Insuficiencia probatoria de factura recibida ante reclamo de cobro.

Un maestro mayor de obras inició demanda por cobro de pesos contra la comuna para la que prestó servicios. Invocó la presentación de una factura impaga consecuencia de los trabajos de construcción que realizó en varias escuelas de la localidad y en la sede comunal. La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda.

Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de Tucumán, sala I (C Contencioso administrativo Tucuman) (Sala I)

Fecha: 16/12/2011

Villalva, Adrián Rodolfo c. Comuna de Amaicha del Valle s/ cobros (ordinario)

Sumarios:

1. El municipio demnadado debe abonar al maestro mayor de obra solamente la deuda por los dos proyectos en los que este probó que intervino como encargado y no el total de la factura recibida, pues al haber sido confeccionada unilateralmente por la actora y sin que haya generado actuaciones administrativas, no acredita por sí sola la existencia del total la deuda invocada.

Texto Completo:

San Miguel de Tucumán, diciembre 16 al mismo con el resultado siguiente:

El sr. vocal dr. Horacio Ricardo Castellanos, dijo:

A fs. 6/7 el Sr. Adrián Rodolfo Villalva, maestro mayor de obras, con patrocinio letrado, inicia demanda por cobro de pesos por factura impaga del 29/11/06, en contra de la Comuna de Amaicha del Valle por la suma de $ 14.700, más intereses, costas y gastos judiciales.

Expresa que durante los años 2004, 2005 y 2006 prestó servicios para la demandada con motivo de la ejecución del programa denominado “Componentes Materiales”, coordinado por el Estado Provincial y las Comunas Rurales a las que se les entregaba el dinero para la ejecución de diferentes obras públicas. Añade que intervino en los proyectos nº 365, 366, 834, 835, 1118 y 1119, conduciendo tareas de obraje en dos aulas y galería, más refacciones, de las escuelas nº 10 de Amaicha del Valle, nº 50 de Los Zazos y Agroténica de Amaicha del Valle, remodelación del CAPS de esa localidad, del albergue de la Escuela nº 50 de Los Zazos y en la confección del proyecto de los baños públicos del local comunal.

Señala que la Comuna demandada recibió el 29/11/06 la mencionada factura, mediante la suscripción del recibo por parte del Secretario Habilitado, Robert J.A. Vargas. Agrega que en fecha 21/12/06 remitió una carta documento a dicho ente, a través de la cual le reclamaba el pago de lo adeudado, sin que hasta la fecha el mismo se haya hecho efectivo por lo que encontrándose vencidos todos los plazos para su cumplimiento, no tiene otra alternativa que promover esta demanda.

Expresa que la deuda es por honorarios impagos por la participación que tuvo en las distintas obras que realizó, cuyos montos oscilan entre $ 1.000 y $ 2.500 según las obras concluidas. Destaca que sus emolumentos tienen carácter alimentario ya que vive de su profesión y que la Comuna de Amaicha pretendía encargarle nuevas tareas, por lo que confeccionó la factura en cuestión la que hasta la fecha se encuentra impaga. Solicita que la mora para el cálculo de los intereses se compute a partir de los diez días posteriores a la emisión del comprobante, conforme lo establece el art. 474 del Código de Comercio, ofrece pruebas y solicita que se haga lugar a la demanda.

A fs. 213/215, por intermedio de letrada apoderada, se apersona la Comuna Rural de Amaicha del Valle efectuando negativas generales y en especial niega la prestación de servicios del actor en las obras ejecutadas en esa localidad, la confección y presentación del proyecto de baños públicos en el local comunal, que le asista derecho a percibir la suma reclamada por servicios prestados en obras públicas, que adeude el monto reclamado, que la suma corresponda a trabajos realizados para la Comuna, la recepción de la factura indicada y que se la haya intimado de pago por el monto reclamado.

Refiere que por Resolución nº 213/03, el Ministerio de Trabajo de la Nación creó el denominado “Programa Componentes Materiales” para la provisión de materiales en el marco del “Programa Jefes y Jefas de Hogar”, con el objetivo de brindar trabajo a desocupados de escasos recursos. Aclara que las obras a ejecutar están destinadas a mejorar la infraestructura de impacto comunitario que benefician al público, que los organismos ejecutores son las Comunas Rurales y que el programa se hace cargo del 80% del costo de los materiales y del pago del 100% de la mano de obra, mediante el cual los beneficiarios reciben $ 150 mensuales. Añade que la obligación de la Comuna es asegurar la presencia del Encargado de Obras durante la ejecución de las mismas y que la función de este, consiste en distribuir las tareas, llevar el registro de asistencia de los beneficiarios, del registro de entrada de materiales, etc.

