Abogado. Abandono de la defensa. Procedimiento Penal.

La multa impuesta a un abogado por abandono de la defensa debe ser dejada sin efecto por ser contraria al principio de ne bis in idem, pues el escrito en el que se realizó la conducta ya había sido objeto de una sanción previa por uso de lenguaje impropio y faltas contra el decoro, siendo que el tribunal estaba habilitado entonces para juzgar todas las faltas cometidas en dicha presentación y valorar el hecho a la luz de la disposición del art. 113 del Cód. Proc. Penal.

Cámara Federal de Casación Penal, sala II

B., M. s/ recurso de casación

Fecha de Sentencia: 2013-09-18

2ª Instancia. — Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013.

El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

—I—

1°) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3 resolvió mediante dispositivo de fecha 13 de noviembre de 2012: “I) Imponer al Dr. Mariano Berges una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del sueldo que por todo concepto perciba efectivamente un juez de instrucción […] II) Disponer que el citado profesional deberá oportunamente pagar las costas correspondientes a los honorarios que eventualmente lp correspondan a la Dra. A. E. B., Defensora Oficial a cargo de la defensa del imputado V. T. C. o quien la suplante en el futuro; III) Comunicar lo decidido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a los efectos de su toma de conocimiento de la multa impuesta…” (fs. 60/64).

Contra dicha decisión, la defensa interpuso recurso de casación (fs. 68/76), que fue concedido (fs. 77vta.) y mantenido en esta instancia (fs. 83).

2°) El recurrente se agravió respecto de la sanción impuesta por considerarla arbitraria e infundada. Sostuvo que existen otras vías legales disponibles y que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del tribunal ha limitado la defensa de su ex pupilo, ya que cercenó sus posibilidades de expresarse libremente de la manera que creyó conveniente a los intereses de su defendido. Manifestó que el tribunal no se encontraba habilitado para sancionarlo, ya que él no obstaculizó el proceso y estimó que corresponde la intervención del tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Por otro lado, consideró que su parte no ha entorpecido el proceso, por lo que la sanción deviene impertinente. Asimismo, sostuvo que el monto de la multa resulta desmesurado.

3°) Que durante el término de oficina se presentó la defensa y solicitó que se haga lugar al recurso (fs. 87/91vta.), enfatizó que la sanción fue impuesta luego de haber renunciado a la defensa y que, por tanto, no podía alterar el orden del proceso. Asimismo, consideró que el régimen disciplinario dispuesto para los abogados en la ley n° 23.187 derogó los arts. 18 y 19 del decreto — ley n° 1285/58 por ser lex posterior.

4°) Que a fs. 108 se dejó debida constancia de haberse realizado la audiencia prevista en el art. 468 CPPN. En tal oportunidad, el recurrente informó oralmente y refirió que su conducta no perjudicó el curso del proceso, ya que la instrucción suplementaria no se encontraba finalizada cuando decidió renunciar, existían recursos pendientes de resolución y todas las partes coincidieron en la solicitud de aplazamiento de la fecha de debate. En ese orden, sostuvo que el decreto-ley n° 1285/58 exige para la procedencia de una sanción disciplinaria la obstrucción del curso del proceso, extremo que no fue ocasionado por su conducta procesal. Asimismo, reiteró que en sus escritos utilizó términos firmes, enérgicos y vehementes, como también realizó denuncias correspondientes a los hechos referidos en sus presentaciones. Destacó que el código de ética profesional le impone la obligación de denunciar toda violación a las garantías constitucionales. También alegó que la sucesión de planteos que no fueron atendidos por el tribunal oral y la multiplicidad de denuncias que presentó, lo convencieron sobre la inconveniencia de continuar ejerciendo el rol de defensor de su cliente y que así lo explicó en el escrito de renuncia. Señaló que por ese escrito fue juzgado y sancionado dos veces. Finalmente, solicitó que se archiven las presentes actuaciones en atención a la actual intervención del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal y, subsidiariamente, postuló que se deberían reducir sensiblemente los montos de las multas impuestas, señalando que las sanciones pecuniarias que puede imponer el CPACF son menores a las dispuestas por el a quo. En consecuencia, estas actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

—II—

Que si bien la resolución impugnada no es recurrible a tenor del art. 457 del rito y el casacionista no logra fundar la competencia de esta Cámara para entender en las presentes actuaciones, se revisará lo actuado por el Tribunal Oral, en virtud del carácter vinculante que tienen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cfr. CSJN in re C. 568. XLIV. C. 594. XLIV., Recurso de hecho, “Carranza Latrubesse, Gustavo el Estado Nacional — Ministerio de Relaciones Exteriores — Provincia del Chubut”, rta. 6/8/2013).

