de Federación Patronal de Seguros en las sumas de un mil novecientos veinte pesos ($1920), quinientos setenta y seis pesos ($576), un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos ($1344) y cuatrocientos tres pesos con veinte centavos ($403,20), respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts. 2, 3, 4, 15 y 31 LA).

V. Dados los términos injuriosos vertidos en la sentencia de primera instancia, llamar la atención al Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Sebastián Márquez Lamelá, a fin de que, en lo sucesivo guarde estilo. Oficiar a la Suprema Corte de Justicia, remitiéndose copia de esta resolución y de la sentencia de primera instancia, a los fines que puedan corresponder.

Notifíquese y bajen. — Graciela Mastrascusa. — Alberto Staib. — Gustavo Colotto.

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