Dice que en ese contexto debe analizarse la pretensión del actor, quien sostiene que ha participado en todas las obras que indica en su demanda. Con respecto a la obra de construcción de dos aulas y galería en la Escuela nº 10 de Amaicha del Valle, refiere que el actor no ha aportado ninguna documentación técnica que acredite la presentación de ese proyecto para su ejecución; añade que lo mismo sucede en el caso de la obra que debía realizarse en la Escuela nº 50 de Los Zazos, Proyecto nº 366.

Indica que en cuanto al proyecto nº 365, consistente en dos aulas con galería más refacción de tres aulas, en la Escuela Agroténtica de Amaicha del Valle, fue presentado el día 26/02/04 en la Gerencia de Empleo y que en los formularios adjuntados se advierte que el encargado de obra es el Sr. Javier Arreguez y no el Sr. Villalva, por lo que sostiene que este último no tuvo ninguna participación en esa obra. Agrega que para el caso de la obra de remodelación del CAPS de Amaicha solamente se acompaña un cuadro comparativo de inversiones y solicitudes de modificación del proyecto, lo que no acredita la intervención del actor en esos trabajos, máxime que la obra se encuentra sin terminar y por eso se la excluyó del programa.

Señala que en el formulario para la construcción del albergue de la Escuela nº 50 de Los Zazos, etapas 1º y 2º del Proyecto nº 1.118 y 1.119, se consigna como encargado al actor lo que, según indica, de ninguna manera acredita su intervención ya que no presentó los instrumentos que prueben en forma fehaciente ese hecho. Añade que no se acredita la presentación ni confección de ningún proyecto de construcción de baños públicos en el local comunal.

Con relación a la factura por $ 14.700 que el actor dice haber presentado en la Comuna, manifiesta que rechaza toda determinación de honorarios cuyo pago se pretende en esta instancia, ya que no pactó ningún pago de remuneraciones con el demandante, y que la presentación de ese instrumento no implica conformidad con el monto ni con el detalle de los trabajos realizados, ni menos aún reconocimiento de la deuda, ya que para que esto último suceda debe mediar el dictado del acto administrativo pertinente de parte de la autoridad competente. Destaca que la sola presentación de la factura no prueba la realidad de la operación que vincule a las partes litigantes.

Indica que la Comuna no ha dispuesto la contratación del actor para hacer uso de sus servicios profesionales, antes ni después de la presentación de los proyectos nº 1.118 y 1.119, a lo que se agrega que éste no demostró haber trabajado ni una sola hora a favor de dicho ente. Añade que la prueba testimonial ofrecida en la demanda no resulta idónea para acreditar el derecho que se invoca, dada la reglamentación que rige para el Programa Componentes Materiales que establece las obligaciones de los Encargados de Obra, las que sólo pueden acreditarse mediante prueba documental, por lo que solicita el rechazo de la demanda incoada en su contra.

Mediante providencia de fs. 220 se abre la causa a prueba, las partes ofrecen las que da cuenta el informe actuarial de fs. 288, luego se agregan los alegatos (fs. 297/303), por lo que una vez repuesta la planilla fiscal correspondiente (fs. 306), a fs. 308 se llaman los Autos para Sentencia, notificada (fs. 309/310)8 y firme deja la causa en estado para resolver.

Por Resolución nº 822/09 el Tribunal dispuso requerir como medida para mejor proveer los informes que allí se indican (fs. 311/312), lo que fue cumplido a fs. 321 y 334/403. Una vez reabiertos los plazos otrora suspendidos (fs. 408) la causa vuelve a resolver.

Considerando: De las resultas que anteceden surge que en esta litis el actor reclama a la Comuna de Amaicha del Valle el pago de la suma de $ 14.700, que alega adeudados por ella como consecuencia de los trabajos de construcción que realizó entre los años 2004, 2005 y 2006 en varias escuelas de esa localidad y en la sede comunal. Señala que el día 29/11/06 le presentó al Secretario Habilitado de la Comuna la factura correspondiente a ese importe y que luego, el 21/12/06, ante la falta de pago remitió una carta documento a la demandada intimándola a que abone lo adeudado. Refiere que hasta la fecha la deuda continúa impaga por lo que se ve obligado a promover esta acción.

