La ANA debe fundamentar sus liquidaciones para ajustar de oficio los tributos aduaneros.

El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución de la Aduana respecto de los tributos y la multa del art. 970 del Código Aduanero, aplicada a un importador que había reexportado parte de la mercadería importada temporariamente. La firma interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y contra la resolución que aprobó la liquidación practicada por el Fisco. La Cámara confirmó la sentencia en cuanto al fondo, y ordenó que se practique una nueva liquidación.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III (CN Fed Contencioso administrativo) (Sala III) –

Fecha: 12/10/2012 –

IBM Argentina S.A. (TF 15601-A) c. DGA –

Sumarios:

1. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que revocó la multa del art. 970 del Código Aduanero y los tributos determinados a un importador, respecto de aquella mercadería que fue reexportada, debe ser confirmada, pues el análisis y apreciación de las cuestiones por el organismo jurisdiccional exhibe una suficiente y adecuada fundamentación, sin que las partes hayan rebatido ni acreditado probanzas que permitan desvirtuar dicho criterio.

Texto Completo:

Buenos Aires, octubre 12 de 2012

Vistos:

Para resolver los autos “IBM Argentina S.A (TF 15601-A) c/ D.G.A” venidos en recurso y;

Considerando:

I. A fs. 529/533 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar parcialmente la resolución DE PLA n° 110/01 respecto a la infracción y a la multa en lo que resulte de la determinación tributaria y, en lo que hace a los tributos, exceptuando de los mismos los permisos de embarque mencionados en el anexo del voto de la Dra. Winkler, en los términos del 970 C.A. Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos.

Para así resolver; consideró: i) que de la prueba aportada por la actora se observan que algunos permisos de cuyas copias es posible inferir que obran el cumplido e intervenciones aduaneras verosímiles que permiten considerar que se ha reexportado parte de la mercadería en infracción; ii) que la aduana informó que la documentación había caducado, y que la información contenida en los registros informáticos del sistema Mainsever no indicaban, tanto en los permisos de embarque como en el despacho de importación, qué insumos de importación temporal descarga; iv) que debe confirmarse la resolución aduanera en el aspecto tributario, —con excepción de los permisos de embarque agregados y los indicados en el cuadro anexo a esta resolución—, y en tanto que los que ahí se indican corresponde tenerlos en cuenta a los efectos de la cancelación parcial de la mercadería; v) que la multa debe ser fijada proporcionalmente a la determinación tributaria que resulte confirmada.

II. A fs. 53 apeló la parte demandada y expresó sus agravios a fs. 548/551. Por su parte, la actora apeló a fs. 543 y expreso sus agravios a fs. 552/555 vta.

La actora aduce en sus agravios: i) que el plazo para reexportar la mercadería era el 19/11/1994; ii) que presentó el Despacho de Importación N° 228.560-7/94 con fecha 17/11/94 mediante el cual procedió analizar la mercadería de los saldos que no habían sido reexportados antes del vencimiento del DIT 6156/1992; iii) que la sentencia prescindió analizar el régimen de importación temporal especial para IBM Argentina S.A para que pueda cumplir con sus planes de anuales de producción y exportación; iv) que resolución ANTATTI 1068/74 dictada en el exp. 424.587/74 estableció la forma y trámite dé la nacionalización de estas mercaderías y fue pacíficamente aplicada durante varios años y en numerosos expedientes similares;, y) que la reexportación y nacionalización del total de la mercadería se encuentra probada con la PRAT (planilla de rendición) y las copias de los permisos de embarque y los despachos de importación que fueron presentados; vi) que no es necesario presentar el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC), en virtud de que la importación se había producido dentro del marco de los planes anuales de fabricación previamente autorizados por la Subsecretaría de la Industria y Comercio y por de la resolución ANA N° 95/83, vii) que la multa deberá ser dejada sin efecto o reducirse al mínimo en virtud de lo dispuesto en el art. 898 del CA.

Los agravios de la demandada giran en torno, en los principal, a sostener que el plazo originario venció el 10/11/1994, que la actora no logra acreditar la reexportación y la nacionalización de mercadería introducida temporariamente mediante el DIT 6456-2/1992. Por último se agravia de que, en el caso, se aplicó el principio previsto en el 898 del CA, cuando se encuentra probado que no hay coincidencia entre la mercadería mencionada en los permisos de embarque acompañados en copia por las actora y Despacho de Importación.

III. La actora a fin de acreditar la el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los términos del art. 250 del Código Aduanero, acompañando a tal fin la planilla de rendición de admisión temporal las que indican los permisos de embarque y los despachos de importación con los que se habría dado cumplimiento con aquellas obligaciones. Asimismo, agrego las copias de los permisos de embarque y de los despachos de importación por los cuales sostiene que la mercadería correspondiente a la negociada en el DIT 61562/92 fue nacionalizada o reexportada.

Por otro lado, debe recordarse que la actora aduce que la mercadería importada temporariamente ingresó dentro del marco de los planes anuales de fabricación previamente autorizados por la Subsecretaría de Industria y Comercio, correspondientes al expediente n° 324.390/91, por lo que corresponde aplicar el régimen especial establecido por el decreto 2247/76 y la resolución ANTATTI 1068/74.

IV. A fs. 123 se solicita a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que informe si el despacho de importación temporaria n° 6156-2/92 correspondía al cumplimiento de los planes de fabricación y si en su oportunidad fueron aprobados. De la respuesta que obra a fs. 177 se hace saber al Tribunal Fiscal que “no se está en conocimientos del tema”, asimismo, sugiere —en tanto surge de la del citado Despacho que habría tenido intervención en el mismo la DGA— la conveniencia de efectuar la consulta a ese organismo, y se informa que la Dirección se ha hecho cargo del Departamento de Importación Temporaria —régimen establecido por Resolución ex. M.E y O.Y.S.P n° 72/92—, a partir del 18/9/1995.