En ese orden, la Comisión Interamericana ha considerado que las sanciones impuestas por los jueces en ocasión del ejercicio de potestad disciplinaria, deben ser decididas a través de un procedimiento ajustado a las garantías previstas en los arts. 8 y 25 de la CADH y que, por tanto, es necesario que el justiciable tenga acceso a un recurso judicial efectivo (informe n° 83/09, caso 11.732, “Horacio Aníbal Schillizzi Moreno v. Argentina”, del 6 de agosto de 2009).

Así, se advierte que si bien se ha cumplido con el derecho del recurrente a ser oído y a defenderse en el marco de la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto en la Acordada n° 1/09 de esta Cámara y la n° 26/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico no prevé una vía judicial específica para recurrir la sanción impuesta.

En atención a ello, con el fin de satisfacer los derechos del sancionado previstos en los arts. 8 y 25 de la CADH, y debido a la necesidad de evitar comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios expuestos por el abogado M. B. contra la sanción de multa que le fuera impuesta.

—III—

Que asiste razón al recurrente en cuanto planteó la infracción a los principios ne bis in ídem y de proporcionalidad. En efecto, se observa que el 12/11/2012 el a quo impuso al recurrente una sanción de multa con invocación del art. 18 del decreto — ley n° 1285/58, debido al uso de lenguaje impropio y la comisión de faltas contra el decoro y la dignidad de las partes en el proceso desarrollado ante sus estrados. Se observa que aquella sanción previa deriva de la presentación del escrito de renuncia del letrado a la defensa técnica del encausado V. T. C.. En ese orden, existe identidad de hecho, pues la presente multa es motivada en el abandono de la defensa, efectuado en el mismo escrito que fundó la sanción impuesta el día anterior.

De tal suerte, no es admisible una nueva sanción por el mismo proceder y contra la misma persona, cuando el tribunal se encontraba habilitado para juzgar todas las faltas cometidas en el escrito y podría haber valorado el hecho a la luz de la disposición del art. 113 del ritual.

Se debe agregar que en el presente caso la duplicación del juzgamiento y la imposición de dos sanciones, ha producido la afectación al principio de proporcionalidad, ya que por dos infracciones cometidas en concurso ideal no se debió superar el máximo de la moldura legal dispuesto, en la especie, por el art. 18 del decreto — ley n° 1285/58 que prevé un máximo para la sanción de multa de un 33% de la remuneración de un juez de primera instancia. No obstante ello, mediante la imposición de dos sanciones independientes se arribó a una multa total de 50% de la remuneración de un juez de instrucción, monto que excede con creces las previsiones normativas.

Por tales razones, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, y dejar sin efecto la sanción impuesta al abogado M. B.en el presente incidente (arts. 470 y 471, 530 y ccds. CPPN).

Así voto.

El señor juez doctor Pedro R. David dijo:

Que adhiere al voto del juez que lidera el acuerdo y emite el suyo en igual sentido.

Tal es mi voto.

La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Sellada la suerte del recurso, adhiero en lo sustancial a las consideraciones y solución propuesta por el colega que lidera la votación.

Tal es mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el tribunal RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado Mariano Bergés, sin costas y dejar sin efecto la sanción impuesta en el presente incidente (arts. 470 y 471, 530 y ccds. CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 3, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Nota: Se deja constancia que la señora Juez, Angela Ester Ledesma, participó de la deliberación, emitió su voto y no firma la presente por hallarse en uso de licencia (art. 399 in fine CPPN). — Alejandro W. Slokar. — Pedro R. David.

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