La comuna al contestar demanda niega la existencia de la deuda, que haya contratado los servicios del actor y destaca que la presentación de la mencionada factura, no implica conformidad con su contenido a la vez que no prueba la realidad de la operación. Detalla todas las obras indicadas en la demanda y señala que el actor no probó fehacientemente que haya participado de ellas. Destaca que no es suficiente la prueba testimonial para acreditar el derecho que se invoca en la demanda.

Como consecuencia de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 311/312 por el Tribunal se remitió la Resolución nº 179, del 04/04/03 (fs.342/400), dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en virtud del cual se creó y reglamentó el Plan Componente Materiales, en el marco del Programa Jefes de Hogar cuyo objetivo era brindar ocupación transitoria a los/as desocupados/as de menores recursos pertenecientes a los sectores urbanos, con baja calificación laboral y serias dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, quienes participarán en proyectos de obras de infraestructura comunitaria que den respuesta a las necesidades específicas definidas por cada localidad. A su vez se establece que podrán participar del mismo en carácter de organismos ejecutores solamente Municipios y Comunas que tengan dentro de su jurisdicción localidades entre 500 y 100.000 habitantes, que se financiarán proyectos que tengan solamente beneficio público y que el organismo ejecutor deberá asegurar el aporte de al menos el 20% del costo de los materiales, personal calificado necesario para coordinar la ejecución de las obras y herramientas y recursos para gastos generales (ver fs. 348/349).

En el Anexo IV de la mentada resolución se consigna entre las obligaciones del Municipio (Comuna en la especie) asegurar la presencia del encargado de obra consignado en el formulario de presentación de proyectos durante su ejecución, cuya responsabilidad será la distribución de las tareas, llevar un registro de asistencia de beneficiarios/as y entrada de materiales y archivar la documentación correspondiente al remito y factura de materiales y procedimiento de compra de los mismos (ver fs. 390).

Del material probatorio aportado por las partes surge que en el marco del Plan Componentes Escolares la Comuna de Amaicha del Valle, inició el proyecto de construcción del albergue en la Escuela nº 50, ubicada en la localidad de Los Zazos, Dpto. Tafí del Valle, la que se llevaría a cabo en cuatro meses y en dos etapas, tal cual surge del formulario de presentación de ese proyecto identificado con el nº 1118 que en original se tiene a la vista y que en copia se agrega a fs. 45/60 de autos. En ese instrumento se indica que el horario de trabajo era de 08:00 a 12:00 hs. de lunes a viernes, que se trata de una obra de infraestructura educativa, de 141,24 m2, que el responsable legal de la misma era el Sr. Prado Roberto, quien en su carácter de Comisionado Comunal de Amaicha del Valle suscribe el formulario, que el responsable técnico era el Sr. Albarracín Ramón y que el encargado era el actor, Sr. Villalva A. Rodolfo, que el 80% del costo de los materiales del programa sería soportado con fondos del programa y que el 20% restante los solventaría la Comuna como organismo ejecutor. Consta en el cuadro de fs. 16 que el organismo ejecutor se hará cargo de $ 2.200 en concepto de mano de obra. Ello coincide con lo que se indica en la Parte 4 del formulario, en cuanto a que la mano de obra que abonaría la contraparte (Comuna) sería de $ 1.200 para el encargado de la obra (actor) y $ 1.000 para el oficial albañil.

Los mismos datos se consignan en el formulario referido a la segunda etapa de ese proyecto identificado con el nº 1119, suscripto por el Delegado Comunal y en el que también se designa al actor como encargado, que en original se tiene a la vista y que en copia se agrega a fs. 16/44 de autos.

Por otra parte del formulario de presentación del proyecto de construcción de dos aulas y refacciones del Instituto Politécnico de Amaicha del Valle identificado con el nº 365, cuyo organismo ejecutor también es la Comuna de esa localidad representada por el Comisionado Comunal, que en original se tiene a la vista y que en copias se agrega a fs. 74/100, surge que allí no se consigna como encargado de obra al actor sino al Sr. Arreguez Javier.

Consta también que mediante los proyectos nº 834 y 835 se habría previsto la ampliación y refuncionalización del CAPS de Amaicha del Valle (ver fs. 177/198 de autos) pero no se adjunta el proyecto ni se menciona a quienes participaron del mismo.