Se intimó al organismo Aduanero en distintas oportunidades (ver fs. 187/196 y fs. 199/251) que informe si el despacho de importación temporaria n° 6156-2/92 correspondía al cumplimiento de los planes de fabricación y si, en su oportunidad, fueron aprobados siendo la respuesta en el último caso que no puede expedirse respecto al cumplimiento de los planes de fabricación, por cuanto no cuenta con la destinación, ni con el expediente.

Asimismo, se requirió a dicho organismo que acompañe los “impresos de pantalla” o el detalle en soporte magnético correspondiente a las destinaciones de autos, y que acreditan la reexportación o en su casó la importación definitiva de los insumos correspondientes al DIT 6156-2/92, a fs. 388/396 se encuentra la respuesta de la que surge que el organismo aduanero “no posee en sus archivos la documentación requerida, habiendo expirados los plazos de conservación establecidos en la Disposición AFIP n° 620/99.” y, “…que la información contenida en los registros informáticos no indican tanto en los permisos de embarque como en el despacho de nacionalización qué insumos de importación temporal descarga, para ello resulta necesario contar con la documentación probatoria que acredite la efectiva reexportación y/o nacionalización”.

Por su parte, la actora acompañó la documentación que tenía en su poder respecto de las destinaciones que afectó al DIT n° 6156/92, en etapas dado su voluminosidad (ver fs. 403/413; fs. 415/418 y fs. 420/424). En consecuencia, el Tribunal Fiscal ordena una medida para mejor proveer para que por medio de la Sección Procedimientos Técnicos, se proceda a designar un oficial verificador, quien deberá analizar en el Tribunal la prueba acompaña, y emitir informe respecto de la reexportación y/o importación para consumo que se intenta acreditar. Del informe producido en consecuencia, surge que toda la documentación adolece de la misma falta ya que no integran ni comprometen el CTC definitivo en la solicitud; Asimismo, concluye, que se ratifican los informes de fs. 436 “no surge la descarga de la temporal en trato” y de fs. 471 no puede determinarse la cancelación de la DIT en trato, toda vez que no obran los CTC involucrados en la descarga, razón por la cual se estaría en presencia de la mercadería sin tipificar (conf. fs. 491/492).

Debe señalarse que el Tribunal Fiscal fundó su pronunciamiento en extremos fácticos y que esta Sala ha sostenido que: “La valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara a menos que se pruebe que el Tribunal a quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión” (conf. art. 1180 C.A, “Amas María, Amas Miguel y Rodríguez Nélida HS (TF 19634-I) el DGI” del 19/05/08, entre otros).

Y, se advierte que el análisis y apreciación de las referidas cuestiones por parte del Tribunal Fiscal exhibe una suficiente y apropiada fundamentación, en la valoración de las circunstancias fácticas, sin incurrir en un error que descalifique su conclusión.

De tal forma, toda vez que ninguna de las partes logra rebatir en esta instancia la conclusión a la que arriba Tribunal Fiscal, ni acredita probanzas que permitan desvirtuar los fundamentos sostenidos, debe confirmarse el pronunciamiento en crisis en cuanto revoca la multa y los tributos determinados por las operaciones mencionadas.

V. Por último a fs. 716/719 por la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de fs. 624 que aprueba la liquidación practicada por el Fisco. En sus agravios aduce que debe declararse la nulidad de la liquidación toda vez que no se corrió el traslado establecido en el art. 1166 del Código Aduanero. Si bien ello es así, no corresponde admitir el agravio toda vez que en el escrito de apelación tuvo la oportunidad de reprochar la liquidación aprobada.

De este modo la esta Cámara sostuvo que si el defecto de procedimiento que motivó el planteo de nulidad quedó debidamente subsanado en las actuaciones que ponen en evidencia que el actor tuvo suficiente oportunidad de ser oído y de ejercitar las defensas que hacían a su derecho no procede invalidar lo actuado ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611).

Por otro lado, debe admitirse el agravio relativo al resultado obtenido en la liquidación. Ello es así, de acuerdo a que el monto al que se llega sumando los subtotales de las liquidaciones parciales resulta superior al que se determina en la resolución DE PLA n° 110/01. Debe señalarse que Según surge de fs. 606 y 607 de las actuaciones realizadas a fin de practicar nueva liquidación se tuvo en cuenta que los DI ya habían sido informados en su oportunidad y que por lo ordenado por el TF únicamente cambiaron las cantidades de mercadería en presunta infracción y, que se procede a ratificar el informe producido a fs. 9 —del exp. Administrativo— donde, se informó el valor en aduana, por el total de las cantidades denunciadas.

Sentado ello, el resultado de la liquidación aprobada no aparece como un cálculo correcto, máxime que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación resuelve admitir parcialmente el recurso. Y asimismo, se no advierte en la liquidación practicada se hayan computado los intereses correspondientes, ni la multa determinada en el pronunciamiento.

Por lo tanto y toda vez que el presente pronunciamiento confirma la sentencia en cuanto al fondo de la cuestión, y se estima que la liquidación practicada no resulta conforme a ella, por lo que corresponde practicar una nueva liquidación de acuerdo a las pautas del pronunciamiento que aquí se confirma.

Por lo expuesto se resuelve: 1) rechazar los recursos y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 529/533, y 2) admitir el recurso de la actora con la resolución de fs. 624, ordenando a practicar una nueva liquidación.

Con costas según sus respectivos vencimientos (art. 71 del CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Jorge Esteban Argento. — Carlos Manuel Grecco. — Sergio Gustavo Fernández.

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