Por otro lado, con respecto al proyecto nº 366 que, conforme se indica en la demanda y en la instrumental de fs. 198, correspondería a dos aulas y la galería de la Escuela nº 50 de Los Zazos, y el referido a la Escuela nº 10 de Amaicha debo señalar que no se aportó ninguna prueba documental que acredite la participación del actor en esas obras. Sólo consta a fs. 198 que las mismas se habrían realizado pero no se adjunta ninguna prueba instrumental que así lo demuestre.

De lo antes expuesto se deduce que en este caso el organismo ejecutor de las obras en las que habría participado el actor como encargado, era la Comuna de Amaicha del Valle y era esta la que al estar obligada a asegurar su presencia debía hacerse cargo de sus honorarios como antes fuera señalado.

Mediante la prueba testimonial ofrecida a fs. 225 el actor procuró acreditar su participación en las obras que señala en su demanda. A tales efectos, depone a fs. 233 el Sr. Roberto Daniel Fornaciari y al responder a la segunda pregunta expresa que recuerda que en el año 2004 Villalva se hizo cargo de las obras que se estaban realizando en la Escuela nº 10 de Amaicha, al contestar la tercera pregunta indica que el actor sí participó en la obra de construcción de dos aulas y galería en la Escuela nº 50 de Los Zazos, cuando contesta el cuarto interrogante señala que el actor supervisaba los trabajos que se realizaban en la Escuela Agrotécnica y al responder la quinta pregunta indica que recuerda que en el año 2004 o 2005 se estaba haciendo el albergue de la Escuela nº 50 de Los zazos y que la Directora de ese establecimiento le mostró las obras.

En sentido coincidente declaran los testigos que se presentaron ante este Tribunal, conforme se indica en las actas de fs. 234/236, quienes señalan que Villalva trabajó en las obras allí indicadas y principalmente en la construcción del albergue de la Escuela nº 50, ya sea porque el testigo Navarro también trabajó en esa obra (ver fs. 234) o porque el testigo Martínez pasaba frente a ese establecimiento (ver fs. 235).

Si bien ninguno de los testigos fueron tachados por la demandada debo señalar que las declaraciones de los testigos Martínez y Navarro no pueden servir por sí mismas para acreditar la existencia del vínculo que unía al actor con la demandada, ya que sólo se las podría tomar como una corroboración de los datos consignados en los proyectos nº 1118 y 1119 antes analizados, en los que consta que participó el actor, que además de constituir un principio de prueba por escrito al ser suscriptos por el Comisionado Comunal de Amaicha del Valle hacen plena fe de su contenido (cfr. art. 51 del CPA) y por ello se los debe tener por auténticos.

Sin embargo las declaraciones testimoniales referidas a que el actor trabajó en las otras obras que se indican en la demanda, es decir que tenía un vínculo con la Comuna, al no estar respaldadas por ninguna prueba documental no pueden ser suficientes para acreditar esa circunstancia, ya que por aplicación de la regla contenida en el art. 1193 del Código Civil esa vinculación con la demandada debería haber sido probada por escrito, sin que sea admisible para ello la prueba testimonial, con mayor razón aún, si la demandada niega todo ligámen con el actor y si además se tiene en cuenta que este no era el encargado de obra del Proyecto nº 365 tal cual surge de la instrumental antes señalada.

En tal sentido la jurisprudencia que comparto tiene dicho:”No resultan admisibles para probar la existencia de un contrato cuyo monto excede los valores explicitados en el art. 1193 del Código Civil, ni la prueba testimonial ni la pericial contable practicada sobre los libros de comercio…”(cfr. CNCiv., a, 16/12/80, ED 93-307).

También se expresó:”La prueba testimonial rendida en autos no resulta de utilidad para acreditar la vinculación contractual invocada por el actor y que no es otra cosa que un contrato de comisión, ya que al exceder dicho contrato el valor previsto en el art. 1193 del Código Civil, debió hacerse por escrito y no puede probarse por testigos, criterio éste que es aplicable a los negocios jurídicos en general”(C. 2ª Civ. y Com. La Plata, Sala 3ª, Sentencia del 27/12/90 recaída in re “Galeppi, Miguel Ángel v. Fernández, Longo y otros s/ Cobro de pesos).

En cuanto a las pruebas producidas por la demandada consta que a fs. 254 la Auditora de la Dirección de Fiscalización de Control de Gestión de Comunas y Municipios, informa que el proyecto construcción de dos aulas y galería de la Escuela nº 10 no estaba incluido en el programa Nacional Componente de Materiales.

A fs. 264 la misma funcionaria señala que el Proyecto nº 365, Escuela Agrotécnica de Amaicha, estaba incluido en el Programa Componentes Materiales I y que al momento de empezar la obra personal de la Comuna le presentó como director técnico de la misma al actor, quien manifestó ser maestro mayor de obra, sin que se le presente ninguna constancia de su designación.

A fs. 274/275 esa funcionaria expresa que el Proyecto nº 834/835, del Programa Componentes Materiales, referido a la ampliación y remodelación del CAPS de Amaicha del Valle fue suspendido por falta de fondos y que la obra no fue dada de baja.

Finalmente a fs. 278 la funcionaria antes señalada refiere que los Proyectos nº 1118 y 1119 (albergue de la Escuela nº 50) fueron ejecutados en su totalidad por la Comuna de Amaicha durante la gestión comunal anterior al año 2008.

De todo lo antes expuesto surge que el actor solamente probó que intervino como encargado de obra en los Proyectos nº 1118 y 1119, mediante los cuales se construyó el albergue de la Escuela nº 50 de Los Zazos, por la que se le debería haber abonado en total la suma de $ 2.400, por lo que al negar la Comuna vinculación alguna con este y al no demostrar que saldó la deuda, se concluye que le asiste el derecho a percibir únicamente ese monto por los trabajos desarrollados.

Cabe advertir que la factura por $ 14.700 por todas las obras en las que habría participado el actor (fs. 12) y el hecho que la misma haya sido recibida por la Comuna demandada (fs. 14) no prueba por sí sola la existencia de la deuda invocada, ya que fue confeccionada unilateralmente por la actor y no se indica que la misma haya generado actuaciones administrativas mediante las cuales se pueda llagar a demostrar ese hecho.

Al respecto se dijo:”Las facturas comerciales no son títulos ejecutivos ni constituyen prueba indubitable del cumplimiento de la prestación aludida en ellas. Son, en todo caso, un documento remitido unilateralmente por el comerciante que puede, según las circunstancias, configurar un indicio que forme la convicción del magistrado en un sentido determinado (art. 163, inc. 5 Ver Texto , Código Procesal). La publicidad que dijo haber llevado a cabo la actora debió haber sido acreditada por los medios aptos a ese fin -vgr., informes de empresas que auditan día por día y hora por hora la efectiva emisión de las publicidades radiales o televisivas, testimonio del personal involucrado en estas últimas, grabaciones certificadas, etc.-. Dado que ello no ocurrió, la falta de certificación a la que me he referido desvirtúa por completo el reclamo de la demandante” (C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala 3ª, Sentencia del 07/02/08 recaída in re “TAPIA IVANA MARCELA v. TELAM SE s/ proceso de conocimiento”).

Por todo lo expuesto la demanda prospera por el monto total de $ 2.400, el que devengará el interés de tasa pasiva desde el 21/12/06, fecha en que la demandada recibió la carta documento remitida por el actor reclamando el total de la deuda (ver aviso de retorno de fs. 13), a partir de la cual se cumplió con la interpelación fehaciente prevista por el art. 509 del Código Civil, hasta su efectivo pago, conforme doctrina legal sentada por la E.C.S.J.P. en Sentencia n° 476/93 y la condena deberá ser cumplida en el plazo de treinta días corridos (cfr. doctrina del art. 80 del CPA).

Costas: en atención al resultado al que se llegó se imponen por su orden (arts. 105 inciso 1º del CPC y C cfr. Ley 8240).

El señor vocal dr. Salvador Norberto Ruiz, dijo:

Que estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el Sr. Vocal preopinante, vota en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala Iº de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, resuelve: I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. Adrián Rodolfo Villalva en contra de la Comuna de Amaicha del Valle, en consecuencia se condena a esta última a abonarle la suma de $ 2.400 (pesos: dos mil cuatrocientos) en el plazo y con los intereses indicados, conforme lo considerado.

II.- Costas como se consideran.

III.- Reservar pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad. — Salvador Norberto Ruiz. — Horacio Ricardo Castellanos.

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